Sigue el culebrón del CGPJ: ahora el despropósito de una posible nueva presidencia de un vocal abogado en ejercicio.
La gravísima crisis institucional que atraviesa el CGPJ no parece tocar fondo. Esta situación insólita, motivada por la irresponsabilidad institucional de los demás poderes, por la lucha de egos y por intereses partidistas ajenos al bien común, ha llevado a la parálisis de uno de los órganos constitucionales por excelencia. El CGPJ, que debió ser renovado en diciembre de 2018, a finales de este año -si nadie lo remedia- va a ver duplicado su mandato tras permanecer en funciones cinco años.
Junto a la crisis por la falta de renovación asistimos a la crisis motivada por la Ley Orgánica 4/2021, por la que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de impedir al CGPJ nombrar cargos discrecionales. Las cámaras legislativas incumplidoras de su deber constitucional de convocar el Pleno para nombrar de entre los candidatos presentados a los nuevos vocales, sí se reunieron para recortar la competencia más importante del órgano de gobierno de los jueces. La medida no causó el efecto deseado de presionar al partido en la oposición para la renovación. Y cuando pensábamos que no podía desprestigiarse aún más el órgano, las cámaras volvieron a reunirse para aprobar la Ley Orgánica 8/2022, que reformaba de nuevo la LOPJ con el fin de que el CGPJ sí pudiera nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondían, cosa que se llevó a efecto tras otra agria polémica.
Mientras el tiempo ha ido pasando entre Génova y Ferraz y entre acusaciones cruzadas de deslealtad institucional e incumplimiento de deberes constitucionales, los vocales de aquel CGPJ elegido en 2013 han ido envejeciendo. El primero en jubilarse fue Rafael Fernández Valverde, en marzo de 2022, al haber alcanzado la edad máxima para estar en activo en la Carrera Judicial. En junio del mismo año, lamentablemente, la vocal Victoria Cinto fallecía de forma temprana. Con el CGPJ paralizado, débil y mermado en efectivos, su presidente, Carlos Lesmes Serrano presentó su dimisión en octubre de 2022 y solicitó el reingreso en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No sería el único en dimitir: la vocal Concepción Sáez presentó la suya propia en abril de este año.
Con la dimisión de Lesmes y la ausencia de la figura de Vicepresidente del CGPJ, se planteó el problema de la sucesión en el cargo, algo que ya había acaecido anteriormente con Carlos Dívar, que también dimitió, si bien su sucesión fue muy breve. Contra el criterio de los órganos técnicos consultados, que rechazaban la opción de nombrar presidente al vocal de mayor edad por la falta de previsión de la bicefalia en el CGPJ (artículo 122.3 CE), se nombró a Rafael Mozo presidente en funciones del órgano. Al carecer de la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo -Mozo es magistrado de la Audiencia Nacional- tuvo que nombrarse presidente del Tribunal Supremo en funciones a Francisco Marín, presidente de la Sala Primera y el más antiguo en el escalafón, produciéndose así la bicefalia contra la que los órganos técnicos del Consejo se habían manifestado. Dicha decisión fue recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el vocal Wenceslao Olea, quien consideraba que debía ser Francisco Marín el presidente de ambas instituciones. Sin embargo, Olea, ante la desestimación de las medidas cautelares interesadas, acabó desistiendo del recurso.
Pero no acaba ahí la cosa. El presidente en funciones, Rafael Mozo, se jubila el próximo 19 de julio al haber alcanzado la edad máxima en la Carrera Judicial. Su ausencia deja al órgano aún más disminuido al contar con cuatro vocales menos de los orgánicos y sin el Presidente. De veintiún miembros de 2013 pasaremos a dieciséis, diez de ellos elegidos por el sector conservador de aquel parlamento de 2013 y seis elegidos por el sector progresista, en una desproporción causada por la naturaleza y por decisiones personales.
¿Y quién va a ser el nuevo presidente en funciones del CGPJ? Por primera vez en la historia de la democracia (y ya van demasiadas “primeras veces”) este órgano caduco habrá tenido tres presidentes en su andadura, manteniendo la bicefalia con el Tribunal Supremo, ya que no hay ningún vocal con antigüedad suficiente que pertenezca al Alto Tribunal. Lo peor de la noticia no es que haya que volver a cambiar de presidente sino que, según el criterio adoptado, el vocal de mayor edad es ahora Vicente Guilarte Gutiérrez, abogado en ejercicio y Catedrático de Derecho Civil.
No podemos olvidar que la perla que nos dejó la reforma efectuada por el gobierno de Rajoy en 2013 de la LOPJ diferenció entre vocales con dedicación exclusiva (los miembros de la Comisión Permanente) y vocales a tiempo parcial (el resto). Guilarte no pertenece a la Comisión Permanente, por lo que puede darse la circunstancia de que deba compaginar su trabajo como abogado en ejercicio con la presidencia del CGPJ, si bien no cobraría salario por su cargo, únicamente las dietas que les corresponden a los vocales no exclusivos. Salvo que se entienda que su nombramiento le convierte en miembro de la Comisión Permanente y por tanto incompatible. Otro problema legal.
Lo que parece obvio es que no puede dejarse en manos de un abogado en ejercicio la representación de uno de los Poderes del Estado. La compatibilización de su trabajo con la presidencia, por muy en funciones que fuera, podría llevarle a sentarse en estrados frente a un juez o tribunal que dependa orgánicamente de él como autoridad y en cuya carrera profesional puede llegar a influir. Ya hicimos esta advertencia en el pasado con respecto a este Vocal, sencillamente por su capacidad de influir en asuntos muy relevantes para los jueces, como los disciplinarios. Ahora hablamos de algo mucho más grave. Aunque las funciones del presidente se encuentran en la actualidad bastante mermadas, no deja de ser un ataque a la independencia judicial en su vertiente intimidatoria que el presidente del órgano de gobierno de los jueces esté sentado frente a uno de los jueces a los que gobierna pidiendo justicia para su cliente.
Por otra parte, si Vicente Guilarte no acepta el cargo, es difícil que pueda justificarse que mantenga su puesto como vocal. Lo correcto sería que renunciase a la vocalía también para que fuera el siguiente en antigüedad el que ocupara el cargo, si bien su renuncia agravaría la merma de efectivos que padece el órgano, pasando de dieciséis a quince vocales.
Ironías de la vida, el segundo en discordia sería, precisamente, Wenceslao Olea, quien, si siguiera su propio criterio, no debería aceptar un cargo con el que no está de acuerdo en su forma de elección y contra cuyo procedimiento recurrió ante la Sala Tercera. Para añadir más elementos distorsionadores, se da la circunstancia de que Olea sí es magistrado del Tribunal Supremo, cualidad de lo que carecía Rafael Mozo cuando fue nombrado, por lo que podría abrirse de nuevo el melón de la bicefalia, ya que podría llegar a plantearse que asumiera la presidencia de ambos órganos. Difícil papeleta se le presentaría a este magistrado que, además, tampoco pertenece a la Comisión Permanente, por lo que tendría que compaginar su trabajo en la Sala Tercera con sus funciones de representación.
Si Olea renunciara también y los vocales se fueran pasando la presidencia como si de una patata caliente se tratara, tras aquel iría Álvaro Cuesta y así, sucesivamente, hasta llegar a Ángeles Carmona, la vocal más joven. Pero en este último e hipotético caso sería presidenta del CGPJ y vocal única tras la dimisión de sus compañeros, a menos que los vocales que renuncien a la presidencia no renuncien a la vocalía, que, dada la liquidez y laxitud con la que se interpretan las normas no es algo que podamos descartar.
Para concluir, como juristas y ciudadanos no tenemos palabras para definir el despropósito en el que se está convirtiendo día tras día el órgano de gobierno de los jueces. Nuestra capacidad de sorpresa ha ido disminuyendo como el número de vocales del CGPJ a medida que aumenta nuestra preocupación por la situación en la que nos encontramos.
Nueva contribución de la Fundación Hay Derecho para destacar el grave problema que tenemos en el Estado de Derecho, construido sobre la base de la exclusión del deber de los partidos políticos de cumplir con la letra y el fin de las Leyes que desarrollan la Constitución. Incluso contraviniendo las llamadas al orden realizadas desde la Comisión de la Unión Europea en reiteradas y claras intervenciones para que se cumpla la Ley del CGPJ. El problema actual debe ser analizado como una consecuencia de la falta de renovación en tiempo y forma legal del órgano máximo de representación del Poder Judicial.
Buenos días: Lesmes, que aceptó alegremente la reforma que dividía el Consejo en permanentes y visitantes, tardó mucho en dimitir. Sabedor, como sabía, que el Partido Popular no iba a hacer nada para renovar el Consejo.
Pero siendo todo ello no grave sino gravísimo, lo es aún más que se quiera responsabilizar al Parlamento de que el Consejo, caducado y rancio, no pueda hacer nombramientos. Lo que debieron haber hecho los vocales, todos ellos, después de las elecciones de abril de 2019 era dimitir. Pero hay mucho apego al cargo y a las prebendas que conlleva
¿ Por qué no hacéis una evaluación de las propuestas de los diferentes partidos para mejorar la independencia judicial y los problemas actuales de la administración de justicia?
¿ Habría , en la gestión pública ,tanta incompetencia, despilfarro y corrupción en España? ….
si el periodismo político, antes de las elecciones, hiciera una valoración de los candidatos con un análisis de su capacitación técnica y sus propuestas de gestión pública: economía, educación, justicia, servicios públicos, pensiones …finalizando con un examen y una valoración sobre la calidad de los programas, sus deficiencias y sus costes.
Y ello, de una manera honesta e independiente, para evitar corruptelas que arruinen el prestigio de la publicación. Y que, en lugar de “candidatos televisivos” asesorados por especialistas en imagen, concurran a los debates con sus equipos respectivos para convencer a los expertos escogidos por la ciudadanía ( no por los medios) que hayan demostrado su competencia, su responsabilidad y su compromiso con el interés público en las áreas que mas afectan a los ciudadanos
Y que les pongamos estrellas calificando su honestidad y solvencia y otorguemos premios anuales a los que denuncian la incompetencia, la corrupción y el abuso de poder.
Y que los lectores o seguidores, como hacen con las otras secciones, los abandonen cuando comprueben que les han engañado..
Mientras sigamos distinguiendo el mundo de la Función Pública (los jueces lo son) según las ideologías personales de cada funcionario, estaremos haciendo un flaco favor al estado de Derecho y a la necesidad de su imparcialidad o neutralidad.
Al decir que en el CGPJ quedan “tantos jueces progresistas” y “tantos conservadores”, estamos entrando en el juego partidario que, por otra parte, rechazamos.
Quizás lo mejor que podemos hacer es buscar verdaderas y eficientes alternativas a la actual perversión partidaria de nuestro sistema político. Es una gran tarea que exige dedicación y esfuerzo pero que siempre es posible. Al fin y al cabo somos “soberanía nacional”…..
Un saludo.
En varias ocasiones he mencionado el “sorteo entre los candidatos” como medida más independiente. No parece que se valore la alternativa. Por otra parte, la CE establece que el CGPJ propone al Presidente del Tribunal Supremo. No dice que se elija la Presidente del CGPJ pues éste es un cargo que ostenta el Presidente del Tribunal Supremo. La bicefalia no está contemplada en la CE. Esto es un invento anticonstitucional. Además, sobre la LO 4/2021: es una ley vicaria pues su objeto es hacer daño. Tan es así, que el Gobierno se tuvo que inventar la LO 8/2022 para que la inconstitucionalidad de la LO 4/2021, al impedir el nombramiento de miembros del TC según fija la CE, se eliminase y así se reconoce en la explicación de motivos de la LO 8/2022. Esto si que es grave, el hacer daño al conjunto de los españoles con el bloqueo de los nombramientos de jueces para conseguir el control del TC. Una vez que se consiguió el control del TC ya no hace falta hablar de la renovación de los vocales del CGPJ. Otro fraude más a la ciudadanía.