EDITORIAL: Koldo y las malas costumbres
No vamos a tratar en este editorial de los presuntos delitos de Koldo García, pues es competencia de los tribunales determinar si se produjeron. Tampoco nos vamos a referir a las responsabilidades políticas derivadas de esas actuaciones por parte de quien le encumbró a los puestos públicos que le permitieron el acceso a los organismos decisores en materia de contratación pública. En todo caso, desde Hay Derecho hemos repetido muchas veces que la responsabilidad política no se limita o se reduce a la responsabilidad penal, como pretenden habitualmente nuestros políticos.
No obstante, existe otra cuestión sobre el exasesor (y/o guardaespaldas) del exministro José Luis Ábalos que nos parece gravísima y que parece pasar más desapercibida en los medios. Quizás porque forma parte de las costumbres patrias. Nos referimos al nombramiento de Koldo García primero como asesor del ministro Ábalos, y después como Consejero de la sociedad Renfe Mercancías SA y miembro del Consejo Rector de de Puertos del Estado cuando Ábalos era ministro de Transportes.
Pues bien, la Fundación Hay Derecho considera que este tipo de nombramientos se encuadra en lo que puede considerarse como corrupción institucional normalizada, es decir, una corrupción que se admite o se tolera no ya políticamente, sino socialmente. La Constitución española establece claramente el principio de mérito y capacidad para el acceso al empleo público y así lo desarrollan normas como el Estatuto Básico del Empleado público, que proclama en su artículo 1 que estos principios son los que deben presidir el acceso y la carrera profesional de los empleados públicos. También para el personal eventual (asesores). Se podrá decir que en esta norma no se incluye específicamente al personal directivo de las empresas públicas con forma mercantil, pero esto no es serio: no pueden exigirse más requisitos objetivos y más mérito y capacidad para ser cartero que para presidir Correos.
Por eso hemos realizado una serie de investigaciones en torno a los principios de mérito y capacidad en el sector público estatal y autonómico, con rigor, a través de investigaciones serias basadas en datos objetivos. Estas investigaciones buscan medir el nivel de politización y el amiguismo en el nombramiento de dirigentes de entidades públicas y se conoce popularmente como el Dedómetro.
En el último informe, de 2023, calificamos a 101 directivos de 43 entidades públicas de las comunidades de Madrid y Valenciana de acuerdo con los siguientes criterios: formación, experiencia profesional, experiencia profesional en la materia, experiencia en gestión, permanencia en el puesto e independencia política. Les recomendamos la consulta del informe (pueden ver ahí los baremos concretos), pero les adelantamos los resultados, que no les sorprenderán: la nota media es inferior al 5 en ambas comunidades autónomas y con gobiernos de distinto signo. Es interesante destacar que hay una enorme dispersión, existiendo algunos casos de 10 y de 0 y poca concentración en las notas intermedias. Pues bien, si aplicamos este baremo a Koldo García —con poco margen de error a pesar de que no hemos encontrado un currículum oficial— su puntuación total sería 0 (no está solo: en nuestro Dedómetro, cuatro de los 101 evaluados tienen un 0). Quizás se podría argumentar que no es dirigente de la empresa y que no habría que pedirle tanto, pero teniendo en cuenta que Renfe Mercancías factura más de 200 millones de euros anuales (y pierde casi 40), está claro que no le vendría mal tener consejeros con formación y experiencia.
El simple nombramiento de un colaborador cercano del ministro sin ninguna preparación profesional para el cargo demuestra un absoluto desprecio por la buena gestión y una concepción patrimonial y clientelar del poder político incompatible con un Estado democrático de derecho. Aunque no hay información pública de lo que cobró en estos puestos en esos años, las dietas en Puertos del Estado ascendieron a un total de 160.000 (hay 15 consejeros) euros y de 50.000 en Renfe Mercancías (a repartir entre siete consejeros). Es reveladora la evolución de dietas en esta última de 2018 a 2022: nada, es decir 0 en 2018, pero después, 27.000, 50.000, 58.000, 60.000. Esto es, simplemente, otra forma de corrupción. Significa que hay mucha gente viviendo de nuestros impuestos sin tener la más mínima formación y experiencia profesional para el cargo. Pero el coste de las dietas es lo de menos: lo de más, como estamos viendo, es el coste que supone esa incompetencia en la toma de decisiones.
Pero lo que es más revelador es que Ábalos defendió públicamente ese nombramiento, como pueden ver en este vídeo. Una diputada de Vox preguntó al ministro sobre la cualificación de Koldo García para ser consejero. Su contestación describe perfectamente el tipo de política que no queremos. Primero dice que el nombramiento se realizó de acuerdo con la legalidad vigente. Cuando le vuelven a preguntar con más detalle sobre el pasado y actividades de Koldo, la contestación comienza con un «y tú más» en relación con otros dirigentes de Vox. Después de ese ataque acude al victimismo, señalando que el Sr. García no se puede defender y que acaba de ser padre, cuando evidentemente el que se tiene que defender es el ministro que ha hecho el nombramiento, no el nombrado. Finalmente, alude a los méritos de Koldo en la lucha contra ETA, como si eso fuera una cualificación para ser consejero de una empresa ferroviaria, dando por hecho que las empresas públicas están para devolver favores. Quizás lo peor es que los aplausos espontáneos interrumpen al ministro en ese momento. El problema no es solo Ábalos, sino que los diputados consideren digno de aplauso premiar a los fieles con puestos en empresas públicas, tengan o no cualificación. Esto recuerda la desafortunada frase de Carmen Calvo de hace unos días, cuando dijo que nombrar para cargos institucionales a exministros «forma parte de los usos y costumbres aquí y en cualquier democracia». Para colmo, puso como ejemplo que Kennedy nombrara a su hermano fiscal general, ligando el nombramiento por conexiones políticas con el nepotismo («hermanismo», en este caso).
No es verdad que estos sean los usos de cualquier democracia, pero sí es, por desgracia, el caso de España. El Dedómetro revela que las deficiencias son semejantes en Madrid y en la Comunidad Valenciana, con gobiernos de distinto signo. Lo mismo nos dijo el Dedómetro estatal en 2020, cuya actualización estamos elaborando. Pero también es cierto que unas entidades funcionan mucho mejor que otras, particularmente cuando existen requisitos legales para acceder a puestos de responsabilidad o/y procesos de selección transparentes, con concurrencia, fijación a priori de criterios y procedimientos de selección, etc…) que pueden mejorar la calidad de los dirigentes. Las costumbres, cuando son malas, no se deben aplaudir, sino cambiar.
Editores del blog “¿Hay derecho?”
Pero qué puede ocurrir, como se dice en el artículo, si se aplaude la mentira. La defensa de la verdad es previa a la ideología. Si no se tiene esto en mente se carece de autocrítica, todo está bien si lo hacen los míos y todo está mal si lo hacen los otros. Cuántas veces hemos escuchado a periodistas concertados, refiriendose al caso de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que no había entrado en el espacio Schengen como decía la Restricción de la Unión Europea. Todo mentira. En la Resctricción de la Unión Europea no aparece el término “Schengen” sino territorio de los Estados. Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, no está en el espacio Schengen. La bancada que apoyaba al Gobierno aplaudió la mentira. La comenzó Marlaska y la continuó Abalos, todo en sede parlamentaria. La oposición, que no se había leído la Restricción de la Unión Eurpea, se tragó la mentira sin decir ni pío. Tampoco los medios de información alertaron de la mentira a la ciudadanía, cuando sólo hay que leer la Resctricción. Incluso el Presidente del Gobierno respondiendo al diputado Sr. Maroto en el Senado, refirió que sobre la vicepresidenta de Venezuela pesaba una prohibición de entrar en “territorio legal europeo”. ¿Se refería a Ucrania, o Serbia?. Todo para no decir España y reconocer que se había incumplido la Restricción. No sólo para Pedro Sánchez la mentira es el medio. Explosionó el asunto mascarillas y todos asombrados. Cada día se van conociendo nuevos datos. Nos vamos a tener que volver a poner la mascarilla dado el tufo que va cogiendo el asunto.
Muy buen artículo y muy necesario. Todo ha degenerado tanto que dichos nombramientos no son percibidos como corrupción aunque seguramente sean de las peores. Además el nombrado, obviamente ni trabaja para la Administración. Sólo es una forma de darle un sueldo mientras se dedica a hacer otros favores. Saludos
Desde luego, el artículo plantea aquello que está aceptado socialmente cuando no debería de serlo.
Voy a copiar un comentario que se encuentra en la página Web del Congreso de los Diputados y que a sus señorías no les interesa conocer:
“En cuanto al acceso a la función pública, existe una interconexión necesaria entre los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones. En efecto, el artículo 23.2 reconoce el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes. El contenido de este precepto y la igualdad a la que se refiere, han sido complementados por la exigencia contenida en el artículo 103.3 de la Constitución, cuando señala que el acceso a la función pública debe producirse de acuerdo con “los principios de mérito y capacidad”. Estos principios, aunque no se encuentran explícitamente citados en el artículo 23.2, sin embargo son la manifestación del principio de igualdad al que se alude en dicho precepto constitucional. O dicho de otra manera, los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública garantizados en el artículo 103.3 de la Constitución, forman parte del contenido material del derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Norma Fundamental. Señala el Tribunal Constitucional, entre otras, en su sentencia 235/2000 (reiterando lo afirmado en numerosas sentencias anteriores) que el derecho fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Constitución, puesto en relación sistemática con el inciso segundo de su artículo 103.3, impone la necesidad de que el acceso a las funciones y cargos públicos se haga de acuerdo con los principios de “mérito y capacidad””.
En el ámbito de los partidos políticos parece que exista una atmósfera que en lugar de oxígeno esté compuesta de cinismo.
Un cordial saludo.
Una ciudadanía con experiencia política, hace años que tiene clara la diferencia entre la financiación del estado del bienestar , mejorando los servicios públicos y las prestaciones sociales y la de un estado clientelar.
La clave para que el estado del bienestar sea sostenible es que los recursos públicos estén bien gestionados.
El estado clientelar es el estado del bienestar para unos pocos, la clase política dirigente y sus apoyos y el sector sindical, cultural, intelectual y mediático que comparten , con ellos, el banquete de los ingresos públicos.
La tarea principal de limpieza le corresponde a la sociedad .Las elecciones son el instrumento idóneo para ello. La manera que un estado clientelar se convierta en un estado del bienestar es que los contribuyentes eliminen a los intermediarios que “extraen” ( o roban según otros ) los recursos públicos para su beneficio electoral y/o personal y por ello, los políticos lo temen y gestionan mejor los recursos .
Y también ,en una democracia , es clave que los servidores públicos ayuden a evitar que al Estado se le priven de recursos para atenciones fundamentales y acabe convirtiéndose en un estado clientelar con una” corrupción estructural”
El día que los beneficiarios mediáticos salgan de la mesa del reparto, tendremos una idea más exacta de la corrupción estructural del sistema , del despilfarro y de la incompetencia de la gestión pública y de los problemas que no tardarán en aflorar .
¿ Cómo los medios de información y los beneficiarios van a ser críticos con los que les dan las subvenciones?.