Manifiesto por la mejora institucional: Las administraciones públicas. La dirección pública profesional

Una Administración Pública profesional, neutral y eficiente es una garantía esencial para el buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho.

Lamentablemente, los problemas de nuestras AAPP tanto en cuanto a su politización como en cuanto a su falta de capacidad empiezan a ser visibles para la ciudadanía, después de décadas sin abordar cambios estructurales imprescindibles, y con unas plantillas tremendamente envejecidas y unos perfiles profesionales que, en muchos casos, no son adecuados para los servicios que debe de prestar una Administración de la tercera década del siglo XXI.

Uno de los problemas más visibles es el de la famosa cita previa que retrasa (o incluso excluye) el acceso a servicios fundamentales para la ciudadanía. La Fundación Civio demostró que conseguir cita previa para trámites para el pago de pensiones o del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una tarea casi imposible, y cuando se consigue, es con mucho retraso. También hemos visto que se ponen en marcha políticas públicas muy ambiciosas sin que la Administración tenga capacidad real para implementarlas, lo que genera frustración y enfado, dado que se convierten en papel mojado. Otros problemas no son tan visibles para los ciudadanos, pero no son por ello menos preocupantes, por ejemplo, la falta de capacidad para la gestión de los fondos europeos (que se acaban externalizando a empresas que a su vez externalizan a otras, en un proceso que resulta muy poco eficiente).

Abordar estos retos es de vital importancia para garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos de forma eficaz y en igualdad de condiciones. Para ello, es preciso en primer lugar despolitizar la Administración para ocupen los puestos de dirección los mejores profesionales posibles.  Sin embargo, con frecuencia los empleados públicos ven condicionada su promoción profesional a criterios de confianza política, ideológica o personal (dado que los puestos más relevantes son de libre designación) y no a los principios de mérito y capacidad que prevé la Constitución. Por eso, entendemos que hay que garantizar que para los puestos directivos en el sector público se abran procesos de concurrencia con publicidad, transparentes y competitivos, y que se realice un auténtico proceso de selección entre los candidatos, presentando finalmente a los gobernantes de turno una terna de candidatos idóneos.

En ese sentido, debe de elaborarse una nueva ley de función pública que garantice la separación de las carreras funcionariales de las carreras políticas, sobre todo, en aquellos puestos que incluyan funciones de supervisión y control. Además, es conveniente que se elabore un régimen jurídico específico del personal directivo, como prevé el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 13). Este régimen deberá regular los procedimientos de publicidad y concurrencia basados en mérito, capacidad e idoneidad, y los mecanismos de evaluación conforme a la eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. En definitiva, la rendición de cuentas.

Por otra parte se propone limitar al máximo los puestos de libre designación. De la misma forma, debe de eliminarse el libre cese, de manera que éstos tengan que estar siempre razonados y motivados en base a cuestiones estrictamente profesionales. En todo caso, para todo tipo de puestos debe de establecerse una comisión de valoración especializada y profesional.

El concurso de méritos, por tanto, ha de ser el sistema regular de provisión de puestos de trabajo en la administración; las excepciones, como las comisiones de servicio o las adscripciones provisionales, deben limitarse también, dotarse de publicidad suficiente, establecerse con carácter temporal y no utilizarse para eludir los principios de mérito y capacidad o para acumular méritos en el mismo puesto al que luego se llegará por concurso.

Proponemos también la creación de un tribunal administrativo profesional de recursos en materia de personal, similar al Tribunal central de recursos en materia de contratos públicos. Por último, en todos estos procesos, es esencial respetar el principio de transparencia para que sea posible el control y la rendición de cuentas, en particular en relación con las retribuciones variables y los puestos de confianza.