La sostenibilidad del sistema español de seguridad social: un reto más

De entre los múltiples y complejos retos institucionales, sociales y políticos a los que se enfrenta España actualmente, el de la sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social, no es precisamente el menor.
Las diversas estructuras que conforman lo que se denomina estado del bienestar, surgieron en Europa, como con cierta perspectiva histórica señala IAN KERSAHW, gracias al favorable caldo de cultivo de una prolongada prosperidad económica, el boom demográfico y un equilibrio geopolítico derivado de la existencia de dos grandes potencias que se dio durante la segunda mitad del siglo XX. Este estado de bienestar sin duda ha contribuido a la enorme estabilidad social de los países europeos y a su capacidad de resistir los embates de las diferentes crisis económicas que han acontecido a lo largo de estos años. En la actualidad, ese entorno ha dejado de ser tan favorable y la perdurabilidad de nuestros modelos de previsión social requieren consolidar los cimientos y compensar los crecientes desequilibrios.
Así pues, estas estructuras, aunque consolidadas y fuertemente arraigadas, debido a su complejidad, requieren el mantenimiento una serie de equilibrios que permitan su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Además de la sostenibilidad demográfica y financiera del sistema -que son las tratadas con más frecuencia por los estudiosos- es necesario también tener en cuenta su sostenibilidad social y jurídico/administrativa.
La sostenibilidad demográfica implica que la base sobre la que se recaudan los recursos del sistema sea lo suficientemente amplia como para que cada prestación pueda ser financiada por un número suficiente de cotizantes. Así, por ejemplo, una caída de la natalidad puede ser compensada, al menos parcialmente, con políticas migratorias que atraigan talento extranjero al mercado laboral interno.
La sostenibilidad financiera supone que los cálculos actuariales sobre los cuales se calculan las prestaciones están directamente relacionados con los recursos del sistema. En un régimen de reparto como el español, esto supone una constante observación y, en su caso, reajuste a través de reformas paramétricas y estructurales, que garanticen el equilibrio entre los ingresos y gastos del sistema.
La sostenibilidad social viene determinada por la amplitud del respaldo que en la sociedad tenga el sistema, en la medida en que, a menor respaldo, más posibilidades hay de que surjan y triunfen opciones políticas que propugnen modelos distintos de previsión social (tal y como sucedió en Chile en los años 90). Esta falta de respaldo puede venir provocada por varias razones, como la insuficiencia real de las prestaciones para subvertir situaciones de necesidad, la falta de proporcionalidad entre el esfuerzo a realizar durante la vida laboral para el sostenimiento del sistema en relación con las expectativas que se esperan de él, o la pérdida de confianza en el futuro del sistema.
La sostenibilidad jurídico administrativa implica la existencia de una seguridad jurídica, entendida como la conciencia por parte de los operadores del mercado de trabajo de que existen unas reglas claras que no van a cambiar con cada cambio de gobierno; una aplicación rigurosa y objetiva de la regulación existente sin corrupción ni arbitrariedad en la asignación y reconocimiento de las prestaciones, previsibilidad en los plazos de resolución de los procedimientos y en la percepción de que existe una razonable eficacia en la lucha contra el fraude.
En el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema se encuentran descompensados.
Así, la abrupta caída en el número de nacimientos de hijos provocada por el final de la edad fértil de las mujeres del boom demográfico solo se ve parcialmente compensada por la llegada de inmigrantes que, en muchos casos, no se corresponden en su cualificación con las necesidades de nuestro mercado laboral.
El incremento en el coste de las prestaciones derivadas del aumento en el número de jubilados, una mayor pensión media y el vigente compromiso en la actualización de las pensiones con el IPC, no se corresponde con las capacidades de recaudación del sistema, y ello a pesar de las nuevas medidas introducidas, como la creación del “mecanismo de equidad intergeneracional”, el aumento de la base máxima de cotización y de las bases mínimas mediante la subida regular del salario mínimo interprofesional.
La pérdida de confianza en la futura suficiencia de las prestaciones, el creciente, en la práctica, cariz redistributivo del modelo frente a su carácter contributivo original, el desequilibrio entre la carga que se hace recaer sobre los salarios de los activos para garantizar las prestaciones de los pasivos derivada del menor número de trabajadores sobre los que descansa cada prestación, y la posible percepción de desigualdades entre los ciudadanos en razón de su lugar de residencia o de otras circunstancias, afecta la sostenibilidad social.
Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad jurídico administrativa, el fin del consenso básico que dio lugar al Pacto de Toledo, los cambios contradictorios de orientación de las reformas dependiendo del gobierno de turno, la perdida de capacidades de la administración de la seguridad social, que ha pasado de ser un modelo cuyo éxito se estudiaba en las escuelas de función pública extranjeras, a ser una administración envejecida y obsoleta, rematan el actual desequilibrio general que de manera directa afecta a la seguridad jurídica del sistema.
Durante la anterior legislatura, el planteamiento oficial, centrado en los elementos demográfico y financiero, consideraba que nos encontramos ante un desequilibrio meramente temporal, no más de unos veinte años, y que durante ese tiempo, los esfuerzos en el incremento de la recaudación y la lucha contra el fraude, unido al recurso a la deuda pública para cubrir los déficits será suficiente para superar ese periodo en el que existirá una descompensación entre el número de pensionistas y de trabajadores sobre los que descanse el sistema.
Sin embargo, las nuevas “reformas” que se barruntan fruto de los pactos que sustentan el actual gobierno, no solo inciden en alguno de los desequilibrios ya apuntados, sino que parecen ir más allá, previéndose un fraccionamiento territorial de la gestión del sistema e, incluso, la desaparición en la práctica del principio de “caja única”, por la vía del traspaso de funciones y servicios en esta materia a Cataluña y el País Vasco, abriéndose a la posibilidad de que la intensidad de las prestaciones pueda ser diferente en función de la comunidad autónoma donde se resida. La espita abierta en su día por la STC 239/2002 se convertiría así, en una auténtica brecha en los muros del sistema.
En resumen, la sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar. Nos va mucho en ello pues, aunque constitucionalmente el artículo 41 de la Constitución se configura tan solo como un principio rector de la política social y económica, el desarrollo alcanzado por nuestro sistema de seguridad social y su capilaridad, hacen que su existencia y suficiencia no solo sea un requisito para la estabilidad social y el crecimiento económico del país, sino que se ha convertido en un elemento esencial para la vigencia de nuestro “estado social y democrático de Derecho” tal y como lo define el artículo primero de nuestra Constitución.

6 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Muy buen artículo y con sólidos fundamentos.
    Hay solución.
    Una ciudadanía con experiencia política , como la de los países de democracia plena , hace años que tiene clara la diferencia entre la financiación del estado del bienestar , mejorando los servicios públicos y las prestaciones sociales y la de un estado clientelar.
    La clave para que el estado del bienestar sea sostenible es que los recursos públicos estén bien gestionados.
    El estado clientelar es el estado del bienestar para unos pocos, la clase política dirigente y sus apoyos y el sector sindical, cultural, intelectual y mediático que comparten , con ellos, el banquete de los ingresos públicos.
    La tarea principal de limpieza le corresponde a la sociedad .Las elecciones son el instrumento idóneo para ello. La manera que un estado clientelar se convierta en un estado del bienestar es que los contribuyentes eliminen a los intermediarios que “extraen” ( o roban según otros ) los recursos públicos para su beneficio electoral y/o personal y por ello, los políticos lo temen y gestionan mejor los recursos .
    Y también ,en una democracia , es clave que los servidores públicos ayuden a evitar que al Estado se le priven de recursos para atenciones fundamentales y acabe convirtiéndose en un estado clientelar con una” corrupción estructural
    Antes de su fallecimiento ( 16/7/2021) ,el conocido economista ,Gay de Liébana nos dejó esta recomendación , que fue publicada en numerosos medios. “en España se registran ineficacias presupuestarias que podrían resolverse «si somos capaces de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año». Cantidad que debería actualizarse porque .seguramente, ha quedado obsoleta.
    El día que los beneficiarios mediáticos salgan de la mesa del reparto, tendremos una idea más exacta de la corrupción estructural del sistema , del despilfarro y de la incompetencia de la gestión pública y de los problemas que no tardarán en aflorar .

    Responder
  2. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Nuestro drama es que el estado es insostenible, lo que dificultará la gobernanza de Sánchez.
    Sánchez ha agravado el problema por su política económica dirigida más a engrandecer el estado clientelar en su propio beneficio, que a ampliar la dimensión y competitividad del sector productivo del que depende la renta y el trabajo de los ciudadanos , la solvencia financiera, la inflación y hacer sostenible el estado del bienestar y el sistema de pensiones.
    La pérdida de soberanía por otra gran crisis como la de ZP nos obligará a reducir los costes del sistema público ( ajuste que cuando lo hacen “los otros ”se llama el austericidio “ ).
    Es previsible que, cuando llegue la hora del ajuste de gastos y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dé lugar a una época de convulsión política y de cambios importantes.
    La actual “tranquilidad social” obedece a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin.
    Cuando llegue este momento, muchos de los que hoy están impasibles o defienden este tipo de política económica tan antisocial, seguramente exclamarán “indignados” «¡ No me digas que el Estado no puede financiar los costes de los servicios públicos y las prestaciones sociales , porque PEDRO ha utilizado los presupuestos en su propio beneficio!
    Este desastre predecible no se lo van a perdonar ni a él ni tampoco al sector político, informativo e intelectual que le han apoyado.

    Responder
  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Bajo ese concepto vacuo “sostenibilidad” se esconden demasiadas y complejas cuestiones, por lo que sería conveniente saber a qué nos referimos. ¡Hasta los carritos de reparto postal! se autoproclaman “sostenibles”!
    Es evidente que los modelos de desarrollo social y económico que permitieron crear unas situaciones de supuesto “bienestar”, están desapareciendo a toda velocidad y que la precarización de las economías nacionales en aras de ideologías perversas, están llevando a planteamientos políticos basados más en dogmas y religiones (pensamiento único) que en el racional uso de recursos necesarios para una supervivencia digna de los humanos.
    En todo ello el sistema de Seguridad Social y Pensiones del futuro está gravemente tocado por varias circuntancias. La más importante es que, si no hay explotación de los recursos primarios y su transformación en bienes tangibles y reales (no distópicos) con sus consiguientes repercusiones en las estructuras sociales, el sistema habrá quebrado inevitablemente y el futuro no sólo estará lleno de incertidumbres e inseguridad, llevando al colapso a gran parte de las sociedades.
    Fue Kissinger… ¡qué lumbrera! en Detroit allá por los años 60 quien proclamó que la economía en adelante se basaría en tecnología y servicios. El sector terciario pasaba a primer plano en el mundo occidental, mientras que los sectores primario y secundario quedaban relegados y a disposición del mundo oriental (China por ejemplo). Esta gran metedura de pata no sólo no ha sido corregida, sino que ahora se ha aumentado al prohibirse la explotación de riquezas nacionales en aras de un “planeta verde” sólo existente en las fantasías de algunos personajes con intereses económicos y de poder muy fuertes, capaces de doblegar y manipular las leyes de la Ciencia a base de dinero.
    Una cosa es evitar el despilfarro que ha supuesto el consumo compulsivo de toda clase de artefactos (ahora el vehículo eléctrico) y otros “bienes” banales y sus efectos contaminantes y otra muy diferente someter al mundo occidental (el oriental va por su lado) a una especie de “Arcadia” bucólica sometida a las estupideces de esas “agendas” o “planes quinquenales” que las nuevas religiones suponen.
    En España la Seguridad Social fue en otros tiempos de verdadero desarrollo, la garantía de unos servicios públicos esenciales para los ciudadanos, sus familias y sus proyectos de vida. Hoy sus fondos parecen haberse extraviado en operaciones interna presupuestarias al mismo tiempo que desaparecen las actividades económicas, se las persigue y se las asfixia porque son símbolo de libertad, para quedar todos al albur de las “limosnas” que con nuestro propio dinero podamos merecer según el criterio político.
    Un saludo.

    Responder
  4. Herminia Peraita
    Herminia Peraita Dice:

    El fraccionamiento territorial en nuestro país ya existe en muchos ámbitos. Por citar solo dos: la forma de acceder a la universidad, en virtud de unos exámenes diferentes en cada CCAA, introduce disfunciones y desigualdades, con importantes consecuencias . Los salarios de los profesores y personal sanitario, también son diferentes en las distintas CCAA.
    Por último, el Sr. Egea pide datos. Para tomar postura sobre algunos temas, en este caso – en parte – potenciación del clientelismo, no siempre hacen falta datos, pues el tema es de concepto, es decir cualitativo.
    De nuevo dos ejemplos: ¿Es necesario financiar el cine un día a la semana para gente mayor? ¿Es necesario financiar el 50% del interrail a los jóvenes a partir de una edad, desde los 18 y ¡hasta los 30!, tenga su familia incluso un nivel de renta elevado? ¿Y el trasporte ferroviario y en autobús al 90% para los mismos jóvenes? El coste es de 170.000.000 de euros.
    Muy buen artículo y muy ilustrativo

    Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *