Del reconocido prestigio al intencionado desprestigio
La sentencia 1611/2023 del Tribunal Supremo que considera inidónea a Magdalena Valerio para el cargo de Presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito de ser jurista de reconocido prestigio supone un hito jurídico por el que la Fundación Hay Derecho en general y muchos de los componentes del patronato en particular hemos recibido encendidas felicitaciones. Por supuesto, una parte de esas felicitaciones se reciben porque el que las hace se siente feliz con cualquier cosa que pueda poner en entredicho los actos del gobierno actual, no especialmente devoto del Estado de Derecho. Y algunas críticas –e incluso ataques personales- provienen de quienes se sienten agraviados con cualquier cosa que desmerezca el prestigio del gobierno, a su entender último baluarte contra el fascismo. No merece la pena detenerse en esto último, pues ya estamos curados de espanto.
Sin embargo, sí me interesaría precisar alguna cuestión que ciertos políticos, las redes y algunos medios han puesto en duda: en primer lugar, la cuestión de la competencia en este tipo de nombramientos y su relación con la separación de poderes; en segundo lugar, la de la excesiva subjetividad del concepto de “reconocido prestigio” y su carácter incontrolable.
En cuanto al primer aspecto, algunos han señalado que no debe ser decidido por los jueces sino por la sociedad. El conocido profesor de derecho constitucional, Joaquín Urías, dice en X: “Pensar que el reconocido prestigio de un jurista lo decide el Supremo es un modo de que sean las élites, y no la sociedad democrática quien fije el modelo ideal de jurista”, con ese deje populista que da a entender que todo sería mejor si se vota -quizá incluso hasta las operaciones de riñón- aunque lo que se vote vaya en contra de la ley, que es precisamente lo que trata de evitar el concepto de Estado de derecho. Lamentablemente, ese toque populista no alcanza sólo a algunas capas de la sociedad, sino que afecta a las más altas cargos políticos, como lo prueban las declaraciones del ministro Bolaños al poco de saltar la noticia, o las más recientes de Pilar Alegría, que ha espetado: “es la primera vez en la Historia que la Justicia invalida un nombramiento realizado por el gobierno, y además a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero. Máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes”. Aparte de que no es cierto que sea la primera vez (recuerden la anulación del nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general), es simplemente asombroso –y una irresponsabilidad- que una ministra realice semejantes asertos sin percatarse de que, precisamente, que el Supremo anule un nombramiento del gobierno es una manifestación de la separación de poderes, de esos “check and balances” en que consiste un Estado de derecho y una democracia avanzados: dividir el poder para que nadie lo tenga en su totalidad y, con ello, evitar el riesgo del abuso de poder, en que tan fácil incurre quien no tiene límite ninguno en el ejercicio de sus potestades. No, hacer nombramientos que exigen por ley ciertos requisitos no es una cuestión sólo política, sino también jurídica y sujetos por ello a control. Como apuntaba André Gide: “Todo está ya dicho- pero como nadie atiende, hay que repetirlo todo cada mañana”. Pues eso.
En el segundo lugar, algunos han apelado a la idea de que no puede determinarse con claridad qué es el reconocido prestigio, pues es un concepto jurídico indeterminado, y que la sentencia pasa por encima de este asunto sin fundamentar su decisión. Pero es que las sentencias no son ensayos jurídicos ni posts de divulgación: las sentencias deciden sobre lo que les preguntan y conforme a Derecho. Y en este caso no profundiza en la cuestión del reconocido prestigio porque la literalidad de la norma es clara y los hechos también: Valerio es alguien con experiencia en asuntos de Estado –y seguramente buena persona- pero no jurista de reconocido prestigio. De la sentencia resulta que el abogado del Estado solo subsidiariamente y con la boca pequeña defiende el reconocido prestigio de Valerio, pues su estrategia principal es intentar convencer al Tribunal de que, en realidad, la experiencia en asuntos de Estado y el ser jurista de reconocido prestigio deben valorarse conjuntamente, de manera que el exceso de uno pueda compensar la falta del otro, a lo cual, obviamente, el Tribunal indica que la ley es clara y que son dos requisitos perfectamente separables. Por tanto, no se dirime el concepto de prestigio porque no se plantea y porque ha sido objeto de numerosa jurisprudencia previa, como por ejemplo la sentencia del Supremo de 9 de mayo de 2011, que señaló que el reconocido prestigio que se predica de la condición de jurista implica, al menos, un ejercicio profesional desplegado durante el tiempo necesario para que se haya producido ese reconocimiento que, al no indicarse por quien ha de ser prestado, deberá entenderse que ha de proceder de la comunidad jurídica, del conjunto de los profesionales del Derecho. No debe entenderse cumplida por la mera ostentación del título de licenciado en Derecho, sino que exige una amplia trayectoria profesional ligada al Derecho y por tareas que la ponen de manifiesto de una forma pública y externa (sentencias, dictámenes, actividad en el foro, conferencias, docencia, publicaciones, pertenencia a consejos de redacción o editoriales de revistas o blogs especializados, o a organismos jurídicos como Reales Academias, etc).
No es, por tanto, este concepto la clave del asunto. Lo más interesante es la legitimación activa de una fundación dedicada a la defensa del Estado de Derecho para impugnar un nombramiento realizado por el Consejo de Ministros, pues el recurso contencioso-administrativo es muy restrictivo y excepcionalmente admite la acción pública. La sentencia argumenta con extensión distinguiendo aquellos supuestos en los ha considerado la existencia de un interés legítimo para ello y aquellos en los que no, ya sea por falta de conexión de su objeto con el asunto o por tener la entidad impugnante algún interés político o partidista. Pero entiende que la Fundación Hay Derecho, por su trayectoria y objeto, tiene legitimación para impugnar una aplicación incorrecta de la Ley Orgánica 3/1980, que es la que regula el asunto.
Todo ello es muy importante, porque refuerza la posibilidad de que la sociedad civil pueda reaccionar ante actos de gobierno que contrarían la ley, por mucho que hayan sido aprobados por mayoría por un poder legítimo. La democracia no es el simple poder de la mayoría: es el poder de la mayoría cumpliendo la ley.
Este artículo se publicó previamente en VozPopuli
Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma
La afirmación: “poner en entredicho los actos del gobierno actual, no especialmente devoto del Estado de Derecho” es un poquito temeraria, propia de quién se siente protegido por la crítica al Gobierno con cualquier argumento dada la situación existente en la que los juristas se consideran eximidos de cumplir las reglas de la democracia, de respetar las decisiones de los representantes de los ciudadanos. Esta crítica se inserta en el clima existente y que alcanzó uno de sus puntos álgidos con la ilegítima intromisión del Tribunal Constitucional en la actividad del Senado, que, por cierto, no mereció comentario alguno del autor.
Mala crítica de quién siente avaladas sus tesis por aquellos que se sienten legitimados a confrontar con el Gobierno por cualquier motivo
Sr. Egea:
Parece costarle a usted comprender que es legítima la crítica al gobierno, siempre que esta esté argumentada, y no responda a convulsiones viscerales. Por contra, basar la legitimidad de una decisión gubernamental en el apoyo obtenido en las urnas (suponiendo que así pudiera interpretarse en el caso del actual gobierno), es desconocer princiopios básicos del Estado de Derecho: la supremacía de la Ley, el principio de legalidad y la separación de poderes. Cuando se conculcan estos principios se acaba el Estado de Derecho y, tras él, la libertad y la democracia (que ya solo es aparente).
Estimado sr. Egea,
pienso que incurre en un error, bastante común, por otra parte, que consiste en confundir la regla de la mayoría con la democracia. Me estoy refiriendo a su afirmación de que los juristas se consideran eximidos de cumplir con las reglas de la democracia, de respetar las decisiones de los representantes de los ciudadanos.
Ya Aristóteles explicaba que la norma de la mayoría es un simple procedimiento que se puede aplicar tanto a regímenes democráticos como oligárquicos. La regla de la mayoría, en efecto, consiste en que un conjunto de personas votan y se aplica la decisión que la mayoría ha adoptado. La regla de la mayoría es una mera cuestión cuantitativa, aritmética, pero no define un régimen de gobierno. La democracia es un régimen de gobierno y se define de modo cualitativo, es decir, se encuentra en el marco de lo axiológico, no de la aritmética.
La regla de la mayoría no garantiza nada. Como mucho, un modo de tiranía. La democracia requiere valores éticos, que se traducen en derechos y libertades, lo que supone que los representantes electos, el poder legislativo, tiene límites, los que impone la democracia, es decir, los valores traducidos en derechos y libertades. Por lo tanto, el poder legislativo en una democracia deber estar sujeto al control judicial, que es quien comprueba si se han incumplido dichos límites. Y, desde luego, está sujeto a una necesaria crítica ciudadana, bien argumentada, que es esencial para el funcionamiento de la democracia, como primer instrumento de control del poder legislativo, y del ejecutivo.
Por este motivo, no es lo mismo afirmar que los juristas deben cumplir con las reglas de la democracia, que señalar que deben respetarse las decisiones de los representantes de los ciudadanos. En el primer caso, sí. En el segundo, depende: hay que respetarlas si la decisión adoptada es respetuosa con los valores democráticos de un Estado de Derecho.
Ejemplo próximo de confusión lo encontramos en la afirmación de los nacionalistas catalanes cuando decidieron votar en una consulta unilateral; decían que era un ejercicio democrático, lo que ya sabemos que es rotundamente falso, puesto que lo que trataban era de aplicar la regla de la mayoría, sin respetar los valores éticos que sí definen una democracia.
Un cordial saludo.
Una de las causas principales del soporte social ( hay muchos más) de Sánchez es el cambio ideológico del medio más influyente de las últimas décadas.
Oughourlian presidente de Prisa justificó el cambio por” Intentamos ser de derechas pero no funcionó y regresamos a la izquierda”. Torreblanca uno de los analistas políticos que considero de más calidad , dice sobre el cambio de la línea editorial de El País “ la que siguió luego la nueva dirección: abrazar a Podemos “.
Entonces la línea editorial traza una separación ideológica , son de derechas los que están en contra de Sánchez y como este podemiza su programa e inicia un proyecto autoritario acaban siendo de derechas hasta la socialdemocracia y todos los que defienden la democracia . A mí me pareció “ un error político” que podía marcar su futuro , la posición de los grupos informativos de Prisa y La Vanguardia ( entre otros) en contra del movimiento de ciudadanos en defensa del sistema democrático. Pueden defender a Sánchez pero no de esta manera.
Si su visión es que los que están en contra del proyecto autoritario de Sánchez son de “derechas”, “ultraderechas” y hasta fascistas ( aunque participen en el pago de sus subvenciones) lo que no les afectaría tanto ¿ no se estaban arriesgando a que sean realmente una representación de un enorme colectivo que cree en la democracia y en un estado de derecho homologables con la UE y que son millones de posibles clientes que les van a guardar un rencor , de por vida? .Si lo han hecho por cuestiones económicas ¿ qué futuro tendrán si cambia la dirección política del país sin credibilidad ni ayudas financieras? ¿ O es , tal vez, esto lo que les hace apoyar «tan ciegamente” el proyecto hacia el autoritarismo de Sánchez?
La «gobernanza» de Sánchez es una muestra de la importancia de la propaganda y del control de los medios de comunicación en la política, sobre todo para el mal gestor. A el no le preocupa que su pueblo tenga graves problemas sino que éste le culpabilice de los mismos y la reacción social acabe con su poder, de ahí que se convierta en un hábil distorsionador de la realidad.
Con el tiempo aprende que no son los datos de su mala gestión lo peligroso sino como se presentan a la opinión pública. Hasta este momento clave ha de lograr, con la ayuda de expertos y » acreditados» decoradores que justifiquen sus decisiones a menudo contrarias al interés legal y contradictorias, mejorar su imagen y encontrar un culpable interior o exterior a quien responsabilizar de las desgracias internas, dirigiendo a ellos la ira popular. Y, a peor gestión, de más calidad ha de ser la manipulación.
El problema de un medio de información es cuando se hace “ dependiente de un partido político gestionado no por “ un dirigente cabal sino por un insensato sin escrúpulos “(editorial El País 1-10-16) como Sánchez ,un personaje autoritario, mentiroso y de acreditada ineptitud . Entonces se convierte en un medio peligroso para el interés general y los fundamentos democráticos. En esta situación , comprobará que es muy difícil mantener la credibilidad, el afecto ciudadano y hasta la facturación, cuando ha sido cómplice de llevar a tu país a la ruina y a la degradación democrática.
Los que están aceptando la responsabilidad de ayudar a Sánchez , colaborando en la destrucción del estado democrático ,no saben lo que les espera.
El tema, de la amnistía y los pasos hacia el “proceso autoritario sanchista “, afectará no solo a los políticos que los aprueben , a los intelectuales y medios concertados que lo han apoyado “ ciegamente” a la sociedad que lo ha permitido. Todos pasarán a la historia, también los jueces y los fiscales,,PRISA , HAY DERECHO , Jordi Gracía, X. Vidal Folch,, Guerra ,González, M. Robles, Conde-Pumpido, Savater,. aunque con diferente calificación
.En El País el 13/11/23 y tal vez por eso , Cebrián publicó uno de los artículos más importantes para la historia de periodismo democrático “ Disculpa a la traición ; premio a la culpa”: “Pedro Sánchez no debe preocuparse más por su lugar en la Historia: con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra “.
Y con él estarán ,” con toda probabilidad “no solo los políticos que la aprueben , también los intelectuales , profesionales , medios concertados…funcionarios públicos que lo han apoyado tan ciegamente .
Por eso creo que les costará ,cada vez más, encontrar gente de nivel profesional y democrático para apoyar a Sánchez de esta manera y después del artículo de Cebrián,.
Todas mis felicitaciones y apoyo a HD en su acción efectiva ante los tribunales que tiene toda la legitimidad de la “soberanía nacional” (aunque a algunos ésto no les suene).
Por ello, hay que recordar que existen “poderes” porque así lo decide tal sobernái; porque los considera importantes y porque les asigna controles entre los mismos para evitar cualquier tipo de impunidad autocrática (como es el caso de la captura del Estado en su totalidad desde los gobiernos).
A aquellos que se apoyan en la representación política de esa soberanía obtenida con un sistema electoral inconstitucional (artº 14) y una representantes que reniegan del propio Estado para obtener una supuesta primacía institucional, hay que advertirles sobre los discutibles resultados electorales, la más que discutible representación política de algunos de ellos que se contradicen aceptando del Estado el nombramiento para abjurar después de ese mismo Estado y aprovechar sus instituciones para fines partidarios.
Precisamente lo que se necesita son más actuaciones de este tipo y eliminar las trabas de supuesta legitimidad restringida solo al mundo de la política. Es el “soberano” quien también puede y debe participar en esa vida política, vigilarla y denunciar sus abusos.
De nuevo mi enhorabuena y todos mis ánimos para HD. Como se suele decir: han conseguido “poner una pica en Flandes” y abrir esa pesada puerta de la Justicia que tanta claridad necesita.
Un cordial saludo.
Felicidades. Creo que en la situación que estamos es clave la actuación de la sociedad civil. Creo que han conseguido que se quite un ladrillo más de nuestro estado de derecho.
Gracias por su actuación y saludos
Buenos días
Corrijo el mensaje anterior no era que se quite un ladrillo más del Estado derecho, era EVITAR que se quite un ladrillo más del Estado de derecho.
Mis disculpas