Las Administraciones públicas: un laberinto de ineficiencia
En los recovecos de la Administración, se esconde un fenómeno que contrasta con sus principios de actuación que se proclaman en la Constitución y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: la ineficiencia. Un funcionamiento desorganizado que no solo consume recursos, sino que también frustra a los empleados públicos y, en última instancia, perjudica a los ciudadanos.
El enigma de los órganos administrativos estancos
En el corazón de este laberinto administrativo, donde los diferentes órganos administrativos se multiplican, se esconde un enigma: estos operan como islas aisladas, desconectadas del flujo de conocimiento. Aunque existe comunicación, esta no facilita el reaprovechamiento de la información y en muchos casos se limita a correos electrónicos o reuniones. ¿Acaso hemos vuelto a los tiempos del año 2000? Sí, en ocasiones se usan aplicaciones de mensajería instantánea o de reuniones a distancia, pero la dinámica de trabajo continúa siendo la misma.
Imaginemos a un funcionario público de una subdirección cualquiera que resuelve un problema complejo. Ese conocimiento podría ser valioso para otros, pero queda atrapado en la isla. La falta de interacción y colaboración perpetúa esta desconexión. Este aislamiento conlleva un despilfarro de esfuerzos y una pérdida de conocimiento. Las sinergias, que podrían surgir de compartir buenas prácticas y evitar errores repetidos, se desvanecen en el aire.
Sorprende que, en 2024, cuando un funcionario público se dispone, por ejemplo, a elaborar la convocatoria de una subvención o redactar un convenio, en ocasiones recurra a modelos predeterminados, que sirven a modo de guía mínima, cuando no se limita simplemente a copiar y pegar documentos similares realizados por sus compañeros.
La resistencia al cambio: desafíos y avances en la Administración General del Estado
En lugar de avanzar hacia la innovación, la realidad es que las Administraciones Públicas, salvo excepciones puntuales, parece que continúan ancladas en prácticas arcaicas. La Administración General del Estado (AGE) se asemeja, en numerosas ocasiones, a cientos de PYMES que, con mérito, buscan cumplir con sus responsabilidades en beneficio del ciudadano.
Efectivamente, existen desde hace años los Servicios Comunes, los cuales incluso se mencionan en la Ley 40/2015 de hace ya casi 9 años. Estos facilitan el trabajo en actividades muy concretas como control horario de los empleados públicos, gestión de nóminas, de registro etc.
Igualmente, la AGE emprende actuaciones como el Servicio de Automatización Inteligente (SAI) cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios y procesos de gestión administrativa mediante el uso de tecnologías de automatización inteligente generando sinergias, reduciendo tiempos de tramitación y ahorrando costes de desarrollo y operación. Este servicio se ofrece a los diversos organismos mediante una plataforma de tecnología RPA (Automatización Robótica de Procesos) que abarca todas las etapas de los proyectos, desde la identificación de procesos hasta su implementación y mantenimiento. Todo ello impulsado por la licitación en 2022 del contrato de prestación de servicios de apoyo para el Centro de Excelencia de la Secretaría General de la Administración Digital encargado de la gestión, desarrollo y operación del SAI.
Por otra parte, existen herramientas destinadas a proporcionar publicidad de los diferentes instrumentos jurídicos que adopta la Administración General del Estado como pueden ser la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con sus propias limitaciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público que también sirve de mecanismo de comunicación con los licitadores y que en el marco de la Estrategia Nacional de Contratación Pública (ENCP) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se prevé mejorar.
Sin lugar a duda existe un esfuerzo de la AGE en revertir esta situación a través de diferentes políticas públicas como el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 o incluso por medio de las inversiones en el marco del PRTR. El componente 11 «Modernización de las Administraciones Públicas», recoge un conjunto de actuaciones en el ámbito de la administración digital.
Entre sus retos se incluye el de la digitalización de la Administración y procesos señalando que «Este componente debe permitir dar un paso más allá en la mejora, maximizando la automatización de la gestión e impulsando la cooperación entre los distintos niveles administrativos mediante la digitalización, liberando con ello a los empleados públicos de tareas de bajo valor añadido, para poder dedicar ese tiempo a actividades de mayor valor añadido, desarrollar mejores políticas y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.»
Y entre sus objetivos el 161 «Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital de la Administración General del Estado» que comprende la publicación en el BOE o en la Plataforma de Contratación Pública de la adjudicación de al menos 960 millones de euros en proyectos que abarquen los siguientes ámbitos: Transformación digital en términos de proactividad, movilidad, experiencia del usuario; transformación digital en términos de automatización y Administración Pública centrada en los datos; transformación digital en términos de infraestructuras físicas y lógicas y programas informáticos; transformación digital en términos de ciberseguridad.
Sin embargo, la realidad es que, a pesar de estos esfuerzos, a la fecha actual, en el trabajo diario de la AGE, aún persisten métodos más propios de una pequeña empresa al momento de elaborar diversos documentos requeridos para las distintas actuaciones (tales como convenios, pliegos de contratos, convocatorias de subvenciones, entre otros).
En plena era digital, resulta desconcertante persistir en el uso de procedimientos y herramientas obsoletas, lo cual conduce a la repetición de tareas en distintas unidades una y otra vez, desperdiciando así recursos y conocimientos valiosos.
La resistencia al cambio y la falta de visión estratégica en el pasado ha mantenido esta situación de ineficiencia, mientras las promesas eternas de transformación de las Administraciones Públicas, de momento, al menos, se han desvanecido con el tiempo.
La llave para desbloquear el laberinto
Para desentrañar este enigma, se necesita construir mecanismos para compartir y usar la información de una manera eficiente. Y uno de los cimientos fundamentales es la creación de repositorios de conocimiento. ¿Qué implica esto?
La creación de espacios dinámicos y actualizados de la diferente documentación generada por la Administración.
Y esta clave podría residir en el desarrollo de un data lakehouse. Una arquitectura de datos que crea una plataforma mediante la combinación de los beneficios clave de los data lakes (grandes repositorios de datos sin procesar en su forma original) y los almacenes de datos (conjuntos organizados de datos estructurados).
Estas tecnologías son cruciales en proyectos que involucran conjuntos enormes de datos flexibles facilitando la identificación de patrones y relaciones difíciles de detectar.
Aquí es donde la Inteligencia Artificial (IA) revela su potencial transformador. Su introducción no solo representa una oportunidad única, sino también un catalizador para la eficiencia y la innovación. La IA posibilita el desarrollo de un sistema de data lakehouse capaz de aprender de experiencias previas y optimizar el uso de los datos disponibles.
Por ejemplo, cuando un funcionario público se embarque en la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de un contrato administrativo, podrá hacer uso de este data lakehouse y la IA como asistentes. Estos recursos le proporcionarán apoyo durante todo el proceso, basándose en actuaciones similares anteriores e incluso extrayendo información relevante de resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y jurisprudencia aplicable. Este avance tecnológico permite una mayor eficiencia y precisión en las tareas administrativas, ofreciendo un enfoque más informado y ágil para la gestión y toma de decisiones.
A modo ilustrativo, también en el contexto del PRTR, específicamente en su componente 18, “Renovación y Ampliación de las Capacidades del Sistema Nacional de Salud”, la AGE colaborará estrechamente con las Comunidades Autónomas para establecer un repositorio centralizado de datos (Data Lake sanitario) en el ámbito de la salud. Este repositorio integrará información proveniente de los distintos sistemas de información sanitaria existentes, facilitando así el análisis y procesamiento exhaustivo de datos empleando algoritmos de inteligencia artificial. Como resultado, se espera una capacidad de respuesta en tiempo real que permita mejorar el diagnóstico y tratamiento, identificar factores de riesgo, analizar tendencias, detectar patrones, prever situaciones de riesgo sanitario y planificar recursos para su atención. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es la responsable del proyecto y se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad.
En cualquier caso, aunque la tecnología juega un papel crucial, la verdadera clave para desentrañar este complejo laberinto no reside únicamente en ella, sino en un cambio más profundo de mentalidad y enfoque. Se requiere fomentar la colaboración, derribar barreras y promover una cultura de intercambio de conocimientos. Es esencial que los empleados públicos se conviertan en agentes activos en esta transformación, asumiendo un papel principal en la implementación de soluciones innovadoras.
Una buena señal es el Real Decreto 210/2024, por el que se establece la estructura orgánica básica del recién creado Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el que se determina que la Secretaría General de Administración Digital estará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Función Pública. La tecnología y la administración de los recursos humanos de la Administración deben ir de la mano.
Asimismo, el reciente documento marco «Consenso por una Administración Abierta», destaca que hay que «Preparar a las administraciones públicas para obtener el pleno potencial de la IA generativa a partir de la estructuración y ordenación de datos, la definición de un modelo de gobernanza orientado a generar sinergias».
Es momento de abandonar este laberinto y construir una Administración más eficiente, transparente y orientada al ciudadano, donde la tecnología y el compromiso humano se combinen para alcanzar un servicio público de calidad. La ineficiencia no es inevitable.
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras más de 15 años de ejercer la profesión en el campo de la ingeniería, actualmente pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Estoy de acuerdo con lo que se expone en el artículo: las administraciones públicas son ineficientes. También son altamente ineficaces, y no se cumple con los criterios de objetividad y neutralidad en su manera de trabajar, porque son, cada año que pasa, un poco más extensiones de los partidos políticos, y un poco menos organizaciones al servicio de los ciudadanos.
Al margen de esto, puedo referir mi experiencia como funcionario desde que se ha implantado la llamada “administración electrónica”:
1. Ha supuesto un incremento de la burocracia. Tardamos más que antes en tramitar los mismos procedimientos.
2. Se nos dice que no es necesario personal administrativo o auxiliar, porque las tecnologías informáticas permiten que el personal de titulación superior las puede ejecutar. Es el equivalente a considerar que un médico puede hacer el trabajo de celador. Naturalmente, un médico no hará bien el trabajo de celador, y, además, mientras se dedique a las tareas de celador, no atenderá a los pacientes como médico. Esto mismo sucede en las oficinas de la administración gracias a la administración electrónica.
3. Debido a lo que he expuesto en el punto anterior, los funcionarios con titulaciones superiores se dedican cada vez más a los instrumentos de trabajo y cada vez menos a pensar en términos sustantivos sobre las materias que preocupan a los ciudadanos. El autor del artículo supone que la inteligencia artificial producirá el efecto de que los funcionarios se podrán preocupar más de dichas tareas sustantivas. Tal vez sea así, pero, por el momento, lo que se está produciendo es lo contrario, como he referido.
Tal vez este empeoramiento de la eficacia y eficiencia en la administración debido a la implantación de la administración electrónica se debe a que se está haciendo mal. No lo sé, porque no tengo los conocimientos suficientes para saber si se puede hacer mejor. Lo que si pasa es que, por ahora, lo sufro como funcionario, y lo sufren los ciudadanos.
Por último, quería proponer una reflexión: tal vez las personas que se inclinan de forma entusiasta por la administración electrónica y los medios tecnológicos, es porque ellos mismos son personalmente entusiastas de estas tecnologías, es decir, se encuentran condicionados por sus propios gustos y aficiones. Pero las personas somos muy diferentes. Yo soy un entusiasta de las Humanidades, por ejemplo. Con esto quiero señalar que los “entusiastas” de las nuevas tecnologías tendrían que realizar un esfuerzo de empatía con el resto de la humanidad y entender que no todos somos iguales, y hay quien sigue teniendo interés en ver a la gente en persona y no a través de una pantalla (y más cosas de este estilo). A todos estos entusiastas, les recomiendo leer algunas de las obras de ciencia ficción escritas en los años 50 y 60 del pasado siglo, donde se exponen algunos efectos de que las tecnologías nos están haciendo padecer ahora, y que ya estaban previstos en esas novelas.
Un cordial saludo.
El principal problema de las AA.PP. ha sido la sustitución progresiva pero contundente del personal dedicado a la Función Pública (funcionarios) por una especie de correas de transmisión ideológica de los partidos y gobiernos.
Si a esto unimos la idea de que los ciudadanos por el mero hecho de serlo son sospechosos de cualquier irregularidad y por tanto deben ser perseguidos con saña, nos encontramos con una perversión absoluta de lo que deben ser los servicios públicos en todos los ámbitos.
Si además tenemos en cuenta de la práctica eliminación de controles internos en la gestión, nos damos cuenta de lo fácil que resulta cualquier tipo de corruptela (para “los nuestros”) como demuestran los muchísimos casos de irregularidades o delitos que van apareciendo.
Si los cargos públicos a dedo no tienen ni pajolera idea de lo que son y representan en sus tareas y responsabilidades, sino que sólo están para obedecer a los partidos que les dan de comer, nos encontramos con otra perversión del sistema de nombramientos que sólo pueden traer ineficacia, ineficiencia y parcialidad en la gestión.
Si el Parlamento no tiene capacidad o ganas de controlar los actos de gobierno o este no es obligado por la presidencia del Parlamento a responder a dicho control, estamos ante un poder único (el ejecutivo) basado en la compra de voluntades o apoyos desde el presupuesto público.
Si los presupuestos públicos tienen carácter clientelar en vez de estar sometidos al interés general y en el gasto público dan igual 8 que 80, estamos ante una administración desleal de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos.
Antes se decía aquello de “cherchez la femme” hoy habr´ñia que decir: “seguir la carrera económica” de los que nos gobiernan. Hay unos cuantos ejemplos.
Un saludo.