¡Hay jueces en Madrid!

El lema “hay jueces en Berlín” se ha convertido en un aforismo que sintetiza el ideal que sostiene la bóveda de todo Estado de Derecho: el control judicial del poder como garantía del imperio de la ley. Como nos recordaba en estas páginas el profesor Manuel Aragón, el origen de esta expresión se encuentra en una historia fabulada que, con diferentes versiones, cuenta cómo un molinero prusiano se enfrentó al intento del rey Federico II el Grande de expropiarle arbitrariamente su molino indicándole que podía defender sus derechos ante los jueces de Berlín.

Y eso es, precisamente, lo que de forma real (y no fabulada) ha resuelto el Tribunal Supremo en sendas sentencias que nos han recordado que, todavía, ¡hay jueces en Madrid! Me refiero, por un lado, a la sentencia de 21 de noviembre, que anula la decisión del Fiscal General del Estado de ascender a su antecesora, la señora Dolores Delgado, al considerar que incurrió en desviación de poder; y, por otro lado, a la sentencia de 30 de noviembre, que estima el recurso planteado por la fundación Hay Derecho contra el nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado, quien no cumplía el requisito legal de ser una “jurista de reconocido prestigio”. Ambas decisiones han sido adoptadas por unanimidad de la sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. A esta saga podrían sumarse otros casos recientes en los que el Supremo también anuló el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores (sentencia de 18 de julio de 2023) o en el que paralizó cautelarmente los nombramientos del Presidente y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, en marzo de 2023, cuyos cargos habían pactado PP y PSOE, dando a conocer los nombres de los designados antes de que se abriera el concurso público previsto por la ley. En este último supuesto, tan manifiesto era el quebranto que el Gobierno tuvo que allanarse.

Estos casos nos recuerdan cómo la historia de la construcción del Estado de Derecho es, en buena medida, la crónica de una serie de avances normativos y de decisiones judiciales en esa “lucha contra las inmunidades del poder”, como escribiera el maestro García de Enterría, que han llevado a sujetar cualquier acto de un poder público al control jurisdiccional. Por ello, aunque estas decisiones de nuestro Alto Tribunal tienen algo de novedoso, sin embargo se incardinan “en la  importante tradición de la jurisdicción contencioso-administrativa, dirigida a reducir las inmunidades del poder ejecutivo, procurando que las legítimas y necesarias apreciaciones y decisiones políticas de éste se hagan efectivas dentro de los linderos previamente marcados por el poder legislativo”, como ya sostuviera el Supremo en una célebre sentencia de 1994 en la que enjuició del nombramiento del Fiscal General del Estado realizado por el Gobierno.

De hecho, lo único escandaloso en estos casos ha sido la reacción del propio Gobierno, que ha confirmado en su cargo al Fiscal General que ha visto desautorizados varios de los nombramientos que ha venido realizando y, sobre todo, que ha lanzado a algunos de sus ministros a cuestionar la legitimidad de una fundación privada dedicada a la defensa de la legalidad para recurrir los actos gubernamentales y la capacidad del Supremo para revisarlos. Parecería que el Gobierno quiere rescatar la vieja categoría de los actos políticos no susceptibles de revisión judicial, que tanto nos costó superar, pero que ahora vuelve a recuperar vigor sintonizando con las tendencias políticas que contraponen legitimidades legales a democráticas y que apelan al carácter soberano de lo que deciden los órganos políticos. Se olvida que sólo es democracia auténtica la liberal, es decir, la que nace de la síntesis inescindible entre Estado democrático y de Derecho, aquella en la que, como reza nuestra Constitución, “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

No hay, pues, injerencia alguna en la separación de poderes en ninguna de estas sentencias. O, por mejor decir, el único menoscabo a la separación de poderes es el que se atisba en unos ministros que, con boca pequeña, dicen “respetar” las sentencias, pero luego inoculan en la opinión pública el virus de que en nuestro país hay una especie de lawfare o de persecuciones judiciales.

Tales intentos de descredito de nuestro Alto Tribunal se topan contra un muro, que ni siquiera las informaciones sesgadas sobre pretendidas mayorías conservadoras en los órganos judiciales logran agrietar. Porque el Tribunal Supremo, todavía hoy, está integrado por solventes magistrados, estos sí, juristas de reconocido prestigio, que podrán tener sus sensibilidades ideológicas, pero que nadie, de buena fe, puede dudar de que actúan como un órgano jurisdiccional imparcial. Para colmo, a la solidez de sus argumentaciones jurídicas suelen añadir que, tras profundas deliberaciones, sus sentencias se alcanzan en muchos casos con amplias mayorías e, incluso, por unanimidad, disipando así cualquier duda sobre las preferencias o afinidades individuales de sus magistrados.

Diría más: en este clima de descomposición político-institucional, creo que todavía nos quedan dos refugios: los jueces y tribunales, con el Supremo a la cabeza -excluyendo, por desgracia, al Consejo General del Poder Judicial, que lleva años no sólo bloqueado, sino capturado políticamente-, que actúan como baluartes del imperio de la ley; y la Corona, que en un entorno disruptivo y polarizado, donde cualquier discurso político suena a mitin, se erige como una reserva de institucionalidad que, desde la absoluta neutralidad, cumple con una importante función simbólica en aras de realizar el ideal de integración política sostenido en unos valores comunes que debemos preservar.

Pues bien, la independencia de nuestros altos tribunales, y en especial del Supremo, es lo que está en juego con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Urge salir del bloqueo, pero si los elegidos son soldados de partido estaremos hiriendo de muerte a nuestra ya maltrecha democracia.

Hemos de ser conscientes de que llevamos años -incluso décadas- sufriendo una grave enfermedad: la partitocracia, que se traduce en la colonización partidista de todo el espectro institucional, con el consiguiente desmantelamiento del sistema de pesos y de contrapesos, de frenos al poder, sin los cuales no puede sobrevivir una democracia liberal. Un mal que se ha acelerado en los últimos años.

El ejemplo más reciente y trágico lo hemos vivido con el Tribunal Constitucional. Si la renovación acordada por el Congreso en 2021 fue bautizada como el pacto de la “pinza en la nariz”, porque la designación de los magistrados constitucionales se convirtió en un juego de “tragar sapos” (Echenique dixit), un año después el Gobierno cruzaba importantes líneas rojas al nombrar a dos miembros de su Gobierno como magistrados. El prestigio profesional ha cedido su lugar a la afinidad política y la consecuencia, como era previsible, ha sido una profunda mutación del propio órgano que parece responder más a la lógica política que a la jurisdiccional, como se aprecia en el recurrente alineamiento por bloques ideológicos de sus magistrados. Aquel que estaba llamado a ser la coronación del Estado constitucional de Derecho, se encuentra hoy en alto riesgo de perder su credibilidad. Algo muy grave. Y si eso se traslada al Supremo será, reitero, letal. Como escribiera Balzac, “desconfiar de la magistratura es un comienzo de disolución social”.

Por ello, no es exagerado advertir que la supervivencia de nuestra democracia depende de que los dos principales partidos alcancen un acuerdo para renovar el Consejo y el magistrado que falta en el Tribunal Constitucional, respetando el espíritu constitucional que les exige buscar a juristas independientes del mayor prestigio. Entes de la sociedad civil como Hay Derecho o Más Democracia han realizado propuestas solventes para desbloquear a través de un sistema de sorteo con garantías. Hago votos porque así se haga, porque solo así podremos seguir diciendo que todavía hay jueces en Madrid.

El texto fue publicado  originalmente en El Mundo (12/12/2023)

8 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    El sistema actual es inviable y está condenado a su fracaso, por la fragmentación política actual que dificulta y hasta impide las mayorías cualificadas necesarias, especialmente si en el gobierno participan partidarios de regímenes autoritarios contrarios a la independencia judicial . Además es contrario a nuestra constitución y a los fundamentos de la Unión Europea. .
    Entrar en la UE nos obligaba a cambiar de modelo. La «excepción ibérica judicial » sería demoledora para la continuidad en la UE.
    La posición de los jueces y fiscales, que están luchando por la independencia judicial, está justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará..
    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
    Hay dos opciones políticas sobre la justicia en España, los conservadores del sistema judicial actual y los partidarios de la separación de poderes y de la independencia judicial, base de la democracia, del Estado de derecho y del régimen de la Unión Europea.
    El periodismo debería actualizar su cultura política y abandonar las calificaciones políticas que han quedado obsoletas por el régimen de la Unión Europea. Los jueces y fiscales de la UE no deben obediencia a los políticos, esto es propio de las democracias del tercer mundo , en las que el Estado es el botín del que gana las elecciones .

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  2. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    En este momento de lucha colectiva de tantas personas e instituciones en favor de la democracia y del Estado de derecho, hay que alegrarnos de tener , como referencia, las palabras de un Jefe de Estado ,demócrata y competente ,que conoce las obligaciones de las instituciones y de los funcionarios públicos .Del discurso de Felipe VI del 31-1-23 «La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual “.«Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos».
    Los conservadores del sistema judicial actual están entre los responsables del descenso en la calidad democrática de España.
    El 30 de enero pasado se ha publicado el ranking correspondiente al 2023 sobre percepción de la corrupción en el que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180). El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional ,Manuel Villoria, ha subrayado en rueda de prensa que en materia de percepción de la independencia judicial España está en la cola de Europa” por interferencias y “la constante intención de presionar del Gobierno” y los políticos en el Poder Judicial…Para Villoria , el estancamiento de este año , unido al descenso de los dos anteriores , pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España `para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción…En concreto, Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación “ con carácter inmediato” del Consejo General del Poder Judicial con los estándares europeos y mejorar su independencia , lo que ha considerado” un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura”. ( entre otras).

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  3. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Democracy Index ” reparte los países en grandes grupos : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario
    Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba .
    Podemos, Izquierda Unida , E.R.C. y EH BILDU ( y más como la CUP….) han demostrado su admiración por el régimen político que impera en estos países . Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados
    Los insultos y amenazas a los jueces independientes tienen , entonces, una explicación.
    Hay dos tipos de políticos , intelectuales y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte de los grupos políticos que apoyan a Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el.
    Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los derechos y libertades de los “ otros”, los jueces independientes , el Parlamento, la oposición , el control de la gestión política y hasta no les importaría que se fueran los que no les votan. Si , con la independencia se fueran de la UE no volverían, no es su sistema . El suyo , en el que sueñan , la incompetencia, la corrupción, el despilfarro y el abuso de poder “de los nuestros” no tiene sanción .

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  4. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    El día 23 de febrero de 2024 , en el periódico La Vanguardia que había mantenido una “línea editorial “ coincidente con PRISA en contra de la separación de poderes , tiene para Polonia otra visión en el artículo “La UE aplaude el plan de Polonia para restaurar el Estado de derecho “BEATRIZ NAVARRO.( EXTRACTO) :
    “ la UE y Polonia ven la luz al final del túnel después de seis años de pulso institucional y político durante el que los gobiernos ultraconservadores del PiS construyeron un sistema de justicia que no es sino una extensión del poder ejecutivo, según los análisis de la Comisión Europea.”
    “Bruselas mantiene decenas de millones de euros en ayudas congelados por violar los principios y valores básicos de la UE.”
    “Para demostrar a la UE su voluntad de avanzar rápido, el Gobierno aprobó el martes un proyecto de ley para reformar el sistema de elección de los jueces de modo que sean nombrados por sus pares y no por el poder político, en línea con lo que Bruselas reclama también a España.”
    “En caso de que el Gobierno logre la aprobación de estas leyes en el Parlamento pero luego sean vetadas por el presidente, los ministros europeos deberán evaluar si se dan o no las condiciones para cerrar el procedimiento sancionador del artículo 7, que hasta la fecha solo se ha activado para Polonia y, en el 2018, a Hungría, aunque en este caso a instancias de la Eurocámara. El mandato de Duda acaba en el año 2025. En paralelo a resolver la afrenta del artículo 7, el Gobierno polaco se ha propuesto actuar con rapidez para cumplir las condiciones fijadas en los reglamentos europeos y poder acceder a 76.500 millones de euros del Fondo de Cohesión y 34.500 millones del fondo de recuperación y resiliencia, que el país debe usar como tarde en el 2026, cuando expira el programa “.

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  5. Pedro Luis Egea
    Pedro Luis Egea Dice:

    Quizá el autor ha llegado recientemente a España, pero debe informarse convenientemente. En TODA España hace mucho que hay jueces. Aunque para algunos parece que solo los hay cuando ven satisfechas sus tesis, algo que es poco democrático y, desde lo jurídico, impropio; especialmente cuando ciertas afirmaciones las realiza un profesor de derecho

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  6. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Se posicionaron en contra de la separación de poderes un sector de nuestro periodismo más influyente. El editorial 14 -7-22 de La Vanguardia ( coincidente con PRISA) era desconcertante, pero aclaraba su falta de compromiso democrático ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    Su posición es propia de la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones
    ¿Sería deseable, como dicen El País y La Vanguardia, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
    Si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen ? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?¿ El TC se adaptará en cuotas a la ” cambiante radiografía social” o continuará obedeciendo a los que les nombraron?
    En La Vanguardia19-1- 2014 en el artículo de Maria Paz López “El TC polaco rechaza el plan de Tusk de reforma de los medios públicos “ hay una referencia a un tema que aquí no se plantea aunque tenemos problemas parecidos” “muchos juristas polacos cuestionan la legitimidad de las sentencias del Tribunal Constitucional con su actual composición”

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  7. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Comprendo que se quiera ensalzar a la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo porque le dio la razón a Hay Derecho. Pero me parece una mirada tuerta.

    Personalmente me fijaría en los jueces de lo Penal del Tribunal Supremo. Sabemos que el PP indicó que “Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás”… No parece que les hiciera falta renovar el CGPJ para ello, porque desde entonces:

    – Se ha cambiado toda la jurisprudencia precedente sólo para que agresores sexuales salieran antes a la calle (el único motivo que se me ocurre es porque la ley del “Sólo Sí es Sí” la había impulsado especialmente Podemos).

    – Se ha echado, inconstitucionalmente, a Alberto Fernández de su escaño (el único motivo que se me ocurre es porque era de Podemos).

    – Se ha incumplido la Ley para encarcelar parlamentarios catalanes que no habían cometido ningún delito flagrante (el único motivo que se me ocurre es porque eran independentistas).

    En otras palabras: Los “jueces de Madrid” son los principales responsables de que España no sea una Democracia ni un Estado de Derecho.
    Pero el principal problema de España es que no se buscan responsabilidades a esos jueces “presuntamente” terroristas, de manera que pueden seguir su contumaz ataque a la Democracia hasta jubilarse. Por eso me temo que muy probablemente pretenderán ser mayoría en el CGPJ, para así intentar asegurarse una jubilación lo más tranquila posible.

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  8. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    El problema en Cataluña y en el Pais Vasco es que los defensores de la constitución y de la UE ( ya que el independentismo las sacaría fuera) tienen un clima institucional , cultural , informativo y educativo hostil dentro de un régimen clientelar “ que le machaca sus derechos ” , aunque participen en su financiación y que falta , en el resto del España, salvo excepciones, una información solvente de lo que pasa que desmoraliza a los que lo sufren.
    Confundir Cataluña con su clase dirigente es un error inexplicable. Es como confundir España con Sánchez. Si los catalanes han votado a la clase más incompetente , inmadura , irresponsable y extractiva de la UE, también lo han hecho por toda España con el ´peor gobierno de la democracia .
    Puigdemont representa a un pequeño grupo de catalanes, al resto no. En las última elecciones generales de julio en Barcelona , Lleida y Tarragona el voto del PP y Vox junto, fue el 2º después del PSOE. Y en el conjunto de Cataluña, en votos totales , el PP es el tercero y por encima de ERC y JxCAT .La suma de PP y Vox los hace también , segundos¿ Es que no son catalanes?. ¿ Por qué tiene que dirigir el Gobierno de España el que en las elecciones generales últimas solo obtuvo el puesto quinto entre los votantes catalanes, un 11,16%? La actual relevancia se la ha dado Sánchez porque necesita sus votos, si no los necesitara volvería a ser un personaje insignificante .

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