El segundo apartado de nuestro Manifiesto por la mejora institucional se refiere a la necesidad de renovar e inmediatamente reformar el CGPJ que lleva en funciones casi 5 años, es decir, el doble de su mandato.

El sistema de elección de los veinte vocales del CGPJ que se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 ha colapsado. En esta ley se establece que, de los veinte vocales, no solo los ocho no judiciales sean elegidos la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado sino que también los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos de la misma forma.

Aunque el Tribunal Constitucional en su sentencia nº 108/1986 de 29 de julio confirmó la constitucionalidad del sistema de elección descrito, advirtió de que, sin embargo, se corría el riesgo de frustrar la finalidad constitucional de tener un órgano de gobierno plural que representase las distintas sensibilidades de la sociedad si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidasen el objetivo perseguido y atendiesen sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno, distribuyendo los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. Advertía, además, de la necesidad de mantener al margen de la lucha de partidos al Poder Judicial.

Pues bien, la advertencia del Tribunal Constitucional se ha convertido en premonición y los efectos perversos de la norma han superado incluso aquellas pacatas expectativas. El CGPJ no es elegido por las cámaras y no se distribuyen los vocales en proporción a la fuerza parlamentaria de los partidos políticos, sino que el Poder Legislativo ha rehuido toda responsabilidad en su nombramiento dejando en manos de los dos partidos mayoritarios la elección. En casi cinco años de demora en la renovación del órgano de los jueces, con un CGPJ mermado en funciones y en efectivos (actualmente sólo hay dieciséis vocales de veintiuno, al haberse producido dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento), ni la presidenta del Congreso ni los presidentes del Senado de la XIV Legislatura han convocado al Pleno de las cámaras para la elección, pese a haberse completado el procedimiento constitucional de presentación de candidatos.

Es imprescindible que deje de utilizarse al órgano de gobierno de los jueces como moneda de cambio político. La degradación institucional sufrida por el CGPJ afecta a la credibilidad de todo el sistema judicial, induciendo a la ciudadanía a confusión, de forma injusta, entre el CGPJ y el Poder Judicial, formado por más de 5.500 jueces y magistrados que a diario imparten justicia al margen de estas luchas partidistas.

Para ello, urge la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces una vez se formen las nuevas cámaras, eligiendo de entre los candidatos propuestos aquellos que mejores condiciones profesionales hayan acreditado, garantizando tanto la profesionalidad como los méritos de los elegidos, y obviando su adscripción ideológica. El CGPJ que resulte elegido deberá contar con plenitud de facultades, siendo imprescindible que se devuelvan al órgano todas las competencias arrebatadas por la Ley Orgánica 4/2021, que privó al Consejo de la facultad de elegir a los cargos discrecionales.

Paralelamente y de forma inmediata, las cámaras elegidas deberán tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de sustituir el sistema actual, fallido, por uno que permita a los jueces y magistrados elegir a doce de los veinte vocales por sufragio universal, directo y secreto, estableciéndose las correcciones y ponderaciones necesarias para impedir que se traslade a la Carrera Judicial la politización existente en la actualidad. Dicha reforma deberá realizarse conforme a las recomendaciones tanto del Consejo de Europa como de la Comisión Europea.