Europa 2024-2029: retos democráticos y sociales

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Introducción: algunos datos históricos

Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa. En el proceso histórico de construcción política, social y jurídica de la actual Unión Europea, la primera fecha importante en su experiencia de integración y unidad es el 9 de mayo 1950. En esta fecha, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Robert Schuman, inspirado por otro de los ideólogos de la unidad europea, Jean Monnet (las Cátedras de Estudios Europeos-Centros de Documentación Europea llevan su nombre, tuve el privilegio de ser investigador durante dos cursos académicos en uno de esos centros), planteó públicamente integrar las industrias del carbón y del acero de la Europa occidental. De esta idea surgió la primera Comunidad Europea, la del Carbón y del Acero (CECA), cuyo Tratado se firmó en París en 1951.

Unos años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común). Todo este proceso de integración europeo constituye un proceso gradual que debe abordar necesariamente la dimensión política, económica, y social, aunque tuvo su inicio exclusivamente con la liberalización del comercio y el diseño de políticas económicas comunes entre los países fundadores. Se trataba de un movimiento de unidad que se ha ido generando y potenciando en el devenir más reciente de la historia del continente europeo.

Pero, como trágicamente sabemos, anteriormente la historia de Europa había estado protagonizada por enfrentamientos bélicos para dilucidar cuestiones territoriales y de soberanía política en diferentes puntos del solar europeo. En Europa se libraron las dos guerras mundiales del siglo XX y se perpetró un escalofriante genocidio por el régimen nazi del alemán, el autodenominado «Tercer Reich», el estado alemán del período 1933-1945. En ese mismo tiempo, en España, el régimen autocrático de Franco había implantado un estado totalitario de persecución, cárcel y ejecuciones masivas, tras un sangriento golpe de Estado frente al régimen democrático de la segunda República, con la consiguiente anulación de la vigencia de la Constitución Española de 9 de diciembre de 1931. Es clave que sigamos ejerciendo memoria democrática.

Después de la primera guerra mundial (1914-1918), se abrió un debate político e intelectual europeo sobre la conveniencia y necesidad de unir política y económicamente a los Estados Europeos, que se intensificó tras la segunda gran contienda bélica (1939-1945). No obstante, en pleno siglo XX se produjo otra gran división en Europa, la ideológica y económica: comunismo-capitalismo, con bloques militares enfrentados (Pacto de Varsovia y OTAN), la llamada «guerra fría», con muro (físico) incluido, que dividió Berlín durante décadas, hasta noviembre de 1989, produciéndose, poco después, en 1991, la desaparición del estado que dominaba el bloque comunista, el soviético (URSS).

Los Estados integrantes de las originarias Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, Italia, y los tres Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En enero de 1973 se produjo la primera adhesión de nuevos estados, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 se adhiere Grecia, en virtud del Tratado de Atenas de mayo de 1979. El Reino de España y la República de Portugal se unieron al club comunitario en enero de 1986, tras la firma del Tratado de Madrid y Lisboa de 12 de junio de 1985. En 1995 se configuró otra gran ampliación, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. En esta misma fecha, los ciudadanos de Noruega decidieron en referéndum no entrar en las Comunidades Europeas, al igual que ya habían hecho en 1972.

Pero la gran ampliación territorial y política por el este de Europa estaba por llegar, con el reto de integrar los pueblos y Estados desarrollados tras el muro de Berlín, bajo la influencia de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Unión Europea acogió a diez nuevos países en el año 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania, constituyendo la última incorporación, en este caso del área balcánica, Croacia, el 1 de julio de 2013. En la actualidad, por tanto, una inmensa mayoría de estados europeos forman parte de la UE. En concreto, son 27, tras la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020.

El lema de la Unión Europea es «Unida en la Diversidad», que intenta sintetizar todo un proceso de integración económica y político iniciado hace casi 75 años. Esta expresión, «Unida en la diversidad», se utilizó por primera vez en el año 2000 y se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la Unión Europea, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.

Los retos de la UE

La profundización del proceso de integración de Europa sólo tendrá futuro si se abordan decididamente las preocupaciones reales que tenemos los ciudadanos europeos, elaborando de manera participada y ejecutando verdaderas políticas de integración comunitaria en materias como el empleo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los valores ambientales, la extensión de la cultura, o la cohesión social entre los territorios y poblaciones de la Unión, en una lucha permanente por la igualdad.

La apuesta política por la protección del medio ambiente es una de las claves de futuro de la UE, con el reforzamiento de la política medioambiental, propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que tienen necesariamente que formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico, que se plasmó en el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la Comisión Europea para el actual período 2019-2024, o la Directiva europea de fomento de las energías renovables de 2018.

Hemos de afirmar que actualmente las políticas ambientales tienen un sustento legitimador en las evidencias científicas y afortunadamente es creciente la aceptación social para su implementación por los gobiernos, como se pone de manifiesto en iniciativas ciudadanas diversas y en resultados electorales en importantes Estados europeos, a pesar de los intentos negacionistas que se lanzan desde opciones políticas extremas, que a su vez tienen tentaciones autoritarias, con intentos de revisar la historia y negar los colapsos democráticos. Es muy necesario prestar atención a esta cuestión.

En 2022, la Unión Europea aprobó su VIII Programa de Acción en materia medioambiental, a través de la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, que sustituye al anterior, el séptimo, que rigió entre el 2013 y el 2020. 

Consecuente con las acciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del VII Programa 2013-2020 y con el Pacto Verde Europeo 2019-2024, el principal objetivo del nuevo programa aprobado en 2022 es «acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular de forma justa, equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del medio ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad», según se proclama en el apartado segundo del artículo 1 de la mencionada Decisión de 6 de abril de 2022.

Consideraciones finales: por una Europa social y democrática

Además de cumplir con todos estos esenciales compromisos ambientales, que son clave, el Parlamento Europeo, que entre el 6 y 9 de junio será renovado para su Legislatura 2024-2029, y que contará en esta ocasión con 720 europarlamentarios (a España le corresponden 61 en este nuevo mandato europeo), sigue teniendo pendiente conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación política en las elecciones europeas, que viene siendo escasa. 

Posiblemente, como causa de esta escasa participación ciudadana, es determinante el hecho de que en el esquema institucional de la UE, el Parlamento Europeo, a diferencia de las asambleas legislativas estatales, no es verdaderamente un órgano legislador soberano, como cualquier parlamento democrático, ya que el procedimiento legislativo ordinario en la UE es el de codecisión entre el Consejo de la UE, constituido por representantes de los gobiernos de los estados miembros, y el propio Parlamento Europeo, correspondiendo el monopolio de la iniciativa legislativa a la Comisión Europea.

Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más democrático el actual sistema institucional de la UE. Y, el Parlamento Europeo sigue sin tener el poder que debiera, dado que es la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía, y que, por tanto, por fundamento democrático, debiera ser realmente soberana, una verdadera asamblea legislativa, y no en codecisión como está configurado actualmente.

Europa, que ha sido en importantes etapas históricas territorio de democracia y protección social, tiene hoy un gran reto, ser de nuevo un espacio de solidaridad en este decisivo momento histórico de belicismo y de crisis económica y social, tras una difícil etapa de pandemia y sus consecuencias, que aún las sufrimos en algunos ámbitos. El bien común debe ser precisamente el objetivo prioritario de las políticas europeas, y también nacionales. Hemos de recuperar el impulso de integración social de la UE, con los valores de solidaridad, cooperación, protección del medio ambiente y democracia avanzada como principales ideas fuerza para la Europa de hoy, y la del próximo lustro, ya en plena tercera década del siglo XXI.

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3 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Nos estamos quedando peligrosamente atrás en el camino hacia “una democracia avanzada”
    El día 23 de febrero de 2024 , en el periódico La Vanguardia que había mantenido una “línea editorial “ coincidente con PRISA en contra de la separación de poderes , tiene para Polonia otra visión en el artículo de Beatriz Nava “La UE aplaude el plan de Polonia para restaurar el Estado de derecho “ :“ la UE y Polonia ven la luz al final del túnel después de seis años de pulso institucional y político durante el que los gobiernos ultraconservadores del PiS construyeron un sistema de justicia que no es sino una extensión del poder ejecutivo, según los análisis de la Comisión Europea.”“Bruselas mantiene decenas de millones de euros en ayudas congelados por violar los principios y valores básicos de la UE.”“Para demostrar a la UE su voluntad de avanzar rápido, el Gobierno aprobó el martes un proyecto de ley para reformar el sistema de elección de los jueces de modo que sean nombrados por sus pares y no por el poder político, en línea con lo que Bruselas reclama también a España.”
    ¿Por qué los mismos medios llaman progresistas en España a los que están en contra de la separación de poderes y la independencia judicial , base de la democracia y del Estado de derecho y ultraconservadores a los polacos que hacen lo mismo en su país?
    En El Mundo del 7 de mayo de 2024, debajo del titular ” Bruselas cierra la guerra con Polonia” Pablo R.Suanzes “ , había este texto sobre las consecuencias de no cumplir las obligaciones comunitarias sobre la separación de poderes y la independencia judicial:….el Colegio de Comisarios tomará dos decisiones sobre los fondos congelados y liberará hasta 137.000 millones de Polonia , tanto de Cohesión como de Next Generation”.
    ¿ Está claro el enorme coste político, económico y social que tuvo para Polonia el no reformar el sistema de elección de los jueces de modo que “sean nombrados por sus pares y no por el poder político “ o necesitaremos sufrirlo para entenderlo?

  2. Alfonso
    Alfonso Dice:

    En efecto, convengo con el autor del artículo que en la Unión Europea está pendiente el desarrollo de la participación ciudadana. Desenvuelvo esta idea, en el sentido de que afirmar que esta casi ausencia de participación ciudadana en la adopción de decisiones en la Unión Europea supone un gravísimo déficil democrático. Nos encontramos con resoluciones (en sentido amplio) de la Comisión europea que se trasladan, necesariamente, a normas con rango de ley en España, cuando dichas resoluciones europeas se han adoptado por los representantes de los gobiernos que conforman la Comisión, y no por un poder legislativo ajustado a los criterios propios de una democracia. Esta situación provoca que tengamos leyes no adoptadas de acuerdo con estos criterios democráticos (ya que, aunque sean las Cortes las que aprueben dichas leyes de transposición de resoluciones europeas, me pregunto si se podrían negar a realizar esa transposición; con toda seguridad, la respuesta es negativa). Y el caso de los reglamentos de la Unión europea es aún más deficitario en cuanto a su adoptación democrática. Esto se debe a un derrumbe de la idea de soberanía, a mi juicio. Mientras la Unión Europea no se convierta en una entidad soberana no se arreglará el problema del déficit democrático.

    Paso ahora a la parte del artículo que, bajo el epígrafe “Los retos de la UE”, trata de la legislación ambiental:

    1. El autor afirma que las políticas ambientales tienen sustento en las evidencias científicas y es creciente la creciente aceptación social.

    Las posiciones oficialistas al respecto han producido un efecto de censura sobre todos aquellos criterios no coincidentes con ellas. Así, en el mundo político y en el de los medios de comunicación (y académico, por lo que deduzco de la omisión del autor del artículo y de su afirmación categórica) se ha obliterado por completo la declaración There is no climate emergency, suscrita por casi dos mil científicos, y que, como ellos afirman, lo importante son los argumentos no el número de firmantes. Naturalmente pueden estar en un error, pero lo preocupante es que se niega el debate, político y académico.

    2. El autor parece hacerse eco incluso del término “negacionista”, imputado, como se fueran criminales, a todos aquellos que mantienen posturas discrepantes con la oficialista. Es un término denigratorio, impropio de la comunidad académica. Y, además, es banalizarlo, ya que esa terminología se utilizó para definir a todos aquellos, historiadores sobre todo, que negaban la existencia del genocidio judío por parte de los nazis. Utilizar el mismo término a quien discrepa de las posiciones oficialistas sobre el cambio climático es terrible, ya que es un eslogan banalizador, procedente de sectores que quieren, ellos y no a quien acusan, negar el debate público.

    3. El autor parece realizar una inferencia entre los que discrepan de las posiciones oficiales y las opciones políticas con “tentaciones autoritarias”. Es decir, según el autor, todo el que discrepa de la doctrina oficial es un hereje con prefiguraciones dictatoriales, y no pueden ser calificados como democrátas.

    Hasta ahora, se consideraba que quien “negaba” la posibilidad de mantener hipótesis diferentes en el mundo académico y en el político era el que padecía esas “tentaciones autoritarias”. Ahora es al revés, el que intenta expresarse y abrir el debate es el autoritario.

    En definitiva, voy a emitir el juicio crítico de que esta parte del artículo adolece de una adecuada construcción de acuerdo con los parámetos científicos.

    La actual situación paupérrima intelectual del mundo político y de los medios de comunicación, y de una buena parte del académico, que han renunciado a la sana discrepancia, me aconseja precisar que mi juicio crítico se refiere a la valoración de los expuesto según los criterios de las ciencias humanas, y no a como se suele utilizar el término crítica fuera de los contextos académicos, hablar mal de alguien.

    Por cierto, un reciente ejemplo (hay muchos en los últimos años) de la situación crítica del sano ejercicio del debate académico en las Universidades la encontramos en la declaración de la CRUE sobre la situación de Gaza, en la que amenazan a la comunidad científica israelita. En fin, como si alguien me amenazara a mi sobre lo que hace el Gobierno de España o el de mi comunidad autónoma. La CRUE acaba de declarar “herejes” y colgarles el sambenito a todos los universitarios israelitas que no comulguen con la “liturgia ortodoxa” de la CRUE. Muy propio de intelectuales no parece.
    Un cordial saludo,
    Alfonso
    N.B. Si alguien cree inferir de mis palabras que soy un “negacionista” climático, le precisaré que lo que estoy haciendo es una defensa, no sólo de la libertad de expresión, sino del necesario debate público argumentado y sin necesidad de utilizar términos denigratorios para destruir al discrepante, sin pronunciarme al respecto de mi criterio sobre el asunto del cambio climático.

  3. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Nos estamos quedando peligrosamente atrás en el camino hacia “una democracia avanzada”
    Cataluña es el caso más grave de un error histórico que es el responsable de gran parte de los problemas que tenemos, el desarrollo de nuestro estado autonómico.
    Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica.
    Y generó, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente que desarrolló una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
    El sistema autonómico ,que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones, tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente y ruinoso para los ciudadanos …
    Nuestros grandes economistas nos lo han avisado repetidamente ejm Tamames “ hemos creado una compartimentación de mercado, de manera que hay 17 mercadillos, sistemas sanitarios…Nos hemos pasado de rosca con el Estado de las autonomías. No significa que haya de suprimirlo, sino respetar la idea original, no crear 17 estados dentro del estado español . Velarde, sobre las reformas necesarias: lo primero es eliminar las trabas administrativas para montar una empresa y unificar el mercado interior español. No es admisible que tengamos 17 legislaciones diferentes. Esta es la gran reforma pendiente de nuestra economía. . Luego un gran pacto educativo. Atajar el déficit enorme de las administraciones públicas, que lastra nuestro crecimiento .
    Ampliación : https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/opinion/la-sostenibilidad-del-estado-y-el-regimen-autonomico/

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