REDES SOCIALES, INDEPENDENCIA JUDICIAL Y SEPARACIÓN DE PODERES.

Una polémica de hace ya días; en realidad una polémica eterna: la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, en relación con la actividad jurisdiccional del juez central de Instrucción Manuel García Castellón, recalcó en una entrevista que es “muy importante respetar la separación de poderes como uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución”, pero que “eso no impide ver que siempre [García Castellón] se posiciona con una implicación política importante en los momentos más oportunos” y que “siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas”.
Si en términos generales (siguiendo aquí a Ferrajoli) la separación de poderes tiene una dimensión formal compuesta por el carácter representativo de las funciones de gobierno, y la clara separación de éstas con respecto de las funciones de garantía de aquellos derechos, parece que el que una vicepresidenta del Gobierno sugiera que un juez maneja las fechas de sus resoluciones con intencionalidad política, puede ser una interferencia en el ejercicio de esas funciones de garantía. No es bueno y retuerce un tanto los engranajes, nunca demasiado sólidos, de nuestro Estado de Derecho; no es bueno y tiene también una posible afectación en esa separación de poderes y en alguna medida en la independencia judicial, el decir lo que dijo la vicepresidenta. Igual que otras declaraciones a las que estamos acostumbrados; como el constante calificativo de “Rubiales con toga” del entorno del Ministerio de Igualdad a los jueces que revisaron penas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, o llegar a decir, como se ha dicho por parlamentarios del Partido Popular que el juez J. Ricardo de Prada estaba en “sintonía con ETA”, o que su actuación era el mayor caso de Lawfare que había en España.
Las sentencias pueden criticarse, lógicamente. No es fácil identificar la difusa frontera entre la libertad de expresión y el exceso institucional que tenga afectación en la separación de poderes o en la independencia. Por ahora solo me interesa remarcar que este tipo de declaraciones suponen una degradación del espacio constitucional y una ración de desprestigio institucional que no conviene a nuestra salud democrática. En fin, de manera cotidiana tenemos un espacio público en el que no es infrecuente que parlamentarios y miembros del Ejecutivo o de poderes autonómicos critiquen a jueces con algo más que una sosegada crítica a sus resoluciones : “Rubiales con toga”, “jueces fachas” “jueces señoros”, los “cuervos con toga” de Puigdemont, la constante desacreditación del juez Prada por el Partido Popular, o, recién salida del horno, la deslegitimación (falazmente rectificada) del Tribunal Constitucional por un parlamentario del PP. Todo esto configura un entramado de críticas que ensucian el ambiente institucional.
Pero sabemos también que los jueces hemos entrado ya desde hace tiempo a criticar a otros poderes públicos. Por eso sorprende en principio leer vehementes respuestas a las palabras de Teresa Ribera cuando desde el sector judicial se critica en público muy frecuentemente al Gobierno, a veces de manera respetuosa y otras sin demasiada moderación. He leído desde cuentas judiciales en X llamar “ridículo sin dignidad” e “indecente” al Ministro de Justicia, “ignorante” a un ex ministro, “sarta de chorradas” a unas palabras del Ministro de Cultura o “psicópata sin límites” al presidente del Gobierno. ¿Es coherente quejarse de aquellas inmisiones en la tarea judicial y sin embargo responder de este modo?
Podría alegarse algo que en principio puede resultar convincente: no es igual la posición de un cargo público actuando como tal y atacando al trabajo judicial (desde la tribuna del Parlamento o en una entrevista en calidad de ministro) que la de un ciudadano con una cuenta en una red social y que, pese a que forma parte del Poder Judicial, no expresa sus críticas en sentencias o en una vista oral, sino extramuros de sus funciones, mientras prepara unos macarrones con tomate o mientras está tumbado en el sofá sesteando con la televisión bajita, es decir, en sus horas de ciudadano y no en sus horas de juez.
Esto, sin embargo, no es exactamente así. No es tan fácilmente escindible el juez del ciudadano cuando se identifica públicamente como aquel. De hecho no es posible separar esos aspectos. Los principios de Ética Judicial aprobados por el Pleno del CGPJ en su sesión del día 20 de diciembre de 2016 dejan claro que “El juez y la jueza han de comportarse y ejercer sus derechos en toda actividad en la que sean reconocibles como tales de forma que no comprometan o perjudiquen la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial”, y establecen que “La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia”. Más en concreto y refiriéndose a nuestras veleidades tuiteras (de las que yo mismo soy activo partícipe) se nos insta a que “En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas…”.
En el Dictamen de 10 de febrero de 2019 (Consulta 10/2019) de la Comisión de Ética Judicial se nos recuerda que “Cuando un juez interviene en una red social para emitir una opinión y lo hace después de haberse presentado con el cargo que desempeña, se generan algunos riesgos …que algunas personas puedan considerar que emite esa opinión en su condición de juez o miembro de un tribunal; que pueda pensarse que esa es una opinión generalizada en el colectivo judicial; que cuando esa opinión afecte directa o indirectamente a lo que debe juzgar, quede afectada su apariencia de imparcialidad; que si emplea un tono desabrido, la falta de contención y prudencia pueda mermar la confianza en la justicia…” y de manera muy clara que “Las intervenciones de los jueces y juezas en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse al concepto de neutralidad política…”.
Este tipo de orientaciones no son cosa exclusivamente nuestra, como una especie de caballeresca forma española de concebir la ética judicial, porque en esencia esos criterios coinciden con otros documentos semejantes como los Principios de Bangalore o el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Y todos esos principios diría yo que se confluyen, en lo que a las redes sociales toca, en aquella máxima muy usada por civilistas commoda cuiusque rei eum sequi quem sequentur incommoda: si te aprovechas de las ventajas, debes pechar con los inconvenientes. Es indudablemente ventajoso presentarse como juez en redes sociales y facilita tener muchos seguidores, pero implica la sujeción a ciertas reglas que están protocolizadas desde hace ya años.
Es decir, desde el punto de vista de la libertad de expresión debe haber un equilibrio en el tratamiento de las críticas recíprocas entre titulares de poderes. Libertad de expresión para todos, pero evitando afectar a la imparcialidad, a la separación de poderes, a la independencia, y tratando de mantener siempre un respeto institucional.
Pero parece también (se esgrime a veces este argumento) que mientras “los políticos” hacen críticas interesadas, los jueces hablan “en Derecho”, y que eso hace más legítima su crítica, puesto que su discurso no está contaminado por intereses de partido, sino que apela a la realidad jurídica de los objetos de debate.
Creo observar que gran parte de las críticas desde mi gremio a otros poderes del Estado se hacen desde el entendimiento de que se defiende el Derecho, de tal modo que atacar al Gobierno (sobre todo por la tramitación de determinadas leyes) es un deber profesional y moral. Es muy frecuente en este tipo de críticas no sólo la apelación al Estado de Derecho, sino al Derecho en sí mismo. Tal vez se hace con una difusa base. Conforme a los mismos principios de ética judicial “El juez y la jueza tienen el deber de demandar aquellas mejoras legales que redunden en beneficio de la independencia judicial como garantía de los ciudadanos”, principio V, y en los anteriores se recalca el deber ético de “reclamar de los poderes públicos unas condiciones objetivas de trabajo adecuadas para el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones…”. Ahora bien, meter en ese saco todo la producción crítica contra la actividad gubernamental me parece que es coger un tanto el rábano por las hojas. Solo una parte de esas objeciones guardan relación directa con la mejora de nuestra posición institucional o de nuestras condiciones de trabajo.
Esa defensa del Derecho es tentadora porque frente a una posición que se tiene por interesada, contaminada y partidista (la de la política) la nuestra estaría adornada por la pureza de los fines: la juridicidad en abstracto. Si un miembro del Gobierno critica a un juez, no sólo ataca a la independencia o a la separación de poderes, sino que su crítica proviene de un ponzoñoso interés frente a la recta aplicación de la norma que nosotros postulamos.
Pero este argumento tampoco es convincente: no lo es porque esa concepción del Derecho que se esgrime , en general, sólo admite una hermenéutica concreta. Si alguien, juez o no, argumenta (también en Derecho) para sostener una posición diferente (por ejemplo a favor de la sujeción a la Constitución de la proyectada Ley de Amnistía o de la falta de necesidad de revisar las penas de los delitos contra la libertad sexual tras la Ley Orgánica 10/2022) es muy frecuente leer que esa tarea interpretativa es espuria, y que se lleva a cabo porque se esperan favores del Gobierno en forma de un cargo: hermenéutica por prebendas, que en el caso de un juez puede además conllevar la mácula indeleble del paso por la política, ese espacio mefítico. Fuera de una determinada interpretación monolítica de la norma todo son sospechas de parcialidad (me remito aquí, a título de ejemplo, a las airadas reacciones que hubo a un artículo muy interesante del catedrático Manuel Cancio Meliá en el diario El País sobre la revisión de condenas después de la reforma de la LO 10/2022). El Derecho es interpretable. El que no está de acuerdo con lo que sostenemos, no necesariamente lo hace por un interés bastardo, antes bien, tal vez debamos tomar como punto de partida metodológico otra presunción: el que argumenta en Derecho, desde una posición u otra, enriquece el debate y ayuda a la búsqueda de “la verdad”. Así pues, ante la defensa del Derecho, cabe contestar: ¿qué Derecho?
En tercer lugar, también es posible preguntarse cómo es posible criticar una resolución judicial de manera “no jurídica”; como si el único modo de combatirla fuera la interposición de un recurso. Esta objeción creo que no merece demasiada explicación: la calidad de una crítica proviene de la relevancia de sus argumentos, su mera formulación pertenece al ámbito de los derechos, y por supuesto que todo el mundo (lego o no en Derecho) puede expresar una crítica a una actuación judicial por los motivos que le parezcan. Y ahí surgirá, en su caso, el deber ético de explicar a la ciudadanía los errores, las exageraciones o las medias verdades jurídicas que esa crítica eventualmente conlleve.
En realidad, y en lo que a los jueces toca, la defensa del Derecho, tiene un ámbito que le es propio: la resolución de conflictos con estricta sujeción a la Ley. Sujeción a la ley implica estar atentos ante el riesgo siempre presente de desvincularnos de la misma. Como decía en un artículo exquisito ese magnífico magistrado que es Carlos Gómez “…si el juez entiende que ha de aplicar la ley con independencia y con coraje pero minusvalorando su vinculación a la ley, puede caer en el voluntarismo al impulsar un cambio en la sociedad que esta no demanda y que, en cualquier caso, no corresponde encabezar a la judicatura”, y tener la tentación de que su ideología, su cosmovisión, o sus propias ocurrencias, representen “lo justo”, y quiera anteponerlas obviando esa incómoda intermediación de la Ley.
Es verdad que las declaraciones a las que he venido haciendo mención pueden afectar a aspectos relacionados con la independencia. Pero en todo caso conviene no perder de vista que esa independencia no es un privilegio del juez (como destacan profusamente los textos internacionales que abordan cuestiones de ética judicial). La independencia es una garantía ciudadana, no un escudo-coartada para evitar las críticas. Como magníficamente ha expresado Perfecto Andrés Ibáñez, “lo que en ocasiones ha sido (des)valorado como déficit de legitimidad de la jurisdicción, expresa, precisamente la astucia de la razón jurídico-política que funda su deber ser constitucional. Su peculiar condición de poder, que es el de “decir el derecho”, que únicamente cobra cuerpo en el juez competente para el tratamiento y la decisión del caso concreto”. Un poder sin vinculación representativa, pero sujeto estrictamente a los productos legislativos de instancias que si tienen ese carácter. Legitimados democráticamente en la sujeción a las leyes, la crítica a nuestro trabajo es legítima y deseable. El acoso, las campañas orquestadas, el insulto pueden en abstracto afectar a nuestra independencia en la medida en la que generen una falta de templanza, de sosiego para poder resolver y cumplir con nuestras funciones de garantía.
Por nuestra parte, es esencial proyectar en nuestras manifestaciones públicas una imagen de neutralidad política y de respeto con los otros poderes para que los ciudadanos no pierdan confianza en el Poder Judicial y en su imparcialidad. Esto no implica ni que tenga que haber sanciones disciplinarias, ni recortes de la libertad de expresión ni nada por el estilo. Pero sería bueno que no contribuyésemos a generar este clima ya tan irrespirable.

Gregorio Callejo Hernanz
Magistrado

3 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Para mí el problema no está en los comentarios “políticos” que puedan hacer los magistrados en su tiempo libre, como “ciudadanos”. El problema estaría en la “política” que hacen en sus autos, sentencias,…

    La reducción de penas que algunos tribunales hicieron tras la aprobación de la ley del “sólo sí es sí” es un claro ejemplo. Se obvió la jurisprudencia existente. El único motivo que se me ocurre es que estaban haciendo política.
    Lo mismo cuando se cambió el Código penal para quitar la sedición y cambiar la malversación… y pretenden hacernos creer que los sentenciados por el TS en el “Juicio al procés” perpetraron “malversación agravada”. Más bien se trataría de una presunta prevaricación judicial.

    Además de lo que hacen “políticamente” los magistrados en el ejercicio de sus funciones… ¡También está “lo que dejan de hacer”!
    Sólo se ha mirado “realmente” el lawfare perpetrado cuando la víctima es jueza (Victoria Rosell), y ahora sólo se está empezando a mirar el caso del Fiscal General de Catalunya. ¡Como si fueran los únicos que han sufrido la “Caza a Podemos” o la “Operación Catalunya”!

    Finalmente, volviendo a lo de la libertad de expresión: Quiero recordar que el juez Vidal fue castigado por publicar un libro (en su tiempo libre), al que tituló “Constitución catalana”. Aún estoy esperando que los jueces que se han manifestado contra la Ley de Amnistía (cuando ni existe) sean castigados (y deberían serlo de manera mucho más dura, pues lo hicieron en su tiempo de trabajo). Mientras no se haga: No cabe habar de Estado de Derecho en España. En todo caso sería un Estado donde se persiguen ideologías (salvo si eres juez o fiscal).

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Magnífico artículo de alguien que conoce el asunto desde dentro. Felicidades.
    El artículo llega en un momento en que se me comunica que hay -sobre todo en asuntos civiles- una forma de llevar los procedimientos de forma similar y donde la “tutela judicial efectiva” parece haber desaparecido. Donde las presunciones de inocencia o las cargas de las pruebas se retuercen y donde hay una especie de prejuicio previo en las instrucciones de los casos, bien por instrucciones políticas, bien por ideologías personales, bien por circunstancias propias de las deficiencias administrativas y de recursos del mundo judicial.
    Una justicia deficiente en definitiva que va a repercutir en vidas y haciendas de justiciables al no estar los casos sólidamente armados y sometiendo al calvario de recursos posteriores (sin éxito normalmente) que serían innecesarios si en las 1as. instancias se resolvieran adecuadamente.
    Dicho esto podemos comprobar que el “todos son iguales ante la ley…” del artº 14 constitucional parece más un brindis al sol que una realidad efectiva. “…. sin que pueda existir discriminación…. por ninguna circunstancia….”. Un principio que debería amparar toda la Función Pública (y el mundo judicial lo es). En este sentido no ayuda mucho que la independencia personal y ética a la hora de afrontar el procedimiento estén contaminadas de calificativos: consevador, progresista, feminista, etc.etc.
    Es también comprensible (pero no disculpable) ese sentido corporativo ajeno a la imparcialidad, donde las responsabilidades propias del juzgador, errores incluidos, no son corregidas por las instancias superiores inmediatas. La dignidad de la función se resiente y llega a la sociedad como un privilegio de clase.
    “Tengas pleitos y los ganes” dice ese refranero español tan certero. La Justicia no se percibe en muchos casos como garantía de “dar a cada uno lo que merece” sino como una especie de lotería sujeta a múltiples variables en ese caos jurídico de nuestro ordenamiento, donde ni siquiera se tiene en cuenta lo más básico: la Constitución Española (una forma de filtrar y depurar gran parte de los asuntos), lo que deviene en nuevos conflictos en instancias superiores que serían innecesarios si la Constitución presidiese -como debería ser- todo el sistema legislativo.
    La función pública es respetable por la sociedad si ésta la percibe como un árbitro imparcial y neutral en que confiar. Deja de serlo cuando la percepción es la contraria.
    Un saludo.

  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Y mi felicitación por la referencia a Luigi Ferrajoli cuyos “Poderes salvajes” (que no admiten norma sino que las imponen) dan en la brutal realidad.
    Un tema interesante para HD en los tiempos actuales.
    Un saludo.

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