La (in)dependencia de las instituciones de control

Es de sobra conocido el refrán popular “del dicho al hecho hay gran trecho”. La teoría la tenemos clara. La separación de poderes es una condición necesaria para la democracia. El Poder ejecutivo está sometido a la Ley aprobada por el Poder legislativo, el cual es elegido por la ciudadanía. El Poder judicial debe controlar la legalidad de las actuaciones y decisiones del Poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, y afectando a todas las ideologías políticas, el Poder ejecutivo tiende a gobernar sin control. No le gusta que sus decisiones puedan ser criticadas ni tampoco paralizadas o anuladas por alguna institución judicial o administrativa.

Ya nos hemos acostumbrado a las peleas políticas por elegir a las personas que van a ocupar los puestos en la cúpula judicial con la finalidad de
condicionar las decisiones más importantes que se adoptarán por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Los gobiernos intentan desactivar a las instituciones de control de varias formas.

a) La primera de ellas se suele rechazar por ser muy escandalosa: la supresión de la institución. No parece una medida muy democrática y puede alarmar a la ciudadanía si tiene repercusión en los medios de comunicación, como está sucediendo actualmente con la Oficina Antifraude de Baleares.

b) Otra medida menos ruidosa y también muy efectiva para evitar el control de la institución es el ahogamiento presupuestario. Si el órgano controlador no tiene medios personales, materiales y técnicos para hacer su trabajo de forma ágil y eficaz, será menos molesto porque tardará mucho tiempo en realizar sus actuaciones. Por supuesto, si la institución de control reflexiona, es decir, se lo piensa mejor, y decide no actuar de forma independiente o “por libre” para evitar choques con el gobierno, es posible que las partidas presupuestarias sean incrementadas sin mayor problema.

c) Una medida preventiva más sutil, que no llama tanto la atención de la ciudadanía ni a los medios de comunicación, consiste en mantener a la
institución de control con medios suficientes, pero cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, modificar la ley para que el gobierno pueda elegir libremente a su máximo responsable y reducir sus competencias.

Esto es lo que se pretende ahora con el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, cuyos componentes, hasta el momento, son elegidos por una mayoría cualificada de la Asamblea (tres quintos). Por si ello no fuera suficiente, para lograr una sumisión absoluta, se despoja a dicho Consejo de las facultades que tenía para incoar e instruir procedimientos sancionadores. De esta manera, si el gobierno no quiere cumplir con las resoluciones del Consejo, no va a pasar nada, ya que el Consejo está atado de pies y manos, y el gobierno incumplidor nunca va a sancionarse así mismo.

Llegados a este punto, es interesante destacar la evolución experimentada en la forma de elección de algunas instituciones de control. En los orígenes, para garantizar al máximo su independencia, las personas eran elegidas, no por los gobiernos, sino por los parlamentos y con una mayoría muy cualificada (dos tercios). Ante la dificultad de los partidos políticos de alcanzar un consenso, lejos de haber apostado por elegir a personas independientes de notorio prestigio que pudieran aunar dicho acuerdo, los gobiernos, a través de las mayorías parlamentarias, empezaron a modificar las leyes para rebajar el quórum de elección a tres quintos o a mayoría absoluta, y de esta manera, poder elegir con más facilidad a sus candidatos preferidos.

Sin embargo, como el afán de someter a las instituciones de control no se agota: algunos gobiernos con mayoría absoluta se atreven a ir más allá, utilizando su apoyo parlamentario para modificar las leyes con el fin de que ser ellos, y no el parlamento, quienes elijan libremente a su presidente o director. A partir de este momento, la independencia de la institución se transforma en dependencia absoluta del gobierno. Es evidente que el órgano controlador no puede ser elegido por el órgano a quien tiene que controlar. No tiene ningún sentido. Es un engaño.

Esta solución es la preferida para ejercer el poder sin ningún control real y efectivo. La ciudadanía no se alarma porque no se ha eliminado la institución y puede acudir a ella cuando lo necesite. Sin embargo, en los casos importantes o delicados para el gobierno, la persona libremente elegida por el mismo no podrá actuar con independencia porque pertenece a su círculo de confianza y no se atreverá a ser desleal.

Esta situación es muy frustrante para la ciudadanía, que observa atónita e indefensa, sin poder hacer nada, que existen numerosas instituciones de control que consumen importantes cantidades de dinero público sin molestar lo más mínimo al gobierno sin tutelar los derechos de las personas de forma real y efectiva. Un auténtico despropósito y despilfarro de recursos públicos.

Es necesario impedir estos comportamientos por Ley para garantizar la independencia de las instituciones de control. La elección de las personas que la integran o dirigen debe realizarse, previa pública concurrencia, por mayorías cualificadas que requieran de un elevado consenso por tratarse de personas de dilatada experiencia y notorio prestigio en el ámbito profesional del que se trate, según los méritos debidamente acreditados.

La solución es bien sencilla. Lo que ocurre es que no existe voluntad política. Los parlamentos están “secuestrados” por la mayoría que sustenta a los gobiernos y no van a querer aprobar los cambios legislativos que son necesarios.

Esta falta de voluntad política es denunciada, año tras año, y sin éxito, por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Por ejemplo, en la página 596 de la Memoria de 2022, se pone el dedo en la llaga en todas las reformas concretas que hay que hacer y que siguen pendientes por la pasividad de los responsables políticos. Se transcribe literalmente porque no tiene desperdicio (pinchar aquí):
“Por lo que se refiere a reformas concretas, se insiste en la necesidad de seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público, una más rigurosa regulación de las llamadas «puertas giratorias» y de los lobbies, el refuerzo de la meritocracia, la generalización del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores públicos y la mejora de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales y de los sistemas de contratación pública. Sobre estas cuestiones, entre otras, vienen advirtiendo hace años distintos organismos e instituciones que recuerdan que sigue existiendo una amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica. En todo caso, el diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados. Solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección, como ya decíamos en la Memoria del año anterior.”

Sin instituciones de control fuertes e independientes, el poder se concentra y tiende a ejercerse de forma absoluta, arrasando los derechos de las personas y los valores democráticos de la libertad, justicia e igualdad. Si las instituciones de control no son independientes, no sirven para nada, son un fraude para la democracia y generan desconfianza y desafección a la ciudadanía. Esta situación se puede cambiar. Hagámoslo.

3 comentarios
  1. Pedro Luis Egea
    Pedro Luis Egea Dice:

    ¿Quién controla al controlador?; ¿quién nos asegura la “neutralidad del controlador”, ¿los jueves y magistrados n o tienen ideología o sesgos ideológicos?, ¿cuándo mejoraremos el estado de la justicia que se mide por pendencia que aumenta año a año sin remisión?

    • Lole
      Lole Dice:

      La existencia (o no) de una ideología o sesgo ideológico no implica necesariamente obediencia a las consignas de Ferraz o Génova.

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