Los «peculiares» concursos universitarios, el mérito y la legalidad: el caso Sandra León como ejemplo

La dra. Sandra León ha saltado a la palestra pública como consecuencia de que obtuvo una plaza de profesora titular sin disponer de la acreditación previa que exige la ley. Adelanto que no pretendo en este artículo adentrarme en las cuestiones referidas al caso en concreto, sino que, a colación del mismo, creo que se abre una oportunidad para reflexionar sobre los concursos a puestos académicos.

Vaya por delante también que no dudo de la valía de la dra. Sandra León, cuyo currículum, sin lugar a dudas, habría merecido la acreditación a profesora titular si lo hubiera solicitado. Ahora bien, me parece bastante inverosímil la explicación que ha ofrecido sobre el hecho de que de forma extraña y para ella desconocida hubiera desaparecido el requisito legal de la convocatoria de su plaza. Igual que también dudo de que haya sido un mero «error burocrático» de la universidad, cuando se trata de un requisito cuya exigencia legal es palmaria y que venía apareciendo en convocatorias similares. Y, sobre todo, este relato inocente es inverosímil cuando uno conoce cómo se cocinan estas cosas. Y es ahí donde quiero ir.

Desde hace unas décadas, en la infernal peregrinación burocrática para alcanzar una plaza estable de profesor universitario hay dos momentos clave: en primer lugar, la acreditación por una agencia externa, la ANECA a nivel nacional (algunas CCAA tienen agencias propias), que revisa el currículum de los candidatos. Esta evaluación es exigente -lo cual no es malo-. Su problema reside en que es una evaluación muy formalista, valorando más cantidad y factores formales que la calidad real del trabajo. La parte buena es que hay una valoración externa bastante objetiva que, al menos, fija algo así como un mínimo común denominador de calidad. Luego, la segunda parte, consiste en que, una vez acreditado, hay que ganar una plaza convocada por la correspondiente universidad. Y es aquí donde vienen los absurdos, las cocinas y las prácticas proteccionistas

Los absurdos, porque hay universidades que, para preservar una pretendida objetividad en el procedimiento, se han inventado baremos y sistemas informáticos semiciegos, guiados por estulticia (que no inteligencia) artificial, los cuales evalúan a los candidatos limitando al máximo la discrecionalidad de los miembros de la comisión de selección. Conozco casos con resultados disparatados, en los que el candidato más valioso no pasaba ni la nota de corte, mientras que otros con abultados méritos mediocres se llevaban plazas. Este es el problema de crear sistemas formalistas, diseñados desde la desconfianza, que no permiten valorar la excelencia real.

Pero también tenemos el otro extremo: las cocinas y las prácticas proteccionistas. Es raro que una plaza universitaria no salga ya con candidato (con «bicho»). Además, cuando hay candidato local, lo normal es que se perfile la plaza (hay perfiles que son rayanos con lo obsceno) y que se busque un tribunal «amigo». La LOSU de 2023 ha introducido alguna herramienta para limitar perfiles y para tratar de prevenir estos tribunales amigos (con sorteo de algunos miembros), aunque, en la medida que ha dejado el desarrollo a las propias universidades, son muchas las que ya han encontrado la trampa. Por ejemplo, salvo contadas excepciones, las universidades, incluida la mía, han atribuido a los de siempre la potestad para nombrar a quienes integrarán la bolsa para el sorteo: rectorado, sindicatos, decanato y el propio departamento. Parece obvio que el candidato local, salvo extrañas excepciones, seguirá controlando su tribunal.

Esta realidad es especialmente dolorosa cuando se trata de plazas para el primer acceso a la universidad. Es decir, para conseguir el primer puesto en el escalafón de profesor. Ya que de este modo se distorsiona totalmente la competencia y el principio de mérito y capacidad. Hay muchos profesores excelentes, que además hicieron una criba muy dura con el acceso al doctorado, para quienes esa primera plaza ya forma parte de un iter previo. Pero, aún así, la realidad es que no sabemos cuántos candidatos alternativos mejores podrían haber merecido ganar una determinada plaza frente al candidato local. 

Cuando tales prácticas proteccionistas se usan en plazas de los subsiguientes niveles (permanente laboral, titular o catedrático) hay una razón adicional que no se puede despreciar. La universidad española es uno de los pocos ámbitos del empleo público en el que la carrera profesional se configura de forma tal que, en algunos de los ascensos, puedes jugarte el puesto. Es decir, un ayudante que promocionara a permanente, si alguien le ganara ese concurso, podría verse en la calle después de muchos años en la universidad. Una sinrazón que en cierto modo viene a justificar tales «trampas» proteccionistas, con la excusa, además, de que el candidato al menos ha sido acreditado previamente por la ANECA.

Se trata, por tanto, de un sistema perverso o, cuando menos, pervertido. Reconocerlo así no supone negar que hay personas valiosísimas en la vida universitaria, las cuales habrían ganado sus puestos en el más severo y abierto de los concursos. Y que se esfuerzan y realizan ejercicios brillantes aunque sean candidatos únicos. De hecho, los académicos somos los primeros perjudicados por un sistema como el actual, cuyas desviaciones no dejan de ser parches con los que cubrir la precariedad de la carrera académica: un camino en el que hay que enlazar becas y contratos precarios y en el que se ha dilatado mucho en el tiempo el acceso a puestos estables; mal pagados, para colmo; y sometidos a una intensa burocracia. Pero también es cierto que, con el actual sistema, cada vez es más común que pueda colarse la mediocridad. Sobre todo, porque los incentivos de los mejores estudiantes para dirigir su camino hacia el peregrinaje académico son pocos. Cualquier acceso a la función pública presupone un peregrinaje de estudio, pero alcanzada esta, llega el paraíso de la estabilidad -algo que no ocurre en la universidad- y salarios normalmente más altos.

Por todo ello, hace unos años, junto al profesor Gabriel Moreno (aquí), ya lanzamos una propuesta que apostaba por intervenir en un doble sentido: por un lado, diseñando una carrera académica que ofreciera estabilidad y posibilidades de promoción en tiempos razonables. Y, por otro lado, propusimos un sistema de provisión de plazas a través de un concurso-oposición auténticamente competitivo, limitando la autonomía de las universidades en la conformación de los tribunales y en el establecimiento de perfiles, y armonizando los baremos y las pruebas selectivas que deban realizarse. Añado ahora, en línea con lo señalado, que este concurso abierto es especialmente importante para el acceso a la primera posición académica como profesor permanente. Es ahí donde me parece irrenunciable un concurso-oposición que, además de la evaluación de los méritos, obligue a examinarse de un temario y presentar adecuadamente una programación docente, como hacen los profesores de secundaria. Luego, la promoción ya no tendría por qué ser competitiva, aunque exigiera pasar evaluaciones en procesos rigurosos. Además, habría que encontrar vías para favorecer la movilidad entre universidades y para posibilitar la incorporación de investigadores y académicos extranjeros (quizá, como ocurre en el ámbito judicial, con una suerte de «cuarto turno»). 

En un momento en el que la universidad española se enfrenta a un extraordinario relevo generacional, este tendría que ser el gran debate a mantener. Por desgracia, los intereses corporativos y la falta de valentía del legislador apuntan a que, a pesar de que tengamos una ley nueva, los viejos y perversos usos van a persistir.

3 comentarios
  1. RAFAEL ESTEPA
    RAFAEL ESTEPA Dice:

    EN LA MISMA LINEA Y DE FORMA MUY CONTUNDENTE, ARTICULO PUBLICADO EN EL MUNDO, HACE TIEMPO

    EN RESUMEN ¿QUE OPOSICION ES ESA EN LA QUE EL 90 % CONRURRE UN SOLO CANDIDATO?:

    ENRIQUE GIMBERNAT
    08/06/2016 03:03En España se accede a la función publica, como, por ejemplo, a economista del Estado, o a policía nacional, o a juez o a letrado del Consejo de Estado, mediante el sistema de oposiciones, sistema que es también el que estuvo vigente en nuestro país, hasta 1983, para incorporarse a las cátedras universitarias. Así, mediante oposición, es como obtuvieron sus cátedras, por ejemplo, Ramón y Cajal y Jiménez Díaz, Joaquín Garrigues y Luis Jiménez de Asúa, o Américo Castro y Ortega y Gasset.Todas las oposiciones para acceder a unas plazas siempre limitadas -oposiciones porque cada aspirante se enfrenta a otros candidatos, entrando en juego, de esta manera, el criterio de selección entre los más calificados- son públicas, con lo que la decisión del tribunal -designado de manera aleatoria- en la adjudicación de las vacantes está sometida al control crítico de los asistentes a las pruebas, y orales, lo que permite el conocimiento directo de los aspirantes por los miembros del tribunal.En 1983, la Ley de Reforma Universitaria (LRU), en lugar de introducir criterios en lo posible objetivos para la selección del profesorado, acude a unos procedimientos para dicha selección completamente ajenos a algo que tenga que ver con la preparación y la calidad científica de los candidatos. Para el acceso a plazas de profesores titulares (funcionarios de por vida) instaura dos vías: la extraordinaria de la idoneidad y la ordinaria de la endogamia. En virtud de la extraordinaria, establecida para una convocatoria única -sin limitación alguna de plazas-, podían convertirse en profesores titulares, mediante una llamada prueba de idoneidad, todos aquellos que fueran profesores interinos o contratados a 30 de septiembre de 1983. Esta prueba consistía en la mera presentación de una instancia, convirtiéndose en funcionarios muchos profesores interinos que nunca habían hecho ninguna oposición ni se les había pasado por la cabeza hacerla -ni tampoco tuvieron que hacerla para ser declarados idóneos- o que jamás soñaron en alcanzar ese estatus porque su dedicación a la Universidad era un mero hobby que les proporcionaba un cierto pedigrí para su actividad profesional y extrauniversitaria. De esta manera -y prácticamente sin control alguno- ingresaron en la Universidad, como funcionarios, más de 5.000 profesores idóneos, muchos de los cuales, posteriormente, y por la vía endogámica, se convirtieron en catedráticos.Una vez concluida esa vía excepcional de la idoneidad, el procedimiento ordinario que se estableció para obtener plaza de profesor funcionario (catedrático o profesor titular), es uno en el que el opositor local parte con la ventaja de que su rector designa a dos de los cinco miembros de su tribunal. Una vez formado éste, el concursante endogámico tiene el puesto asegurado, pues es imposible que fracase en las pruebas, ya que éstas constan únicamente de dos ejercicios que el aspirante trae escritos de casa, sin que sea posible averiguar si los ha redactado el mismo u otro en su lugar, y sin que esté previsto ningún ejercicio destinado a determinar si se conoce el programa de la asignatura que tiene que explicar, ya que son oposiciones en las que no se le pregunta por el temario de la disciplina y, como tampoco existe un ejercicio práctico, igualmente es imposible averiguar si el aspirante a profesor de urología es capaz de diagnosticar, en un paciente concreto, si éste padece un cáncer de próstata, o si uno de filología inglesa tiene conocimientos suficientes para hacer una traducción inversa del castellano. Que este sistema de acceso no promociona a los mejores es algo que ha sido demostrado experimentalmente. En las oposiciones a puestos de catedrático o de profesor titular, en un 96% de las ocasiones el candidato seleccionado pertenecía al propio Departamento convocante, quien, además, en un 70% de los casos, ni siquiera tuvo necesidad de opositar en sentido estricto, ya que se presentó como único aspirante. Como se entiende por sí mismo, es imposible que el candidato de, por ejemplo, la Universidad de Oviedo, en un 96% de los casos tenga más méritos científicos que cualquier otro del ámbito nacional, profesor ovetense quien, a su vez, nunca obtendría una plaza de, digamos, la Universidad de Murcia, porque aquí, con el mismo altísimo porcentaje también, la plaza va a ser, sí o sí, para el murciano. Estos altísimos porcentajes de atribución de las plazas al candidato local sólo puede explicarse racionalmente porque se ha dejado al margen cualquier criterio científico para la selección del profesorado que ha pasado a ser sustituido, en su integridad, por otro de carácter endogámico. Las deficiencias del sistema se ponen de manifiesto, si es que se necesita algún argumento más, en que el 30% de los catedráticos y el 60% de los titulares -para ellos no rige el published or perished- abandonan cualquier clase de investigación científica, en el caso de que anteriormente hubieran investigado ya con algún rigor, una vez obtenida la plaza que ya nadie les puede quitar.Pero la LRU, con su disparatada idoneidad y la sustitución de la ciencia por la endogamia, no era una ley inocente. Desde los comienzos de la democracia en 1978 hasta nuestros días muchos profesores interinos accedieron a la condición de parlamentarios o de cargos políticos en las distintas Administraciones (en 1993, por ejemplo, casi un tercio de los parlamentarios, 112, eran profesores de Universidad), con lo que, ¿cómo no apoyar una reforma universitaria que les convertía en funcionarios con la mera presentación de una instancia, librándose de las odiosas oposiciones que exigían muchos años de preparación? Ortega hablaba de “ese norteamericano que es famoso en España porque creen que es famoso en América, y es famoso en América porque creen que es famoso en España”. Parafraseándole se podría decir: “Ese político que es famoso en la Universidad porque es famoso en la política, y que es famoso en la política porque creen que es famoso en la Universidad”.Desde 2007, para poder optar a una cátedra o a una titularidad es requisito previo haber sido acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -que es también la que otorga los llamados sexenios de investigación-, mediante un procedimiento en el que se reproducen, en gran parte, los mismos vicios en los que habían incurrido las pruebas de idoneidad (la reforma de la ANECA de 2015 es superficial, mantiene todos sus defectos y, a la vista de la incertidumbre electoral por la que atraviesa España, no se sabe si llegará a aplicarse algún día). Para empezar, las comisiones de la ANECA no son neutrales, porque sus miembros se eligen, en último término, por el Ministerio de Educación. En segundo lugar, la acreditación se postula mediante la presentación de una instancia por el aspirante, quedando suprimida, así, la publicidad que caracteriza a todas las restantes oposiciones para ingresar en la función pública, así como la oralidad de la prueba, con lo que, nuevamente, los miembros de la comisión se quedan sin el gusto de, al menos, conocer personalmente a los candidatos. Para acabar de arreglar las cosas, los miembros de la comisión no tienen por qué ser especialistas (casi nunca lo son) de la disciplina para la que se aspira a la acreditación, y de esta manera, y para acudir a un ejemplo concreto, la evaluación investigadora de los profesores de Derecho procesal fue llevada a cabo, como denunció en su día Andrés de la Oliva, por profesores de materias tan alejadas del procesal, como Psicología de la Personalidad, Historia del Pensamiento, Gestión de Empresas, Economía Aplicada y Periodismo.De los hasta 100 puntos que puede otorgar la ANECA para conceder la acreditación de catedrático (para la de profesor titular rigen porcentajes similares, con mínimas variaciones), un máximo de 55 corresponden a la actividad investigadora, un máximo de 35, a la docente, reservándose el restante máximo de 10 puntos a la experiencia en gestión y administración (los Rectores siempre barriendo para adentro). Lo que se expone a continuación no es una broma -aunque lo parezca-, sino que responde al modo real de cómo actúan las comisiones de la ANECA para evaluar a los aspirantes.Los aspirantes a la acreditación no presentan a la ANECA sus trabajos, sino únicamente una fotocopia de la primera y de la última página de los libros y artículos que han publicado, trabajos que no son leídos por los miembros de la comisión -tampoco podrían entenderlos, ya que no son especialistas-, asignándose los puntos por la actividad científica únicamente en función de si han aparecido en una editorial o revista conocidas. Rafael van Grieken, director de la ANECA, en una entrevista publicada en 2014, en el núm. 28 de la revista Unelibros, tiene el cuajo de confesar abiertamente que los trabajos “se califican a través de las editoriales”, ya que “hay que dejar de lado los contenidos y… fijarse en la editorial que está detrás de la publicación”, puesto que “hay que valorar más la calidad de la difusión que el contenido del trabajo en sí”. O sea: que, como el contenido de la investigación “hay que dejarlo de lado”, si la editorial en la que se publicó el trabajo no era conocida, se habría negado la acreditación a Watson y a Crick, a pesar de que con ese contenido despreciable, que ningún miembro de la comisión habría leído y que la ANECA tenía ante sus narices, sus autores acababan de desentrañar la estructura del ADN.Y, por lo que se refiere a la actividad docente, a la que se atribuye un máximo de 35 puntos, la segunda broma del procedimiento de la ANECA reside en que se permite evaluarla sobre la base de unos baremos, como el de la asistencia a congresos orientados a la formación docente, y en los que se tiene en cuenta cualquier cosa menos el único criterio que debería ser determinante, a saber: que el candidato compareciera personalmente ante la comisión y demostrara, impartiendo alguna o algunas clases, el dominio de la materia que explica y su capacidad para transmitir sus conocimientos a los alumnos de manera comprensible y atractiva.Una vez obtenida una evaluación positiva, el ya acreditado y mediante un procedimiento cien por cien endogámico, ya que su Universidad designa a todos los miembros de su tribunal, accederá a la plaza creada para él, normalmente sin oposición en sentido estricto, ya que ningún candidato no perteneciente al Departamento convocante estará de humor para presentarse a un concurso perdido de antemano.Por ello, con el actual sistema, no pasa de ser una feliz coincidencia el acceso de los mejores a las plazas de funcionarios docentes. Porque si los criterios son endogámicos, porque si las acreditaciones se pueden otorgar sin limitación de número -es decir: si no hay confrontación entre los distintos candidatos para que sea posible seleccionar a los mejores-, si las aportaciones científicas ni siquiera son leídas por los miembros de la correspondiente comisión que, además no son especialistas, pero a los que se atribuye la facultad de poder acreditar en materias de las que no tienen ni idea, y si, además, expiden certificados de aptitud para la docencia a los aspirantes sin haber presenciado cómo impartían una clase, es decir: si todo se decide prescindiendo de cualquier criterio que tenga algo que ver con la evaluación científica y docente de los candidatos, entonces, y necesariamente, el resultado tenía que ser -como ha sido- que la mediocridad invadiera la Universidad española. Esta es la cara. La cruz es que científicos españoles de primera fila no hayan visto evaluados positivamente, como era de justicia, sus méritos y, o bien hayan abandonado, asqueados, su carrera universitaria, o bien, para vergüenza y empobrecimiento de España, hayan tenido que alcanzar el reconocimiento y el renombre que merecían en centros de investigación y en Universidades extranjeras.Como no podía ser de otra manera, es también experimentalmente como se puede comprobar el fracaso al que nos ha conducido una legislación universitaria en la que se ha prescindido, por completo, del objetivo de incorporar a los centros superiores de enseñanza a las personas más preparadas científicamente. Ello se desprende no sólo -aunque también- de que en los distintos ránkings que se elaboran ninguna Universidad española figura entre las 200 primeras del mundo, sino asimismo de que -y para acudir sólo a las naciones de nuestro entorno- en los últimos 50 años ningún científico español ha obtenido un premio Nobel en disciplinas estrictamente científicas -medicina, física, química y economía-, mientras que, en ese periodo de tiempo, han sido galardonados con ese indiscutido e indiscutible premio 60 británicos, 47 alemanes, 18 franceses, 16 suizos, 15 italianos, 9 austriacos, 6 holandeses y 4 belgas.Un gran experto en política científica, el alemán Peter Glotz, en su libro Las doce menos cinco en las Universidades alemanas, escribía en 1996: “En Alemania, un país con pocos recursos naturales, un pueblo con una baja tasa de natalidad y un Estado social con, necesariamente, altos costos, todo depende de la inteligencia, de la fantasía y de la creatividad, es decir, de la calidad de la educación y de la investigación”. Como España también depende de lo mismo, y como nuestros legisladores se han esforzado en torpedear que los mejores científicos pudieran acceder a los más altos puestos docentes de la universidad -los sigue habiendo, pero han conseguido acceder a esos puestos docentes no porque existiera una legislación que lo favoreciera, sino a pesar de ella-, es fácil prever el futuro que le espera a España como potencia científica e innovadora: ninguno.

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  2. Herminia Peraita
    Herminia Peraita Dice:

    Ante todo muchas gracias, profesor Teruel, por traer a colación en su post el tema de la universidad, y más en concreto el del sistema de acceso a la misma para ser profesor universitario, con todas sus lacras.
    En la enloquecida dinámica política actual en la que estamos envueltos, nada o muy poco se habla de la universidad, y menos del acceso a la misma como profesor, salvo muy puntualmente por el recientemente tratado tema de la Prof. León en algunos medios.
    Usted lo emplea como apunte meramente introductorio, para abordar posteriormente el laberinto del acceso, y me parece que lo hace con una cierta benignidad y no acaba de poner de manifiesto la gravedad del mismo.
    Personalmente considero que es de una enorme gravedad, y no conozco otro caso semejante. Sencillamente se ha roto, se ha saltado a la torera, el requisito legal exigible para cualquier aspirante a profesor. Este hecho, de no ser reparado, introduce una fisura en el sistema que ya veremos dónde acaba. Es sencillamente inconcebible, aunque cosas más inconcebibles se están viendo. El relato de la citada profesora, más que inocente e inverosímil, es vergonzoso.
    Al margen de este tema estoy muy de acuerdo con usted en el resto del post, pues refleja magníficamente la realidad, aunque me gustaría matizar dos cosas.
    Respecto a las cocinas y prácticas proteccionistas, es siempre el candidato local el que obtiene la plaza (en la medida en que yo lo he conocido, habrá excepciones) y se considera hostil para la universidad, el departamento y el aspirante local que otro aspirante ose presentarse. Está todo preparado a priori.
    Por otro lado en la propuesta a la que usted alude realizada junto con el profesor G. Moreno, no hay que ir a buscar como posible punto de comparación a lo que sucede en el acceso al profesorado de la enseñanza secundaria; me parece que es muy parecida – su propuesta- a las oposiciones, o al tipo de concurso-oposición, vigentes hasta la LRU del 1983: concurso abierto, competitivo, formado por tres ejercicios para el acceso al puesto de profesor adjunto (hoy titular), y cinco o seis para el de cátedra, con presentación de un extenso temario y metodología de la asignatura, méritos, y ejercicio teórico y práctico (ambos elegidos por el tribunal). Por supuesto todo esto desarrollado oralmente ante el tribunal y en sesión pública.
    Por dar una idea de la competitividad de aquel momento, para una convocatoria de 4/6 plazas de profesores adjuntos de Psicología, se podían presentar 20 aspirantes, muy lejos de lo que sucede hoy día.

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