La acción popular y los partidos políticos: una propuesta de regulación

Si hay una peculiaridad de nuestro sistema procesal penal en relación con los países de nuestro entorno inmediato es la propia existencia de la acción popular. Solo en España tiene legitimación para constituirse en acusación, aparte del Ministerio Fiscal y de la víctima del delito, la ciudadanía en general, sin ser perjudicados u ofendidos por la comisión del mismo. Este derecho, que hunde sus raíces en Roma (actio quivis de pópulo), fue reconocido por el legislador liberal, primero en la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y luego en la posterior Ley de 1882, cuya vigencia llega hasta nuestros días (actuales arts. 101 y 270 LECrim). Finalmente, por el constituyente de 1978 en su artículo 125 de la Constitución Española, permitiendo su presencia «en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine».

La razón que tuvo el legislador decimonónico para consagrar en nuestro derecho esta originalidad era obvia: posibilitar a cualquier ciudadano ejercer la acción penal ante la sospecha de que el Ministerio Fiscal se mostrara reticente a hacerlo tras la noticia de la comisión de un posible delito. Con ello se conseguía una eficaz tutela de los bienes jurídicos más valiosos (los protegidos por la norma penal), el control sobre la actuación del Ministerio Público ante la eventualidad de que pudiera separarse del principio de legalidad y además favorecer la participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia (no en vano, en el actual 125 de la Constitución se regula, junto con la figura de la acción popular, el Tribunal del Jurado, forma más acabada de garantizar esa participación ciudadana en el proceso penal).

Estos son también los motivos que justificaron la constitucionalización de esta figura en el ya citado artículo 125 CE, siempre «en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine». Es decir, el legislador se encuentra facultado para acometer una regulación de su ejercicio, sin poder derogarla ni eliminarla, por lo que una regulación procesal que vaciara absolutamente de contenido tal previsión sería inconstitucional. Incluso el Tribunal Constitucional (STC 62/1983, de 11 de julio o STC 34/1994 de 31 de enero) ha entendido el ejercicio de la acción popular como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, incardinando a la acción popular como uno de los «intereses legítimos» que menciona el precepto, entendiendo por legítimo aquel interés común de la sociedad en la represión de la criminalidad, muy especialmente si este está conectada con otras finalidades que puede perseguir lícitamente la ciudadanía o los grupos y asociaciones en los que este se integra.

No obstante, y como ya recordaba el maestro Diez Picazo, «precisamente porque el constituyente delega en el legislador la configuración legal del ejercicio de la acción popular, este se encuentra plenamente habilitado para excluir la acusación popular de determinados procesos, o bien exigir la prestación de una fianza adecuada para asegurar la seriedad de la acción».

Y es probable que esto se haya hecho, ahora más que nunca, necesario. La acción popular, que nació –como hemos visto– bajo el amparo de un ideal democratizador, se ha convertido en una figura especialmente controvertida, pues es posible afirmar en la actualidad que existe un abuso de la misma, bien por haber sido utilizada por determinadas organizaciones como medio idóneo para trasladar la contienda política al terreno de la justicia o bien incluso para lograr fines extraprocesales de orden crematístico. A este último supuesto obedece el llamado caso «Ausbanc- Manos Limpias», finalmente concluido por la STS 235/24 de fecha 11 de marzo. Aunque el pronunciamiento es absolutorio, el Tribunal Supremo ha declarado probado que Luis Pineda, en su condición de director de Ausbanc, de acuerdo con Miguel Bernad, y a través de Manos Limpias, procedieron a ejercer acciones penales al amparo del art. 125 CE con la finalidad de que las entidades objeto de la acción negociasen con Ausbanc diversos acuerdos publicitarios o de prestación de otro tipo de servicios a cambio de retirar las acusaciones iniciadas. Se absuelve por el Tribunal Supremo porque entiende estos comportamientos «aunque puedan resultar censurables en el plano ético» no se alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión, rechazando de forma expresa una interpretación hiperextensiva del precepto. En cualquier caso, parece obvio que, sean o no los hechos finalmente constitutivos de delito, urge una reforma legal para evitar que en el futuro puedan darse comportamientos como este.

Pero aquí quiero centrar mi análisis en el supuesto en el que determinadas asociaciones, y en concreto los partidos políticos, usen de la acción popular como soporte para trasladar la lícita contienda política a un terreno que manifiestamente no le es propio: los Tribunales de Justicia. Los partidos políticos «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política» (art. 6 CE), pero, aunque su naturaleza jurídica es la de «entes privados de base asociativa», según expresa la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, resulta manifiesta su relación con las Administraciones Públicas y las instituciones, a las que tienden a colonizar, como lamentablemente bien sabemos. Precisamente por ello, en alguna ocasión el Tribunal Supremo entendió que los partidos políticos se asimilaban a las administraciones públicas, denegando su personación porque el defensor de los intereses de la sociedad era el Ministerio Fiscal y porque los derechos de las partes podrían verse seriamente afectados por la intervención de dos acusaciones públicas (auto 2784/2007, de 13 de marzo).

No es, sin embargo, la doctrina imperante en la actualidad. La STS 537/2002, de 5 de abril, por ejemplo, habilitó a una concejala del Grupo Municipal Socialista a personarse como acusación popular por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos por otros integrantes de la Corporación de Marbella en ejercicio de su cargo. En todo caso, la Sala Segunda viene advirtiendo de que la intervención de partidos políticos en causas de gran repercusión mediática -a veces, con finalidades ajenas al proceso-, a través de la acción penal popular como instrumento político es «cuestionable». Por ello, se remite al legislador ante la necesidad de «abordar una reforma política que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política» (STS 459/2019, de 14 de octubre, caso Procés). En ese caso, ese pronunciamiento obedecía a la actuación del partido político VOX en dicho procedimiento. La Sala Segunda cita su Auto 13866/2018, de 6 de noviembre, para señalar que «el examen de los móviles que empujan a quien acciona en defensa del interés colectivo no es un requisito indispensable para concluir la validez del ejercicio de la acción penal. Corresponde al acusador popular el deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, pero no se trata de un tercero imparcial». Por todo lo antedicho, concluye que la legislación procesal vigente «no permite a esta Sala otra opción que admitir en el ejercicio de la acción popular a quien se personó en tiempo y forma, colmando todos los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para actuar como acusador popular» (FJ 11º). Igualmente, el Tribunal Supremo ha exigido fianza a los partidos políticos que se personen como acusadores populares una vez iniciado el proceso, pues esta práctica conlleva un «serio riesgo de judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política» (ATS 9508/2016, de 6 de octubre).

En definitiva, puede concluirse que la doctrina legal y jurisprudencial está de acuerdo en una regulación de la acción popular que excluya a los partidos políticos de su ámbito subjetivo como, por ejemplo, ya intentó el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, que negó legitimación activa para el ejercicio de la acción popular a los partidos políticos, los sindicatos y a las personas jurídicas públicas. Es evidente, y más en los convulsos tiempos políticos que vivimos, que permitir que los partidos usen de esta figura para perseguir penalmente a los adversarios y que puedan obtener así algún tipo de ventaja en las elecciones, en nada contribuye a mejorar ni la percepción que se tiene de la Administración de Justicia ni de la propia política. Incluso cabe pensar en si tienen también que ser endurecidos los requisitos para que no solo los partidos, sino otros grupos próximos a estos, ejerciten la acción popular, no buscando la investigación y en su caso sanción del delito, sino otros móviles que en nada se relacionan con el derecho de la ciudadanía a participar en la Administración de Justicia. El problema es trazar la raya en la que termina el derecho de la ciudadanía a solicitar la investigación y sanción de un posible hecho delictivo y comienza la utilización espuria de una institución que, aun inspirada en nobles finalidades, puede ser mal utilizada para la desestabilización de nuestro marco democrático y de convivencia.

1 comentario
  1. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La cuestión no es la regulación (más normas) de cuestiones que tienen un trasfondo político perverso y que, con cada nueva regulación, se consolidan en el mismo y lo amplían.
    La cuestión es conocer y detectar las muchas deficiencias de un sistema político basado teóricamente en una constitución bstante imperfecta y contradictoria, donde da igual una que otra interpetación siempre que quien interpreta sea “de los nuestros”.
    Lo demás son fuegos artificiales o en todo caso un ejercicio académico-jurídico que pueda resultar más o menos interesante pero cuya efectividad sea relativa.
    En el caso que se plantea que consiste en la ILP (caso legislativo) o en la figura de la acusación popular (que ha sido la forma de ganar HD el caso de la presidencia del Consejo de Estado) o de que la misma sirva para fines espurios (como se dice de Ausbanc), nada modifica el riesgo de que la Justicia sea instrumentalizada, contaminada o retorcida por intereses ajenos a la misma. Una cosa son las instituciones y otra la imperfección de la condición humana.
    El artº 14 de la Constitución es un ejemplo de cómo directa o indirectamente se puede hacer discriminación (por ejemplo electoral) o la llamada “positiva” en beneficio de alguien.
    Tampoco ayuda (como hemos repetido hasta la saciedad) el que los propios agentes de la Justicia se dividan ideológicamente y esto sea aceptado por la “soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado”, vulnerando de hecho la imparcialidad y neutralidad exigida en cualquier procedimiento. Todo depende del servidor público que se ocupe del caso. Es más, he tenido ocasión de ver en un auto judicial tachar de “negacionista” (término peyorativo) a un justiciable sin pruebas sobre ello. Es lo que se lleva al parecer.
    ¿Que decir de cuando un poder del ejecutivo (gobierno) dice abiertamente de quien depende la Fiscalía del Estado? Una ocasión perdida por parte del entrevistador para aclarar la diferencia entre “estado” y “gobierno”.
    Nos guste o no nos guste estamos ante un supuesto estado de Derecho que hace aguas desde su nacimiento, donde no hay ni división ni independencia de poderes (aunque formalmente lo parezcan) sino que hay un sometimiento al “cesarismo” de ,los ejecutivos y de los partidos que lo sustentan, que acaban por confundirse con el “estado”.
    “Es el puto amo” acaba de afirmar recientemente el portavoz del PSOE al afirmar los poderes del presidente de gobierno. “El estado soy yo” dijo Luis XIV y pasó lo que pasó…..
    Un saludo.

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