Cómo terminar definitivamente con la transparencia y los controles independientes al Gobierno
En primer lugar, ate una mayoría parlamentaria suficiente: no basta con tener mayoría simple, ha de ser absoluta. No depender de ningún socio la hace mucho más sólida: prometa que su alternativa reforzará la rendición de cuentas, consiga esa mayoría absoluta -si es contra un enemigo externo, mejor- y, una vez lograda, olvídese de lo de la rendición cuentas, ya tiene un buen rodillo parlamentario.
En segundo lugar, identifique qué órganos de control pueden poner coto a su poder absoluto (recuérdelo bien: ¡ahora tiene usted un rodillo!). Cualquier árbitro a su gestión que escape de la Administración que usted controla ahora férreamente está en el punto de mira: ¿un auditor de las cuentas públicas? ¿un consejo de transparencia que arbitre -y denuncie- la gestión opaca? ¿un medio de comunicación público? Quizá le parezca demasiado terminar con todos de un plumazo, no se preocupe: para eso existen las “leyes de simplificación y mejora” de las instituciones, ¿o es que alguien va a dudar de que el mejor modo de simplificarlas es eliminar o anular varias de una vez? Puede que alguien dude de que sea una mejora para la mayoría, eso sí, pero ¿acaso no es una mejora para el Gobierno? ¿Y qué representa su Gobierno sino esa mayoría absoluta? Pues ya está. Claro que alguien puede discurrir por la peligrosa senda de recordar que su absolutísimo Gobierno llegó precisamente con esas instituciones de control independientes, lo que le otorgaba mayor legitimidad. Minucias.
Ahora viene la parte más alambicada. Hay que estudiar bien cada institución y cada órgano de control para ver dónde molesta. Sea usted fino, esto no consiste tanto en un decreto de eliminación como en una demolición controlada, que estén, pero sin estar. Que figuren, pero que no funcionen. Que no funcionen sin al menos su permiso gubernamental.
Conviene empezar por la base de una institución de control: las personas que lo forman, y los medios de los que dispone. Ahogarlas sin medios es un primer recurso, pero sea ambicioso. Usted tiene ahora mayoría absoluta, puede permitirse ir a la raíz: controlar quienes y cuántas personas formarán estos órganos molestos, por cuánto tiempo, y, lo que es fundamental, a quién reportan. No se ande con paños calientes: han de reportar a su propio Gobierno, nada de flotar libres como Administración independiente fuera de su control jerárquico, evidentemente. Su Gobierno les da y les quitará medios, su Gobierno otorgará o no permisos y visto bueno, su Gobierno, en definitiva, mandará y controlará a su controlador. Puede que encuentre entre los nombrados cierta resistencia, minimice riesgos: mucho mejor nombrar a uno que a tres, no sea que deliberen y logren consensos en su contra, y nómbrelo usted haciéndolo coincidir con su mandato. Que quede claro a quién le debe el puesto, y hasta cuándo.
Cierto es que ahora hay una regulación europea y nacional que le impide a usted estos nombramientos tan directos. Recordemos, ¡finura!, un modo de sortear estos problemillas es que parezca un accidente: usted como Gobierno propone y la cámara parlamentaria dispone, por mayoría absoluta pero de aquella manera: con la mayoría simple fluirá en segunda votación si en la primera no sale. Recuerde, usted tiene ahora mayoría absoluta, la mantiene en todas y cada una de las votaciones de la cámara, todo atado y bien atado.
Cimentada la absoluta dependencia jerárquica a su Gobierno del controlador, minimice otros riesgos. ¿Y si le vienen con una reclamación de cumplimiento difícil de sortear cara a la opinión pública? Porque usted no está para cumplir ni para rendir cuentas, si no de qué todas estas maniobras. Siempre hay un roto para un descosido: genere un conflicto de derechos, donde le piden una cosa que su mismo controlador subordinado tenga que decidir si es lo mejor un derecho o su contrario, hágale igual de responsable de derechos en conflicto, por ejemplo, del derecho de acceso a la información y de la protección de datos. Así podrá escudarse en uno u otro según convenga. Ya, ya sabemos que precisamente por esto lo ideal es que cada derecho tenga un análisis y un defensor diferenciado, pero esto va de facilitarle la vida a su Gobierno.
A estas alturas, usted ha armado un desmontaje bastante sólido de los contrapesos a su poder gubernamental, pero no deje flecos: elimine, en último término, cualquier posibilidad de aplicar sanciones. Es verdad que ahora se las tendría que autorizar y aplicar a sí mismo, algo altamente improbable, pero evite dolores de cabeza, lo mejor es eliminar la posibilidad de denuncias y que alguien pueda señalar infracciones (¡y sanciones!). Borre cualquier posibilidad de ello en la normativa a aplicar.
Alguien podría recordarle, sin embargo, que estos órganos supervisaban el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos. Elimine pues las consecuencias de no cumplir y esconda bajo la alfombra cuestiones típicas de los frikis de la Constitución Española (una especie en recesión, por otro lado): “¿dónde quedará la seguridad jurídica cuando la normativa que aplicaban estos órganos se incumpla? ¿Es esto constitucional? ¿Responde esta reforma por la “mejora y simplificación” al interés público o al interés particular de un Gobierno? ¿Es, por tanto, una decisión arbitraria desde los poderes públicos?”.
Puede que usted reciba entonces una llamada de quien dirija, sobre estas cuestiones, el posicionamiento de su partido más allá de su Gobierno territorial, quizá porque todo esto vaya justamente en la dirección contraria a un propósito nacional, o haga un agujero evidente en su credibilidad y vaya a ser un tiro al pie: mantenga la calma, fuerce el calendario, apriete el acelerador, y corra. Aquello ya, que lo gestionen otros…
Nos cuesta creerlo, ¿verdad? Pues no es ficción, y “alguien nos llevará por este camino si no hay contrapesos en el poder”, como se escuchó en la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 2023.
Directiva de Asuntos Públicos con más de 20 años de experiencia en Estrategia, Regulación y Relaciones Institucionales en sectores regulados (telco, tecnológico y digital). En el ámbito público fue Presidenta de Comisión y Portavoz en diversas comisiones de la Asamblea de Madrid, participando en la elaboración de cuatro leyes, todas relacionadas con la transparencia, la participación de la sociedad civil y la regeneración democrática. Ponente de la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid 10/2019 y en la Ley de modificación de la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 5/2016. Elaboración de otras propuestas legislativas debatidas en la cámara (PLey de Protección del Denunciante de Corrupción y PLey de Publicidad Institucional).
Actualmente es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales de las RRII (APRI), como vocal de estrategia y miembro del comité de regulación, y socia del Instituto de Consejeros-Administradores de España IC-A, que vela por las buenas prácticas del gobierno corporativo.
Publicaciones relacionadas:
La regulación de los grupos de interés en España. Análisis de la normativa autonómica, local y sectorial. (VVAA Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2019) La actividad de Lobby en España como derecho democrático (Ed. Tirant Lo Blanch, 2022)
Excelente tono de fina ironía para una crítica excelente, sra. González Pastor.
Quisiera añadir algo más al respecto. Una vez conseguida la anulación efectiva de las funciones del órgano externo de control, dicho órgano persiste de forma cosmética, y como tiene que justificar sus existencia, se dedicará a perseguir a funcionarios que no han adoptado las decisiones objeto de auditoría del cosmético órgano de control, a los que se acusará de no haber detectado, es decir, controlado, a sus jefes políticos, o jefes políticos revestidos de una condición funcionarial meramente nominal (es decir, designados por el partido del gobierno).
Sí, el cosmético órgano externo de control acusará a los funcionarios profesionales de no haber hecho el trabajo que debería hacer el órgano de control. Por supuesto, todos los que somos funcionarios sabemos que el funcionario que cumple con su deber, diciendo “esto no se puede hacer”, puede dar por perdida su carrera profesional, o cuando menos tendrá una vida administrativa que va a requerir mucha “sofrosine”, mucha filosofía griega, si cumple con su deber, que es lo que debería suceder, cumplir con el deber, y si todos lo hiciésemos, tal vez las cosas fueran diferentes. Esto es lo que pasa cuando los ámbitos de los partidos políticos, y el funcionarial profesional, no están separados, como ocurre en cualquier país civilizado de nuestro entorno, y la carrera de los funcionarios depende del partidista de turno en el gobierno.
Ah, donde queda aquello, y cito de memoria, me disculpo si no es literal, que decía el maestro Garrido Falla: el funcionario debe aplicar las normas de acuerdo con los criterios de interpretación jurídica, sin tener en cuenta si dicha aplicación e interpretación normativa perjudica o beneficia al proyecto político del Gobierno de turno.
Y esto sucede en todas las administraciones públicas españolas, sea el que sea el partido que gobierne. De ahí la absoluta necesidad de una Fundación como Hay Derecho. Y de ahí la necesidad de luchar por un Estado democrático de Derecho que combata a una partitocracia cada vez más rampante.
Un cordial saludo.
Las instituciones tienen que ser representativas de lo que votan los ciudadanos, se llama legitimidad democrática. De lo contrario se cae en una burocracia saboteadora de la voluntad popular
No hace falta atar nada, como si de un bulto cualquiera se tratase, entiendo que la terminología utilizada es una forma más de intentar denigrar la política, basta con disponer de mayoría absoluta, fruto del resultado electoral, para acometer el derribo de los controles más elementales, tal y como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, bajo el dictado de Isabel Natividad Díaz Ayuso, que ha decidido suprimir la mayoría cualificada que era necesaria para el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que obligaba a pactar con la oposición. Pero debe ser que pactar es malo y por ello no es motivo de crítica por parte de la autora. Aquí vuelven la paja y la viga a cobrar protagonismo
Recomiendo también este artículo de Ricardo Dudda en The Objective. https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-12-23/secretos-ayuso/
Muchas gracias por el enlace, sra. González Pastor. Leído también (la cita a usted).
Recuerdo un debate, hace un par de años o tres, en que los participantes, ninguno de ellos tertuliano profesional, por cierto, y con una buena formación jurídica, e histórica, y un excelente nivel cultural, expresaban, de común acuerdo en este punto, que el mayor problema de los Estados democráticos de Derecho en Europa (el debate se centraba en Francia, pero en este punto se hizo extensivo al resto) son los partidos políticos.
Lo suscribo.
Tenían razón aquellos ilustrados, tras la Revolución Francesa, que mantenían que los partidos son esencialmente contrarios al principio representativo, ya que, como su denominación indica, “partido”, no buscarán el interés general.
Hay que comenzar limitando el poder de los partidos: régimen electoral ,Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, y elección directa del presidente por los ciudadanos. Naturalmente, como el que tiene que aprobar estas disposiciones (la de elección del presidente, al menos requeriría modificación constitucional, pero si tuviéramos otras normas electorales, no resultaría imprescindible, pero sí conveniente) es el Parlamento, y éste no existe más que nominalmente, porque representa a los partidos, y no a los ciudadanos, es algo que no ocurrirá.
Así que hay que seguir combatiendo con las armas de las que disponemos, algo seguro que podremos enderezar.
Un saludo, y Feliz Año Nuevo a todo el que lea esto. A los que no lo lean, también, naturalmente.
Me parece crucial reflexionar sobre este artículo que destaca la importancia de la rendición de cuentas y el equilibrio de poder en el ámbito político. Es un recordatorio contundente de cómo la obtención de una mayoría absoluta no debe convertirse en un cheque en blanco para el ejercicio de un poder sin límites. La garantía de la transparencia y el control independiente son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático que busque proteger los intereses de la sociedad.
La alusión a la eliminación o anulación de instituciones de control mediante “leyes de simplificación y mejora” plantea una preocupante deriva autoritaria. La consolidación del poder absoluto no solo socava la confianza en el sistema, sino que también abre la puerta a posibles abusos que pueden perjudicar a la ciudadanía.
Es esencial que, en lugar de debilitar los mecanismos de control independiente, se fortalezcan y se protejan para garantizar un equilibrio de poderes que salvaguarde los intereses de todos los ciudadanos. El desmantelamiento de estos órganos de supervisión solo debilitaría la calidad democrática y la confianza en las instituciones gubernamentales.
Excelente, Dolores. Impecable e implacable. Una pieza de lectura obligada, así como la Dudda que tú misma recomiendas.
El artículo es un verdadero tratado sobre el totalitarismo de nuevo cuño que ya Tocqueville denunciaba como “despotismo democrático” hecho una realidad “legítima” en los sistemas políticos actuales preparados “ad hoc” para ello.
En España tenemos para empezar el inconstitucional sistema electoral (artº 14 C.E.) que se propició en forma provisional en la Transición, pero sólidamente mantenido por el bipartidismo turnista de todos estos años. Si cada voto tiene diferente valor según circunscripción, hay una discriminación electoral clara. Pero nadie ha metido la cuchara en el asunto. Menos el propio TC.
Si ese valor del voto fuera igual en todos los casos, probablemente tendríamos otro “arco parlamentario” diferente.
Pero tenemos además los partidos que, según redacción del art´º 6 “expresan el pluralismo político y concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Ninguno de ellos formado por la conjunción de intereses (más allá de los clientelares) públicos, sino por el sistema artificial socialdemocrático que nos habían impuesto para Europa después de la 2ª G.M.
Tampoco debemos olvidar la deriva autoritaria de los ejecutivos para el año 2000 que advirtió Spengler: “cesarismo de los ejecutivos” o, lo que es lo mismo, “el Estado soy yo”.
Y es lógico. No hay verdadera separación de poderes y todos de una u otra forma dependen de los gobiernos. Estos tienen en sus manos por medio de los presupuestos públicos (incluso sin ellos) el premiar o castigar a los funcionarios que no sigan las consignas de cada momento, incluso si son inconstitucionales o meros caprichos ideológicos.
Yo, personalmente me opuse a tales “caprichos”. El resultado fue mi separación funcional, con la inestimable ayuda judicial y la complicidad silenciosa de mis compañeros. Solo ante todos y así me fue.
Pero seguimos confundiendo interesadamente “gobierno” con Estado. Pensamos que los “cuerpos del Estado” desde el más sencillo al más complejo dependen del gobierno. Y al decir “gobierno” nos referimos a “partido” y, al decir “partido” nos referimos a su cabecera. Lo dicho, poder absoluto revestido de cada vez menos formalismos democráticos.
Este Estado se constituye por voluntad de una soberanía nacional “de la que emanan sus poderes” (artº 1.2 C.E.). Una soberanía asfixiada por imposiciones y regada por la propaganda (que siempre es totalitaria) clientelar, donde “quien se mueve no sale en la foto” (Guerra). No existirá institucionalmente. Incluyendo la Jefatura del Estado y sus funciones institucionales que no son pocas, ni pocos los medios para apoyarlas (artº 56 y 62 de la C.E.).
Por otra parte, los que tenemos ya bastantes canas, recordamos la toma de las instituciones por personal ajeno a la Función Pública, creándose nuevos y estrambóticos cargos al servicio de los partidos. Al final el equilibrio se rompe, la neutralidad no existe y el capricho se convierte en norma, perdiéndose incluso los elementos de control interno institucional que miran para otro lado. Nuevamente el soberano pierde.
Por ello, estoy de acuerdo con el contenido del artículo y de algunos comentarios, comprendiendo que se confunda la “legitimidad democrática” real con la puramente aparente.
Un saludo y mis deseos de que sepamos adonde nos lleva todo esto.