No es solo la amnistía

Cuenta SALUSTIO en su obra sobre la conjuración de Lucio Catilina del año 63 a.C. que, tras haberse postulado este para ser nombrado cónsul sin éxito, se había apoderado de él un irrefrenable deseo de hacerse dueño de la República, y que no le importaban nada los medios que tuviera que emplear con tal de conseguirlo.

Para garantizar el apoyo de sus fieles, Catilina les había prometido la anulación de los registros de personas con deudas, las proscripciones de los ricos, magistraturas, cargos sacerdotales, saqueos y todo aquello que lleva consigo el antojo de los vencedores. Catilina no reparaba en gastos, ni tenía en nada su honor, con tal de tenerlos adictos a su persona .

¿Qué le importaban a él la verdad, la decencia y la dignidad, haber dicho una cosa o la contraria, o que algo fuera justo o injusto, cuando lo que estaba en juego era su persona y su ambición de poder?

¿No habían abierto los sofistas siglos antes la posibilidad de justificar cualquier fin sosteniendo una cosa o su contraria con la mayor inteligencia, solvencia y elegancia?

En sus Dobles Razonamientos, PROTÁGORAS DE ABDERA ya había sostenido que lo falso y lo verdadero son lo mismo «porque se expresan con las mismas palabras», y «porque si las cosas ocurren tal y como dice el discurso, este es verdadero; y si no ocurren así, este mismo discurso es falso». Su conclusión fue que «el mismo hombre vive y no vive, y las mismas cosas existen y no existen; pues lo que existe aquí no existe en Libia, ni lo que existe en Libia existe en Chipre; y dígase lo mismo de las demás cosas. Por consiguiente, las cosas existen y no existen»

Ante este panorama, ARISTÓFANES escribió su famosa comedia Las nubes, en la que Estrepsíades pide a Sócrates que enseñe a su hijo el razonamiento adecuado para esquivar a sus acreedores y no tener que pagar las cantidades que adeuda: «Enséñale los dos razonamientos, el bueno, que poco me importa, y el malo, el que triunfa sobre lo bueno litigando lo falso. Al menos enséñale, al precio que quieras, el razonamiento injusto». Poco después, mirando orgulloso a su hijo, le dice: «¡Qué felicidad para mí, en primer lugar, el poder ver tu cara! Se puede leer en tu rostro la costumbre de negar y contradecir. En él se ve brillar claramente esta frase: ¿Qué dices tú? Ese descaro puede hacerte pasar como víctima, cuando se es evidentemente el ofensor» .

La refutación de lo verdadero y lo justo mediante sólidas técnicas retóricas ya se inventó hace veinticinco siglos, y muchos de los que desde entonces han pretendido alterar la paz pública o acceder o mantenerse en el poder a toda costa han pretendido justificar con sutiles pretextos que lo hacían por el bien común.

Del mismo modo, la llamada «Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» pretende justificarse, según su Exposición de Motivos, en la «búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social». Sin embargo, todos sabemos que la ratio legis o alma de la ley no ha sido esa, sino la permanencia en el poder de unos políticos. Los españoles hemos sido testigos del espectáculo poco edificante de cómo los mismos que defendieron la ilegalidad, la inmoralidad y la inconveniencia de la amnistía hasta las elecciones generales del 23 de julio de 2023 pasaron a defender exactamente lo contrario a partir del día siguiente, cuando se dieron cuenta de que esa amnistía sería la condición necesaria para su permanencia en el poder.

A la vista de estos hechos inequívocos -facta concludentia-, se puede escribir que la amnistía es para favorecer la convivencia, para garantizar la paz en el mundo o para luchar contra el cambio climático, pero da igual lo que se escriba o lo que se diga, porque los hechos son elocuentes, hablan por sí solos y desmienten cualquier interpretación ex post facto contraria a los hechos concluyentes de los que todos los españoles hemos sido testigos.

Ya explicó con brillantez Jean-François REVEL que la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira, y que la ideología exime a la vez de la verdad, de la honradez y de la eficacia, dando lugar a una triple dispensa: la dispensa intelectual, la dispensa práctica y la dispensa moral . La primera consiste en retener solo los hechos favorables a la tesis que se sostiene, incluso tergiversándolos, y en negar y ocultar todos los demás. La segunda consiste en suprimir el criterio de la experiencia y quitar todo valor de refutación a los fracasos. Finalmente, la tercera abole la noción del bien y el mal, porque lo que es crimen, delito o vicio para cualquiera no lo es para el actor ideológico, para quien el servicio a la ideología sustituye el lugar de la moral.

Las sólidas razones jurídicas, morales y prácticas que desaconsejan esta amnistía, en virtud de la cual unos políticos amnistían los delitos de otros a cambio de que estos faciliten la permanencia en el poder de aquellos, constan muy claramente expuestas en diversos artículos recopilados en el número 108-109 de la revista jurídica «El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho» y en la obra colectiva «La Amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho» .

La amnistía representa el triunfo de la arbitrariedad y del interés particular de una minoría privilegiada frente al interés general. Si en su inmortal oración fúnebre por los atenienses muertos en la guerra del Peloponeso PERICLES explicó que al régimen político de Atenas se le dio el nombre de democracia porque servía «a los intereses generales de la mayoría, y no de unos pocos» , y en la Roma republicana la Ley de las XII Tablas prohibió las leyes que establecieran privilegios para una persona o grupo de personas (Privilegia ne inroganto), en España observamos con preocupación cómo la actividad política se desenvuelve al albur de intereses personales, penales y penitenciarios de políticos sin el menor interés ni vocación alguna por defender el interés general de España.

Desde el punto de vista de la organización y funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, la amnistía es el resultado más reciente de un problema persistente que afecta a nuestra organización jurídico-política, de acuerdo con el cual el partido más votado que no obtiene mayoría absoluta solo puede gobernar a base de transferir a las fuerzas nacionalistas recursos, funcionarios y competencias para lograr su apoyo parlamentario. La novedad es que a este insufrible proceso de transición indefinida y desguace del Estado que sufrimos desde 1978 -sin justificación alguna desde el punto de vista de la organización racional del Estado Autonómico- se han sumado ahora nuevas medidas arbitrarias de gracia y privilegio como los indultos o la amnistía.

Además, esta amnistía -groseramente impuesta por la conveniencia personal de ciertos políticos- acentúa la deriva arbitraria de un poder político que se ha convertido en un gran Leviatán frente al cual el ciudadano se encuentra cada vez más indefenso. Si el español medio va perdiendo la confianza en el Estado de Derecho por la proliferación de miles de normas de dudosa necesidad que casi nadie lee ni comprende -en ocasiones, ni los que las redactan, sin la formación necesaria para ello-, esta falta de confianza se multiplica al observar cómo los principios jurídicos más básicos, que los ciudadanos sí entienden -como el principio de igualdad ante la ley- son vulnerados sin contemplaciones cuando no convienen al poder político.

Cada vez es más difícil para el ciudadano lo que -en palabras de Konrad Hesse- hizo del Derecho Privado el «baluarte de la libertad» : la preservación y la garantía de la personalidad del hombre para su autodeterminación y responsabilidad propia.

Es conocido que el poder de la autonomía privada encuentra su fundamento en el reconocimiento de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 de la Constitución, porque solo se reconoce la dignidad de la persona si se la permite autorregular sus marcos de intereses .

Sin embargo, esta autonomía privada -y consecuentemente la dignidad de la persona- está siendo arrinconada desde hace tiempo por la progresiva desprotección del derecho a la propiedad privada, la proliferación de toda clase de normas imperativas que rigen hasta el más insignificante aspecto de nuestras vidas y una concepción de la democracia que no admite la existencia de lindes no traspasables ni de ámbitos ajenos a la actuación y decisiones del poder político .

El problema inmediato y más amplio al que nos enfrentamos los españoles, por tanto, y al que habrá que dar cumplida respuesta, no es tanto o no es solo la amnistía, sino la desnuda arbitrariedad de las decisiones del poder político concretada legislativamente en lo que WIEACKER calificó como un Derecho de intereses impuesto por mayorías tácticas . El ordenamiento jurídico se empieza a percibir como una simple aglomeración de normas particulares sin conexión de sentido, fruto de la arbitrariedad impuesta por los intereses personales de ciertos políticos y de un positivismo degenerado que amenaza todos los resortes de la libertad y la autonomía del individuo.

Este proceso va acompañado de una progresiva infantilización de la sociedad bajo un poder paternalista, minucioso y tutelar del que ya advirtió TOCQUEVILLE hace casi doscientos años . La huida de la responsabilidad, resultado de delegar en el sistema tanto las responsabilidades colectivas como las individuales, a la que se ha referido Rodrigo TENA , termina en lo que Pablo de LORA ha denominado la «legislación santimonia del Estado parvulario» , en la que lo fundamental es que el legislador declare sus buenas intenciones. De esta forma, aunque las consecuencias de una norma sean nefastas o contraproducentes, la misma se podrá justificar porque la intención fue buena y el legislador tenía buenos sentimientos.

A la vista de los retos constitucionales y vitales que la historia presenta a nuestra convivencia común en libertad, la pregunta pertinente es si esta vez los españoles conseguiremos estar a su altura, o si la indiferencia, la resignación y la comodidad podrán con nosotros.

Cualquiera que sea la respuesta, nada está escrito, y en los últimos tiempos estamos asistiendo al espectáculo formidable de la defensa del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad, del mismo modo que se atisba un rearme moral, intelectual y jurídico frente a la hegemonía cultural de las ideas nacionalistas que, desbocadas en su insolidaridad reaccionaria y sin apenas control alguno, nos han llevado al borde del desastre.

Sin el respeto a la soberanía del pueblo español no hay convivencia posible, y si se rompiera el Pacto Constitucional, se volvería -así hay que decirlo- al Estado de naturaleza. En palabras de Benigno PENDÁS, «en el plano superior de la legitimidad gozamos del derecho a ser españoles que nos hemos ganado con el esfuerzo colectivo de muchas generaciones».

8 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Me parece que se tocan demasiados temas a la vez, y de manera tendenciosa. Se agradece, eso sí, que lo primero que hace el artículo es avisar de que hay cierta “relatividad de la realidad” en los relatos.

    Los hechos inequívocos que llevan a la amnistía son:
    – La no renovación del CGPJ, que se explicaría por querer controlar el Poder judicial (hasta hay SMS al respecto).
    – La Operación Catalunya y la detención de parlamentarios sin existir delito flagrante demuestran que hay persecución ideológica y que no se respeta la ley (por parte del Poder judicial y también por parte de ciertos partidos políticos, como el que cambia de excusa continuamente para no renovar el CGPJ).

    De esto cabe deducir que es necesaria una amnistía para intentar revertir el lawfare que han sufrido (y siguen sufriendo) los independentistas. O sea, la realidad factual es que, en vez de tratarse de “el triunfo de la arbitrariedad y del interés particular de una minoría privilegiada frente al interés general”, la amnistía es necesaria para que España empiece a parecer una democracia.
    A mi esta amnistía me parece que es defender el interés general: Es una forma de dejar claro que a la represión por delitos arbitrarios le pueden seguir medidas de gracia para intentar acercanos a eso de que todos seamos iguales ante la ley.

    También la realidad desmiente eso de “el partido más votado que no obtiene mayoría absoluta solo puede gobernar a base de transferir a las fuerzas nacionalistas recursos, funcionarios y competencias para lograr su apoyo parlamentario”. La prueba es M.Rajoy (por si esto lo lee cierto juez: Me refiero al ex-Presidente: Mariano Rajoy), tras ser investido cuando una mayoría de parlamentarios del PSOE se abstuvieron. Y es que el acuerdo PP-PSOE es, en realidad, perfectamente posible.

    Por último, respecto: “la defensa del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad, del mismo modo que se atisba un rearme moral, intelectual y jurídico frente a la hegemonía cultural de las ideas nacionalistas que, desbocadas en su insolidaridad reaccionaria y sin apenas control alguno, nos han llevado al borde del desastre.”
    Ciertamente los nacionalismos pueden llevar al desastre, pero aquí el único nacionalismo desbocado y sin control es el mayoritario: el “españolismo” (como el que parece sostener el autor del artículo). Creo que debe ser el factor determinante para no apreciar que para defender el Estado de Derecho sería necesario investigar correctamente el lawfare (investigación que no se está haciendo en España).

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    • Lole
      Lole Dice:

      “la detención de parlamentarios sin existir delito flagrante demuestran que hay persecución ideológica”
      Sí hubo delitos flagrantes. Los asociados al golpe de estado que habían perpetrado. Por tanto eso de persecución ideológica carece de base.

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      • AGonzalo
        AGonzalo Dice:

        Vuelve a insistir en sus delitos inventados, y claro, así se ve capaz de inventarse lo que es “flagrante”. Para aquellos que sean capaces de diferenciar los hechos de sus propios deseos:
        https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-flagrante/
        ¿Qué es un delito flagrante?
        Un delito flagrante es aquel que se comete cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer la infracción.
        Se produce cuando el delincuente es detenido en el momento de cometer el delito y también cuando es detenido o perseguido inmediatamente después de haberlo consumado.
        Por último, también se considera delito flagrante cuando se sorprende al culpable inmediatamente después de la comisión del hecho con efectos e instrumentos que llevan a sospechar de su participación en la infracción.

        Por tanto: Reitero que los hechos inequívocos son los que he expuesto.
        Y el que usted se invente “cualquier cosa” para represaliar líderes independentistas pero no para los que no renuevan el CGPJ: Evidencia persecución ideológica.
        Como viene a decir el autor del artículo puede haber cierta “relatividad en la realidad”, pero un poquito de por favor: ¡No nos hagamos trampas en el solitario!
        Los hechos fueron los que fueron, todos los pudimos ver.

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        • Manuel Villa Díaz
          Manuel Villa Díaz Dice:

          Yo los vi y no tienen nada que ver lo hechos que vi con lo que los independentistas sostienen. Los independentistas quisieron robarle al resto de españoles su propiedad de Cataluña cuando en Cataluña se votó que España es un proindiviso. Lea el Art. 22.2 de la CE.

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        • Lole
          Lole Dice:

          Lo vimos todos cuando el Parlament aprobó una ley de Transitoriedad, pese a las prohibiciones, que por sí sola constituyó un intento de golpe de estado. Y todos también pudimos ver cómo, a pesar de dichas prohibiciones, siguieron aplicándola. Por tanto no son delitos inventados. Son delitos fragrantes. Por tanto no hay tal persecución ideológica.
          Entiendo que para usted debe de ser doloroso reconocer que los líderes nacionalistas catalanes cayeron tan bajo promoviendo un golpe de estado.

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  2. Manuel Villa Díaz
    Manuel Villa Díaz Dice:

    Me parece correcto el artículo aunque el perfil combativo contra las mentiras de los independentistas no es lo suficiente que ellos piden merecer.

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  3. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    La reforma de nuestro régimen autonómico es clave para el futuro de nuestro país. Lo expliqué en un reciente artículo en Notarios y Registradores del que os hago un extracto “LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO Y EL RÉGIMEN AUTONÓMICO
    El régimen autonómico, con el ingreso en la Unión Europea, debería haberse adaptado a ella…
    El problema es la insostenibilidad del Estado que nos llevará a un ajuste enorme del gasto público.
    Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica. Y generó, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable.
    Si la reducida dimensión de los grandes Estados era una rémora para el futuro de sus ciudadanos, ¿Cómo iba a llevar a la misma meta la fragmentación nuestra? Alguien estaba errando. ¿Quiénes tendrían razón, los dirigentes democráticos de las naciones de mayor progreso de Europa que habían sacrificado su soberanía y sus atribuciones o nuestros políticos interiores que intentaban ampliarlas?
    El sistema autonómico. que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones, tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente y ruinoso para los ciudadanos.
    Dada la insostenibilidad del estado, el ajuste del gasto público más intenso y próximo de lo que pensamos, nos obligará a un nuevo modelo »sostenible», diferente al que actualmente tenemos. Entonces tendremos que volver a la obligación que nos comprometimos y no debimos abandonar, ajustar nuestro régimen autonómico a las funciones que tendrán las autonomías después del proceso de unificación.
    https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/opinion/la-sostenibilidad-del-estado-y-el-regimen-autonomico/

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  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Excelente artículo que nos hace reflexionar sobre el estado de Derecho actual en que la verdadera separación de poderes parece haberse convertido en lo contrario: la acumulación de poder por la concentración de poderes. Una situación que ya Spengler advertía sobre el cesarismo antidemocrático e inconstitucional de los “ejecutivos” al servicio de intereses particulares ideológicos.
    Y es verdad que el ordenamiento jurídico no está produciendo -en general- ninguna mejora en lo que llamamos “soberanía nacional”, sino que ésta la hemos puesto a disposición de otros órganos e intereses que son los que se impondrán finalmente.
    La pregunta lógica es: ¿para qué sirven nuestros parlamentos? ¿sólo para ejercer un trabajo administrativo de transposición de normas que -como bien se dice- nadie ha leído y nadie conoce, pero que mutilan derechos y libertades del “soberano” o le someten a imposiciones arbitrarias y caprichosas muchas veces?
    Los títulos de las mismas son suficientes para entender por donde quieren ir y a que intereses bastardos a veces obedecen.
    Un saludo.

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