El pecado original
Por fin después de varias semanas se ha alcanzado el agónico acuerdo de Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y, como era previsible, el resultado no puede ser peor desde el punto de vista de Estado social y democrático de Derecho, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, es decir, del que proclama el art. 1.1 de la Constitución de 1978. Y lo primero que hay que decir es que es un acuerdo que no se contemplaba ni como previsible ni como posible por la inmensa mayoría de la ciudadanía española, esa inmensa mayoría que ahora lo lee o con indignación o con una gran preocupación, incluidos muchos votantes del PSOE. Ese es su pecado original y ningún argumentario, por sofisticado que sea, puede arreglarlo ni siquiera incurriendo en trampas dialécticas e incoherencias lógicas que producen sonrojo y que al final se reducen al axioma bien simple de que el fin justifica los medios y que cualquier cosa vale para impedir un gobierno con la ultraderecha.
Lo cierto es que esta forma inédita de forzar las costuras institucionales de nuestro país, asumiendo no ya las exigencias individuales de una persona que, a día de hoy, es todavía un prófugo de la Justicia española sino, sobre todo, asumiendo el marco político y mental que las fundamentan, es absolutamente innecesaria. Basta con admitir algo tan sencillo como que, en una democracia, no todo vale para alcanzar el poder. Un acuerdo en que lo que se da a cambio de los votos de un partido muy minoritario son trozos del Estado de Derecho ya sea en forma de impunidad para políticos, del reconocimiento de la existencia de “lawfare”, es decir, la persecución judicial por motivos políticos, articulación de mecanismos extraparlamentarios de negociación, privilegios fiscales y renuncia a la redistribución territorial en beneficio de los territorios más ricos de España, admisión como realidades de los de mitos nacionalistas del siglo XIX en torno a la lengua y la posibilidad de reformas constitucionales por la puerta de atrás dado que no se no se tienen las mayorías suficientes para una reforma constitucional.
En fin, este conjunto de dislates jurídico-políticos sólo va a servir para empeorar la convivencia y la degradación de los estándares de nuestra democracia. Para todos. Porque una vez que un partido mayoritario entiende que el Estado de Derecho es negociable para mantenerse en el poder ¿Qué impide que los demás hagan lo mismo? Al contrario, se le facilita enormemente: el desgaste ya lo ha asumido el primero y siempre podrán invocar en su defensa que otros lo hicieron antes.
En este sentido, me temo que hemos iniciado un camino que nos lleva rápidamente en la dirección de otras democracias iliberales en la que el partido o la coalición hegemónica considera que el derecho es solo una herramienta formal más para conseguir sus fines, y que las instituciones pertenecen a los que tienen la mayoría aunque sea por muy poco y que lo importante, al final, es la capacidad de imponer una agenda propia, ya sea conservadora, progresista o la que toque. En realidad, esta era ya la realidad en Cataluña con los sucesivos gobiernos independentistas. Ahora, esta forma de hacer política se extiende al Gobierno central. Es una concepción profundamente contraria a la esencia de una democracia liberal representativa, que no sólo trata de imponer contrapesos al poder para evitar la tiranía de las mayorías sino también la de las minorías para salvaguardar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos por igual, de los que votan al gobierno de turno y de los que no.
En suma, estos acuerdos ya han abierto la puerta a una senda muy peligrosa, en la que otros pueden hacer lo mismo si lo necesitan también para gobernar. España es un país muy descentralizado, y las CCAA de signo político distinto al gobierno y más si pierden la confianza en que las reglas del juego son iguales para todos, pueden también jugar a ignorarlas, vaciarlas de contenido o directamente a desobedecerlas. Como ha ocurrido en Cataluña. Siendo esto muy criticable, es difícil que quienes lo han dado por bueno por motivos de aritmética parlamentaria tengan legitimación alguna para reclamar su cumplimiento. Los únicos que vamos a poder hacerlo con un mínimo de autoridad moral somos los ciudadanos españoles y particularmente los que estamos en la esfera pública siempre que sigamos defendiendo el Estado democrático de Derecho y las reglas del juego, especialmente cuando su vulneración nos favorece, que es cuando es más difícil. Tengo confianza en que será así y que una vez más la sociedad española, como otras veces antes, estará a la altura aunque sus representantes no lo estén.
Artículo publicado en el periódico El Mundo.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
No entiendo que al acuerdo entre diferentes se considere lo peor para un Estado social y democrático de Derecho.
En todo caso, si no gusta la composición de un Parlamento: Pues se puede cambiar cuando toque hacer nuevas elecciones, con la esperanza de que la nueva composición permita avanzar en lo social y en lo democrático.
Y esa es la clave: ¡Poder apartar a quienes atacan a la democracia!
Ya llevo tiempo indicando que el peor ataque a la Democracia es el que realizan los funcionarios, porque estos tienen su cargo por tiempo indefinido… Y, por tanto, pueden atacar indefinidamente a la Democracia, hasta convertirse en el poder supremo, sustituyendo al Parlamento (serían funcionarios usurpadores). Recomiendo leer https://ctxt.es/es/20231101/Firmas/44685/Joaquin-Urias-lawfare-guerra-judicial-investidura-gobierno-de-las-togas-Parlamento-democracia.htm
Gracias por el artículo. Aunque de Urias no espero nada. Pero veamos: “A eso no ayuda que todos los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos a dedo por un órgano político.” Ah, ¿y por qué son elegidos a dedo por un órgano poíitico? Porque así está legislado. Ergo el presunto problema de la digamos parcialidad ideológica de los magistrados del Supremos es propiciado por el Poder Legislativo. Y no será por falta de oportunidades con gobierno “progresistas” para resolver este presunto problema. “nos hemos acostumbrado a ver a jueces en ejercicio en las redes sociales y las televisiones hablando de política y atacando al Gobierno progresista” ¿Eso es verdad? Pues ya se ve que esos gobiernos progresistas no se han dado prisa en reformar es “lesiva” legislación. Y entonces llegamos al tema del Procés: “En vez de articular una respuesta política al clamor independentista, decidió dejar en manos de los jueces la defensa de la unidad de España” Es que no cabe respuesta política contra unos líderes independentistas que, en lugar “articular respuestas políticas” hacen exigencias y amenazan con la ruptura si no se les complace. Eso es chantaje. Con chantajistas no cabe el diálogo. Y como cumplieron sus amenazas, pues no quedó otra que dejar el asunto en manos de los jueces. ¿No le mosquea a usted que Joaquín Urias no escriba una línea sobre las leyes de Transitoriedad? Pues como profesor de derecho constitucional ése debería ser el meollo de su discurso. Y no perderse en asuntos penales. De los cuales me fío más por ejemplo de Gimbernat.
Sobre la primera parte: Efectivamente, parte del problema es la legislación para seleccionar a los miembros del CGPJ.
Pero creo que el meollo está en la parte final: Usted pone el acento en las leyes de Transitoriedad, que son y fueron papel mojado desde el primer momento, y que sólo sirvieron para hacer una especie de referéndum (que no es delito en España).
Y yo estoy indicando que lo realmente grave es que unos jueces están atacando la democracia, sin que sus actos estén teniendo como consecuencia que se les aparte de su cargo, por lo que el ataque continúa.
El artículo, refiriéndose a futuros gobiernos de otro signo, se pregunta ¿Qué impide que los demás hagan lo mismo? Pues, para mí, las preguntas relevantes son:
¿Qué impediría a futuros jueces hacer lo mismo contra otras ideologías? Es más ¿Qué impide, a los jueces actuales, atacar a Vox, el PP, empresarios afines o su militancia o…?
La realidad es que en el único caso en que judicialmente se ha reconocido lawfare es cuando se efectuó contra una jueza… En otras palabras, los únicos que están mínimamente protegidos, en España, contra lawfare son los propios jueces. Así que si se espera un mínimo de justicia en caso de lawfare, y no eres juez, me temo que no cabe otra que esperar a los tribunales internacionales. ¿Seguro que no quiere reconsiderar sus prioridades?
¿Las leyes de transitoriedad papel mojado? Falso. Siguieron aplicando su contenido durante semanas. La propia aprobación de esas leyes constituyó un intento de golpe de estado. Un hecho muy grave, pues puso en peligro los derechos fundamentales de millones de catalanes y que el nacionalismo catalán sigue intentando tapar.
Y no, a diferencia de usted y de Urías, no veo que haya jueces atacando la democracia de un modo generalizado. Y si eso fuese así, se solucionaría fácilmente si el CGPJ fuese realmente independiente. De nuevo la solución la tiene el Poder Legislativo. Y si acaso es el causante.
Por supuesto.
Siempre será mejor que en lugar de funcionarios (que han obtenido su cargo por mérito y capacidad, superando procesos selectivos: oposiciones ) ocupen su lugar personas nombradas a dedo …
Lo importante es que “los mejores” ocupen los puestos de la Administración …
Ya de paso, algún “candidato” debería incluso plantearse aprender algo de inglés … porque en los foros e instituciones europeas e internacionales no se suele utilizar el gallego … jeje
Gracias por el artículo.
Por “copiarlo y pegarlo”, claro …
Ya lo de elaborar argumentos propios … como que no …
Mejor utilizar los “ya hechos” por otros …
En fin …
Un saludo …
O sea que, según usted, apoyarse en un “artículo” de Platón o Aristóteles en lugar de elaborar argumentos propios es un demérito. En fin…
Copiar y pegar puede ser uno de los atributos del opositor perezoso y sin capacidad critica.
Además el recurso a la “autoridad” es una conocida falacia retórica.
Ya lo decía Diogenes 🙂 “un pensamiento original vale mas que mil citas”
Pues con esa cita usted mismo se ha lucido…
Lucir… no se, si he ofrecido dos argumentos sobre razonar mostrando claridad expositiva y evitando el banal, y probablemente en este caso, no intencionado recurso a la autoridad. Si se argumenta una debe, por rigor y también cortesía, evitar enviar a la lectora a leer un articulo de ¡2000 palabras! y que confunde el debate porque vaya a saber si yo interpreto en el mismo lo mismo que usted. Algo habrá cuando es un sentimiento compartido por otros lectores.
Que yo sepa, los “filósofos griegos” no suelen escribir en Theobjetive, VozPopuli, el Mundo, la Razón, ABC …
Salvo que usted tenga “más información ” …
Un saludo …
Ah, entonces entiendo que para usted el problema no es que no aporten argumentos propios. Si no que estos procedan de esos medios que ha mencionado. ¿Debo entender que repetir argumentos de Pérez-Royo es igualmente criticable?
El estado autonómico y el sistema judicial anterior a la entrada en la UE deberían haberse adaptado a ella.
El problema es la insostenibilidad del Estado que nos llevará a un ajuste enorme del gasto público.
Cataluña es el caso más grave de un error histórico que es el responsable de gran parte de los problemas que tenemos , el desarrollo de nuestro estado autonómico desde el ingreso en la UE..
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía..
Dada la insostenibilidad del estado , el ajuste del gasto público más intenso y próximo de lo que pensamos, nos obligará a un nuevo modelo » sostenible» ,diferente al que actualmente tenemos. Entonces tendremos que volver a la obligación que nos comprometimos y no debimos abandonar, ajustar nuestro régimen autonómico a las funciones que tendrán las autonomías después del proceso de unificación
Deben ustedes darse cuenta de que el problema no es que Sánchez haga todo esto, el problema es que Sánchez PUEDE HACER TODO ESTO.
Sánchez puede hacer todo esto porque nadie tiene poder sobre él. Tiene todo el poder, o para ser más precisos: desde el poder ejecutivo dirige el legislativo. Al tener el poder de decidir quién va en las listas electorales los “representantes” le representan a él, y a él le deben fidelidad si quieren seguir siendo “representantes”. Los electores españoles NO ELIGEN A SUS REPRESENTANTES, eligen representantes del líder del partido.
Los diputados españoles no tienen miedo al elector, tienen miedo al que les puede dejar sin carrera con el simple gesto de un dedo. Ahora mismo los diputados socialistas deberían sentir el aliento en el cogote de otro socialista que le podría quitar su escaño en las próximas elecciones presentándose libremente en su misma circunscripción si esto fuera realmente un sistema representativo donde el elector eligiera a su representante. Pero todos sabemos que no es así: la prueba de que esto no es un sistema representativo.
De nada sirve venir aquí corriendo como pollo sin cabeza dieciendo que hace falta “un hombre bueno que…” (que respeta patatín, que respete patatán). La democracia representativa no es el sistema que elige “hombres buenos”, es el sistema que protege de lo que pueden hacer “hombres malos”, porque parte de la base de que arriba pueden llegar (van a llegar) “hombres malos”.
El problema no es que Sánchez esté haciendo todo esto, el problema es que tiene poder para hacerlo. No pidan respetar este sistema fallido, pidan cambiarlo por uno que falle menos. Todo lo demás es inútil. Tras tantos años así ya deberían haberse dado cuenta.
El sistema actual judicial es inviable y está condenado a su fracaso y lo explicamos en nuestro articulo, en catalán, :¿PODEMOS SER MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, SIN UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE? ( traducido)
“Lo que nos pasa era previsible. ..
La Fundación BBVA en su obra Estadísticas históricas de España recoge el siguiente texto “Considerando la totalidad de la época contemporánea (1808-2000) , España ha padecido una gran inestabilidad política , el 72 por ciento de los Gobiernos han tenido una duración inferior a un año , y más de la mitad ( 54 por ciento) no han sobrevivido a los seis meses de su constitución”.
En los últimos hemos tenido 4 elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales. ….
¿Sería deseable, como dicen los editoriales de El País y La Vanguardia, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?Y si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen ? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?.
La independencia judicial es clave para cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella.
Mientras estemos en la Unión Europea los demócratas tendrán protección y a ella tienen que acudir si quieren mantener la calidad de la democracia ..”
El coste social de la fragmentación del mercado ,incompatible con los fundamentos de la UEy del exceso y mala calidad de la legislación ha sido denunciado recientemente por la Comisión.
“En el último informe país del Semestre Europeo , la Comisión advierte claramente de que la fragmentación del mercado y el exceso de regulación son obstáculos que merman la productividad…” durante la ultima década , el débil desempeño de la productividad en nuestro país ha ampliado la brecha con los socios europeos. Y, esto.. ha sido impulsado “ por el bajo gasto privado en I+D y las deficiencias en el entorno empresarial, incluida la fragmentación del mercado, la regulación dependiente del tamaño y las preocupaciones sobre la calidad de la legislación” “ “ la proporción de empresas que se quejan de que la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión a largo plazo , con datos de 2022, alcanza el 60,5% frente al 29,6% de media europea..(El Mundo 26/5/23 Bruselas señala a España por las trabas al comercio Cristina Alonso ). Y nuestros grandes economistas también
Velarde, sobre las reformas necesarias: lo primero es eliminar las trabas administrativas para montar una empresa y unificar el mercado interior español. No es admisible que tengamos 17 legislaciones diferentes. Esta es la gran reforma pendiente de nuestra economía. . Luego un gran pacto educativo. Atajar el déficit enorme de las administraciones públicas, que lastra nuestro crecimiento .Tamames:“ hemos creado una compartimentación de mercado, de manera que hay 17 mercadillos, sistemas sanitarios…Nos hemos pasado de rosca con el Estado de las autonomías. No significa que haya de suprimirlo, sino respetar la idea original, no crear 17 estados dentro del estado español:
La actual “tranquilidad social” obedece a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin.
Sánchez ha agravado el problema por su política económica dirigida más a engrandecer el estado clientelar en su propio beneficio, que a ampliar la dimensión y competitividad del sector productivo del que depende la renta y el trabajo de los ciudadanos, la solvencia financiera, la inflación y hacer sostenible el estado del bienestar y el sistema de pensiones.
Si cumple las promesas que han permitido su investidura, llevará al sector público a la insolvencia .Entonces actuará el voto de los acreedores , con mayor coste para los intereses y reducción de la financiación.
La pérdida de soberanía por otra gran crisis como la de ZP nos obligará a reducir los costes del sistema público (ajuste que llaman cuando lo hacen “los otros”se llama el austericidio “).
Es previsible que, cuando llegue la hora del “ austeridio “ y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dé lugar a una época de convulsión política y de cambios importantes.
Cuando se llegue al precipicio muchos de los que están impasibles o le defienden exclamarán»¡ No me digas que el Estado no puede financiar los costes de los servicios públicos y las prestaciones sociales , porque Pedro ha utilizado los presupuestos en su propio beneficio!.
Como está pasando , actualmente, en Cataluña en muchos ayuntamientos que han sublevado a sus ciudadanos ante el incremento de la presión fiscal con manifestaciones en pueblos importantes ( ejm Igualada y Reus) o la declaración “ de riesgo de quiebra “del Ayuntamiento de Tarragona.
¿Pueden los miembros del PSOE, especialmente los ” expertos en derecho”, dar lecciones de independencia judicial ,cuando aprobaron la continuidad del modelo actual que es contrario a los fundamentos democráticos de la UE y la constitución , aparte de ser inviable dada la fragmentación política actual y nuestra experiencia histórica ?
Programa PSOE Justicia.
“Por otro lado, preservar las instituciones y respetar las reglas del juego democrático son claves para garantizar el respeto a la independencia judicial, que pasa por defender un el modelo de elección del gobierno del Poder Judicial avalado por el Tribunal Constitucional y consagrado por un pacto de Estado. • Por ello, seguiremos exigiendo la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial con el sistema actual de doble legitimación en su elección, conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que como señala el artículo 1.2 de la Constitución Española, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español “.
Una explicación si “Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder…Toda la estrategia de Zapatero y de Sánchez es evitar la alternancia del poder “R Arias Salgado.
Los dos sueñan con un régimen contradictorio con el de la UE.
La “dependencia judicial” es clave para mantener un estado clientelar en el que la incompetencia, la corrupción y el abuso de poder de “ los nuestros” no tengan sanción. De ahí que esto explique que tenga muy poca probabilidad de éxito los esfuerzos de los ministros y asesores “ expertos en derecho “ que trabajan bajo la dirección de Sánchez y sean defensores de la independencis judicial de corregir esta anomalía democrática del programa del PSOE actual.
Mas que no, soy votante del PSOE y como Elisa disgustado por este asunto.
Porque el oportunismo y unilateralidad de estas medidas llevan más riesgo de generar discordia que evitar la reconducción a la política. Estos asuntos necesitan de una política de estado no de partido, pero en garantizar el presente politico y no ver el futuro ¿quien tira, en cualquier pais del mundo, la primera piedra?.
A mi el fondo del asunto, el no mantener este absurdo de exiliados y aliviar los efectos de la (igualmente divisiva e improvisada) cargar policial del 11S no me parece en principio equivocado. Pero sin duda, como se están haciendo estas cosas, si me lo parece.
La amnistía, decidida en parlamento y legal, la tendremos que aceptar y sacarle el mejor juego posible para todos. Los españoles pasaremos juicio en las próximas elecciones.
Hace unos días, cuando no se conocían los acuerdos finales ( con más madera) ,hicimos esta advertencia
Los que están aceptando la responsabilidad de ayudar a Sánchez a cambio de colaborar en la destrucción del estado democrático no saben lo que les espera.
El tema, de la amnistía afectará no solo a los políticos que la aprueben , a los intelectuales y medios concertados que lo han apoyado “ ciegamente” sino, seguramente, a la sociedad que lo ha permitido. Todos pasarán a la historia, también los jueces que la apoyan y los que están en contra ,PRISA , Hay Derecho , X. Vidal Folch,, Guerra ,González, M. Robles, Conde-Pumpido, Savater, Carreras …………aunque con diferente calificación.
Como se podrá comprobar , los socios continuarán desde el momento de la investidura y para asegurar su “ gobernanza” , pidiendo lo que Sánchez y su gobierno niegan actualmente , por lo tanto me da la sensación que la calificación será más próxima y letal para el prestigio de los que le han apoyado de lo que se imaginan ”
Ayer en El País y tal vez por eso , Cebrián publicó uno de los artículos más importantes para la historia de periodismo democrático : “Pedro Sánchez no debe preocuparse más por su lugar en la Historia: con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra.
Y con él estarán ,” con toda probabilidad “no solo los políticos que la aprueben , también los intelectuales , profesionales , medios concertados… que lo han apoyado tan “ ciegamente”
Claro, ahora es un problema, cuando Aznar lo hizo con Terra Lliure NO
El artículo, o post, de Elisa de La Nuez me parece, como todos los suyos, y en general la línea editorial de Hay derecho, coherente, bien argumentado, bien escrito, informado, y si coincide en algunos de sus argumentos con lo escrito en otros medios, es porque en el momento actual se están escribiendo/leyendo muchas cosas (en columnas, editoriales, artículos) de gente muy preparada (muchos de ellos funcionarios de cuerpos cuyas oposiciones no son nada fáciles de preparar ni de obtener), y que, por fuerza, coinciden en aspectos críticos fundamentales de esta situación distópica en que nos encontramos.
Pero me referiré solo a la alusión peyorativa, inexacta, injusta, que ridiculiza a los funcionarios, que generalmente es hecha por los que nunca han podido obtener plaza en una oposición.
¿De verdad alguien cree que en lugar de tener cuerpos estables y bien preparados de funcionarios a diferentes niveles, que mantengan a lo largo de los años la funcionalidad de un país con una cierta estabilidad, son mejor son los nombramientos a dedo de amigos, amiguetes, de conocidos, parientes, para pagar favores, o para obtenerlos en un futuro, a cuenta del contribuyente, con salarios que nunca habrían pensado y que en muchos casos – no en todos- el cargo para el que se los propone no tiene nada que ver con aquello para lo que se han preparado, suponiendo que se hayan preparado para algo? ¿Puede haber alguna persona progresista que mantenga esto? Esta dinámica es conocida de antiguo: son los “estómagos agradecidos”
Añado: para participar en estos comentarios con un mínimo de rigor y credibilidad, algunas personas deberían primero practicar con la lengua española, adquirir una mínima capacidad argumentativa y tener algo menos de sectarismo.