Manifiesto por la mejora institucional: Medios de comunicación públicos y espacio cívico: transparencia

Proponemos reforzar la transparencia y la objetividad en el ámbito de la publicidad institucional y la despolitización de los medios de comunicación públicos, así como el fortalecimiento del espacio cívico mediante ayudas a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la calidad democrática e institucional y la promoción de la cultura del Estado de derecho.

Como último punto del manifiesto de medidas de mejora institucional, desde la Fundación hay Derecho consideramos esencial asegurar la completa transparencia de la publicidad institucional desde las Administraciones Públicas, así como la verificación en todo caso de que concurren las razones de interés público en los términos del art. 3.2 de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación institucional, evitando que se utilicen  estas campañas para efectuar propaganda indirecta de determinados partidos políticos o de sus políticas o propuestas. Publicitarias. No solamente en campaña electoral sino más allá de estos periodos. Recordemos que el objetivo de este tipo de publicidad es la comunicación de programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social, prohibiendo expresamente la Ley que se dirijan a destacar los logros, reales o supuestos, de una determinada gestión o política pública.

En cuanto a la transparencia, es esencial conocer qué medios de comunicación han sido los destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales de publicidad, con independencia de la posible intermediación al contratar campañas a través de las agencias o centrales de medios. Las fórmulas de contratación centralizada en nada obstan para facilitar este dato fundamental que permite, a su vez, determinar si el reparto de la publicidad institucional responde a criterios objetivables (como la audiencia, por ejemplo) o a criterios partidistas, de afinidad ideológica o cualquier otro no legítimo.  No es suficiente con publicar los Planes anuales de comunicación ni sus informes de ejecución, tampoco con dar acceso a planes de medios de una campaña ofreciendo cifras de gasto por tipología de soporte (Internet, prensa, TV…); se hace necesario conocer la concreta distribución final del presupuesto público entre los diferentes medios. No es admisible invocar los límites de la Ley de Transparencia a las solicitudes de acceso a la información pública que se plantean por los ciudadanos o periodistas interesados, puesto que no se trata de información confidencial o que afecte a interés de especial protección sino de información pública de interés general. Por otra parte, los propios medios receptores de este dinero público deberían publicar las cuantías que reciben y en qué concepto.

En definitiva, solo la transparencia puede garantizar que la publicidad institucional no encubra prácticas clientelares para favorecer a determinados medios o excluir a otros en contra de la interdicción de la arbitrariedad recogida en el art. 9.3 de la Constitución española y también del propio derecho a la libertad de información de su art. 20.

Otro aspecto fundamental para la pluralidad del debate público propio de una democracia de calidad es la despolitización de los medios de comunicación pública. En ocasiones se ha intentado avanzar en esta senda con medidas que desvincularan la dirección del medio del partido del gobierno, pero ninguna de estas iniciativas se ha logrado o mantenido en el tiempo. Es crucial que se garanticen adecuadamente la independencia, neutralidad y objetividad de los medios de comunicación públicos, que su dirección se encomiende a las personas idóneas con base en principios de mérito y capacidad, mediante procesos de concurrencia competitiva abiertos y transparente, como también proponemos para otras instituciones de contrapeso o control. Asimismo, que se establezcan estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permita cumplir con garantías su misión de servicio público.

Finalmente, no debemos olvidar la necesidad de promover la sociedad civil organizada en cuestiones como la defensa del buen funcionamiento de las instituciones y la salud del Estado social y democrático de Derecho, facilitando convocatorias de ayudas públicas abiertas y transparentes para organizaciones que trabajan en este ámbito, a semejanza de lo que ocurre con organizaciones que trabajan en otros ámbitos sociales. Somos conscientes de que este activismo cívico y crítico ha de ser nutrido principalmente por la capacidad de la ciudadanía activa, pero ello no empece que se señale esta carencia, que debería ser cubierta  de acuerdo con el fin social que se cubre.