ESTADO DE DERECHO FORMAL Y ESTADO DE DERECHO MATERIAL

Desde el acuerdo de Junts con el PSOE para la investidura del Presidente del Gobierno cuya consecuencia principal -por ahora- ha sido la presentación de una Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña se han sucedido, como era inevitable, episodios de tensión jurídico-institucional ligados a esta problemática iniciativa. Y digo como era inevitable porque esta ley de amnistía nace de un pecado original (y democrático) que es el viraje de 180 grados realizado por un PSOE que antes de necesitar los votos de Junts había proclamado a diestro y siniestro no ya la imposibilidad política sino la imposibilidad técnico-jurídica (básicamente por inconstitucional) de aprobar una norma de estas características.

Dejaré a un lado los numerosos argumentos de carácter técnico que avalan esta conclusión y que comparten la inmensa mayoría de los juristas y particularmente de los constitucionalistas de este país, siempre con alguna excepción llamativa (nunca faltan los juristas complacientes de turno dispuestos a comulgar y a hacer comulgar con ruedas de molinos a los más inocentes o/y a los más sectarios). Pero digamos que los argumentos técnicos en contra de la constitucionalidad de esta ley que maneja la comunidad jurídica en general son abrumadores, con especial mención a los jueces y magistrados que son los llamados a aplicarla.  Y no me refiero a la constitucionalidad de una ley de amnistía “en abstracto” sino a la constitucionalidad de esta concreta ley de amnistía. El que su Exposición de Motivos sea una especie de alegato a favor de la constitucionalidad de la norma ya nos da una idea de los problemas con los que se enfrenta. No hay ninguna otra Ley, que yo conozca, que dedique 11 páginas de Exposición de Motivos a intentar argumentar a favor de su constitucionalidad. Argumentos a veces falaces como la existencia de amnistías similares en el ámbito de la Unión Europea de una ley, o la referencia descontextualizada a informes de la Comisión de Venecia o a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En suma, son argumentos tramposos en el mejor de los casos y falsos, en el peor.

Pero también llama mucho la atención que la Exposición de Motivos sea profundamente incoherente. Esto es inevitable cuando se compra el relato mítico independentista que considera la reacción del Estado español contra el procés -entendido en sentido amplio, por cierto- ilegítima y autoritaria pero a la vez sostiene que España es una democracia avanzada y señala que hay que respetar el Estado de Derecho, o sostiene que España es una democracia avanzada. O cuando contrapone un supuesto principio democrático (el argumento populista clásico de los independentistas) con el principio de legalidad, contraposición por definición imposible en un Estado democrático de Derecho, donde las leyes las aprueban las mayorías elegidas democráticamente, eso sí, dentro del marco constitucional. O cuando afirma que el Derecho no es suficiente para resolver un conflicto político, lo que sitúa la resolución de determinados conflictos políticos al margen del Derecho como ocurre en las dictaduras pero no en las democracias. La prueba de que el Derecho siempre es necesario es precisamente que para dar satisfacción a las exigencias de Junts hay que tramitar una norma jurídica tan peculiar como la que nos ocupa.

En definitiva, aunque los independentistas lo nieguen, España es un Estado democrático de Derecho y por tanto los acuerdos políticos a los que lleguen las distintas fuerzas políticas tienen que instrumentarse a través de los correspondientes acuerdos o normas con eficacia jurídica, ya se trate de una amnistía, de una nueva financiación autonómica o de un referéndum de autodeterminación por citar las exigencias que se han expresado en público. Pero, claro está, la pregunta esencial es si hablamos sólo de respetar las formas (lo que podríamos llamar Estado formal de Derecho) o hablamos también de respetar valores materiales recogidos en el ordenamiento jurídico, o para ser más precisos, derechos fundamentales o valores y principios constitucionales como el de la seguridad jurídica, la igualdad o la separación de poderes. Para precisamente garantizar en la medida de lo posible que el Estado formal de Derecho es también un Estado material de Derecho las constituciones posteriores a la Segunda Guerra mundial (muy conscientes de lo ocurrido antes) establecieron una serie de garantías y de instituciones de contrapeso o contramayoritarias, con la finalidad de que las leyes democráticas no sean sólo lo más acertadas posibles desde el punto de vista técnico sino también congruentes con los principios y valores constitucionales.

Y es aquí donde vemos que los redactores e impulsores de la proposición de ley (que por cierto no han sido las Cortes soberanas, aunque acaben aprobando el texto que se les ha sometido con más o menos modificaciones) se enfrentan a una auténtica carrera de obstáculos para intentar sortear las garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, lo que indica que se es que se es muy consciente de las debilidades técnicas de esta proposición de ley. Digamos que con una tramitación normal sería muy probable que la ley tal y como está no saliera adelante. Y como esto no puede pasar, hay que forzar las costuras del sistema. Veamos cómo.

En primer lugar, nos encontramos ante una proposición de ley, que, además, se tramita por la vía de urgencia. Esta no es la forma normal de legislar, aunque se esté popularizando enormemente gracias a las ventajas que tiene para los políticos saltarse los informes preceptivos y la sosegada tramitación parlamentaria que conlleva un Proyecto de ley, como son en este caso el informe del CGPJ y del Consejo de Estado, informes que previsiblemente serían muy críticos con una disposición de este tipo. Se nos dice de contrario -perdonen la expresión procesal- que la razón de tramitarse así era porque el gobierno estaba en funciones y lo podía presentar un Proyecto de ley, pero claro, es que nunca se ha condicionado una votación de investidura no ya a la tramitación en el futuro de una o varias  leyes (esto sería lícito y razonable) sino nada más y nada menos a la presentación “ad límine” de una proposición de ley para que en un tiempo récord se apruebe una amnistía para sus promotores.

En segundo lugar, si ponemos el foco en el trámite de admisión de la proposición de ley en el Congreso, se observa que aparece un letrado mayor traído expresamente desde el Gobierno para elaborar un informe técnico favorable a su tramitación, concluyendo que la inconstitucionalidad de esta proposición de ley no es tan palmaria y evidente como la presentada por ERC en 2021 (que se inadmitió por inconstitucionalidad manifiesta). Cabe admitir que el texto actual es mucho menos tosco y más sofisticado que el de ERC, pero ciertamente la regulación material, la concesión de una amnistía por determinados delitos a determinadas personas vinculadas al procés, no es tan diferente.

En tercer lugar, llama la atención que los mismos defensores de que el Tribunal Constitucional se convierta en una tercera Cámara que reproduzca la mayoría (progresista) del Congreso -lo que se ha conseguido- se indignen de que se dude de su neutralidad. Si se les recuerda que si decide, como es previsible, alineado por bloques habrá muchos ciudadanos que pierdan la confianza en la institución señalan que si el TC dice que una norma es constitucionalidad, no hay nada más que decir. Y formalmente es así. Pero la pregunta es ¿adoptaría la misma decisión una  auténtica institución de contrapeso? Tengo muchas dudas.

En cuarto lugar, y quizás es lo más preocupante, se ha iniciado una especie de campaña preventiva contra los jueces y magistrados encargados de aplicar la ley y que, con mayor o menor fortuna en las formas, se han posicionado mayoritariamente en contra. Desgraciadamente, es más que probable que también se señale a los jueces que no comulguen con ruedas de molino y se les acuse de lawfare, la palabra de moda, o bien, simplemente, de “enemigos del pueblo”.  Y cabe pensar que habrá jueces, particularmente los catalanes, que se lo piensen dos veces. Y así podemos pasar, casi sin darnos cuenta, de un Estado de Derecho a un Estado formal de Derecho, donde se respetan las formas y los procedimientos pero donde todo está atado y bien atado.

 

Este artículo fue publicado el 21 de diciembre de 2023 en el Mundo.

20 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    España no es un Estado de Derecho. Si lo fuera se aplicaría la ley. Y ahí tenemos un CGPJ “en funciones” desde hace 5 años. Y a jueces encarcelando Parlamentarios sin que hubiera “flagrante delito”, los mismos que dicen que líderes independentistas se “llevaron el dinero calentito” de la Generalitat ¡cuando las cuentas estaban intervenidas y el Ministro responsable declaró algo así como que “no se había desviado ni un euro”!

    Que ante todo eso haya jueces y fiscales (y más) que ahora levantan la voz contra una nueva amnistía cuando no se han posicionado también contra la de 1977… Pues hace sospechar que esto va de “política” y de represaliar a los “discrepantes”. Y cada opinión que escucho/leo contra la nueva amnistía sólo hace que aumentar aún más mis sospechas.

    Sobre que ahora se podría tener dudas de que el TC sea una institución de contrapeso si fallase a favor de la nueva amnistía… La realidad es que después de los esperpentos de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya de 2010 y sobre la aplicación del artículo 155 (donde viene a decir que el artículo 155.2 se puso “de relleno”) para mí: El TC no tiene ninguna credibilidad como institución de contrapeso.

    Por último: Para saber si la reacción del Estado español contra el procés ha sido ilegítima y autoritaria creo que hay que ir a los hechos. Y uno de los hechos es que “el Estado español” considera que los culpables de sedición son menos de 12. Repito: ¡El total de sediciosos son menos de una docena! En otras palabras:
    En todos los actos del procés donde
    “Se alzaron pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”
    Había, como mucho, esas 12 personas (en realidad ni llegan a ese número). No creo que se necesiten más hechos para saber quiénes defienden un relato mítico sobre la represión al procés.
    NOTA: Quiero recordar que en la sedición no cabe culpar sólo a sus líderes. Eso lo deja claro el artículo 545 del antiguo Código Penal.
    Artículo 545.

    1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

    2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

    • Alfoso
      Alfoso Dice:

      Estimado sr. AGonzalo,

      en el momento en que dos personas se unen para formar una comunidad surge la “polis” y, por tanto, la política. También surge el Derecho: “ubi societas, ibi ius” (donde hay sociedad, hay Derecho).

      Ya decía Aristóteles que el hombre es un animal político, está en su naturaleza.
      Por tanto, cualquier asunto que surja en una comunidad humana tiene que ver con la política. En este caso también con el Derecho, que es la principal forma en que la política se manifiesta. Si somos animales políticos, todo aquello de la polis, la política, nos concierne.

      Tal vez, y lo digo con respeto, quiere usted hacer referencia a la “ideología”, o a las diferentes filosofías políticas (esta fórmula me agrada más que la de ideología). Si bien, creo que tampoco sería correcto esto, porque pienso que hay diferentes actores de filosofías políticas distintas que mantienen la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Por tanto, mi propuesta es más bien que va de poder, del poder de los partidos políticos, y no de sus filosofías.

      En cuanto a la “represalia a los discrepantes”, que menciona usted, no me queda del todo claro lo que quiere decir. Mi reflexión es que los discrepantes somos los que consideramos que la ley de amnistía ni es legítima ni es constitucional, ya que quien promueve la ley, es decir, el actor positivo, es el poder (encarnado por algunos partidos políticos con representación parlamentaria, y que también tienen el poder ejecutivo). Por lo tanto, los que no estamos de acuerdo somos los discrepantes de la propuesta.

      Más que represaliado, yo me considero ignorado. Una ignorancia grave por parte del poder, ya que los titulares de la soberanía somos los ciudadanos. En este caso, para paliar el conflicto que se está produciendo hubiera sido procedente un referéndum, así no habría posibilidad de hablar de “represalias”, en sus palabras, ni de “ignorar a los ciudadanos” ,en las mías.

      Un cordial saludo y Feliz Año Nuevo.

    • Lole
      Lole Dice:

      1.La no renovación del CGPJ en plazo no le sirve a usted para afirmar que no se está aplicando la ley. Solo se podría alegar que la ley no ha contemplado qué hacer si no hay acuerdo en las Cortes para renovar cuando toca.
      2.¿En sept.2017 no hubo flagrante delito? Pues pudimos ver todos en la TV cómo aprobaban las leyes de Transitoriedad.
      3.Lo que diga ese ministro en una frívola entrevista no le sirve a usted para negar cargos de malversación. Cíñase a las evidencias expuestas en sede judicial.
      4.Hay motivos de sobra para manifestarse contra esta amnistía. La de 1977 fue preconstitucional. Estuvo bien justificada y contaba con amplísimo consenso parlamentario. Esta no.
      5.Los del “Procés” no son solo “discrepantes”. Perpetraron un intento de autogolpe de estado. Casi nada.
      6.¿En qué consistieron los “esperpentos” de la sentencia del Estatut de 2010? Por favor, no mencione lo que subsiste en otros estatutos. Eso no le sirve para afirmar que los artículos corregidos por el TC en el Estatut sí eran constitucionales.
      7.¿Qué tiene de raro que solo se procese a 12 sediciosos? Ese artículo del C.P. no dice que para que se pueda procesar a los cabecillas haya también que procesar a todos los participantes. Burdo intento el suyo de negar los hechos.

      • AGonzalo
        AGonzalo Dice:

        Sospecho que mis argumentos no servirán para convencer a nadie, pero hay que intentarlo:

        1. Lo que la ley no ha contemplado es sancionar que no se cumpla el renovar el CGPJ. Pero la ley no se cumple. Se podría hacer una analogía con conducir un coche que tenga la itv caducada hace 5 años, pero como para eso sí hay sanción igual alguien se pierde.
        Así que iré a lo básico: La ley dice que el cargo dura 5 años. ¿Los que están en el CGPJ han ocupado el cargo sólo 5 años? La respuesta es No, por tanto: No se cumple la ley.

        2. Para aprobar las leyes de Transitoriedad se retorció la ley pero no hubo delito. Para lo del 1-O se desobedeció, pero ese delito no conlleva cárcel. Y recuerdo que para detener a un parlamentario el delito ha de ser “flagrante”, que según LEC, artículo 795.1.1:
        Se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
        ¿Qué delito cometió Junqueras (y otros congresistas/senadores independentistas) entre el momento de recoger el acta de Diputado y ser llevado a prisión?

        3. Las evidencias del “juicio al procés” son de contrataciones de servicios (no pagados). No hablan de ninguna cantidad que fuera para los bolsillos de los culpables, de lo que cabe deducir que no hubo ánimo de lucro. Si no hay ánimo de lucro, según la ley, no cabría la “malversación agravada”, que es la sentencia actual.

        4. Motivos contra las amnistías pueden ser infinitos. La nueva parece que cuenta con consenso parlamentario suficiente, así que también la deben encontrar justificada.
        Políticamente se puede discrepar, me parece perfecto, pero me cuesta creer todo presunto argumento jurídico que se intenta verter sobre la nueva y no sobre la de 1977.

        5. Los del “Procés” no hicieron autogolpe, sólo un referéndum (que no es delito), y para ello desobedecieron. Y al principio se pretendía represaliar como contra un Golpe de Estado. Me temo que en realidad el delito es “discrepar” de la “sagrada unidad de España”, pero intentando castigar sólo a los líderes. Como dijo Soraya: Mariano Rajoy ha conseguido que ERC y Junts per Catalunya “no tengan líderes porque están descabezados”.

        6. La adicional 3, apartado 1 del Estatut fue considerada inconstitucional porque las inversiones pactadas con el Estado no han de vincular al Estado… Creo que sobran las palabras.
        Pero yo me refería a que no me creo que el TC sea un contrapeso después de lo visto en el proceso de “Tramitación del recurso en el Tribunal Constitucional”. Recomiendo leer ese apartado de este artículo de la wiki: https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_del_Tribunal_Constitucional_sobre_el_Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_2006

        7. Los hechos son los que son: Un total de menos de 12 sediciosos, esos fueron todos los que cometieron todos y cada uno de los actos de la sedición (según el “mítico” relato oficial).
        Porque según el Código Penal vigente en 2017 tienen castigo “todos”, cabecillas y participantes. Y repito: Oficialmente “todos” son menos de 12… Creo que no hay que decir más.

        • Lole
          Lole Dice:

          1.Cierto, eso en concreto no se está cumpliendo. Pero de ahí a afirmar que no hay estado de derecho, hay un buen trecho. Nada de eso le sirve a usted para justificar las barbaridades perpetradas por el secesionismo catalán.
          2.En la aprobación de las leyes de Transitoriedad sí hubo delito de desobediencia. Y junto con los demás hechos de sept. y octb. constituyó delito de sedición, cometido flagrantemente. Y castigado con pena de prisión. ¿Había que dejarlos en libertad para que siguiesen desestabilizando el país?
          3.¿Está usted jugando el delito de malversación según el código penal vigente cuando se cometió o según el texto reformado posteriormente? Creo que usted primero dice una cosa y luego improvisa sobre la marcha.
          4.Usted reconoce que hay motivos infinitos contra esta amnistía. Luego está justificado oponerse a la misma. Defenderla por el hecho de que pueda haber mayoría parlamentaria a su favor es una variante de la falacia lógica “ad populum”. Y ya le he explicado que hay diferencias de peso entre esta y la de 1977. Por tanto sobra esa comparación.
          5.Aprobaron una ley que se erigía en norma suprema y que abría la puerta legal a desmantelar las instituciones constitucionales. Por tanto eso se corresponde con la definición de la RAE del término “golpe de estado”. En este país se puede discrepar con la unidad de la nación (art.16 de la CE). Pero el fin no justifica los medios.
          6.”La adicional 3, apartado 1 del Estatut fue considerada inconstitucional porque las inversiones pactadas con el Estado no han de vincular al Estado” Eso no se entiende. ¿A qué artículo está usted haciendo referencia? Usted mencionó los “esperpentos de la sentencia”. ¿Qué esperpentos? ¿Ahora improvisa y se refiere a otra cosa?
          7.Se lo vuelvo a decir: en ese artículo del código penal NO dice que para poder castigar a los cabecillas haya también que castigar al resto de los participantes de la sedición. Burdo intento de exculpar a unos sediciosos.

        • Alfonso
          Alfonso Dice:

          Estimado sr. AGonzalo,
          le agradezco la respuesta argumentada.
          Los hechos jugados son los realizados por un conjunto de personas, promovidos por el movimiento nacionalista catalán. Por un lado se hicieron al margen de las disposiciones constitucionales; por otro, los hechos violentos que todos pudimos conocer. En definitiva, se trató de un conjunto de actos de fuerza en contra de los valores propios de un Estado democrático de Derecho.

          Sin embargo, pienso que la cuestión central en estos momentos se encuentra en su punto 3. Se refiere usted al consenso parlamentario. Usted sabe que este asunto de la amnistía está enfrentando a los ciudadanos españoles. No me refiero a los partidos políticos, que eso sería asunto menor. Lo que no es menor es que son esos partidos políticos los que se han designado a sí mismos como representantes de los ciudadanos, lo que no es propio de una democracia, sino de una partitocracia.

          Esta consideración lleva a que las Cortes Generales ( y cualquier otro parlamento autonómico) están deslegitimadas desde el momento en que los diputados y senadores representan a sus partidos políticos “de facto”; sólo nominalmente representan a los ciudadanos. Desde luego, a mi no me representa ningún partido político. Deberían representarme unos diputados independientes. Si al menos tuviéramos diputados como los británicos, que pueden votar contra las directrices de su propio partidos, gestando alianzas parlamentarias entre miembros de distintos partidos políticos. Pero en España nos da igual tener 350 diputados como uno por cada partido político, lo que es expresión material de una partitocracia, no de una democracia.

          Por esto, su afirmación de que hay un consenso parlamentario no lleva más a realizar una afirmación partitocrática: hay un mayor número de partidos que están a favor de la amnistía. Pero ¿qué hay de los ciudadanos?

          Por otra parte, además de partitocrática, esta decisión sobre la amnistía respondería únicamente al principio mayoritario, que ya sabemos que no es igual a democracia. Lo que se quiere realizar ¿está dentro de los valores de una democracia moderna? El parlamento tienes sus límites, como sabe. No es un poder constituyente.

          Imaginemos que hubiera una mayoría de partidos con delegados parlamentarios (para distinguirlos de los representantes de los ciudadanos) que estuvieran de acuerdo en legalizar la esclavitud, siempre y cuando sea voluntaria. Estoy pensando en la excelente película “Stico”, dirigida por Jaime de Armiñán, e interpretada de forma soberbia por Fernando Fernán Gómez y Agustín González.
          Al fin y al cabo, de la misma manera que la Constitución no menciona expresamente el vocablo “amnistía”, tampoco lo hace con “esclavitud”, y si el parlamento puede aprobar una amnistía, porque hay consenso partitocrático, también puede aprobar la entrega voluntaria en esclavitud.

          Mi propuesta creo que la he mencionado en otra intervención: la celebración de una consulta a los ciudadanos sobre la amnistía. Al menos aliviaría el conflicto entre los ciudadanos. Cuestión diferente, naturalmente es el juicio de constitucionalidad, con independencia del resultado de la consulta, porque esto es lo propio de los Estados democráticos de Derecho.

          Feliz Año Nuevo.

        • AGonzalo
          AGonzalo Dice:

          Seré breve porque no quiero repetirme.

          Lole: Lea mejor lo que escribo.
          Sobre el punto 1: Objetivamente los autodenominados “constitucionalistas” están degradando una institución constitucional. Objetivamente eso es mucho más de lo que hicieron los independentistas. ¿Lo del CGPJ no sería un “golpe de estado” según la RAE? ¿Y dice que España es un estado de derecho?
          Sobre el punto 2: Ya le he puesto lo que significa legalmente “flagrante”. Si no quiere ver que los jueces no aplicaron la ley en el juicio al procés: Pues vale, no hay más ciego que el que no quiere ver. Me queda claro que ninguna argumentación podría convencerle.
          No creo que haga falta seguir.

          Alfonso: Objetivamente lo que hicieron los independentistas es saltarse un poco la ley. Objetivamente se la han saltado mucho más, y de forma más grave, los autodenominados “constitucionalistas”.
          Se ha castigado desproporcionadamente a los independentistas (esto es subjetivo, pero objetivamente han recibido más castigo que los “constitucionalistas”). Eso no creo que se parezca a un Estado de Derecho.
          No hace falta que le dé vueltas a lo de la esclavitud. El Parlamento ya ha aprobado las “Devoluciones en caliente”.

          Sobre su propuesta: Pues yo tango otra, que me parece más lógica: Se hace referéndum ahora sobre la amnistía de 1977 (la que perdona delitos de lesa humanidad) y dentro de unos 60 años se hace referéndum sobre la nueva amnistía (si se aprueba).

          • Lole
            Lole Dice:

            1.Objetivamente no. Puigdemont y demás aprobaron una ley de Transitoriedad que abría la puerta legal a desmantelar las instituciones del Estado. Eso no es saltarse la ley “un poco”. Eso es un intento de golpe de estado. No me consta que el CGPJ haya hecho algo comparable.
            2.Sí, entiendo perfectamente lo que significa el adjetivo “flagrante”. No ha respondido a mi pregunta: ¿Había que dejarlos en libertad para que siguiesen desestabilizando el país?

  2. Pedro Luis Egea
    Pedro Luis Egea Dice:

    Uno de los principales problemas de nuestra democracia es la crítica al discrepante por serlo. Si empezamos por criticar, con malas formas, a aquellos que no piensan como nosotros vamos por el mal camino y, dicho con todos los respetos, este es el mal camino que ha elegido la autora. A partir de lo manifestado en el segundo párrafo, huelga leer el artículo porque acaba de excluir de la discusión a quiénes no piensan de la misma forma. En democracia hay que tener en cuenta la opinión de las mayorías, pero respetando a las minorías, que no es lo que aquí se hace

    • Alfonso
      Alfonso Dice:

      Estimado sr. Egea,
      vaya por delante mi sincero respecto a su criterio.
      Quiero hacerle notar que quien gestiona este cuaderno (blog), ha publicado su criterio (de usted) discrepante, por lo que sí parece existir ese respeto a quien formula sus reparos respecto al artículo de la autora.

      Supongo que la parte que a usted le parece poco respetuosa con las minorías (según su propia expresión) es la que se encuentra entre paréntesis en el segundo párrafo. Aclarada esta disensión, y publicado su comentario, ¿qué le parece lo que se expone en el resto del artículo? Si vuelve a leerlo, verá que no está condicionado (al menos en su grueso) por esas tres líneas del segundo párrafo.

      Es normal que haya discrepancias razonables en el ámbito de los argumentos. Pueden ser discrepancias a la línea central del argumento, o bien a los matices, más o menos importantes. Con este diálogo de discursos diferentes, bien sostenidos, avanzamos en las ciencias humanas (también en otros ámbitos de comprensión del Universo, como es el caso de los que estudian precisamente el Universo, una disciplina de lo más sugestiva, porque nos sitúa en un lugar muy pequeño, pero muy atrayente).

      Un saludo cordial, y mis felicitaciones de Año Nuevo.

    • Lole
      Lole Dice:

      No he entendido nada. En los debates las mayorías y minorías son irrelevantes. Lo que importa son los argumentos. No he visto en el artículo ninguna crítica con “malas formas” ni nada que sea excluyente. Usted se excluye al no querer leer el resto del artículo ni debatir el contenido del mismo.

  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Esa es la cuestión básica: si tenemos un estado de Derecho puramente formal sin preocuparnos de su legitimidad democrática, o si tal Derecho se ajusta -como no puede ser de otra manera- a la legitimidad constitucional.
    Ya sabemos que el texto constitucional salió como salió y que es manifiestamente mejorable; que gran parte de su articulado es impreciso, contradictorio y deja la posibilidad de su modificación por leyes posteriores; que está sujeto a interpretaciones de cualquier tipo y que, en ningún caso es tenido en cuenta a la hora de aplicación de normas abiertamente inconstitucionales. Dicho de otra forma, la Constitución no es tenida en cuenta por los propios agentes del mundo jurídico la mayor parte de las veces.
    El caos de nuestro ordenamiento jurídico es ya de récord con esa especie de superproducción normativa institucional que sólo trae inseguridad jurídica y continuas colisiones institucionales.
    En el caso que contempla Elisa, estamos ante una de las más graves situaciones jurídicas del estado de Derecho. Se trata nada más ni nada menos de si un partido con intereses políticos propios, puede establecer acuerdos institucionales de carácter estatal con otro para beneficio particular de ambos. De si la posible investidura de un presidente de gobierno puede quedar sometida a promesas o acuerdos extraparlamentarios con aquellos que reniegan del propio Estado y así lo dicen públicamente.
    El debate está servido y la norma saldrá adelante debidamente sancionada por la jefatura del Estado, si no ocurre un milagro y, como hemos apuntado ya, no se tiene en cuenta el artº 56 de la Constitución, su complementario 62 o el propio artº 14.
    Cuandop las instituciones son usadas como armas arrojadizas o correas de transmisión ideológica dentro de los propios cuerpios del Estado, éste habrá perdido su sentido y su justificación.
    Un saludo.

  4. Manuel Villa Díaz
    Manuel Villa Díaz Dice:

    Se dice en el artículo:
    1. “el acuerdo de Junts con el PSOE para la investidura del Presidente del Gobierno cuya consecuencia principal -por ahora- ha sido la presentación de una Proposición de ley orgánica de amnistía”

    Junts y el PSOE como partidos políticos pueden pactar el repartirse los anillos de Saturno, pero otra cosa es que le den carta de entidad los Grupos políticos en las cámaras. ¿Por qué ley orgánica y no cambio constitucional? Porque para el cambio constitucional no le llegan los votos y sí, para meter de matute con su mayoría, el que sea ley orgánica. Es por ello que se repite al menos 12 veces el término “ley orgánica” en el texto de la explicación de motivos.

    2. “Y no me refiero a la constitucionalidad de una ley de amnistía “en abstracto” sino a la constitucionalidad de esta concreta ley de amnistía. ”
    Por muy en abstracto que se considere, una ley de amnistía excepciona el delito y se tiene el Art. 408 del Código Penal.

    3. “acuerdos o normas con eficacia jurídica, ya se trate de una amnistía, de una nueva financiación autonómica”

    La ley de amnistía no es la Agenda Canaria. Es impunidad a cambio de votos. Si se considera que el cambio de los votos es por una recalificación de terrenos, el COHECHO se ve más claramente. Hay quien no lo ve. La impunidad es más grave que recalificar terrenos.

    4. “los redactores e impulsores de la proposición de ley”

    La proposición de ley no requiere informe preceptivo del CGPJ, pero si requiere “los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ella”. Solicitado a la Mesa del Congreso el informe del CGPJ, caso de la LO 4/2021, de 29 de marzo, éste fue denegado. Porque era la ley del berrinche. Con el informe del CGPJ se habrían dado cuenta que se le despojaba al CGPJ de su capacidad constitucional de nombramientos de miembros del TC. Causa de la existencia de la LO 8/2022, de 27 de julio para arreglar el problema. No buscó la Mesa los mejores antecedentes para pronunciarse sobre ella. Sea proposición de ley o proyecto de ley se ha de tener la información más completa, sea preceptiva o no. Se presenta la ley de amnistía como proposición de ley porque el Gobierno no podía y éste era el comienzo del COHECHO comprometido para recibir los siete votos de la investidura. Votos a cambio de borrar delitos.

    5. “habrá muchos ciudadanos que pierdan la confianza en la institución”

    Habrá cándidos que piensen en la limpieza del procedimiento. Los que apoyan la “ley de amnistía” todo lo fían al TC. ¿Realmente puede uno creer que se arrostran: manifestaciones en contra, declaraciones de entidades varias, que se lleve al Europarlamento, etc … para que al final el TC diga: “Pues va ser que no. No entra en la constitución” ?

    Según el Art. 1.1 de la Constitución: “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho”. En el Congreso de los Diputados se está produciendo, con la aprobación de 178 diputados, un gasto inútil con la tramitación de la Ley de Amnistía, que excepciona el delito. Una conducta que en el Estado Social y Democrático de Derecho era delito, si esa conducta ya no era delito, es porque no había Estado Social y Democrático de Derecho, pues si lo hubiera habido, habría sido delito. Es decir, en un Estado Social y Democrático de Derecho excepcionar el delito es excepcionar el propio Estado Social y Democrático de Derecho, y por tanto, la Ley de Amnistía es inconstitucional. Es una cuestión de conceptos. La Amnistía no cabe en la Constitución actual. Por mucho que en el TC hagan la croqueta, lo evidente es lo evidente y no se puede introducir un cuadrado en el hueco de un círculo cuyo diámetro es igual al lado del cuadrado.

    • No es así
      No es así Dice:

      Independeintemente de que le guste a vd o no cualquier Estado tiene la potestad de amnistiar a quien le de la gana, pasa en todos los paises continuamente. Ahora bien la amnistia llega por la inacción de los Jueces durante más 40 años que han permitido que la unidad de España se fragmente y por la cobardia del Rey en este asunto. La solución es aplicar la Cosntitución en todos sus articulos que no se hace aunque se jure cumplirla y hacerla cumplir sino muchas leyes serían derogadas no solo la amnistia muchas que no tienen cabida en un sistema Democratico y que violan Derechos Inalienables (inviolables).

      • Manuel Villa Díaz
        Manuel Villa Díaz Dice:

        No se trata de un Estado, sino de un Estado Democrático de Derecho, y recalco lo de Democrático. Con leyes democráticas y rigiendose las conductas por el derecho, la transgresión de las leyes en beneficio propio o porque se quiere cambiar el ordenamiento jurídico-político -obviamente desde fuera del propio ordenamiento- la amnistía de delitos no tiene cabida, pues entonces no se habría estado en un Estado Democrático de Derecho.

  5. ¿Estado de Derecho?
    ¿Estado de Derecho? Dice:

    Estado de Derecho: Estado donde se imponen leyes.
    La Alemania de Hitler era un Estado de Derecho y la URSS de Stalin de hecho todos los Estados lo son aunque sean Dictaduras. La confusión a drede o por desconocimiento es francamente llamativa.

  6. ¿Tribunal Constitucional?
    ¿Tribunal Constitucional? Dice:

    El TC no debe decir lo que es Constitucional o no eso aparte de un error juridico es muy peligroso sino la de velar porque se cumpla la CE que no es interpretable por mucho que nos quieran hacer creer. Es peligroso porque entonces se van colando normas abiertamente anticonstitucionales según la interpretación de quienes lo revisen como esta pasando y ese no es el Espiritu real de la CE sino un engaño, una prevaricación que no debe dejarse pasar por alto. La Constitución solo se interpreta conforme a la DUDH nunca al revés es un freno para impedir dictaduras y comportamientos arbitrarios por parte del Estado, es decir que el TC nunca y digo bien nunca debería decidir lo que es Constitucional o no sino velar por su cumplimiento. Una burrada juridica que estamos pagando y pagaremos por no entender para que se redactan las Constituciones que protegen Derechos no los destruyen.

  7. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Bastaría con modificar las disposiciones legales sobre la forma en que se seleccionan los miembros del Tribunal Constitucional.
    Un cordial saludo.

  8. DANIEL IBORRA FORT
    DANIEL IBORRA FORT Dice:

    Muy pocos medios ( la independencia y la solvencia profesional de HAY DERECHO no abundan) se plantean los efectos de la continuación de un gobierno de Sánchez con los socios y apoyos de la legislatura.
    Es un gobierno inviable y de enorme coste para la democracia, la economía y los ciudadanos.
    Los partidos que han votado por Sánchez no lo han hecho por un programa común. Cada uno cree que esta vez si que cumplirá lo que les ha prometido y además, tienen programas e intereses contradictorios.
    Los que gestionan las Comunidades Autónomas que han apoyado a Sánchez , Canarias; Asturias y Castilla La Mancha, están entre las más beneficiadas del actual modelo de financiación ¿ De verdad se creen que si cambian de modelo no les perjudicará? ¿ Y a los de la España vacía?¿ Qué futuro les espera a sus políticos? .
    ¿Apoyarán los nacionalistas leyes contrarias a su programa y a sus apoyos ?. En las elecciones próximas en el País Vasco , Sánchez que ha blanqueado y dado protagonismo a Bildu ¿ por quién se decantará? ¿De quién está más cerca ideológicamente?¿ Qué pensarán los votantes del PNV y los sectores económicos y profesionales cuando tengan un régimen como el que ha arruinado Cataluña, de sus dirigentes que lo han permitido?.

  9. DANIEL IBORRA FORT
    DANIEL IBORRA FORT Dice:

    Sánchez, si continúa dependiendo de los mismos socios, no podrá cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática.
    La independencia judicial es clave y no la quieren implantar a pesar de las advertencias y amenazas de la UE
    La continuidad del mismo gobierno compromete no sólo la financiación de los fondos que están condicionados al cumplimiento “verificado” de reformas estructurales contradictorias con los programas de sus socios, sino, también, la continuidad en esta .
    En El Mundo del 15 de diciembre pasado , Carlos Segovia en su artículo” Ni un bono más a partir de 2025”, resume sobre las manifestaciones de Lagarde en relación al cambio en el programa de compras del BCE lo que implica. “Todo esto significa que a partir de 2025 el BCE ya no comprará ni un bono más del Estado de ningún país miembro y dejará vencer con el paso de los años toda la deuda acumulada que en el caso español supera los 300.000 millones”
    ¿ Con cuantos votos cuentan para la reducción del gasto público , del déficit y del endeudamiento o las reformas estructurales que nos exige la UE?¿ Qué pasará cuando sus votantes comiencen a sufrir en su nivel vida los efectos de una gestión pública tan incompetente e irresponsable?
    Si Sánchez no puede continuar porque no adivinó lo que le sucedería ¿ Qué pasará con el PSOE y los proyectos que ha tenido que aceptar para asegurar su continuidad , como el de la amnistía?

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