¿RENOVAR O REFORMAR PRIMERO? EL ORDEN DE LOS FACTORES SÍ ALTERA EL PRODUCTO

La Comisión Europea, bajo la responsabilidad del Comisario de Justicia Didier Reynders, ha aceptado intervenir para desbloquear la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, que viene ejerciendo sus funciones de manera interina desde hace más de cinco años, al haber expirado su mandato en diciembre de 2018 y no haberse alcanzado hasta la fecha un acuerdo de mayoría de 3/5 en Congreso y en Senado para designar cada Cámara a diez vocales del CGPJ (seis de ellos, jueces y magistrados en servicio activo, y los otros cuatro, juristas de reconocida competencia).

Es más, ni siquiera los Presidentes de ambas Cámaras han adoptado las medidas necesarias para que se produzca la renovación del CGPJ en plazo, como exige el art. 568 de la LOPJ, no habiéndose convocado sesiones de la Comisión Consultiva de Nombramientos para celebrar las comparecencias de los candidatos juristas (la última se celebró el 16 de noviembre de 2018, retirándose días después las candidaturas presentadas por dicho turno de vocales no judiciales) ni los correspondientes Plenos para la votación de los candidatos. Tampoco ningún grupo parlamentario ha instado a que se desarrollara el proceso previsto legalmente en los arts. 567 y ss. de la LOPJ.

Lo cierto es que, desde hace décadas, en esta cuestión de la renovación del CGPJ, el Poder Legislativo ha hecho dejación de funciones, cediendo el protagonismo y la decisión en el Poder Ejecutivo (que ejerce el Gobierno) y en los partidos políticos mayoritarios, que son los que han procedido al reparto de las vocalías del CGPJ entre sus respectivos afines, dejando en una “farsa” la escenificación de la designación formal de los vocales por las Cortes y la elección de su Presidente por los vocales en la primera reunión del CGPJ renovado.

Lamentablemente, da igual que los vocales del CGPJ designados puedan ser profesionales de reputada competencia, con sobrados méritos y capacidades para ocupar dicho cargo, pues lo cierto es que su elección se produce por su afinidad a un concreto partido político y serán catalogados como “conservadores” o “progresistas” en función de quién les haya designado, esperándose que cumplan las expectativas de éstos y que en el futuro puedan devolverles algún favor o que estén al servicio del programa político e ideológico del partido que les ha designado. A este respecto, hay que tener en cuenta que los vocales del CGPJ tienen, entre otras funciones, designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional así como, discrecionalmente, sin criterios reglados y públicos, a los altos cargos judiciales (que tienen encomendada, entre otras, la competencia para repartir asuntos a otros jueces y magistrados e instruir y/o enjuiciar los procesos que afectan a los políticos y a sus actuaciones, dado los aforamientos que existen) y ejercen funciones disciplinarias y de inspección sobre los jueces y magistrados (lo que se convierte en una importante herramienta para la amenaza y coacción a jueces que pueden ser “molestos” para el poder político). Es evidente el poder que se puede obtener controlando el nombramiento de los vocales del CGPJ y el interés que ello genera en los partidos políticos.

Por ello, el actual sistema de elección de vocales del CGPJ se presta a la corrupción política, afecta a la apariencia de independencia judicial y a la confianza de los ciudadanos en la justicia, razones por las que organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y la Comisión Europea han venido recomendando a España, desde hace años, el cambio del sistema de elección de los doce miembros judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los propios jueces, sin intervención alguna de las autoridades políticas.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su administración de justicia, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión (Sentencia de 24 de junio de 2019, C-619/18, apartado 52 y jurisprudencia citada) y que, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe garantizarse la independencia de los tribunales frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo (véase, en este sentido, la Sentencia de 10 de noviembre de 2016, Poltorak, C-452/16, apartado 35). A este respecto, señala el TJUE (Sentencia de 19 de noviembre de 2019, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, apartados 140 y 144) que, para comprobar si un órgano de gobierno del Poder Judicial ofrece o no suficientes garantías de independencia frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, deberán tenerse en cuenta todo los aspectos pertinentes tanto de hecho como de Derecho y que se refieran tanto a las condiciones en que se designó a los miembros de dicho organismo como a la manera en que desempeña concretamente su cometido de velar por la independencia de los jueces y tribunales y la forma en que ejerce sus diversas competencias, en particular si lo hace de modo que puedan suscitarse dudas en cuanto a su independencia con respecto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

El flagrante incumplimiento por parte de España de la normativa europea en materia de independencia judicial y separación de poderes (derecho a un juez independiente e imparcial ex art. 19 del Tratado de la Unión Europea, art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) resulta aún más evidente ante los últimos pronunciamientos del TJUE en los diferentes procedimientos por infracción contra Polonia (sentencia de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia C-619/18, EU: C: 2019:531, apartado 58; sentencia de 19 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18; y sentencia de 2 de marzo de 2021, C-824/18) y ante las sentencias del TEDH de 22 de julio 2021 (Reczkowicz), 8 de noviembre 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek) y 3 de febrero de 2022 (Advance Pharma), que declaran vulnerado el derecho de distintos ciudadanos polacos a que sus asuntos sean examinados por un tribunal independiente e imparcial, al haber sido resueltos por un tribunal -el Tribunal Supremo de Polonia- cuyos miembros habían sido total o parcialmente designados por un consejo de la magistratura cuyos miembros judiciales, a su vez, habían sido elegidos por el Parlamento.

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el sistema de elección de vocales del CGPJ en la STC 108/1986, de 29 de julio, con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, en contra del reparto de vocalías entre los partidos políticos en proporción a su fuerza parlamentaria, indicando que «la existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional (el art. 122.3 de la CE), parece aconsejar su sustitución».

Por todo ello, se hace preciso reformar el sistema vigente de elección de vocales del CGPJ previsto en la LOPJ para que éstos sean elegidos por estrictos criterios de mérito y capacidad, sin injerencia ni influencia política y siendo los doce vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, directo y secreto, sin intervención de los partidos políticos.

Atendiendo a la situación de interinidad del actual CGPJ y a que la limitación de sus funciones por LO 4/2021 de 29 de marzo está afectando al funcionamiento del sistema judicial al no poderse cubrir plazas vacantes en diversos órganos judiciales, en los Informes sobre el Estado de Derecho en 2022 y 2023, la Comisión Europea recomienda proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros teniendo en cuenta las normas europeas.

El objetivo de la intervención del Comisario Reynders es, precisamente, la implementación de dicha recomendación en sus dos aspectos: renovar el CGPJ y reformar el sistema de elección de los vocales jueces. Se fija ese orden, pero lo cierto es que, la reforma de éste debería ser previa y procederse a la renovación conforme al nuevo sistema de elección, pues, de producirse la renovación conforme al actual sistema, estaría viciada de nulidad radical ex art. 47 Ley 39/2015 y sería contraria a los estándares europeos sobre independencia judicial, con las consecuencias jurídicas que ello tendría.

En efecto, conforme al art. 207 del Reglamento del Congreso, cabe considerar que el expediente relativo al nombramiento de vocales del CGPJ que se tramitaba en dicha Cámara en 2018 caducó al disolverse ésta en 2019, y que habría que iniciar un nuevo proceso. En caso de continuarse con el proceso iniciado en 2018, el nombramiento del nuevo CGPJ devendría nulo de pleno derecho.

Además, hay que tener en cuenta que, del proceso previsto actualmente en la LOPJ se infiere que los datos a considerar (escalafón, asociaciones judiciales registradas, número de jueces y magistrados afiliados a cada asociación o no afiliados y categoría judicial) son los existentes al inicio del proceso, con la remisión por el Presidente del CGPJ a los Presidentes de ambas Cámaras de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales (art. 568 LOPJ), y en el momento de proceder a su designación por las Cámaras, al tener que respetar una proporción (art. 578 LOPJ), partiéndose de que el proceso no tardará más de cuatro meses (que es la antelación con que se debe remitir los datos por el Presidente del CGPJ, antes de la expiración del mandato de éste, ex art. 568 LOPJ). Por tanto, no tiene sentido continuar en 2024 con un proceso de designación de vocales con los datos facilitados en agosto de 2018 y los candidatos del turno judicial presentados en septiembre de 2018 (recuérdese que las candidaturas de juristas que se presentaron fueron retiradas), cuando los datos a considerar han cambiado y también son distintas las circunstancias de cada uno de los 51 candidatos que se presentaron en 2018 (categoría, antigüedad, etc), no encontrándose actualmente siete de ellos en situación de servicio activo en la carrera judicial (requisito imprescindible para ser candidato) y desconociéndose si los candidatos mantienen los avales que presentaron en su día (12 avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura, 8 por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, 6 por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, 1 por la Asociación Ágora y 24 con el aval de al menos 25 compañeros). Además, dos de los candidatos han retirado su candidatura y ninguno de los candidatos tendría la categoría de juez, con lo que esta categoría no se encontraría representada en el futuro CGPJ de seguirse con el proceso iniciado en 2018.

Y no hay que olvidar la reforma aprobada por Ley Orgánica 4/2018 de 28 de diciembre, que prevé que todos los vocales del CGPJ desempeñen sus funciones con dedicación exclusiva, siendo incompatible dicho cargo con cualquier otra actividad profesional, previsión que no existía al tiempo de presentarse candidaturas a vocales a turno judicial en septiembre de 2018 y a turno de juristas en noviembre de 2018.

Asimismo, en este período ha habido otras cinco promociones de jueces, que no pudieron participar en el proceso iniciado en agosto de 2018 y, que, al igual que al resto de jueces y magistrados en activo en 2018 (que no se presentaron entonces pero cuyas circunstancias personales, profesionales y familiares han podido cambiar, así como su voluntad de concurrir como candidato, máxime al restablecerse la dedicación exclusiva de todos los vocales del CGPJ), de continuarse actualmente con dicho proceso iniciado en 2018, se les estaría impidiendo participar en un proceso de este tipo hasta cinco años después de que se designe al próximo CGPJ.

Por tanto, si el nombramiento de los vocales del turno judicial se produce siguiendo el proceso iniciado en 2018, al haber caducado éste según el art. 207 del Reglamento del Congreso y al afectar a un derecho fundamental de los jueces (los de las cinco últimas promociones, de los jueces que no se presentaron en 2018 y de los jueces que sí presentaron su candidatura pero cuyos méritos han aumentado y no se tengan en cuenta) como es el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación (art. 23.2 Constitución), los nombramientos de los nuevos vocales del turno judicial estarían viciados de nulidad y cabría la interposición por los afectados de recurso de amparo contra la propuesta de nombramiento ex art. 42 LOTC.

Igualmente lo estarían los nombramientos de vocales juristas si no se siguiera el procedimiento legalmente establecido para su designación, pues no hay que olvidar que las candidaturas presentadas en noviembre de 2018 se retiraron, con lo que debería iniciarse nuevo proceso parlamentario de presentación de candidaturas a vocales por el turno de juristas y celebrar comparecencias de éstos ante la Comisión Consultiva de Nombramientos.

Por otra parte, dado que el reparto de vocalías entre los partidos políticos solo en proporción a su fuerza parlamentaria resulta contrario al espíritu del art. 122.3 CE y al criterio fijado por el TC en Sentencia 108/1986, de 29 de julio, cualquiera de los candidatos que no fuera elegido y cualquier parlamentario de un partido minoritario que no hubiera participado en el acuerdo de reparto de los partidos mayoritarios podrían interponer recurso de amparo contra la propuesta de nombramiento por vulneración del art. 23.2 y 23.1 CE, respectivamente. Ello sin perjuicio de que el propio TC se plantease la autocuestión de inconstitucionalidad.

Por último, como se ha expuesto, la renovación del CGPJ con el actual sistema de elección incumpliría de forma evidente la normativa europea y supondría la vulneración de derechos fundamentales (derecho a un juez independiente e imparcial (art. 19 TUE, art. 47 CEDF y art. 6 CEDH) y estándares europeos en materia de independencia judicial, según jurisprudencia del TJUE y TEDH indicada anteriormente, pudiendo servir de base para una acción de la Comisión Europea ante el TJUE o una acción judicial por un afectado en dicho derecho ante el TEDH.

Si no se cumplen las normas europeas sobre Estado de Derecho y separación de poderes, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del TUE, podemos empezar a encontrarnos de manera inminente con decisiones del TJUE y del TEDH que pongan en evidencia la renovación del CGPJ con el actual sistema de elección.

Por todo ello, en contra de la recomendación de la Comisión Europea, debería reformarse el sistema de elección de los vocales del CGPJ para impedir su reparto por los partidos políticos y permitir la elección por los miembros de la carrera judicial de los 12 vocales judiciales y, luego, proceder al nombramiento de sus nuevos vocales conforme al nuevo sistema de elección.

En el presente caso, el orden de las actuaciones sí altera el producto, pudiendo aprobarse la reforma en apenas tres meses y siendo el nuevo CGPJ acorde a la normativa europea e interna, con todo lo que ello implica.

De no hacerse así, seguirá menoscabada la confianza que, en un Estado de Derecho, la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables. Procede fortalecer dicha confianza para, a su vez, robustecer al propio Estado.

9 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Otro artículo clave para la memoria democrática .
    El sistema actual es inviable y está condenado a su fracaso, no solo por la fragmentación política que dificulta y hasta impide las mayorías cualificadas necesarias, sino porque es contrario a nuestra constitución y a los fundamentos de la Unión Europea .
    La «excepción ibérica judicial » sería demoledora para la continuidad de la UE.
    La posición de los jueces y fiscales, que están luchando por la independencia judicial, está justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará.
    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
    El periodismo debería actualizar su cultura política y abandonar las calificaciones políticas que han quedado obsoletas por el régimen de la Unión Europea.Los jueces y fiscales de la UE no deben obediencia a los políticos, esto es propio de las democracias del tercer mundo , en las que el Estado es el botín del que gana las elecciones ..
    Del discurso de Felipe VI del 31-1-23 «La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual “.«Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos»
    Hay , pues, dos opciones políticas sobre la justicia en España, los conservadores del sistema judicial actual y los partidarios de la separación de poderes y de la independencia judicial, base de la democracia, del Estado de derecho y del régimen de la Unión Europea.

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  2. Manuel Villa Díaz
    Manuel Villa Díaz Dice:

    Se dice en el artículo:
    1. “Por todo ello, se hace preciso reformar el sistema vigente de elección de vocales del CGPJ previsto en la LOPJ para que éstos sean elegidos por estrictos criterios de mérito y capacidad, sin injerencia ni influencia política y siendo los doce vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, directo y secreto, sin intervención de los partidos políticos.”

    No está clara la cosa, pues si son elegidos por mérito para qué va haber una votación. Si se vuelve a la LOPJ de 1980 que consagraba el que los 12 vocales fueran elegidos por los jueces y magistrados, se caería en la lucha partidista para la elección de los vocales del CGPJ. La LOPJ de 1985 se usa para repartirse los vocales los partidos mayoritarios de las Cámaras. La solución es clara: Ni para tí, ni para mí, se hace un sorteo entre los candidatos, para los que se establecen requisitos objetivos, y los 12 que salgan se confirman mediante votación. Luego el sorteo entre candidatos se eleva al método de elección en la LOPJ y ya las renovaciones se haran en tiempo, con la paridad, etc… Si el juez pone sentencias, ¿Cómo no va a ser solvente para ser vocal? No hay un vocal más independiente que el sale del sorteo.

    2. “Atendiendo a la situación de interinidad del actual CGPJ y a que la limitación de sus funciones por LO 4/2021 de 29 de marzo está afectando al funcionamiento del sistema judicial al no poderse cubrir plazas vacantes en diversos órganos judiciales,”

    La LO 4/2021 de 29 de marzo es una ley vicaria. Se hizo para hacer daño y debería haber sido declarada, no ya inconstitucional, sino nula por el TC, pues el legislativo no tiene su potestad legislativa para hacer leyes que hagan daño al conjunto de los españoles. Tan es así, que tuvieron que hacer la LO 8/2022 de 27 de julio para enmendar parte del daño de la LO 4/2021 de 29 de marzo. Las vacantes son consecuencia de esa ley vicaria, por el berrinche de no hacerse el Gobierno con el control del CGPJ para la designación de los dos miembros del TC. Los tres meses que le fijó el Gobierno al CGPJ en la LO 8/2022 de 27 julio para la designación de los miembros del TC los ha sobrepasado ampliamente en el Senado para el sustituto que le ¿corresponde?, según la jerga de los partidos, al PP. Tampoco el PP se queja mucho. Se decía que la LO 4/2021 de 29 de marzo era para determinar lo que es el CGPJ en funciones. No ha solucionado nada esa ley. En la LOPJ de 1985 el estar el CGPJ en funciones, con todas sus capacidades, significaba que podían ser renovados los vocales en cualquier momento. Incluso la prohibición del nombramiento que se mencionaba en LOPJ de 1985 tampoco existía, pues los vocales proponen al Presidente del Tribunal Supremo según la CE y no eligen al Presidente del CGPJ pues este cargo es propio del Presidente del Tribunal Supremo. Esa es otra, la bicefalia que existe se la han inventado.

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  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Totalmente de acuerdo. No debe haber “renovación” si no hay reforma previa en profundidad del sistema de elección de los miembros no sólo del CGPJ, sino del Tribunal Constitucional (que debería ser innecesario si los juces ya se atienen inicialmente a la Constitución y si hubiera recurso previo de inconstitucionalidad).
    El mantener poder más o menos directo desde el gobierno y los partidos sobre el mundo judicial es una de las taras más graves de un sistema democrático, así como lo es -y se apunta acertadamente- la calificación de los propios jueces por ideologías que anulan la imparcialidad y neutralidad de toda función pública.
    Pero más absurdo es que deba ser un comisario europeo quien venga a poner orden en nuestro sistema institucional cuando el artº 56 de la C.E. encarga estas funciones a la Jefatura del Estadoy el artº 62 la dota de atribuciones institucionales suficientes para ello.
    Un saludo.

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  4. Pedro Luis Egea
    Pedro Luis Egea Dice:

    Seamos escrupulosos y no pidamos incumplir durante más tiempo la ley, ya son más de 5 años. Renuévese el Consejo General del Poder Judicial, que más parece a estas alturas una cuarta cámara legislativa más que el Gobierno de los jueces, que es su papel. Cúmplase la ley sin dilación y luego discutan lo que proceda, Flaco favor hace a la democracia y al Estado de Derecho que una letrada proponga incumplir la Ley

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    • Lole
      Lole Dice:

      ¿Pedir la reforma de la ley es “incumplir la Ley”? ¿Se ha tomado la molestia de leerse el artículo entero? Parece que no ha pasado del primer párrafo.

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  5. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Los conservadores del sistema judicial actual están entre los responsables del descenso en la calidad democrática de España.
    El 30 de enero pasado se ha publicado el ranking correspondiente al 2023 sobre percepción de la corrupción en el que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180). El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional ,Manuel Villoria, ha subrayado en rueda de prensa que en materia de percepción de la independencia judicial España está en la cola de Europa” por interferencias y “la constante intención de presionar del Gobierno” y los políticos en el Poder Judicial…Para Villoria , el estancamiento de este año , unido al descenso de los dos anteriores , pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España `para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción…En concreto, Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación “ con carácter inmediato” del Consejo General del Poder Judicial con los estándares europeos y mejorar su independencia , lo que ha considerado” un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura”. ( entre otras).

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  6. Gabriel Antonio Dotor Castilla
    Gabriel Antonio Dotor Castilla Dice:

    Por supuesto, primero cumplir la ley vigente, y luego cambiar lo que sea menester.

    El actual sistema de designación del CGPJ responde a la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2013, cuyo proyecto fue defendido por el ministro Ruiz Gallardón.

    A mí el sistema vigente me parece correcto, si bien ocurre que ha sido desvirtuado por la práctica de nuestros partidos políticos, contraria a lo dispuesto en el artículo 568.1 de la LOPJ, que dispone:

    Artículo 568.

    1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

    2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:
    a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.
    b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.
    El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización.

    EL Presidente del TS y del CGPJ cumplió hace mucho tiempo con lo dispuesto en la Ley, a diferencia de los Presidentes del Congreso y del Senado.
    Es evidente que los últimos Presidentes de las Cámaras han incumplido un claro mandato legal (deberán), como claramente se expresa en el apartado II del Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2013, sin que ello haya tenido mayor consecuencia, quizás por las escasas voces que han llamado la atención sobre el asunto (singularmente, Manuela Carmena en El País).
    Lo que ocurre en la práctica es que los Presidentes del Congreso y del Senado obedecen las consignas de los partidos, y en tanto no hay acuerdo entre estos los presidentes no someten a votación ninguna candidatura. Este es el mecanismo que corrompe un sistema legal plenamente constitucional. Sería interesante saber si los Letrados de las Cortes han emitido algún informe al respecto; lo sabríamos si tales informes fueran públicos, pero lo impide una sorprendente opacidad que parece nadie quiere remediar.
    La tesis de que el procedimiento actual de nombramiento de los miembros del CGPJ ha caducado en aplicación del artículo 207 del Reglamento del Congreso es errónea. Se trata de un procedimiento complejo con dos fases, una primera judicial y otra segunda parlamentaria. Habrían caducado las actuaciones llevadas a cabo por las Cámaras, pero en modo alguno las candidaturas presentadas en tiempo y forma por los jueces y magistrados y debidamente avalados por compañeros y asociaciones judiciales. Está en juego el derecho fundamental de los candidatos a que su candidatura sea valorada y sometida a votación; justamente eso es lo que ha determinado el Tribunal Europeo en sentencia de 22 de junio de 2023, cuya ejecución sigue pendiente y a la que habrá que estar atentos.
    Que la ley vigente se haya corrompido mediante su inaplicación no significa que la solución del bloqueo sea cambiar la ley. Demasiadas veces en España el incumplimiento de las leyes se pretende solucionar con leyes nuevas, que a menudo también tropiezan con el incumplimiento. La ley no se defiende cambiando la ley sino cumpliéndola: en este caso, votando tantas veces sea necesario
    Si acaso algo debe cambiarse en la LOPJ es el excesivo ámbito de discrecionalidad del Consejo en los nombramientos de los altos cargos: menos discrecionalidad y más escalafón.

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    • Manuel Villa Díaz
      Manuel Villa Díaz Dice:

      El sistema vigente de elección de los vocales tiene fallos y se los han encontrado: Bloqueo por más de 5 años, superando el propio tiempo del mandato. Aunque los Presidentes de Congreso y Senado hubieran presentado la votación, no se habrían alcanzado los 3/5 que se requieren. ¿Quién fija los candidatos que ha de votar el Congreso y los que ha de votar el Senado? Si el Reglameto del Congreso fija el número de candidatos en 36 ¿Quién reduce la lista de más de 50 que se han presentado como candidatos? El SORTEO entre candidatos, que cumplen requisitos objetivos, elimina los bloqueos, se hace la renovación en tiempo y no hay vocal más independiente que el que sale del SORTEO. Se vota el sorteo y luego se eleva a ley el procedimiento de sorteo. . El sistema actual ya ha demostrado que no sirve. Se ha sobrepasado la renovación en más de 5 años.

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