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Los daños irreparables producidos por la falta de renovación del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, es decir, desde hace cinco años y tres meses. Durante este tiempo se han producido varios intentos fallidos de renovación, todos ellos abortados por el Partido Popular, quien, pese a pregonar públicamente su intención de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver a los jueces y magistrados la potestad de elegir a doce de sus veinte miembros, no quiere perder su posición hegemónica en el órgano de gobierno de los jueces.

Después de 39 años de sistema de elección parlamentaria, el Partido Popular ha tenido oportunidades gloriosas de cambiar la ley, puesto que ha gozado de mayorías absolutas que así lo posibilitaban. La última de esas mayorías, la obtenida en 2011, puso a Mariano Rajoy en el gobierno con la promesa electoral de cambiar la LOPJ en este sentido y, sin embargo, de la mano de uno de los, en mi opinión, más dañinos Ministros de Justicia de la democracia (Alberto Ruiz Gallardón) se modificó la ley para consagrar el sistema actual y, de paso, permitir una mayor acumulación de poder en la Comisión Permanente y el Presidente del órgano, entre otras lindezas. Con estos antecedentes, es normal mostrar escepticismo y dudar de que el Partido Popular quiera en realidad la pregonada reforma legislativa.

Es paradójico que un partido se autodenomine constitucionalista y defensor de las instituciones cuando está bloqueando la renovación del órgano conforme a la ley actual, que es la que tenemos y la que regula el proceso, nos guste o no. Es poco serio que se cambien las excusas para no renovar el CGPJ en función de la actualidad política, mezclando la velocidad con el tocino. Pero es aún peor que, tras las elecciones generales de verano, el PP haya propuesto someterse a la mediación de Europa para la renovación del órgano. Fruto de esa ocurrencia, PP y PSOE se han puesto bajo la supervisión del Comisario Reynders para que medie en el conflicto, dando una imagen de España de país menor de edad y sin madurez democrática. Es curioso que los mismos que ponen el grito en el cielo porque determinados líderes independentistas exijan la intervención de árbitros internacionales, condicionen esta negociación con el gobierno a la presencia de un árbitro internacional.

Mientras el órgano de gobierno de los jueces es manoseado como instrumento de presión política, el CGPJ languidece (dos dimisiones, un fallecimiento y dos jubilaciones han reducido el órgano de 21 miembros a 16). Además, con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificó la LOPJ para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, se pretendió presionar al PP para que accediese a la renovación, al impedir que el CGPJ pudiera seguir nombrando cargos discrecionales mientras estuviera en funciones. Con esta ley, que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en cuanto a su constitucionalidad, se buscaba que el CGPJ, de mayoría “conservadora” ­–entendido esta etiqueta como mayoría de vocales propuestos por el PP en 2013­– cesara en los nombramientos, supuestamente del mismo tinte conservador. Se ha justificado dicha ley afirmando que no tendría sentido que un CGPJ que no representa a las cámaras legislativas del momento, siguiera actuando como si no hubiera habido elecciones. En política siempre hay excusas para convalidar cualquier decisión y ensalzar sus bondades, aunque la medida solo sea un parche para ocultar las vergüenzas de una clase política que no ha sido capaz de abandonar sus intereses partidistas para favorecer el bien común. La reforma legal no solo no ha servido para presionar a nadie, sino que ha causado un daño irreparable para nuestro sistema judicial y cuyas consecuencias vamos a padecer durante muchos años.

En febrero de 2024 hay 93 vacantes judiciales sin cubrir. Según datos ofrecidos por el medio especializado Confilegal, el 30,3 % de las plazas de magistrado del Tribunal Supremo están vacantes (24), siendo dicha situación especialmente preocupante en la Sala Tercera (11 vacantes de las 33 plazas existentes) y en la Sala Cuarta (7 vacantes de las 13 plazas existentes). Dado que el tiempo sigue pasando, en 2024 se prevé la jubilación de la magistrada Celsa Pico de la Sala Tercera y del magistrado Francisco Marín, presidente de la Sala Primera y del Tribunal Supremo, por lo que la situación no puede sino seguir empeorando.

La falta de provisión de plazas judiciales discrecionales trae consigo consecuencias inmediatas terribles, pero, la mala noticia es que, aunque se alzase la prohibición de nombrar cargos de libre elección o se renovase el CGPJ mañana, el daño ya está hecho y tiene difícil solución.

En primer lugar, tanto la Sala Cuarta como algunas secciones de la Sala Tercera se han quedado en ocasiones sin quorum suficiente para “formar sala”, obligando a magistrados de otras secciones y de otras Salas, como la Quinta, a reforzar a los vecinos para alcanzar un quorum que permita deliberar, decidir y votar. Acudir a la teoría de los vasos comunicantes judiciales en el Alto Tribunal aporta una solución temporal e inestable, porque llegará un momento en el que los magistrados supervivientes a esta debacle se vean en la obligación de asumir el trabajo de varias Salas, subvirtiendo el orden natural de las cosas. Así, nos estamos encontrando ya con magistrados que han sido nombrados por sus específicos conocimientos y experiencia en una determinada materia llamados a resolver asuntos de diferente jurisdicción. Nombrar magistrados de refuerzo de fuera del Tribunal Supremo para apoyar la decisión no deja de ir contra la naturaleza del órgano, creado para que un grupo específico y cerrado de magistrados resolviesen asuntos de especial importancia y sentasen jurisprudencia orientativa para el resto de juzgados y audiencias.

En segundo lugar, la falta de renovación de las plazas vacantes del Tribunal Supremo conlleva la necesaria ralentización de la decisión, por cuanto un 30 % menos de magistrados se ve en la obligación de asumir la misma carga de trabajo (o incluso mayor). La función desarrollada por los magistrados del Tribunal Supremo no es baladí, ya que en sus manos está la interpretación de las leyes y la forma en la que deben ser aplicadas, además de revisar las sentencias dictadas por órganos inferiores en determinados asuntos o ver en primera instancia materias relacionadas con aforados. Estamos hablando, por tanto, de un trabajo eminentemente técnico jurídico y de indudable relevancia jurídica y social. La falta de efectivos está llevando a que la decisión en casación se dilate en el tiempo hasta mucho más allá de lo debido, provocando daños directos en las personas implicadas y afectando al normal funcionamiento de la justicia.

En tercer lugar, la crisis provocada por el bloqueo en la renovación del órgano va a traer como consecuencia un enorme desajuste en las Salas, ya que los órganos colegiados, en general, pueden asumir la variación vegetativa ordinaria de sus componentes, pero no la entrada de seis u once magistrados de golpe. En el normal desarrollo de las cosas, si un magistrado se jubila, fallece o pasa a situación de excedencia o servicios especiales, es sustituido por un nuevo compañero designado por el CGPJ, quien comparte Sala con los antiguos compañeros del cesante y, por tanto, con una limitada capacidad de influir en la jurisprudencia de la Sala o sección. La renovación masiva traerá consigo la irrupción en el mismo órgano de demasiados magistrados a la vez como para poder ajustar serenamente el funcionamiento interno de este. Además, se pueden producir vuelcos jurisprudenciales derivados precisamente de esta falta de ajustes. Para evitar esto, sería imprescindible realizar renovaciones escaladas y, en última instancia, prorrogar la edad de jubilación voluntaria de los magistrados del Tribunal Supremo hasta los 74 años con el fin de contener la sangría de jubilaciones y amortiguar el problema.

En cuarto y último lugar, con la paralización de los nombramientos discrecionales operada por la ley se conculcan los derechos laborales de todos los magistrados de España. En la Carrera Judicial existen tres categorías: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. Aunque únicamente puede llegar a ascender a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo aproximadamente un 2 % de la Carrera Judicial, aquellos magistrados que hubieran podido tener la oportunidad de ser nombrados tras la pertinente postulación durante estos cinco años, han visto cercenado su legítimo derecho de ascenso y promoción profesional, con las consecuencias económicas y honoríficas que ello conlleva.

En otro orden de cosas, además de las vacantes en el Tribunal Supremo, existen 30 presidencias de Audiencias Provinciales sin cubrir de un total de 50, 7 de 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia vacantes a las que hay que sumar 31 presidencias de Sala de un total de 34, y una presidencia de la Audiencia Nacional. 93 vacantes en total (y las que nos quedan). En el caso de renovarse inminentemente el CGPJ, solo en el proceso de selección de cada una de las vacantes (los vocales de la Comisión Permanente son los que son, no pueden multiplicarse) se tardará más de un año, periodo durante el cual seguirán produciéndose vacantes al no poder asumir las renovaciones de forma ágil.

A mayor tiempo de interinidad, mayor acumulación de vacantes y peor pronóstico de solución.

Finalmente, el CGPJ que resulte de la hipotética renovación mediada por Reynders hipotecará el destino de la Carrera Judicial durante más de una década. Si bien las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional tienen una duración de cinco años y, por ello, se permitiría su cambio con un nuevo CGPJ entrante posterior, los magistrados del Tribunal Supremo son designados hasta su jubilación. Corremos el hipotético riesgo de americanizar a nuestro Alto Tribunal con la designación de magistrados jóvenes para las Salas estratégicas. Es tentador para nuestros políticos designar vocales lo suficientemente afines al partido como para obtener mayorías en el CGPJ renovado que puedan situar magistrados en las Salas para el resto de sus vidas profesionales, superando legislaturas, nuevos CGPJ y nuevos gobiernos. Teniendo en cuenta que los magistrados del Tribunal Supremo se jubilan con 72 años si lo desean, la designación de magistrados en la cincuentena con determinado sesgo ideológico garantizaría mantener el predominio de determinadas fuerzas parlamentarias en el Tribunal Supremo.

Supongo que habrá quienes rebatan mis palabras afirmando que la independencia se lleva dentro y que es una cualidad de cada juez individual, por lo que los magistrados designados serán independientes. No les quito razón. La ideología no tiene por qué influir en nuestro trabajo y, de hecho, así sucede con la inmensa mayoría de los jueces de este país, incluidos los de libre designación. Pero es obvio, salvo que la bisoñez y el adanismo nos embarguen, que no nos encontraríamos como nos encontramos si los políticos no contaran con la colaboración eficiente de miembros de la Carrera Judicial sumisos con el poder, quiero creer que los menos.

Por tanto, la politización de la Justicia y la inmisión de los otros poderes en el Poder Judicial ha sido un pastel que se ha ido cocinando a fuego lento durante cuarenta años. Ahora es muy difícil revertir esta tendencia y, lo que es más cierto, no parece que quieran revertirla. Sería demasiado arriesgado para unos y otros soltar el control del CGPJ.

El sistema de elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ ha colapsado y ha demostrado ser inútil e ineficiente. Nadie nos garantiza que el actual bloqueo no vaya a volver a repetirse. Sin embargo, la visión cortoplacista de los políticos cuyo futuro no comprende el más allá de los años que quedan hasta las próximas elecciones, les impide buscar una solución al problema a largo plazo, lo que lleva al PSOE a negarse a reformar la ley. Por otra parte, como ya dije al inicio, al PP no le interesa en estos momentos que se reforme la ley ni que se renueve el CGPJ. Quizá estén esperando un golpe de suerte electoral que les dé una mayoría parlamentaria suficiente para renovar el CGPJ con sus vocales afines.

Poca solución tiene el problema.

6 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Muy buen artículo. Especialmente a partir de esta demoledora frase:
    “Finalmente, el CGPJ que resulte de la hipotética renovación mediada por Reynders hipotecará el destino de la Carrera Judicial durante más de una década.”

    Ahí habla de que jueces de algo más de 50 años podrían seguir politizando la justicia hasta que se jubilen. Y eso es grave. Pero me parece infinitamente peor que hay jueces que atacan la Democracia y siguen ejerciendo (y persistiendo en sus ataques) hasta su jubilación.
    En cualquier caso creo que, mientras España no sea una Democracia ni un Estado de Derecho, habría que buscar algún mecanismo independiente que permitiera apartar a jueces “politizados” (o directamente “fascistas”/”terroristas”). Me parece imprescindible porque está claro que ni los fiscales ni “los otros jueces” quieren perseguir los ataques a la democracia (tales como que se quiera quitar, inconstitucionalmente, el escaño a Alberto Rodríguez, o se encarcele -sin mediar delito flagrante alguno- a diputados independentistas, etc.).

    Un propuesta para ello:
    Habría que crear un órgano público formado por gente que haya sido represaliada por jueces -con sueldo público suficiente como para “garantizar” su independencia- (Por ejemplo: Alberto Rodríguez, el mayor Trapero, el ex-fiscal jefe de Catalunya -que dimitió por la “Operación Catalunya”, los titiriteros de Madrid, Sandro Rossell, etc.) con la capacidad de cesar, motivadamente, a un juez.
    Obviamente ese juez debería tener la posibilidad de volver a ejercer… Si fuera llevado a juicio por sus “presuntas” prevaricaciones y no sufriera condena.

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  2. Manuel Villa Díaz
    Manuel Villa Díaz Dice:

    Se dice en el artículo:

    1. “todos ellos abortados por el Partido Popular”

    Gracias al Partido Popular seguimos teniendo un poder judicial. Si tan deseoso estaba el PSOE y con él Pedro Sánchez de renovar el CGPJ sólo tenía que votar la lista de vocales propuesta por el PP. Se habría acabado el problema. Los 12 candidatos de entre jueces y magistrados elegidos por el PP estaban en la lista de candidatos que optaban a ser vocales del CGPJ. Lo que si ocurriría era que el PSOE no podría mangonear el CGPJ. Esto no lo dice el PSOE: “Ahora quiero mangonear yo”. El PP no tiene por qué aprobar la lista de vocales del PSOE.

    2. “cuando está bloqueando la renovación del órgano conforme a la ley actual, que es la que tenemos y la que regula el proceso, nos guste o no”

    La LOPJ tiene defectos y se los han encontrado. Un partido puede bloquear los nombramientos. La CE habla de la renovación del CGPJ a los cinco años del nombramiento, pero no le pone límite a ese “después de cinco años”.

    3. “PP y PSOE se han puesto bajo la supervisión del Comisario Reynders para que medie en el conflicto”

    Realmente un absurdo. Se debe resolver sin dar parte a un tercero.

    4. “Además, con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificó la LOPJ para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, se pretendió presionar al PP para que accediese a la renovación, al impedir que el CGPJ pudiera seguir nombrando cargos discrecionales mientras estuviera en funciones. Con esta ley, que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en cuanto a su constitucionalidad”

    Avalada para vergüenza del Tribunal Constitucional, que la debería haber declarado, no ya inconstitucional, sino nula porque su objeto era hacer daño. El legislativo no tiene la potestad legislativa para hacer leyes que hagan daño a la ciudadanía. La LO 4/2021, de 29 de marzo, es una ley vicaria -“se pretendió presionar al PP”-. Han pasado cuatro años y no ha cumplido su explicación de motivos por una sencilla razón. La explicación de motivos es mentira. Tuvieron que hacer la LO 8/2022, de 27 de julio, para arreglar la inconstitucionalidad de la LO 4/2021, de 29 de marzo. Esa LO 8/2022, de 27 julio, es en la que no quiso entrar la sentencia del TC. Se le dieron tres meses al CGPJ para renovar a los miembros del TC y sigue sin ser renovado el miembro del TC que por el Senado le corresponde al PP. De este miembro del TC el PSOE no dice nada. Tampoco se queja mucho el PP.

    5. “Se ha justificado dicha ley afirmando que no tendría sentido que un CGPJ que no representa a las cámaras legislativas del momento, siguiera actuando como si no hubiera habido elecciones.”

    El CGPJ es un órgano de gobierno y no de representación. ¿Qué es eso de representar a las Cámaras? El CGPJ es nombrado por cinco años. Supongamos que a los dos años de legislatura hay nuevas elecciones y cambia la representación en la Cámaras ¿Habría que cambiar el CGPJ para que se acomode a la nueva representación en el legislativo? No tiene nada que ver el CGPJ con los partidos presentes en el legislativo. Ese argumento es una falacia que usa el PSOE.

    6. “prorrogar la edad de jubilación voluntaria de los magistrados del Tribunal Supremo hasta los 74 años con el fin de contener la sangría de jubilaciones y amortiguar el problema”

    Y no es más sencillo el derogar la LO 4/2021, de 29 marzo, y devolver todas las funciones como antes de esa ley vicaria. Cuando estaba en funciones el CGPJ, por haber cumplido los cinco años del mandato, significaba que podían ser sustituidos los vocales, que mantenían todas sus funciones, en cualquier momento.
    Se podría agravar el problema si se reduce la edad de jubilación. Si el común tiene 67 años como edad de jubilación ¿Por qué 74?

    Otro asunto es que no han modificados los Reglamentos de Congreso y Senado que fijan en 36 el número de candidatos a vocales del CGPJ, cuando la LOPJ no fija ese número.
    Hay solución. Si medio Congreso no quiere que los 12 vocales sean elegidos por jueces y magistrados y el otro sí, el SORTEO entre los candidatos es una vía de solución. ¿Dejar el tercer poder del Estado al azar? ¿Y no hay azar en el juez que le toca a uno en un asunto que afecta a la economía o la libertad de uno? No hay bloqueos; se realiza la renovación en tiempo; si se quieren vocales independientes el SORTEO da vocales que no le deben el puesto a nadie. Cumplidos los requisitos, objetivos y transparentes, por los candidatos, con 6 bombos se tiene un CGPJ con las tres categoría y la paridad. Todo lo ocurrido con la LO 4/2021, de 29 de marzo, ha sido consecuencia del berrinche del Gobierno de no salirse con la suya de mangonear el CGPJ. Mientras el PP siga bloqueando la renovación del CGPJ para que no lo mangonee Pedro Sanchez seguiremos teniendo división de poderes. Lo de la bicefalia del CGPJ y el Presidente del Tribunal Supremo es un invento que no aparece en ningún sitio. La CE dice que el CGPJ propondrá al Presidente del TS que presidirá el CGPJ. No existe la elección del Presidente del CGPJ. Ahora éste firma: nombre y apellidos P.S. En lugar de “Por Suplencia”, parece que dice Pedro Sánchez, es lo que le falta para controlar todo. Aqui lo dejo.

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  3. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    El sistema actual es inviable y está condenado a su fracaso, por la fragmentación política actual que dificulta y hasta impide las mayorías cualificadas necesarias, especialmente si en el gobierno participan partidarios de regímenes autoritarios contrarios a la independencia judicial . Además es contrario a nuestra constitución y a los fundamentos de la Unión Europea. .
    Entrar en la UE nos obligaba a cambiar de modelo. La «excepción ibérica judicial » sería demoledora para la continuidad en la UE.
    La posición de los jueces y fiscales, que están luchando por la independencia judicial, está justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará..
    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
    Hay dos opciones políticas sobre la justicia en España, los conservadores del sistema judicial actual y los partidarios de la separación de poderes y de la independencia judicial, base de la democracia, del Estado de derecho y del régimen de la Unión Europea.

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  4. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    ¿ Por qué se llaman progresistas a los contrarios a la separación de poderes ,principio básico del estado democrático y de la UE?.
    El día 23 de febrero de 2024 , en el periódico La Vanguardia que había mantenido una “línea editorial “ coincidente con PRISA en contra de la separación de poderes , tiene para Polonia otra visión en el artículo “La UE aplaude el plan de Polonia para restaurar el Estado de derecho “BEATRIZ NAVARRO.( EXTRACTO) :
    “ la UE y Polonia ven la luz al final del túnel después de seis años de pulso institucional y político durante el que los gobiernos ultraconservadores del PiS construyeron un sistema de justicia que no es sino una extensión del poder ejecutivo, según los análisis de la Comisión Europea.”
    “Bruselas mantiene decenas de millones de euros en ayudas congelados por violar los principios y valores básicos de la UE.”
    “Para demostrar a la UE su voluntad de avanzar rápido, el Gobierno aprobó el martes un proyecto de ley para reformar el sistema de elección de los jueces de modo que sean nombrados por sus pares y no por el poder político, en línea con lo que Bruselas reclama también a España.”
    “En caso de que el Gobierno logre la aprobación de estas leyes en el Parlamento pero luego sean vetadas por el presidente, los ministros europeos deberán evaluar si se dan o no las condiciones para cerrar el procedimiento sancionador del artículo 7, que hasta la fecha solo se ha activado para Polonia y, en el 2018, a Hungría, aunque en este caso a instancias de la Eurocámara. El mandato de Duda acaba en el año 2025. En paralelo a resolver la afrenta del artículo 7, el Gobierno polaco se ha propuesto actuar con rapidez para cumplir las condiciones fijadas en los reglamentos europeos y poder acceder a 76.500 millones de euros del Fondo de Cohesión y 34.500 millones del fondo de recuperación y resiliencia, que el país debe usar como tarde en el 2026, cuando expira el programa “.

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  5. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Se posicionaron en contra de la separación de poderes un sector de nuestro periodismo más influyente. El editorial 14 -7-22 de La Vanguardia ( coincidente con PRISA) era desconcertante, pero aclaraba su falta de compromiso democrático ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    Su posición es propia de la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones
    ¿Sería deseable, como dicen El País y La Vanguardia, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
    Si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen ? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?¿ El TC se adaptará en cuotas a la ” cambiante radiografía social” o continuará obedeciendo a los que les nombraron?
    En La Vanguardia19-1- 2014 en el artículo de Maria Paz López “El TC polaco rechaza el plan de Tusk de reforma de los medios públicos “ hay una referencia a un tema que aquí no se plantea aunque tenemos problemas parecidos” “muchos juristas polacos cuestionan la legitimidad de las sentencias del Tribunal Constitucional con su actual composición”

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  6. SANTIAGO MARTÍN PÉREZ
    SANTIAGO MARTÍN PÉREZ Dice:

    Yo me hago solo unas preguntas: ¿no hay forma legal o denuncia, para obligar a renovar el CGPJ?, tal renovación, ¿influye en la tardanza de dictar sentencias de las denuncias ya interpuestas?, ¿Los denunciantes podrían de alguna forma demandar u obligar a la renovación del CGPJ, pues se está incumpliendo sus derechos, o así lo creo?
    Si alguien me puede contestar, se lo agradezco

    Responder

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