La amnistía: un debate jurídico, pero, sobre todo, democrático
Existe un interesante debate jurídico acerca de la constitucionalidad de la amnistía. La primera controversia gira en torno a la cuestión de si, en abstracto, con carácter general, caben o no las amnistías dentro del marco de la Constitución Española de 1978. Hasta donde sé, no es una cuestión en absoluto clara. El silencio de la Constitución sobre la amnistía –que sólo habla de la prohibición de indultos generales– y la ausencia de jurisprudencia constitucional que haya abordado directamente esta cuestión han dado lugar a que actualmente existan opiniones jurídicas enfrentadas al respecto. En efecto, es posible encontrar argumentos de importantes juristas que respaldan su inconstitucionalidad: si están prohibidos los indultos generales, con mayor motivo estarán prohibidas las amnistías, cuyas implicaciones son mayores; en otras constituciones históricas españolas, como la Constitución de 1869 o la Constitución republicana de 1931, se incluyó expresamente la amnistía, pero no en la Constitución Española de 1978; en otras constituciones de nuestro entorno democrático, como la francesa, la italiana o portuguesa, se recoge explícitamente la amnistía, pero no en la española; en el proceso constituyente hubo enmiendas que trataron de incorporar la amnistía a la Constitución, pero fueron rechazadas. Sin embargo, otros juristas prestigiosos defienden, también con argumentos sólidos, su constitucionalidad: el silencio en cuanto a su prohibición equivale a su constitucionalidad, en la medida en que el legislador democrático tiene legitimidad para impulsar leyes en materias no vedadas expresamente por el constituyente; la amnistía sería, dentro de las distintas formas de ejercicio del derecho de gracia, una institución cualitativamente distinta a la del indulto y, por tanto, su falta de prohibición expresa equivale a su constitucionalidad. Siento decepcionar al lector, pero no tengo una opinión definitiva al respecto.
Hay una segunda controversia que tiene que ver con la constitucionalidad de una posible ley de amnistía en concreto, es decir, si sería constitucional una ley de amnistía como la que se plantea (como la que se anuncia) con relación a los delitos relacionados con el procés. A falta de conocer el contenido concreto de esa hipotética ley de amnistía (tanto su preámbulo como su articulado), existe un consenso jurídico mayoritario que entiende que cualquier ley de amnistía debe ser conforme con la Constitución y, en consecuencia, si es recurrida, corresponde el Tribunal Constitucional determinar si su contenido concreto es compatible o no con la Constitución. En este caso, se me antoja difícil que una ley de amnistía como la anunciada pueda superar el test de constitucionalidad, por ser contraria a los principios de igualdad ante la ley e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cómo justificar la cancelación retroactiva de responsabilidades penales con relación a delitos vinculados al procés y, por el contrario, no hacerlo respecto de cualesquiera otros delitos de desobediencia a las autoridades, desórdenes públicos o malversaciones de caudales públicos cometidos en el mismo período temporal en territorio español?
Pero el debate sobre la amnistía no es sólo un debate jurídico —que lo es—, sino que, a mi juicio, es, esencialmente y antes que nada, un debate de carácter político. En otras palabras, no es un debate que deba restringirse a los juristas, sino que, en mi opinión, es un debate que interpela al conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, también a sus representantes parlamentarios. Desde un punto de vista político –y a partir de aquí hablo como ciudadano– una amnistía como la que se plantea no me parece aceptable y, para justificar mi posición, voy a esgrimir argumentos de índole democrática.
En primer lugar, la amnistía no se incluyó en el programa electoral, ni se defendió en campaña electoral, por parte de los principales partidos de ámbito estatal que supuestamente impulsarán la reforma y que son imprescindibles para su aprobación (PSOE y Sumar). Me parece que lo correcto en términos democráticos sobre una iniciativa de la importancia que reviste la amnistía es que sea defendida públicamente ante la ciudadanía, especialmente en período electoral. Y no solo no se ha hecho, sino que buena parte de los representantes institucionales y orgánicos del PSOE han venido rechazando una amnistía hasta pocos meses antes de las elecciones, por ser, según ellos, inconstitucional o injusta. La hemeroteca, como es sobradamente conocido, recoge abundantes ejemplos en este sentido. Hasta donde sé, no se ha producido ninguna novedad o circunstancia sobrevenida que justifique un cambio de posición del partido, excepto, claro está, la de necesitar el apoyo de diputados de partidos independentistas para completar una mayoría parlamentaria que posibilite una investidura que mantenga al partido en el Gobierno en esta nueva legislatura.
En segundo lugar, en la amnistía que se está planteando no se está contando con la primera y tercera fuerzas políticas más votadas en las elecciones generales celebradas hace apenas tres meses, en julio de 2023, que suman más de 11 millones (aproximadamente el 45% de los votos emitidos). Me parece especialmente inaceptable que pretenda llevarse a cabo la aprobación de una amnistía sin consensuarla con el PP, partido más votado a nivel nacional en las últimas elecciones, tercer partido más votado en Cataluña (por delante de ERC y Junts) y que mayor poder acumula actualmente a nivel institucional en comunidades autónomas y ayuntamientos. Aunque la forma jurídica para la aprobación de una amnistía es la ley orgánica, esto es, basta la mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación, una amnistía como la anunciada debe contar, a mi modo de ver, con un consenso amplio tendente a la unanimidad. Es decir, para la aprobación de una ley de amnistía es exigible, desde luego, el apoyo de las principales fuerzas políticas en Cataluña, pero también las de España en su conjunto. Se trata de una materia que debería ser objeto de un pacto de Estado. Por cierto, así sucedió con la ley de amnistía de 1977, que fue aprobada en el Congreso con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo.
En tercer lugar, una amnistía como la sugerida supone, a mi entender, un cuestionamiento inaceptable de la democracia española y de sus instituciones. Implica desacreditar la respuesta de las instituciones al desafío del próces; supone reconocer que su actuación fue en cierta medida ilegítima, injusta o arbitraria. Lo cierto, sin embargo, es que la democracia española se encuentra en una buena posición en todos los rankings sobre calidad democrática en perspectiva comparada (The Economist, V-Dem o Freedom House) y que la respuesta de las instituciones se produjo, en términos generales, con arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y de manera garantista. No hay, por el momento, ninguna condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ni nos encontramos ante un contexto de transición a la democracia, ni tampoco estamos ante una suerte de acuerdo de paz para dar salida a un conflicto armado. Una amnistía en bloque para todos los delitos cometidos durante el procés, en definitiva, significaría conceder verosimilitud jurídico-institucional al relato que ha tratado de deslegitimar la democracia española dentro y fuera de nuestras fronteras y que ha tratado de proyectar la imagen de un Estado opresor.
Considero, en fin, que la amnistía es infructuosa y, quizás, contraproducente. Infructuosa porque algunos de los beneficiarios de la medida no han renunciado a la unilateralidad ni, por tanto, a la potencial reiteración de conductas delictivas, con lo que la amnistía no contribuiría al bien que se dice perseguir: mejorar la convivencia política y procurar la paz social. Y contraproducente porque se corre el riesgo de que, una fórmula que pretende restañar la fractura política en Cataluña puede causar, por el contrario, un desgarro relevante en una sociedad española ya demasiado polarizada.
Artículo publicado originalmente en El Español
Sobre los argumentos de índole democrática:
Incluir o no algo en el programa electoral no es garantía de nada, ya lo sabemos. Y será más ficticio ese programa cuantos más apoyos se necesiten para gobernar, pues se transaccionará. Y consensuar entre diferentes me parece que es de lo más democrático que hay.
Que además quiere discusión pública sobre la amnistía: Pues ya la tiene ahora, y puede alargarse hasta unas posibles elecciones el 14 de enero, e incluso más allá.
¿Amnistía como pacto de Estado? Sería preferible consensuar (como ya he dicho antes), pero PP y PSOE quieren marcar públicamente diferencias entre ellos a toda costa. No hay voluntad ni de hacer pactos de Estado ni de nada, y así está la renovación del CGPJ. ¿El bloqueo al consenso tiene que impedir la acción de gobierno? No, democráticamente considero que es preferible avanzar en base a mayorías a quedar bloqueado porque “una gran minoría” no acepta no estar en el gobierno.
Y sí, obviamente hay que cuestionar la democracia española y sus instituciones. Es lo más democrático. ¿Cualquiera que cometa desobediencia a las autoridades es acusado de rebelión?
Por eso entiendo que se quiere una amnistía antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte sentencia sobre lo perpetrado por los autodenominados “constitucionalistas”. Así la “imagen democrática” de España se podrá maquillar un poco.
Gracias por el artículo.
Pero no estoy de acuerdo.
“Existe un consenso mayoritario ” …
Falso. No toda la doctrina jurídica está en contra de la amnistía (Perez Royo, etc … )
“Se me antoja difícil que pueda superar el test de constitucionalidad” …
Esta presuponiendo (adelantando el resultado) sin conocer el texto de la ley.
“No se incluyó en el programa electoral” …
Sin comentarios … podría citarle varios ejemplos de temas que no se anunciaron en un programa político y que se llevaron a cabo.
Y no los citó porque no quiero que me veten este comentario .
“No se esta contando con PP y Vox” …
Sin comentarios … increíble …
Gracias por el articulo. Espero que me lo publiquen
Pérez Royo ¿y quién más? Por ahora solo ha mencionado a ese señor. Por tanto se puede seguir afirmando que sí “Existe un consenso mayoritario”.
“Esta presuponiendo (adelantando el resultado) sin conocer el texto de la ley.”
A eso ya le he respondido tres veces.
“podría citarle varios ejemplos de temas que no se anunciaron en un programa político y que se llevaron a cabo”. No le sirve para justificar que eso se haga ahora, sin dar ninguna explicación plausible al cambio de postura (declarado públicamente) y siendo un asunto de tanta importancia.
¿Qué tiene de malo que se requiera el consenso político de la primera y tercera fuerza política en la actualidad? ¿Por qué increíble?
Los asuntos más importantes en las democracias deben ser aprobados por amplio consenso. ¿O no?
Lole, cree que puede haber consenso entre los principales partidos ??
Por favor, seamos serios …
Digo increíble porque el PP y Vox (no solo con este tema) en vez de hacer oposición lo único que hacen es impedir de cualquier manera que el PSOE gobierne …
Digame en que ha apoyado el Pp al PSOE (pacto de Estado) en los últimos tiempos …
Ah, si perdón … cuando el Psoe apoyo la aplicación (sin contrapartidas) del art 155 CE .
Será que el Psoe de aquello (con Sanchez) era un partido de Estado y ahora no …
Ahora es otra cosa (el caso es impedir gobernar: ahora con el tema de la amnistia, y cuando no hay “tema” a inventarse otros: el caso Delsy Rodrigues, lo del movil de Sanchez, viajes en el Falcon etc … es decir, tonterías e inf undios … a cual chorrada más gorda )
Ya ni que decir el papel del PP y Vox durante la pandemia criticando cualquier medida del Psoe (para salvar vidas).
Que PP y Vox hicieran política con la pandemia es la mayor verguenza en la historia democrática de este país …
Y algunos no olvidan … y cuando llegan las elecciones todavía se sorprenden de que no les voten …
Y me habla usted de pactos de Estado con estos … ??!
En fin …
Si en 1977 hubo consenso entre los primeros 5 partidos, puede haber de nuevo. Es solo cuestión de buena voluntad y de actitud constructiva. Lo que importa es que para una ley así, como para cualquier ley trascendente, debe haber amplio consenso.
“Será que el Psoe de aquello (con Sanchez) era un partido de Estado y ahora no”. Lo ha dicho usted, no yo. Y le tomo la palabra. Pues desde luego no se puede calificar de partido de estado a quien promueve indultos, reformas penales ad hoc y amnistías como pago por votos en la investidura. Con tal actitud imposible contar con consensos amplios.
Más juristas que apoyan la amnistía (aparte de Perez Royo): Joaquín Urias (ex vocal del TC), Miguel Ángel Presno Llanera (Catedrático Universidad de Oviedo), Jesús Sanchez (Colegio de Abogados de Barcelona … ) …
Sigo ?? …
Opinión mayoritaria, si … ya, ya …
El caso es crear un “clima” en contra de la amnistía …
E impedir que haya gobierno del Psoe …
Le cito también ejemplos de “temas” que no se “anunciaron en campaña” … y que se aplicaron una vez confirmado el Gobierno: subida de impuestos, amnistía fiscal (perdón, “regularización “, buen eufemismo, si … ), copago de medicamentos, entrada en una guerra (Irak), Ley Mordaza, reforma laboral, …
Sigo ??!
Ya ni hablar del “ánimo Luis … ” … que tampoco se “prometió en campaña” …
En fin …
Ya queda menos para que se forme el Gobierno … le pese a quien le pese …
Gracias.
Bien. Y en contra de la amnistía han firmado Aragón Reyes, Bal, Conde Martín de Hijas, Cruz Villalón, Fernandes Romero, Freixes Sanjuán, Gimbernat, Quintero Olivares, Recuerda Girela, Ruiz Robledo, Silva Sánchez, Tapia, Tejadura Tejada Viada Bardají. Y no para que no haya un gobierno de Sánchez. Si no por principios. Los que Sánchez demuestra carecer.
¿Temas que se haya incluido en una legislatura sin haberse incluido en el programa electoral? Los que usted quiera, por supuesto. Pero no por ello consigue usted justificar esta amnistía. Pues no hay ninguna justificación, salvo una: Puigdemont la quiere.
Y no dudo que vaya a haber gobierno de Sánchez. Pero no “pese a quien le pese”, si no atropellando lo que haya que atropellar. Y llevándose por delante el Estado de Derecho, si hace falta.
“Temas o cuestiones que se aprobaron y que no se incluyeron en campaña electoral los que usted quiera” …
No, no los que yo quiera … sino los que fueron …
Y si, se está en contra de la amnistía “por principios” , si …
Los mismos “principios” que han demostrado Pp y Vox … los mismos …
“Ánimo Luis” …
Que bien le viene todo esto de la amnistía a algunos … que bien (más si cabe cuando tienen cero programa electoral … y después se extrañan de que no les voten ) … para tapar otras cosas …
Les sugiero otros temas aparte de la amnistía, … que se ve que no existen …
Juicio caso Kitchen, trasvase de 7 millones de euros de Vox a su chiringuito (perdón, fundación ), condena de 4 millones de euros a los ex dirigentes de Intereconomia (germen de Vox) por administración concursal desleal, etc, etc ..
Por “principios” , si … Ja
Gracias.
Veo que usted insiste en la misma falacia lógica. Porque lo que hayan hecho en el pasado PP y Vox no le sirve a usted para justificar que Sánchez apoye ahora una amnistía que justo antes de las elecciones rechazaba.
Y no, no hay nada más importante que la amnistía en este momento. Si usted cree lo contrario es porque no es consciente del peligro que encierra su aprobación. Se ve que no ha entendido nada de lo que se ha expuesto en este blog durante semanas.
Quizás lo entienda, aunque tarde, cuando en un futuro Vox aproveche el ejemplo de Sánchez y repita la jugada en su provecho.
Muchas gracias por este articulo! Me ha sido muy útil para entender mejor el tema y para hacer unas practicas para la universidad.
Sólo unos comentarios:
1. Si la amnistía es inconstitucional, que lo es, no se trata de llevarla en el programa, votarla o no. Se tiene que hacer un cambio en la CE para que el legislador esté capacitado para ello, pues si el legislador no puede legislar una ley que autorice indultos generales, porque se lo prohíbe explícitamente la CE, al ser la amnistía de más amplia aplicación que incluye como beneficiados a los condenados a los que no se les puede aplicar un imposible indulto general, bastaría proclamar una amnistía “ad hoc” para el conjunto de condenados para saltarse la prohibición de la CE. Y ya puestos, proclamar amnistías a diestro y siniestro, para todos los colores. La prohibición al legislativo, en la CE de hacer leyes autorizando indultos generales, sería decorativa.
2. Se indica que una ley de amnistía sería orgánica y con una mayoría absoluta se podría aprobar. ¿Por qué mayoría absoluta? Si como digo en el punto “1.” se requiere un cambio en la CE. Este cambio fijaría la mayoría requerida. No siendo así, cada vez que una mayoría se haga con el control del Congreso se podrían tener todas las gamas de amnistías. El Senado parece que solo tiene como función el Art. 155 de la CE. Y el ordenamiento jurídico se iría al garete, pues al entrar los míos podré volver de donde haya huído por vulnerar la ley. Si se elige ser delincuente hay que fundar un partido por si llega a ser necesario.
3. Según juristas, aunque el Tribunal Constitucional fallara que la amnistía es inconstitucional, la ley al ser beneficiaria para el reo y teniendo en cuenta la irretroactividad de las penas sería de aplicación a los afectados, no así la segunda ley de amnistía por haber sido declarada su inconstitucionalidad. El plantear por un juez la cuestión de inconstitucionalidad, la CE dice “que en ningun caso serán suspensivos”, por lo que parece imparable.
4. La amnistía quiebra la igualdad ante la ley. No se requiere más para la inconstitucionalidad. El legislativo se cisca en la CE.
5. El legislativo hace unas leyes y la justicia ha de establecer si el presunto incumplidor es delincuente, y luego el legislativo proclama que ya no es delicuente porque no había delito en incumplir lo que el propio legislativo había legislado. Este legislativo adolece de esquizofrenia. Pero se necesitan unos votos para la investidura y ese legislativo anulará al poder judicial cuando le convenga. A eso quieren seguir llamándole Estado de Derecho.
6. Lo que no se dice es que a Puigdemont no se le ha querido juzgar en rebeldía. Cierto que la LOECrim fija que el juicio ha de ser presencial cuando la pena solicitada es superior a dos años, pues por menos de dos años se puede no ir a la cárcel. Esto está bien cuando para el enjuiciado, que no teniendo nada que ver con el asunto, sería una sorpresa el que le hayan condenado a ocho años y no se ha enterado de nada; se entera cuando lo detiene la policía para que cumpla la pena. Este no es el caso, aquí un fugado de la justicia, al que por fugado se le debería desposeer del voto pasivo y activo, se jacta de no presentarse a la justicia, por lo que no se entiende que no se haya modificado el Art. 786 de la LOECrim para que fuese juzgado en rebeldía, y al ser condenado no poder presentarse a las elecciones al parlamento europeo. ¿O es que se quiere que se pueda presentar? Se fugó el 27 de octubres del 2017.
¿Quién le paga como europarlamentario? Si cobra, quién firma para que se le haga el pago. El de la adminstración del parlamento europeo ha de tener documentos firmados y sellados que le habiliten para autorizar el pago a Puigdemont. ¿Quién lo ha autorizado si no es europarlamentario del Reino de España? No ha jurado la CE ante la JEC. Esto se debería aclarar, como las cuestiones de la declaración del IRPF del año 2017 en el 2018. ¿Presentó la declaración del IRPF? Si no la ha presentado, ¿Se le ha requerido? ¿Se le ha hecho una paralela y se le ha citado en una delegación? ¿Ha habido sanción?
7.Todo lo anterior no debería ser objeto de comentarios porque los partidos ERC, Junts, y si se ha dado el mismo caso con EH Bildu deberían haber sido ilegalizados. En la sentencia del procés, STC 459/2019, HECHOS PROBADOS 7.3 se dice : “… a la desconexión con las leyes españolas a través de la vía de la unilateralidad, es decir, a través de procedimientos ilegales”. Es el Tribunal Supremo el que define lo que es la “vía de la unilateralidad” que son procedimientos ilegales. Al no abandonar la unilateralidad esos partidos politicos significa que ahora se dedican, no a lo que dicen sus estatutos, sino a cometer ilegalidades. No para aparcar el coche en doble fila sino para derrocar al Estado en la Comunidad Autónoma.
¿Cómo puede ser legal un partido político que se reconoce en hacer objeto de su acción política el cometer ilegalidades? ¿Dónde quedan el Art. 22.2 y el Art. 6 de la Constitución? ¿Dónde quedan el Art. 10.3.2) de la Ley de Partidos Políticos y el Art. 515.1 del Código Penal? ¿Cómo no ha sido instada su ilegalización? ¿Cómo el habilitado por el ordenamiento jurídico para instar la ilegalización de un partido político que sus dirigentes reconocen que se dedican a cometer ilegalidades: “No abandonamos la unilateralidad”, no lo ha hecho teniendo conocimiento de ello? A ese habilitado por el ordenamiento jurídico le es de aplicación el Art. 408 del Código Penal por dejación en promover la persecución del delito. Pedro Sánchez se ha referido a que esos partidos, de cuyos votos se beneficia, debían abandonar la unilateralidad. Si la unilateralidad fuese legal, que no lo es, ¿Por qué tendrían que abandonarla?. Si la unilateralidad fuese ilegal, que lo es, ¿Por qué no la persigue? Porque se beneficia de sus votos. ¿Y la Fiscalía? ¿Qué hace la Fiscalía?
Muy pocos medios se plantean los efectos de la continuación de un gobierno de Sánchez con los socios y apoyos de la anterior legislatura.
Para hacer las reformas que necesitamos, con la finalidad de resolver nuestros graves problemas económicos y sociales y conseguir un nivel de calidad democrático homologable con el de la UE, precisamos de una concertación de los partidos más representativos. Sánchez no parece estar de acuerdo con ello.
Es un gobierno inviable y de enorme coste para la democracia, la economía y los ciudadanos..
¿Apoyarán los nacionalistas leyes contrarias a su programa?¿ Con cuantos votos cuentan para la reducción del gasto público , del déficit y del endeudamiento o las reformas estructurales que nos exige la UE?
Sánchez, si continúa dependiendo de los mismos socios, no podrá cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática.
La independencia judicial es clave y no la quieren implantar a pesar de las advertencias y amenazas de la UE
Precisamos de una concertación de los principales partidos.
Pero ,para ello, se necesita una convergencia de programas en temas claves para los ciudadanos como :la separación de poderes y la independencia judicial, la crisis demográfica, la viabilidad del sistema de pensiones y del estado del bienestar, la previsión de las pandemias, la crisis energética futura, los problemas del abastecimiento hídrico,el empobrecimiento de las nuevas generaciones que no van a acceder a un trabajo ni a una vivienda dignos, la falta de inversiones. como las generaciones anteriores ni de la pérdida de competitividad de la producción con los efectos evidentes sobre el nivel de vida y libertad de la población y otros más que tienen una fecha más próxima y también son previsibles y cuantificables ..…Creo que es clave que el partido socialista lo presida una dirección seria y solvente que tenga como prioridad la defensa del interés general y la mejora de la eficiencia y la calidad democrática que actualmente no tiene, para llegar a acuerdos .
El autor ofrece tres argumentos necesarios en esta discusión.
El primero, tal vez de mayor consideración por la importancia del asunto a amnistiar: ¿cual es la función y limites aceptables de los manifiestos electorales? ¿puede un partido actuar sobre -literalmente- cualquier tema sin previo aviso a sus votantes?. Sera que sí, pero sin duda deja un gran resquemor en parte de sus electores (yo mismo, sin ir mas lejos). Este argumento moral es para mi el mas importante, junto con otro que terminara esta nota.
Sobre si se debe actuar desde un mayor consenso de las fuerzas políticas. La anterior de 1977 si fue tanto avisada a los electores como votada con mayor consenso (aunque es preciso mencionar el oprobio, este no anunciado, de la excepción de su aplicación a los militares demócratas de UMD) y mantiene una mayor aceptación en la sociedad y fuerzas políticas. No va ser este el caso y sus huellas no serán ciertamente las mismas.
El prestigio institucional no debería ser un argumento. Como tampoco la propia amnistía. Si llega a fín, lo habra sido por métodos democráticos. Escuece por su sectarismo pero el método es definitivamente el único aceptable: legal y desde el parlamento.
Termino. Para mi la cuestión no es la acción en si. Mis preocupaciones son dos de orden incremental. ¿Es razonable cargar al constitucional con esta tarea? Y la mas importante ¿sabe Sanchez a donde dirige la nación a medio y largo plazo con esta medida?
Puigdemont y Junqueras (aquí si, claro como el agua en su programa) si lo sabe, vaya que si: a los Países Catalanes.
Bien o mal, dependerá del observador. ¿Pero tiene el gobierno con conciencia plena y actúa con el cuidado, visión y reflexion necesarias?
Creo recordar que Felipe Gonzalez expreso en algún momento reservas sobre haber ofrecido una amnistía los etarras sin haber asegurado un fin de las armas definitivo. ¿Asegurara esta próxima amnistía, si así sucede, un punto para encontrar la convivencia estable o un punto y seguido y con ampliación a otras comunidades españolas?