Venecia y la amnistía desnuda

Como en el cuento de Andersen de El traje nuevo del emperador, en el que el niño señaló al emperador evidenciando su desnudez, la Comisión de Venecia ha levantado el velo con el que se pretendía cubrir la proposición de ley de amnistía al procés catalán: frente a la pomposa afirmación de la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa que proclama que se trata de un paso «valiente y reconciliador» que pretende «garantizar la convivencia», el prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa ha advertido con meridiana claridad que este proyecto de amnistía ha generado «una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española» y, en consecuencia, ha formulado importantes reparos a su redacción y tramitación. La Comisión de Venecia no juzga la constitucionalidad de las medidas que adopta un país, ni la validez de las mismas de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea, pero emite unos dictámenes en los que analiza la conformidad de las iniciativas objeto de examen a la luz de los estándares europeos e internacionales en relación con el Estado democrático de Derecho. Sus informes no son vinculantes, pero la autoridad y prestigio de los miembros de este órgano le otorgan un indudable valor.

Por ello, en la medida que el Gobierno de España y la mayoría parlamentaria que le acompaña no sólo han desoído las recomendaciones de la Comisión de Venecia, sino que se han esforzado por tergiversarlas vendiendo que hay una suerte de aval a la amnistía que promueven, conviene acercar nuestra mirada a ese emperador que se empeña en seguir usando ese traje nuevo que no cubre sus vergüenzas.

Así las cosas, la Comisión de Venecia reconoce -algo que nadie discute- que las amnistías forman parte del acervo de los Estados democráticos. Y que razones de «reconciliación social y política» pueden justificar la adopción de una medida de gracia de este tipo. Ahora bien, su legitimidad depende, por un lado, de que respete la ordenación dada por cada Constitución nacional y, por otro, de que se cumplan una serie de exigencias para preservar los postulados básicos del Estado de Derecho: entre otras, que las mismas no afecten a graves crímenes internacionales ni a serias violaciones de derechos humanos, que no minen la posición del Poder Judicial y que no puedan catalogarse como autoamnistías, que se respeten las exigencias de taxatividad y previsibilidad derivadas del principio de legalidad y que su tramitación responda a un proceso participativo, transparente y democrático, y, en última instancia, el principio de igualdad ante la ley reclama que se fijen unos criterios generales e impersonales en los que sea clara la conexión con la causa que justifica la amnistía a la hora de definir quiénes se pueden terminar beneficiando por la misma. 

Pues bien, como se ha empezado señalando, en el análisis en concreto de la propuesta de amnistía al procés, lo primero que llama la atención de la Comisión de Venecia es que una medida que se justifica en su vocación conciliadora está resultando ser profundamente divisiva. Por esta razón, la Comisión de Venecia insiste en que para que la amnistía pudiera ser coherente con la finalidad perseguida debería adoptarse por una «amplia mayoría cualificada», aunque la Constitución no lo exija -incluso, desliza que convendría que se reformara la Constitución cuando sea posible para regular esta cuestión expresamente-. Adicionalmente, también cuestiona el procedimiento que se ha seguido para su tramitación (por vía de urgencia, recurriendo a la proposición de ley para evitar informes de órganos consultivos…). Por ello, la Comisión de Venecia apela a que las «autoridades españolas y las demás fuerzas políticas se tomen el tiempo necesario para afrontar un diálogo serio con espíritu de leal cooperación entre las instituciones del Estado y entre la mayoría y la oposición, para poder alcanzar una reconciliación social y política, y que consideren explorar procedimientos de justicia restaurativa». Y pide al Parlamento español que afronte cómo va a lograr la normalización en Cataluña con una amnistía que, por el momento, ha generado esta profunda división. Nada de ello se ha hecho y, por lo que parece, tendremos una ley de amnistía aprobada como un trágala de la mitad del Congreso de los Diputados frente al resto de la oposición y con una amplia mayoría del Senado en contra. A mayores, los llamamientos de la Comisión de Venecia a que se establezcan mecanismos de justicia restaurativa que presuponen «la asunción de responsabilidad por los autores» de los actos ilícitos que se van a amnistiar son también papel mojado cuando los beneficiarios de esta amnistía están manifestando de forma reiterada no sólo su falta de arrepentimiento, sino su voluntad de volver a reivindicar una autodeterminación que no tiene encaje constitucional. 

Unas cuestiones procedimentales que afectan a la sustancia más íntima de la amnistía que se pretende aprobar al poner de manifiesto la absoluta precariedad de sus fundamentos.  Difícilmente podrá reconciliar lo que nace dividiendo y malamente puede servir a preservar la «convivencia dentro del Estado de Derecho» cuando se perdona a quienes no reconocen la gravedad de la infracción cometida. Todo lo contrario. Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional en relación con las amnistías fiscales: «Viene[n] así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir» (STC 73/2017). Cuánto más podríamos decir ahora.

De hecho, la Comisión de Venecia ha ido más allá en sus objeciones a esta ley y, a lo largo de su dictamen, plantea la cuestión de que nos encontramos con una autoamnistía concedida para beneficiar a unas personas en concreto a cambio de sus votos. De ahí que la Comisión haya señalado que para evitar arbitrariedades que supondrían una ruptura del principio de igualdad ante la ley deberían redactarse de forma más precisa el ámbito temporal y material de la amnistía y se debería definir de forma más clara la relación de causalidad entre quiénes van a poder beneficiarse de la amnistía y las razones que la justifican. En este sentido, llama la atención de la Comisión de Venecia los diferentes retoques que se han ido introduciendo a la ley a lo largo de la tramitación, que no tienen justificación objetiva. En el recordatorio que incluye el dictamen de la Comisión de que los «criterios para su aplicación no deben diseñarse para cubrir a personas específicas» está implícita una dura crítica a que la misma se haya venido redactando al dictado de su principal beneficiario, el señor Puigdemont. Todo lo cual comporta, como señala la Comisión de Venecia, un riesgo añadido para la separación de poderes, ya que esta indeterminación genera una inseguridad en su aplicación que dará lugar a futuros choques entre el poder judicial y el legislativo.

La Comisión de Venecia también observa que habrá que ser cuidadosos a la hora de aplicar la amnistía a delitos de terrorismo para que no se vean afectadas conductas que pudieran haber supuesto una violación grave de derechos humanos. Y, aunque considera que el hecho de que la amnistía se proyecte sobre procesos judiciales en curso no afecta a la separación de poderes, y que los jueces estarán obligados a aplicarla, también señala que las medidas incluidas en la misma para forzar su inmediata aplicación no pueden terminar privando de efectos prácticos a los mecanismos de control judicial. Asimismo, de forma muy contundente la Comisión de Venecia rechaza también los intentos de supervisión política de la actividad judicial a través de comisiones parlamentarias, por considerarlos contrarios al principio de independencia judicial. 

De esta manera, suaviter in modo, el informe de la Comisión de Venecia resulta concluyente: tal y como se ha tramitado esta amnistía, es imposible que cumpla con el objetivo que la justifica y adolece de graves carencias que no se han subsanado de acuerdo con los estándares de un Estado democrático de Derecho. Además, a todo ello podríamos añadir argumentos adicionales en el ámbito de su constitucionalidad para reprochar la misma aún más. Como tuve ocasión de advertir en unos análisis anteriores, esta amnistía sitúa a nuestra democracia en una pendiente muy resbaladiza.

6 comentarios
  1. Lole
    Lole Dice:

    Totalmente de acuerdo con el contenido del artículo, salvo en la analogía entre la Comisión Venecia y el niño del cuento de Andersen. La primera usa lenguaje diplomático. El niño de Andersen soltó la verdad sin tapujos ni paños húmedos. La analogía sería válida si la Comisión hubiese dicho que esta ley es una porquería. Pero no ha sido así. Y por eso, amparándose en la semiopacidad del lenguaje diplomático no accesible para muchos, hay tanto sinvergüenza afirmando que la Comisión Venecia sí ha dado su plácet a esta ley.

    Léase, mintiendo.

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  2. Manuel Villa Díaz
    Manuel Villa Díaz Dice:

    En su informe, la Comisión de Venecia da respuesta a la pregunta que le hace el Presidente del Senado con relación a: “Requerimientos del Estado Democrático de Derecho que ha de tener la Amnistía”. Por muchos requerimientos del Estado Democrático de Derecho que se cumplan por la Amnistía hay un acto de la Amnstía que le hace estar en contradicción con el Estado Democrático de Derecho: La amnistía excepciona el delito. En el Estado Democrático de Derecho, excepcionar el delito es excepcionar el propio Estado Democrático de Derecho.
    En el Estado Democrático de Derecho el transgredir la ley o el ordenamiento jurídico-político para beneficio propio o para cambiar el ordenamiento jurídico-político sin seguir los procedimientos establecidos, es delito.
    En el Estado Democrático de Derecho si una conducta “era” delito, y ahora ya no “era” delito, es porque no había Estado Democrático de Derecho pues si lo hubiera habido, ahora “era” delito. Así, en el Estado Democrático de Derecho el delito no puede ser excepcionado. Además, según el Art. 1.1 de la CE el legislativo no puede excepcionar el Estado Democrático de Derecho.

    “La amnistía excepciona el delito. En el Estado Democrático de Derecho, excepcionar el delito es excepcionar el propio Estado Democrático de Derecho, lo que es contrario al Art. 1.1 de la CE y, por tanto, el concepto de amnistía es inconstitucional”.

    Salvar la contradicción Amnistía-Estado Democrático de Derecho requiere una modificación de la CE, y así, ésta sea refrendada por el pueblo español.

    Al texto al que la mayoría en el Congreso le ha aplicado el procedimiento reglado de “ley orgánica”, pues para una modificación de la CE no le llegan los votos, le denomina: Amnistía; aunque en realidad se le debe denominar AutoAmnistía, pues 14 imprescindibles votos de los 178 que aprobaron el texto, corresponden a beneficiar a correligionarios e incluso miembros de los mismos partidos que lo han aprobado. La Comisión de Venecia indica en su dictamen que la AutoAmnistía es un límite para la Amnistía. Cuando se habla de si la Amnistía cabe o no en la CE -que no cabe, como se ha explicado más arriba-, se está errando la cuestión, pues el caso es en realidad, si la AutoAmnistía cabe o no en la CE. La Amnistía no cabe en la CE, y por tanto, la AutoAmnistía mucho menos, pues es un fin espurio. Nos están distrayendo con la Amnistía a retortero, cuando la realidad es que los 14 imprescindibles votos conforman una AutoAmnistía.

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  3. Rosa Maria
    Rosa Maria Dice:

    Buenos dias,
    Soy catalana de Barcelona en concreto, y desde aquí les puedo asegurar que los catalanes nos volvemos a estirar de los pelos, pues gracias al impresentable de Sánchez, hemos vuelto al 2017.
    Otra vez con el vividor y su sequito de parásitos a las puertas de Catalunya.

    No se destaca por los medios de comunicación ,ni analistas políticos, que en el Parlament de Catalunya ya han entrado diez diputados de Vox. Por qué será? Y esperen a las proximas elecciones!

    Gracias Pedro Sánchez por ser tan conciliador con los catalanes!

    Saludos

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  4. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    ¿Era una información veraz de tantos medios que Sánchez tenía una mayoría parlamentaria?
    ¿ Qué pasará con la amnistía si no le sirve a Sánchez para gobernar?Es un gobierno inviable y de enorme coste para la democracia, la economía y los ciudadanos.
    Los partidos que votaron por Sánchez no lo han hecho por un programa común. Cada uno cree que esta vez si que cumplirá lo que les ha prometido y además, tienen programas e intereses contradictorios.
    Sánchez, si continúa dependiendo de los mismos socios, no podrá cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática.
    La independencia judicial es clave y no la quieren implantar a pesar de las advertencias y amenazas de la UE.
    La continuidad del mismo gobierno compromete no sólo la financiación de los fondos que están condicionados al cumplimiento “verificado” de reformas estructurales contradictorias con los programas de sus socios, sino, también, la continuidad en esta .
    ¿ Con cuantos votos cuentan para la reducción del gasto público , del déficit y del endeudamiento o las reformas estructurales que nos exige la UE?¿ Qué pasará cuando sus votantes comiencen a sufrir en su nivel vida los efectos de una gestión pública tan incompetente e irresponsable?

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  5. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Los que gestionan las Comunidades Autónomas que han apoyado a Sánchez , Canarias, Asturias y Castilla La Mancha, están entre las más beneficiadas del actual modelo de financiación ¿ De verdad se creen que si cambian de modelo no les perjudicará? ¿ Y a los de la España vacía?¿ Qué futuro les espera a sus políticos?.
    ¿Apoyarán los nacionalistas leyes contrarias a su programa y a sus apoyos ?. En las elecciones próximas en el País Vasco , Sánchez que ha blanqueado y dado protagonismo a Bildu ¿ por quién se decantará? ¿De quién está más cerca ideológicamente?¿ Qué pensarán los votantes del PNV y los sectores económicos y profesionales cuando tengan un régimen como el que ha arruinado Cataluña, de sus dirigentes que lo han permitido?.
    Y en Cataluña , igual con los independentistas, si se decide por uno perderá los votos del otro y necesita de todos para sostener su presidencia.
    Si Sánchez no puede continuar porque no adivinó lo que le sucedería ¿ Qué pasará con el PSOE y los proyectos que ha tenido que aceptar para asegurar su continuidad , como el de la amnistía? ¿ Y también, con los medios de información ,los intelectuales , profesionales …funcionarios públicos que le han apoyado tan ciegamente ?.¿Cómo no previnieron que se jugaban su futuro personal y profesional y que Sánchez, como no es de fiar , los podía dejar colgados en cualquier momento?.

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  6. M.
    M. Dice:

    Buenos días:
    Estaría muy bien que se intentara una traducción de este artículo al inglés y su posterior envío al blog alemán Verfassungsblog.de, donde hace poco se publicó un artículo a cargo de dos asesores de los independentistas donde se busca dar la impresión de que la Comisión de Venecia defiende totalmente la amnistía, con el objetivo de que se publique allí para su lectura por parte del público europeo.
    https://verfassungsblog.de/the-spanish-amnesty-the-conflict-with-catalonia-and-the-rule-of-law/

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