Amnistía y Unión Europea

Resulta fascinante constatar que cuando un determinado asunto jurídico tiene relevancia política las interpretaciones que aporta la “Academia” son sospechosamente coincidentes con la tendencia política del académico correspondiente. Salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, con motivo de la supuesta amnistía de los políticos envueltos en el procés, algunos –como mi apreciado Manuel Aragón- destacan que se opone a los principios constitucionales, que ataca el principio de igualdad y la división de poderes, que está prohibido lo menor (los indultos generales) o que sólo procede frente al derecho injusto, y no es el caso. Silva Sánchez, destaca que indulto y amnistía son diferentes (procede uno del poder ejecutivo y otro del legislativo, y ha habido algunas como las fiscales) pero exigen un presupuesto de pasado (que traiga la paz tras una situación de derecho injusto) y otro de futuro (que, por ejemplo, promoviera la lealtad constitucional catalana en el futuro), ninguno de los cuales se da. Otros lo ven constitucional pero erróneo políticamente. Y los sospechosos habituales no ven problema alguno y destacan la capacidad de las Cortes para aprobar cualquier cosa no prohibida expresamente.

Desde mi punto de vista, la clave de todo esto no es una sutil discrepancia sobre la letra de la Constitución. A veces el Derecho impide la Justicia. Lo esencial es que la amnistía no se pretende por una razón de interés general de paz o justicia, pues todo el mundo –el ciudadano común- sabe que el interés es tan particular como obtener siete escaños para lograr la investidura. El conflicto de intereses es un clásico del Derecho: el apoderado no puede comprar lo que tiene encargado vender, el notario que autoriza el testamento no puede heredar al testador; es contrario al principio de igualdad un acuerdo social que favorece a unos accionistas en contra de otros para seguir en el cargo…Son actuaciones proscritas en Derecho privado y, por supuesto, en Derecho público: todos sabemos que el concejal de urbanismo que recalifica su propia parcela o que cobra por recalificar está haciendo algo muy feo, porque el interés general es la base de actuación de todos los poderes públicos y nadie puede tomar una decisión en un acto que la beneficia.

En cualquier Estado de Derecho una amnistía de este tipo tendría mal recorrido jurídico, en mi opinión. El problema es que el nuestro se encuentra en pronóstico reservado por la invasión partidista de todos los contrapesos al poder y por el virus populista que hace considerar al infectado que lo que decida “la gente” o incluso el parlamento está por encima de todo. No hace falta recordar la penosa colonización del Tribunal Constitucional. “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, decía Stanislav Jerzy Lec.

Por eso me gustaría destacar un aspecto esperanzador, que me sugieren algunos expertos: la aplicación del Derecho Europeo. Como en la famosa película, siempre nos quedará París (léase Bruselas). Nos gobernamos en buena medida desde la Unión Europea (UE), cuyas instituciones tienen algo que decir al respecto, en especial la Comisión, como guardiana de los Tratados. Desde la adhesión de los países de Europa Central y del Este, la UE ha desarrollado una política de defensa del Estado de Derecho, uno de los elementos esenciales que definen el proyecto europeo (artículo 2 TUE). Los casos de Hungría y Polonia, donde sus gobiernos han debilitado la separación de poderes y han atentado contra algunos derechos fundamentales (libertad académica, libertad de expresión…) han sido los más visibles.

En la comunicación de la Comisión respecto al Informe del Estado de Derecho de 2020 se hacía constar como elementos indispensables de éste los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley. Pueden ustedes valorar si la cuestión que planteamos afecta a estos puntos.

De hecho, en 2019 tuvo lugar un caso en Rumania que ilustra muy bien cómo se puede llegar a evaluar desde la UE la amnistía proyectada en España. Este país del Este iniciaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Al mismo tiempo, el gobierno socialdemócrata tramitaba un decreto de emergencia para facilitar una amnistía que descriminalizaba algunas formas de corrupción (por ejemplo, falsificar el resultado de unas elecciones) y beneficiaba a algunos políticos condenados por este tipo de delitos, incluido el promotor de la ley, el líder socialdemócrata Liviu Dragnea.

El entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya había expresado sus dudas en una entrevista con un periódico alemán de que el gobierno de Bucarest estuviese preparado para la presidencia europea y de que entendiese lo que significa esta tarea.

La Comisión afirmó que el proyecto de ley en Rumania cruzaba una línea roja. En enero de 2019, Juncker visitó Bucarest y pidió al gobierno que frenase una medida contraria a elementos esenciales de la UE, como es el respeto al Estado de Derecho. Juncker subrayó en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, que “sería un paso hacia el pasado” (…) “aunque la UE se construye sobre pactos, no puede haber negociaciones sobre principios jurídicos”. Terminó sus palabras diciendo: “no creo que la primera ministra quiera ensombrecer la presidencia rumana del Consejo de la UE al exportar las dificultades internas a Europa”. El portavoz de la Comisión, hoy miembro del Colegio de Comisarios, Margaritis Schinas, declaró desde Bruselas que “el presidente Juncker había sido totalmente claro en el asunto de una posible amnistía. Rumanía debería volver a concentrarse en la lucha contra la corrupción, garantizar un poder judicial independiente y evitar cualquier paso atrás”.

Es triste que todo esto coincida con la Presidencia española. Y aunque no deberíamos confiar en otras instancias para la resolución de nuestros problemas, debemos saber que formamos parte de algo más grande. “La justicia estriba en la imparcialidad y sólo son imparciales los extraños”, decía Bernard Shaw. Y, aunque no es extraña, la Unión Europea sí es imparcial y dispone de mecanismos para exigir a sus miembros el respeto al Estado de Derecho: desde la aplicación del artículo 7 hasta la condicionalidad de los fondos Europeos.

La civilización es la victoria de la persistencia sobre la fuerza, dice Platón. Confiemos en que nosotros, con la ayuda necesaria, sepamos persistir.

Este artículo se publicó en VozPopuli el 13 de septiembre de 2023.

 

13 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Muy buen e imprescindible artículo. Pero a propósito de la UE.
    Muy pocos medios se plantean los efectos de un gobierno que es inviable .
    ¿Apoyarán los nacionalistas leyes contrarias a su programa?
    ¿ Con cuantos votos cuentan para la reducción del gasto público , del déficit y del endeudamiento o las reformas estructurales que nos exige la UE?
    Sánchez ,si continúa dependiendo de los mismos socios ,no podrá cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática . La independencia judicial es clave y no la quieren implantar a pesar de las advertencias y amenazas de la UE
    La continuidad del mismo gobierno compromete no sólo la financiación de los fondos que están condicionados al cumplimiento “verificado” de reformas estructurales contradictorias con los programas de sus socios. sino ,también , la continuidad en esta .No se tienen en cuenta estos retos ni el coste financiero, político, social y económico de la incompetencia cuando tenemos tanto volumen de deuda y tan escasos proyectos sólidos que aseguren su devolución

    • Agustin
      Agustin Dice:

      A alguno parece que se le olvida “la buena gestión” que hizo el PP: Gurtel, etc …
      “Asociación sin ánimo de lucro” , en palabras de la Audiencia Nacional, jeje …
      Ya no digamos el “milagro” económico de Rato …
      La memoria de algunos … para lo que interesa si pero para lo demás … no.
      Flaco favor … !!
      !! Viva el vino !!
      En fin …

      • Lole
        Lole Dice:

        ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es que para poder criticar posibles errores de gestión de la actualidad hay necesariamente que evocar los errores cometidos por otros gobiernos en el pasado? Usted acaba de cometer una falacia lógica “y tú más”.

        • Agustin
          Agustin Dice:

          A veces conviene recordar … y más cuando esté PP sigue “controlado” por los mismos ..
          No engañan a nadie … bueno si, a ellos mismos …
          Y hasta que no hagan una oposición constructiva ( ofrecer algo que no sea Sanchez es muy malo y Blas, bla, bla y se rompe España) no les va a votar ni Espinete …
          Salvo que vuelvan a confiar en Michavila y les augure mayoría absoluta, claro, jeje
          Y peor lo tienen todavía si siguen con su fiel escudero de la mano (si, ese partido que quiere privatizar las pensiones públicas pero que a la vez destina 7 millones de euros a su “fundación privada”). A ver si a alguno se le cae ya la venda de los ojos …

  2. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    FelipeVI “ La Justicia es la esencia del Estado de derecho, es el principio de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución”.
    El sistema actual es inviable y está condenado a su fracaso no solo es contrario a nuestra constitución , sino a los fundamentos de la UE . La posición de los jueces y fiscales ,que están luchando por la independencia judicial , esta justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará. La «excepción ibérica judicial » autoritaria sería demoledora para la continuidad de la UE. Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario
    Se posicionaron en contra de la separación de poderes un sector importante de nuestro periodismo más influyente. El editorial del 14 de julio de 2022 de La Vanguardia ( coincidente con la posición de PRISA) era desconcertante, pero aclaraba la falta de compromiso democrático de este periodismo ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones.
    Los demócratas tienen otra cultura política sobre la independencia judicial y la labor fundamental de los jueces .

  3. Agustin
    Agustin Dice:

    Hablando de amnistía … la amnistía fiscal del PP que les pareció ???
    Con esa amnistia no se rompía el Estado o como ??? Abogaba por la igualdad esa amnistia ??
    “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos … “” Ya, ya …
    Que mala memoria tienen algunos …
    Y por cierto, mucho hablar de la Unión Europea y cuando la Fiscalía pretendió investigar el caso de las mascarillas de “hermanisimos” bien que les pusieron trabas …
    Para lo que no interesa, que la Unión Europea se quede mejor al margen …
    “Semos europeos” jeje

    • Lole
      Lole Dice:

      No era una amnistía en términos legales. Era una regularización. El resto de su comentario, al igual que el suyo precedente, es una salida de tiesto.

  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    . El artículo de Ignacio se plantea la posibilidad de que la UE impida en su momento la amnistía pedida para apoyar la investidura de un candidato desde un sector del independentismo catalán fuera de España. Lo mismo que viene haciendo Feijóo tendiendo manos a diestro y siniestro e incluso tratando de justificar sus contactos con amistades peligrosas.
    Todo ello nos lleva a la demostración palpable de que los estados de Derecho se han capturado impunemente por los poderes políticos, incluyendo en ello a una UE empeñada en convertir en Derecho intereses ideológicos particulares ajenos al interés general, pero hábilmente convertidos en interés general. Nos referimos a las agendas distópicas impuestas.
    Una de las cuestiones que se plantean con respecto a la amnistía es que la misma atentaría o violentaría el principio de igualdad constitucional. La cuestión es saber cuantas veces se ha venido haciendo y cómo quienes deberían velar por su respeto, se han puesto de perfil.
    La propia ley D’Hont del sistema electoral vulnera tal igualdad con diferencia del valor de voto según circunscripción. Y ahí sigue sin que la UE haya dicho ni pío.
    La llamada “Europa de las libertades” se ha ido perdiendo sustituyéndose por la Europa de las imposiciones, de las coacciones, de las prohibiciones y, lo que es peor, de distopías acientíficas presentadas como dogmas incuestionables (el propio Al Gore, promotor de tales disparates, decía que la Ciencia quedaba cerrada al debate).
    No seamos ingenuos ni pretendamos que otros lo sean ofendiendo su inteligencia (que alguna todavía queda). Estamos ante sistemas políticos fuertemente totalitarios desde posiciones de hegemonías culturales gramscianas, donde la propaganda es la correa de transmisión del llamado “nuevo orden mundial” al que sólo importa el caos destructivo de economías y sociedades que pretendíamos democráticamente organizadas. Y no hay estado de Derecho que se le resista.
    Habrá amnistía para unos y castigo para otros, al igual que hay penas para unos y penas para otros. Todo depende de lo que convenga a los intereses de las oligarquías mundiales en cada momento a través de las instituciones controladas por ellas.
    Un saludo.

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Adjunto un breve resumen/dictamen sobre el dilema que hay en relación con la exigencia de Amnistía por parte de Puigdemont para dar su voto a Sánchez.

    El resumen que sigue proviene de personas con larga presencia en T. Supremo, Consejo de Estado y TC–. Creo que se publicará en breve. Por esta razón me reservo sus nombres.
    Desde mi punto de vista estamos en el segundo evento más grave del reinado de Felipe VI. El primero lo salvó con honores y espero que vuelva a hacerlo en esta ocasión en la que estamos viviendo un Golpe de Estado gris por captura sectaria de Instituciones al tiempo que es evidente que el candidato Sánchez ya está al tanto de dos cosas escasamente divulgadas:
    1. que la Amnistía no es constitucional y
    2. que, en cualquier caso, no es potestad del Congreso sino que es Prerrogativa Real.

    Cada vez es más verosímil la negativa de la Corona a lo que Sánchez ya ha acordado según la contraparte sin tener capacidad para ello.
    De momento el Fiscal General ha prohibido a los fiscales que se pronuncien (El Debate de ayer)

    Cito
    El llamado «derecho de gracia», en el que se incluyen la amnistía y el indulto, no es competencia de las Cortes sino una prerrogativa real.
    Así se desprende del artículo 62 de la Constitución española, según el cual «Corresponde al Rey:… i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Constitución que reitera esta idea en otros lugares, como su artículo 87.3 sobre iniciativa legislativa popular, que dispone que «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia», pues aquí diferencia y separa las leyes que cita (emanadas del Parlamento) de la prerrogativa de gracia (del Rey), no habla de posibles “leyes de gracia”; o su artículo 102.3 sobre responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno, que establece que «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo», como vemos este precepto habla claramente de una «prerrogativa real», que corresponde al Rey, a un Rey que no puede indultar a un Presidente de Gobierno. Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional que, por ejemplo, en Auto 278/1997, de 16 de julio, dice que «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia, corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey». El Rey ejerce tal prerrogativa real «con arreglo a la ley», dice el citado artículo 62. ¿Qué nos dice la ley acerca de la amnistía? La Constitución ni la menciona; el artículo 130 del Código Penal sobre «Causas que extinguen la responsabilidad criminal» tampoco la cita, a diferencia del anterior Código Penal de 1973, que en su art. 112 incluía entre estas causas de extinción de penas tanto el indulto como la amnistía, y establecía que esta «extingue por completo la pena y todos sus efectos»; y la ley aplicable para el indulto es la Ley de 18 de junio de 1870, sobre normas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero. De manera que actualmente el único derecho de gracia posible es el indulto particular que concede el Rey por Real Decreto, refrendado naturalmente por el Ministro competente, según esta norma. La amnistía no es viable hoy día, y en ningún caso lo es para beneficiar a un prófugo de la justicia. Así se desprende del silencio de la Constitución y del Código Penal, de la prohibición en aquella de los indultos generales (la amnistía tiene efectos más beneficiosos aún), y del artículo 2 de la Ley de 18 de junio de 1870 citada, que exceptúa del indulto a los que «no hubieren sido condenados aún por sentencia firme» y a «los que no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena». Otro aspecto de la cuestión, no menos importante, es la de la finalidad de la amnistía y el indulto, los cuales, como vemos, históricamente son manifestaciones del derecho de gracia del Rey. Su fin natural es rehabilitar al condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas legalmente impuestas, la equidad. A pesar de eso de hecho la amnistía se ha utilizado muchas veces por simples razones coyunturales de política, incluso como un arma política. En la práctica el indulto general y la amnistía se han utilizado políticamente, sobre todo esta última, que normalmente supone ruptura o cambio de un régimen político (así las leyes de 23 de diciembre de 1939, tras la guerra civil, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, y la menos amplia ley de 18 de octubre de 1977, sobre amnistía, en la transición a la democracia). Por estas razones, a la vista de la manipulación política a la que se prestan y de la ruptura política que suponen, con buen criterio nuestra Constitución y nuestras leyes han suprimido esta figura. Como dicen Muñoz Conde y García Arán en su Derecho Penal, «la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía (art. 62 i), quedando como única institución del antiguo derecho de gracia el indulto particular regulado por Ley de 18 de junio de 1870, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero». En cualquier caso es indudable una cosa: la finalidad de la amnistía no es otorgarla para obtener votos en una votación de investidura como Presidente del Gobierno. Eso es una desviación de poder, el uso de un poder público para fines distintos de los naturales previstos en el ordenamiento jurídico. Cambiar amnistía por votos en el Parlamento supone no sólo atribuirse funciones que no se tienen, no solo ignorar la finalidad de aquella, es una perversión del sistema democrático, de la democracia misma. Pues incluso el poder legislativo democráticamente elegido tiene sus límites, pues como ha dicho el Tribunal Constitucional «Las Cortes Generales, como titulares “de la potestad legislativa del Estado” (art. 66.e de la CE) pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites derivados de la propia Constitución» (STC 76/1983, de 5 de agosto). Los poderes públicos, todos, están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico y les está vedada la arbitrariedad, según dice la Constitución misma en su artículo 9. Y arbitrario es utilizar una potestad pública, legislativa o ejecutiva, para beneficio particular o de un determinado partido político. No hay que olvidar nunca que el poder político es del pueblo español, en él reside y lo transfiere a sus representantes políticos. Pero se lo transfiere para que hagan buen uso de él, no para que un partido o una coalición de partidos hagan cesiones y trapicheos post-electorales cambiando amnistía por votos para así conseguir el poder político, obtener la Presidencia del Gobierno y ocupar personal y programáticamente unos poderes del Estado que emanan del pueblo español, según nos dice la Constitución en su mismo inicio.

    Fin de cita
    Un saludo cordial

    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Ya se notaba la “desaparición” de Oquendo en este blog. Bienvenido sea de nuevo trayendo el texto que hemos leído con la opinión de fuentes jurídicas solventes.
      Pero no hace falta una redacción tan farragosa para entender que los partidos políticos son organizaciones privadas con unos objetivos que pueden ser aceptados por la soberanía nacional (en cuyo caso se institucionalizan a través de las Cortes Generales) o ser rechazados (en cuyo caso se quedan tal cual).
      Lo que no se puede hacer desde un partido político es utilizar las instituciones en su beneficio particular. Es decir, no pueden acordar cuestiones que les son ajenas aunque estén en funciones sus candidatos o, lo que sería peor, aprovechar esa situación en beneficio propio.
      En el caso que se comenta y prescindiendo de la “competencia” para llevar a cabo una amnistía con fines particulares, estaríamos ante una usurpación de funciones si los acuerdos se formalizan. Si sólo son contactos informales de sondeo de apoyos a través de Sumar, no tienen más importancia (salvo si se han hecho las gestiones y el viaje a con cargo a presupuestos públicos).
      En tdo caso la Jefatura del Estado que debe arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones es quien tiene la pelota en su tejado desde hace tiempo.
      Un saludo.

  6. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Una gran alegría leer otra vez a Manu Oquendo al que echamos de menos Si los que ven no hablan ¿ como van a saber lo que pasa, los que no ven?
    Esta amnistía tiene solo una justificación, es lo que han pedido ( entre otras cosas) el independentismo y Puigdemont para votar a Sánchez . Los anteriores ponen el texto y Sánchez su firma.
    No tiene nada que ver con ninguna anterior.
    José Ignacio Torreblanca en su artículo en El Mundo del 18 de septiembre de 2023 “ No busquen precedentes de amnistías” recoge los datos de las amnistías que se han firmado en el mundo desde 1990, En Europa34. “ en todos los casos , no solo se trató de conflictos armados en situaciones de transición política o descolonización sino que en todos ellos la amnistía se concedió al darse por cerrados y superados los hechos punibles. Aquí sin embargo, ni los proponentes ni los demandantes de la amnistía consideran tal exigencia requisito previo o posterior”.
    Pasaría a la base de datos de la Universidad de Edimburgo y la Queen University de Belfast por ser la primera que se hace para conseguir unos votos que le hacen falta a Sánchez para ser Presidente en una legislatura en la que tiene muy difícil gobernar y en la que los beneficiarios han asegurado que “lo volverán a hacer”.

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