LA VALIDEZ DE LA APORTACIÓN COMO PRUEBA DE LA CORRESPONDENCIA PRIVADA ENTRE ABOGADOS

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de mayo de 2023 (Rec. 1238/2022) ha venido a refrendar la validez de la aportación como prueba en un procedimiento judicial de una serie de correos electrónicos intercambiados entre los letrados de las partes sin que mediara autorización del letrado no aportante, confirmando así la sentencia dictada previamente por el Juzgado de lo Social número 26 de Móstoles.

Básicamente, esos correos electrónicos aludían al acuerdo concertado entre ambos letrados en relación con un procedimiento de despido finalizado con readmisión, por virtud del cual la trabajadora demandante aceptaba la cantidad ofrecida por la empresa para dar por extinguida la relación laboral y, contra el efectivo abono de la misma, se comprometía a desistir de un procedimiento de cantidad ya interpuesto y que aún tenía pendiente de resolución. Sin embargo, y a pesar de ello, una vez homologado el acuerdo en materia de despido (mediante Auto en el que no constaba referencia alguna al procedimiento de cantidad) y pese a los requerimientos al efecto del abogado de la empresa al letrado de la demandante, la trabajadora no desistió de su demanda en reclamación de cantidad, dictándose finalmente sentencia por el referido Juzgado de lo Social número 26 de Móstoles, quien desestimó la demanda al apreciar la excepción de satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto alegada por la empresa demandada.

Para alcanzar dicha conclusión finalizadora de la instancia, el Juzgado admite y otorga valor probatorio a aquellos correos electrónicos intercambiados entre los respectivos letrados (en los que se reflejaban los términos de dicho acuerdo que había de concluir con el desistimiento de esta demanda de cantidad por parte de la trabajadora) considerando que los mismos acreditan la perfección del “contrato transaccional” suscrito entre las partes, y que la falta de desistimiento protagonizada posteriormente por la trabajadora supone un abuso de derecho y una violación de las reglas de la buena fe, que sólo puede combatirse apreciando la falta de acción de la demandante al considerar que la misma ya había visto satisfecha su pretensión fuera de este segundo proceso.

Disconforme con esta sentencia, la trabajadora demandante presentó recurso de suplicación interesando la nulidad de actuaciones y denunciando:

-por una parte, infracción del principio de legalidad (arts. 9 y 103 CE) al entender que esas comunicaciones entre abogados “no debieron haber sido aceptadas por el Juzgado a quo so pena de inculcar (sic) la sujeción de ciudadanos y poderes públicos al entramado normativo de aplicación en España”

-Y, por otra, infracción del artículo. 24.1 CE, y 6.3.c) del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea; así como de los artículos 22 y 23 del Estatuto General de la Abogacía Española, con relación al deber de confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y el secreto profesional, y artículo 5.3 del Código Deontológico de la Abogacía Española habida cuenta que, conforme al mismo, el profesional de la Abogacía no podrá aportar a los Tribunales, ni facilitar a su cliente, las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales de la Abogacía, mantenga con el profesional de la Abogacía de la otra parte, salvo que este lo autorice expresamente.

En su sentencia, la Sala de lo Social del TSJM, comienza por señalar que la nulidad de la sentencia interesada por el recurrente que es un remedio que ha de tener carácter último y excepcional requiere no sólo de la efectiva generación de una indefensión, sino también del previo y estricto acaecimiento de un requisito formal como es el de que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta cometida por el juzgador que haya podido producir o generar aquella indefensión, algo que no ocurrió en el presente caso pues, abierto el periodo de prueba y habiendo accedido el juzgador a la aportación como documental por parte de la empresa de la correspondencia privada entre los letrados, el defensor de la trabajadora no formuló la oportuna protesta al respecto.

Pero, al margen de ello (motivo ya suficiente para la desestimación del recurso), la sentencia entra a valorar la validez intrínseca de dicha aportación como prueba documental de aquellas comunicaciones entre los letrados.

Comienza por afirmar que “una de las problemáticas más difíciles de resolver para el abogado” es decidir qué hacer ante esta tesitura, pues, por un lado, la normativa deontológica, protege esa correspondencia privada entre letrados bajo la cobertura del secreto profesional y prohíbe expresamente su aportación en juicio cuando no se cuenta con la autorización previa del otro letrado, pero argumenta el Tribunal- por otro lado, utilizando dicha correspondencia el letrado aportante está ejercitando su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa de su cliente, lo que enlaza con la tutela judicial efectiva. Se enfrenta así a un dilema irreconciliable entre el ejercicio del citado derecho fundamental y las exigencias éticas de la profesión, reflejadas incluso a nivel normativo.

Y entiende el Tribunal que no media dicotomía confrontadora de dos derechos fundamentales, pues, según ha dejado constatado el propio Tribunal Constitucional (STC 114/1984, de 29 de noviembre), la aportación de esa correspondencia entre letrados no supone violación al secreto de las comunicaciones consagrado como derecho fundamental por el artículo 18.3 CE.

Sobre esta base, considera la Sala que el rango constitucional del derecho a la prueba del letrado aportante de dichos correos ha de primar respecto a una prohibición de aportación que ni tan siquiera está recogida en la ley procesal reguladora del procedimiento (en este caso, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y supletoriamente Ley de Enjuiciamiento Civil) sino únicamente en normativa de rango jurídico inferior (normativa deontológica) que, a lo sumo, dará lugar al ejercicio de las acciones procedentes ante el Colegio de Abogados, pero nunca a la nulidad de la sentencia que admita dicha prueba.

Esto es, a criterio del Tribunal, la irregularidad deontológica de la aportación de la prueba resulta ser absolutamente inane a los efectos del procedimiento, limitándose única y exclusivamente sus efectos al ámbito extraprocesal deontológico del letrado aportante.

Con ello no hace sino sumarse a los pronunciamientos ya obrantes en otras diversas sentencias que el propio Tribunal cita e invoca como la SAP de Madrid, Sección 28ª, nº 198/2015, de 10 de julio de 2013); la SAP de Madrid, Sección 19ª, nº 332/2013, de 11 octubre de 2013; o la SAP de Madrid, Sección 14, nº 23/2013, de 21 de diciembre de 2012.

Con el habitual debido respeto, discrepo de estos posicionamientos, y lo hago desde una doble vertiente: por un lado, considero que la aportación de esa correspondencia privada entre letrados sí vulnera un derecho fundamental; y, por otro y en su defecto, considero que supone una infracción de ley que ha de abocar a su no admisión como prueba.

En cuanto a lo primero, puedo compartir con el Tribunal que la actuación que realiza el abogado aportante encuentra su fundamento y legitimación en el ejercicio del derecho de defensa que, como vimos, aparece asociado al artículo 24 CE; pero es que ello también influye paralela y simultáneamente sobre el mismo derecho fundamental del otro letrado, que ejercita su derecho de defensa en la legítima confianza (auspiciada por norma legal) de que dicha correspondencia privada no va a ser objeto de aportación por la contraparte en un procedimiento judicial. Se produce, por tanto, una confrontación de un mismo derecho fundamental (derecho de defensa) proyectado sobre dos planos subjetivos diferentes, el del cliente del letrado aportante y el del que lo sea del letrado que padece la aportación, y ello no permite una aplicación automática de prevalencia de uno u otro, sino que el tribunal deberá examinar y analizar las circunstancias del caso concreto para concluir qué derecho fundamental se ve menos perjudicado y debe, por ende, ceder frente al ejercicio del otro derecho fundamental que ocuparía en tal caso una posición prevalente. Deberá así hacerse en cada caso un juicio de valor casuístico para con arreglo a criterios de proporcionalidad determinar insisto, en cada caso concreto si el derecho a la aportación de prueba debe primar respecto al similar derecho a evitar dicha aportación cuando recae sobre correspondencia privada entre letrados.

Al margen de ello, y para caso de considerarse que por lo que respecta a la posición de quien padece la aportación de dicha prueba no estamos ante la vulneración de un derecho fundamental, creo que es posible encontrar un argumento adicional que permitiría considerar la no admisibilidad de dicha prueba. Es cierto que la ley procesal directamente aplicable al tipo de procedimiento sobre el cual versa la sentencia que analizamos (como hemos dicho, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS) sólo proscribe expresamente (art. 90) la aportación de pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. Pero como también hemos anticipado la Ley de Enjuiciamiento Civil opera como supletoria en el procedimiento laboral, y esta norma procesal preceptúa en su artículo 283, apartado 3 que “Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley”.

Consecuentemente si como hemos detallado existen disposiciones deontológicas (Estatuto General de la Abogacía Española) que ostentan la consideración de norma legal (Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo) y que prohíben esa aportación de comunicaciones entre profesionales de la abogacía, la verificación de la misma supondría una actividad prohibida por la ley y, consecuentemente y en aplicación de la propia norma procesal, debería llevar aparejada su no admisibilidad.

Es cierto que el desarrollo de esta argumentación posiblemente conllevaría valorar el real alcance de la expresión actividad prohibida por la ley que recoge el citado artículo 283.3 LEC, e incluso la relación de este precepto con el artículo 287 de la misma norma que en consonancia con el artículo 90 LRJS alude a la ilicitud de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, pero ello obviamente desborda por completo los límites de extensión propios de un post.

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