El caso Tsunami y la Fiscalía General del Estado

Últimamente se acumulan los hechos que ponen de manifiesto que la Fiscalía General del Estado tiene graves problemas internos que impactan negativamente en la imagen que de esta institución tienen los ciudadanos. No se trata solo de la tradicional y conocida politización del nombramiento del fiscal general del Estado (que designa el Jefe del Estado a propuesta del Gobierno) llevada al extremo con el nombramiento como fiscal general del Estado de una ex Ministra de Justicia. Esta es la punta del iceberg en la que se suelen fijar los informes europeos que abordan la cuestión, que recomiendan desvincular el nombramiento del fiscal general del del ciclo electoral para dotarle de una mayor autonomía en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que la Fiscalía General del Estado se integra dentro del Poder Judicial, y se rige por el principio de legalidad y el de imparcialidad, además de por los de jerarquía y unidad de criterio de acuerdo con el art. 2 del de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sus funciones son promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Esta normativa institucional queda en entredicho desde el momento en que la cultura política española (como dice la nueva Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo) considera normal la ocupación de todas y cada una de las instituciones de contrapeso por los partidos políticos, o dicho de otra forma, su instrumentalización partidista. No puede sorprender que el Presidente del Gobierno presuma de tan anómala situación con una pregunta retórica al estupefacto presentador de un programa de radio: ¿De quien depende la Fiscalía? O que el exministro del Interior del PP Jorge Fernández-Diaz afirme rotundo que «esto te lo afina la Fiscalía».  Para nuestros partidos políticos la Fiscalía es una herramienta más de su lucha partidista cuando, como es frecuente, se desarrolla en los tribunales de justicia. Aunque esto, obviamente, solo ocurre con los casos muy mediáticos y de gran impacto político. Por supuesto, la actuación de la Fiscalía en la inmensa mayoría de los procedimientos es totalmente profesional y neutral. 

El problema, claro está, es que estos casos tan mediáticos y tan politizados contaminan y mucho. Basta recordar «el caso Urdangarín» en el que el fiscal desempeñó más bien el papel de abogado defensor de la infanta Cristina, hasta el más reciente de Tsunami Democratic donde el criterio técnico de la fiscalía cambia en función de quien lo emita. 

Esto tiene una explicación. Para entender bien cómo funciona la cadena de trasmisión que trae consigo que el criterio técnico de un profesional pueda adaptarse a las necesidades políticas del gobierno de turno hay que fijarse, de nuevo, en el fiscal general del Estado. Incluso aunque no se trate de una ex Ministra del Gobierno o de un fiscal general (como el actual) condenado por desviación de poder por el TS -casos sin duda extremos incluso para los estándares españoles- lo cierto es que cualquier fiscal general, por impecable que sea su nombramiento, ostenta un poder prácticamente omnímodo sobre la carrera profesional de sus subordinados sin que existan contrapesos dignos de tal nombre. 

Por tanto, no puede extrañar en absoluto que haya fiscales que prefieran llevarse bien con quien sobre los puestos de carácter discrecional de la carrera fiscal, que son siempre los más interesantes y los mejor remunerados, o con quien puede no renovarles cuando termina su mandato o abrirles un procedimiento disciplinario. O no concederles esas pequeñas ventajas en formas de viajes, cursos, licencias acceso a organismos internacionales o demás favores. Si pensamos por tanto que, como tantas veces hemos denunciado, las carreras funcionariales y políticas están profundamente imbricadas en España entenderemos mejor lo que ocurre.

Ese «llevarse bien» requiere, en más de una ocasión, modificar o adaptar un criterio técnico a las necesidades políticas del fiscal general del Estado y del gobierno que lo nombra. Por eso era tan previsible el informe técnico de Mª Angeles Sánchez Conde -número dos de la Fiscalía y mano derecha del actual fiscal general- sobre el «caso Tsunami».

En suma, el hecho de que la carrera profesional de muchos profesionales honestos y eficientes esté en manos de políticos (aunque lleven toga) es lo que explica que criterio técnico pueda depender o pueda cambiar no en base a razonamientos y argumentos en derecho, lo que es perfectamente normal, sino en base a otro tipo de consideraciones que tienen más que ver con la carrera profesional de quien lo emita. Como no soy penalista ni conozco directamente el caso concreto de Tsunami Democratic, más allá de lo que publican los medios de comunicación, desconozco si puede haberse cometido o no un delito de terrorismo, y quien o quienes pueden ser los posibles implicados. Para decidirlo (de acuerdo con criterios técnicos y no políticos) están precisamente los jueces, los fiscales y las partes personadas. Pero como ciudadana me inquieta, y mucho, que en un caso de extraordinaria importancia política del que puede depender la supervivencia del propio Gobierno no podamos estar seguros de si los fiscales van a seguir criterios técnico-jurídicos o más bien van a intentar agradar al Gobierno y al fiscal general de turno. Y no, el principio de jerarquía no cubre esta actuación aunque se intente presentar así.

En ese sentido, una vez que el fiscal del caso, Álvaro Redondo -aparentemente- cambió de criterio técnico en cuanto a la existencia de un delito de terrorismo y a la supuesta implicación de Puigdemont (siendo imposible saber si lo hizo por decisión propia o inducido por las ventajas que podía acarrearle) la mayoría de los Fiscales del Tribunal Supremo, incluidos varios «progresistas»,  opinaron lo contrario. Recordemos que de los 15 Fiscales del Tribunal Supremo reunidos 12 votaron a favor de la existencia de un delito de terrorismo y 11 señalaron que había indicios suficientes para poder investigar al líder de Junts.  No obstante, al existir discrepancias se elevó el informe final a la número dos de la Fiscalía, el sentido de cuyo dictamen era absolutamente previsible no ya dada la postura del fiscal general del Estado -que ha evitado pronunciarse y de paso que se pronuncie el Consejo Fiscal que sería el competente para hacerlo- en todo lo concerniente a la ley de amnistía sino, sobre todo, dada la postura del presidente del Gobierno manifestando su convicción sobre que la amnistía cubriría a todos los llíderes del procés. Lo que recuerda a la convicción del expresidente Mariano Rajoy sobre la inocencia de la infanta en el «caso Urdangarín», inocencia que después se confirmó en sede judicial, por cierto y en la que probablemente pesó la postura del fiscal Horrach. 

En todo caso, no se nos puede escapar que los hechos que acabamos de describir están lejos de cualquier normalidad democrática en un Estado de derecho avanzado. No puede ser que cuando hay un interés político de primera magnitud en un caso judicial la Fiscalía funcione como un agente político y no como lo que debe de ser, una institución neutral y profesional que debe promover, como recuerda el art. 1 de su Estatuto, la defensa de la Justicia, el principio de legalidad, el interés público y los derechos de los ciudadanos. Por supuesto que existe un principio de jerarquía y de unidad de criterio, pero existen precisamente para salvaguardar esos mismos principios y derechos y para solventar las discrepancias técnicas que legítimamente puedan surgir, no para lo contrario. 

Este problema tiene una solución facilísima: acabar con la potestad omnímoda del fiscal general del Estado sobre la carrera profesional de los fiscales. En este caso, daría bastante igual quien lo nombrara, el periodo por el que se nombrara o la persona concreta. Lo que sorprende es que se exija una oposición muy difícil para acceder a la carrera fiscal y luego la carrera profesional se deje al albur de decisiones discrecionales basadas en el intercambio de favores, la cercanía, la afinidad o simplemente la arbitrariedad. Lo que redunda en beneficio para los políticos, descrédito para la institución e inseguridad para los ciudadanos. 

Artículo publicado originalmente en El Mundo.

3 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Me quedo con la idea final:
    “Este problema tiene una solución facilísima: acabar con la potestad omnímoda del fiscal general del Estado sobre la carrera profesional de los fiscales”.

    ¿Y esto que pasa con los fiscales no es análogo a lo que pasa con los jueces? ¿No sería el CGPJ un análogo al Fiscal General en el sentido de que la carrera profesional de los magistrados depende de las decisiones discrecionales/arbitrarias del CGPJ? Entonces también habría que acabar con la potestad omnímoda del CGPJ para el nombramiento de cargos discrecionales, algo como el “plan Guilarte” para despolitizar el CGPJ ¿No?

    Eso está bien de cara al futuro, cuando España sea un Estado de Derecho democrático, pero para llegar ahí primero habría que expulsar a los fiscales que pretenden hacer política desde los tribunales. Si quieren hacer política que se presenten a las elecciones, junto al resto de políticos. Y que luego no puedan volver a la carrera. Para mí debería haber una incompatibilidad total entre política y fiscales (lo mismo para jueces y militares).

    A mi todos estos vaivenes de jueces y fiscales con el terrorismo en la causa del Tsunami me deja muy claro que en realidad se trata de política (tal como viene a indicar el artículo), no de justicia. Así que el “presunto” terrorismo sería más bien el que quieren perpetrar algunos togados.
    Aprovechando el webinar sobre terrorismo en HAY DERECHO del día 20 (al que, muy a mi pesar, no podré acudir), donde participará un Fiscal del Supremo , creo que sería buena idea que alguien comentara este aspecto.
    NOTA: De paso estaría bien que alguien le recordara que los fiscales tienen la obligación de perseguir delitos, como la detención ilegal de Oriol Junqueras tras recoger el acta de Diputado en Madrid. Por cierto: Hay fiscales que “presuntamente” serían cooperadores necesarios para hacer posible este “presunto” delito de los jueces (NOTA: Ese “presunto” delito también llevaría aparejado algunos otros, como prevaricación, malversación ¡y terrorismo!).

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  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    El periodista que entrevistaba al presidente del gobierno perdió una gran oportunidad al no responderle: “La Fiscalía General depende del Estado (como el resto de,los cuerpos de las AA:PP.) pero no del gobierno que sólo es un poder delegado de la soberanía nacional”.
    Cuando se otorga a alguien en función de su cargo un poder omnímodo, lo más posible es que acabe ejerciéndolo como propio. Por eso necesita un control colectivo o colegiado que evite tales tendencias.
    En el caso comentado parece que hubo en la Junta de Fiscales una mayoría más que suficiente en la interpretación del delito de “terrorismo” o, como se señala en el artículo, en la mecesidad de investigar a Junts. No se entiende entonces que hubiera que buscar otra vía de criterio personal en tal interpretación, salvo la adapatción política conveniente del caso.
    El gran problema que supone la contaminación ideológica y política de la Función Pública en la aplicación de una legalidad (inconstitucional a veces), son las aguas que riegan ese lodo que –parece- debe ensuciar las togas tomando partido (nunca mejor dicho).
    Por eso la carrera profesional de cualquier servidor público no puede depender de nadie en particular, sino del mérito y el esfuerzo reales en la formación jurídica y el conocimiento de lo que se conoce como “factor humano”.
    Un saludo.

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  3. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Yo voy a ir algo más allá de lo que se expone en el artículo.
    Tomo impulso en lo que indica AGonzalo sobre la carrera profesional de los jueces (algunos puestos de juez, en cualquier caso), y lo expuesto por O’farrill sobre la contaminación ideológica y política de la Función Pública, para proponer que no sólo hay que acabar con la potestad omnímoda del fiscal general del Estado sobre la carrera profesional de los fiscales, como se señala en el artículo, sino que hay que hacerlo con cualquier nombramiento discrecional en cualquier ámbito de los poderes públicos por debajo del Gobierno, es decir, que el Presidente nombra a los ministros, y todos los demás puestos de los poderes públicos deben ser objetivos y con aplicación del mérito y capacidad, de tal manera que los cargos políticos (ministros y diputados) no tengan participación en nombramientos ni en ceses. Eso incluye no sólo al Fiscal General, sino también al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Defensor del Pueblo…y así un larguísimo etcétera.
    Un cordial saludo.

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