El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma el espionaje de UPyD y lo califica de grave intromisión en el derecho a la vida privada y la correspondencia del denunciante

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó ayer su sentencia sobre el caso del espionaje realizado por UPyD bajo la dirección de Rosa Díez y Andrés Herzog y que pueden consultar aquí.

Después de un somero resumen de los hechos -en los que se relata como la dirección del partido decidió monitorear el mail de un ex miembro, y acto seguido procedió a publicar y difundir los mensajes enviados a ese email por otros afiliados, incluido el demandante- afirma de manera contundente en su fundamento 36 lo siguiente:

“36.  El Tribunal señala, de entrada, que la interceptación y la divulgación de los correos electrónicos del demandante constituyó una grave intromisión en su derecho al respeto de su vida privada y de su correspondencia.”

Acto seguido, en sus dos siguientes fundamentos destruye el argumento defendido por el Sr. Herzog desde la fase inicial del procedimiento de que el partido tenía derecho a monitorear esos correos aplicando por analogía la regulación existente en el ámbito de la empresa.

En este sentido, la sentencia afirma (37) que “el Tribunal de Justicia concede gran importancia al hecho de que la intrusión se produjo en el contexto de la afiliación a un partido político. A este respecto, subraya el papel esencial de los partidos políticos en las sociedades democráticas. Los partidos políticos son una forma de asociación esencial para el buen funcionamiento de la democracia (véase Refah Partisi (el Partido del Bienestar) y otros contra Turquía [GC], nº 41340/98 y otros 3, § 87, TEDH 2003-II). Al reflejar las corrientes de opinión que fluyen entre la población de un país, los partidos políticos aportan una contribución insustituible al debate político que constituye el núcleo mismo del concepto de sociedad democrática (véanse Yumak y Sadak c. Turquía [GC], n.º 10226/03, § 107, TEDH 2008, y Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquía, n.º 7819/03, § 28, TEDH 2012).”

Como lógica conclusión, la sentencia señala (38) que “las circunstancias del presente asunto son diferentes de las de los casos en los que la intrusión tuvo lugar en el contexto de una relación entre empresario y trabajador, que es contractual, conlleva derechos y obligaciones particulares para ambas partes, se caracteriza por la subordinación jurídica y se rige por sus propias normas jurídicas (véase la sentencia Bărbulescu, antes citada, apartado 117). El Tribunal de Justicia constata que las estructuras organizativas internas de los partidos políticos se distinguen de las de las empresas privadas y que los vínculos jurídicos existentes entre un empresario y un trabajador y entre un partido político y uno de sus miembros son fundamentalmente diferentes. El Tribunal acepta que la autonomía organizativa de las asociaciones, incluidos los partidos políticos, constituye un aspecto importante de su libertad de asociación protegida por el artículo 11 del Convenio y que deben poder ejercer cierto poder de disciplina (véase Lovrić c. Croacia, nº 38458/15, § 71, de 4 de abril de 2017). No obstante, la lealtad política que se espera de los miembros del partido o el poder de disciplina del partido no pueden dar lugar a una oportunidad ilimitada de controlar la correspondencia de los miembros del partido. (…)”.

Estas consideraciones justifican la apreciación realizada en el fundamento 36 ya citado sobre la grave intromisión realizada en los derechos del demandante.

La única razón por la que no se termina condenando al Reino de España por no tutelar adecuadamente los derechos del denunciante reside en que este puso en marcha un procedimiento criminal que fue archivado por consideraciones que el Tribunal Europeo ahora no está en condiciones de revisar, pues no puede asumir el papel de los jueces penales nacionales, manifestando a mayor abundamiento que el demandante a partir de ese sobreseimiento podía haber ejercitado la vía civil, que todavía estaba abierta (42 y 43).

Obviamente el demandante no puede estar de acuerdo con esta última consideración, pues el propio Tribunal ha declarado en varias ocasiones que los demandantes no tienen que agotar todas las vías a su alcance (sino que basta que agoten una). Tampoco puede estarlo con la no subrogación en la posición del juez penal español, pues de lo que se trataba era simplemente de poner de manifiesto la absoluta falta de consistencia del archivo decretado por la Audiencia Provincial, tal como puso de manifiesto en su día el voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional (entre ellos el actual Presidente, Sr. Conde-Pumpido, único penalista de la sala).

Pero, en cualquier caso, alegra comprobar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta ocasión (a diferencia del Tribunal Constitucional, que se limitó a las cuestiones formales) ha aprovechado la oportunidad para entrar en el fondo del asunto y dejar sentado de cara al futuro que la actuación de la dirección de UPyD dirigida por Rosa Díez y Andrés Herzog constituyó una intromisión grave e intolerable en los derechos de los monitorizados, y que los argumentos utilizados por este último para defender semejante intromisión son insostenibles.

Para terminar, solo dos consideraciones. La primera es que resulta algo triste, pero a la vez muy revelador, que el principal rastro que va a quedar de un partido que teóricamente vino para regenerar la vida política española sea una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que recuerda el papel que debe jugar un partido político en la vida democrática y afea una actuación completamente contraria a sus valores más elementales. Quizás esto basta para explicar muchas cosas en relación al fracaso de esa opción política.

La segunda es el enorme daño que en un Estado de Derecho puede hacer una sentencia o un auto judicial caprichoso e inconsistente, como el dictado por la Audiencia Provincial en este caso -cuando la juez de instrucción ya había ordenado el procesamiento del Sr. Herzog- respecto del que no hay más recurso que acudir el Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Haber llegado hasta el final y conseguir esa declaración contenida en los fundamentos  36, 37 y 38 de esta sentencia es un gran éxito, desde luego, pero, no nos engañemos, no es lo razonable ni deseable. La justicia debería ser más accesible. Y, sobre eso, todos en España, también los jueces, tenemos mucho que reflexionar.

 

10 comentarios
  1. Tony
    Tony Dice:

    Buenos días, no es cierto que el TEDH diga que no condena al Reino de España porque “puso en marcha un procedimiento criminal que fue archivado por consideraciones que el Tribunal Europeo ahora no está en condiciones de revisar, pues no puede asumir el papel de los jueces penales nacionales”. La sentencia sí revisa lo que la AP y el TC y dice que “In the Court’s view, neither the reasoning of the Audiencia Provincial, nor the assessment by the Constitutional Court of that reasoning, appears arbitrary or unreasonable. Therefore, the Court does not see any grounds which could justify substituting its own opinion for that of the domestic courts”. Ni arbitrario ni irrazonable lo que dijeron ambos tribunales.

    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      Que el auto de la Audiencia fue manifiestamente arbitrario e inconsistente lo manifiesta el voto particular del Tribunal Constitucional y puede apreciarlo cualquiera que tenga ojos en la cara. Que después de dictar un auto de procesamiento por el juez de instrucción, que es el que ha practicado las pruebas y conoce el caso, se dicte un auto de sobreseimiento como ese es algo absolutamente inaudito para cualquiera que tenga experiencia en la materia. Pero aunque podía haber entrado perfectamente en esa valoración, es natural que un Tribunal europeo desconocedor de los entresijos del caso y de nuestros procedimientos muestre bastante prudencia al respecto. Como termina diciendo literalmente: “The Court further reiterates that it cannot take the place of the domestic authorities in the assessment of the facts of the case; nor can it decide on the alleged perpetrators’ criminal responsibility (see M.P. v. Portugal, cited above, § 41).”

      • Tony
        Tony Dice:

        Gracias por su respuesta, pero yo no he dicho eso, he rebatido lo que usted decía en la entrada. El TEDH sí revisa a la AP y el TC y dice que no hay arbitrariedad ni irrazonabilidad.
        Por otra parte, insiste en VP de Conde Pumpido, quien en este blog precisamente no es muy apreciado. Cabrá citar, por ej., la entrada de I. Gomá, nada menos que “Réquiem por el Tribunal Constitucional”. O el de E. de la Nuez “El incierto futuro del Tribunal Constitucional (reproducción tribuna en El Mundo)”, que empieza así: “Con el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como nuevo Presidente culmina el proceso de politización del Tribunal Constitucional iniciado hace muchos años.”
        No parece muy serio que ahora desde Hay Derecho otro editor defienda su talento jurídico.
        Insisto, ni siquiera estoy dando mi opinión

        Saludos

        • Rodrigo Tena Arregui
          Rodrigo Tena Arregui Dice:

          Reitero lo que he dicho antes, no le parece arbitrario porque no quiere o puede entrar a revisar el tema como si fuera un tribunal nacional. En cuanto a Conde Pumpido, se le puede y se le debe criticar por su complicidad en la politización de la institución, pero hasta ahora no he escuchado a nadie decir que no sepa Derecho penal. En fin, que lo cortés no quita lo valiente.
          Pero, en cualquier caso, me gustaría no desviar el foco de la polémica respecto de lo verdaderamente importante, que es lo que dice el Tribunal en sus fundamentos 36, 37 y 38, que es el tema de fondo, respecto del cual la doctrina del Tribunal me parece meridianamente clara. La otra cuestión es si procede condenar a España por no tutelar ese derecho adecuadamente, pero sinceramente ese no es el meollo del asunto. Yo estuve en todo momento dispuesto a retirar la acción penal en el momento en que alguien, el imputado o cualquier Tribunal, declarase que esa monitorización era ilegítima. Al final eso es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así que todos contentos.

  2. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Buenos días,
    voy a cambiar la línea expuesta por los comentaristas anteriores.
    Si bien la conclusión del Tribunal me parece completamente correcta (y merecida condena a quien realizó tal abuso),, y el fundamento 36 lo comparto plenamente, no otro tanto puedo expresar de los fundamentos 37 y 38.

    En el número 37, el Tribunal afirma que los partidos políticos son una forma de asociación que resulta esencial para el adecuado funcionamiento de una democracia, y añade el Tribunal que dichos partidos reflejan las corrientes de opinión que se forman o fluyen entre los ciudadanos.

    A mi juicio, ni una cosa ni otra. En cuanto al primer aspecto, es cierto que si hay partidos políticos deberían ejercer sus funciones de acuerdo a valores democráticos. Ahora bien, una democracia puede existir sin partidos políticos. Y vista la deriva “caciquil” de todos los partidos políticos, abogo por esto último, o, al menos, por la limitación de la participación de los partidos en las instituciones. No es una idea novedosa la mía: en realidad, es tan vieja como la misma democracia liberal.

    En cuanto al segundo aspecto, los partidos no reflejan corrientes de opinión. Lo que hacen es imponer sus intereses y criterios sobre una población que se encuentra inerme ante dicho poder partidista, porque los partidos colonizan las instituciones ciudadanas.

    Respecto al fundamento 38 comparto la afirmación del Tribunal sobre la diferente naturaleza de las relaciones en el seno de un partido político y en el de una empresa. Ahora bien, aunque el Tribunal no lo expresa, podría entenderse que en el ámbito de una relación laboral es posible vigilar los correos electrónicos de un empleado. Si bien conozco la jurisprudencia española al respecto (avisos previos, etc.), que suele introducir matices a una acción de este tipo, a mi juicio una invasión tal en la intimidad de una persona es inadmisible, salvo que existan indicios de delito y la vigilancia sea autorizada por autoridad judicial competente. Una persona no deja de tener intimidad por más que trabaje como empleado de otra.
    Un cordial saludo.

    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      En cuanto a su comentario al párrafo 38, es verdad que el Tribunal ha permitido la monitorización de los correos de los empleados en una empresa, siempre que se cumplan una serie de requisitos muy estrictos. A mayor abundamiento esos requisitos ni siquiera existían en el caso analizado, pues se procedió a divulgar correos de un tercero (el demandante) que los enviaba a un correo del partido. Si a eso añadimos que encima se trataba de un partido y no de una empresa, la intromisión en la intimidad es entonces doblemente improcedente.

      • Alfonso
        Alfonso Dice:

        Buenas tardes de domingo.
        Muchas gracias por la respuesta, sr. Tena. En efecto, he realizado una pequeña indagación y compruebo que el Tribunal se encuentra en dicha línea de admitir esta vigilancia bajo determinadas condiciones, muy similares a las recogidas por la jurisprudencia constitucional española.

        No obstante, sigo sin compartir esta corriente decisora. A mi juicio, un derecho fundamental, como es la protección de la intimidad, no puede ceder ante una situación de una mera relación laboral, en donde no hay implicado ningún otro derecho fundamental.

        Un cordial saludo.

    • Diego Flores
      Diego Flores Dice:

      Me confieso ignorante ¿Una democracia sin partidos? ¿idea originada en los orígenes de la democracia liberal?.

      Siempre los humanos como seres sociales han ejercido la democracia directa. Bien que también tiene graves limitaciones. Le recuerdo negación del voto femenino en Appenzell Inner Rhodes hasta 1990 por los tan ejemplarmente democráticos suizos. Pero mas allá de comunidades de escasa población, ¿donde y cuando?

      Francisco de Vitoria, como Aristoteles, aunaba utopia y realismo, pensamiento crítico como meta no quimera. Porque, toda utopía que no es parte de la realidad se niega a si misma. Esa fue la razón del alcance de su pensamiento. Por eso también, da nombre a la Sala del Consejo del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra.

      Por favor Alfonso instrúyannos con algunos -pocos- ejemplo y autores. En mi experiencia (y si, estoy pensando en el curriculum de algunos) el papel lo aguanta todo, pero la realidad solo “casi todo”.

      Sobre la sentencia del TEDH solo lamentar el fracaso de dos proyectos, CDs y UPyD. Ambos en mi humilde entender, tan llenos de buenos trabajos como ausentes de vigor interno democrático. Es decir, legitimador de opiniones diversas y generador de análisis robustos, que estos si, sean soportados por la realidad. Sin duda, el autor sabra de esto mucho mas que yo y tendrá una idea mas completa.

      • Alfonso
        Alfonso Dice:

        Estimado sr. Flores,
        este aspecto sobre los partidos políticos es colateral al asunto del artículo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la intromisión ilegítima en la intimidad de uno de sus afiliados. Mi comentario sobre los partidos políticos lo realizo cuando el tema me brinda ocasión, al modo que nos ha llegado la información sobre la finalización de cualquier discurso de Catón, en la antigua Roma: “delenda est Carthago” (o bien: “Ceterum censeo Carghaginem esse delendam”). Mi equivalente jocoso: “los partidos deben ser destruidos, o, al menos, arrinconados, para un buen funcionamiento de la democracia”. No es cuestión de exponer en este momento mi criterio sobre la limitación del poder de los partidos políticos.
        En cuanto a su comentario, fíjese que yo no he hablado de democracia directa (sí Rousseau). Lo que yo he comentado es que es posible un sistema democrático y parlamentario sin necesidad de partidos políticos. Dicho de otra forma: los partidos políticos no son esenciales para la existencia de una democracia, y este asunto, el juego de los partidos en un sistema parlamentario ya fue objeto de debate y discusión en aquellos momentos de girondinos y jacobinos, cuando se gestaba la democracia liberal.

        En una indagación en revistas científicas, accesibles por Internet en abierto, puede usted comprobar este hecho de la historia del pensamiento político. Le muestro aquí un par de citas para facilitar su búsqueda.

        “Desde Aristóteles, la teoría política ha elogiado el gobierno mixto y no el gobierno de partidos. Por eso, a pesar de que las facciones primero y los auténticos partidos políticos después atrajeron muy tempranamente la atención de los estudiosos, lo hicieron con una connotación unánimemente negativa. Es cierto que se remontan a muy atrás los primeros estudios partidistas, pero no lo es menos que todos ellos comparten en esos primeros tiempos una característica de suma importancia: su consideración desfavorable de los partidos políticos…Por lo que atañe a la visión negativa de los partidos políticos, esa fue, por ejemplo, y como hemos adelantado, la visión de Maquiavelo y Montesquieu … Y esa fue también la aproximación teórica de Voltaire, Hume y Bolingbroke” (Hernández Bravo de Laguna, Juan: “Partidos políticos, Estado y Derecho: de la hostilidad a la teoría”. Anales de la Facultad de Derecho a la Universidad de La Laguna, nº 19. diciembre 2002, p. 73-93. Cita en p. 75).

        “Esto no quiere decir que formase parte del programa de la revolución el instituir los partidos. Nada más lejos del espíritu de los revolucionarios. Todos, desde los jacobinos a los girondinos abominaban de ellos …Veían en el partido lo contrario de aquello a que aspiraban, la verdadera y absoluta unidad de los intereses, las pasiones, los sentimientos, los afectos en torno a la Nación, sujeto colectivo, personificación del cuerpo político, nuevo titular de la soberanía en lugar del rey” (Negro Pavón, Dalmacio: “ Los partidos político en España ante el año 2000”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 77, 2000, p. 531-578, cita en p. 535).

        La clave de la repulsa a los partidos políticos es la consideración de que una “parte” no podía representar al todo, la Nación. Y, a la vista de mi experiencia, la propia y la compartida con todos en los medios de comunicación, y mis reflexiones, no puedo sino compartir dicho criterio de aquellos primeros creadores de la democracia parlamentaria.

        Puede usted leer a Montesquieu, Rousseau, Hume, Burke, Bolingbroke, Voltaire…y en España gozamos de una obra extensa al respecto de Ibáñez de la Rentería, de finales del siglo XVIII, si no me equivoco en la cronología, un clásico.
        Un cordial saludo.

  3. Placas Solares
    Placas Solares Dice:

    Una ciudadanía con experiencia política , como la de los países de democracia plena , hace años que tiene clara la diferencia entre la financiación del estado del bienestar , mejorando los servicios públicos y las prestaciones sociales y la de un estado clientelar.

Los comentarios están desactivados.