El circo de las comisiones de investigación

Una de las novedades (o no) del deprimente espectáculo en que se ha convertido la vida política española es el anuncio de varias comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Desde luego, la utilización partidista de las comisiones de investigación tanto a nivel estatal, como autonómico y hasta local no es nueva: tampoco que la inmensa mayoría no han servido para investigar nada ni para evitar que volvieran a repetirse sucesos lamentables. Incluso algunas no han terminado con el preceptivo dictamen. En cuanto al seguimiento de sus recomendaciones, debería de estudiarse en serio para ver hasta qué punto han sido seguidas. 

Pero quizás la novedad ahora estriba en su utilización torticera como meros instrumentos de pura propaganda, o, si se prefiere, como un auténtico circo, para entendernos, dando así un paso más en la degradación de nuestro Estado democrático de derecho que parece ya imparable, y para algunos hasta irreversible. Así que podemos tener comisiones de investigación sobre cualquier cosa, incluso sobre sucesos acaecidos hace muchos años u otros que están sub iudice. Total, todo vale.

Recordemos que las comisiones de investigación están previstas en nuestro ordenamiento jurídico como comisiones de las Cortes Generales no permanentes para realizar un trabajo concreto sobre cualquier asunto de interés público tal y como recoge el art. 76 de la Constitución Española y desarrollan los reglamentos de las Cámaras, es decir, del Congreso y del Senado. También existen en los Parlamentos autonómicos. Interesa resaltar la idea de que investigar un asunto de interés público puede no coincidir con el interés de un partido o de incluso de varios.  En ese sentido, sería interesante preguntar a la ciudadanía sobre qué tipo de cuestiones preferiría que investigase el Parlamento. Probablemente no habría demasiadas coincidencias con las que se están creando en esta legislatura.

En todo caso, las comisiones de investigación pueden requerir la presencia de cualquier persona para ser oídas, siendo obligatoria su comparecencia. Aquí está donde reside el interés propagandístico del tema: se puede obligar a comparecer a cuantos más adversarios políticos mejor, a ser posible del más perfil alto o más mediático posible y, ya puestos, a sus amigos, familiares o personas cercanas lo que últimamente (al menos para los independentistas que han impulsado varias en el Congreso) incluye también a los jueces. El número de comparecientes en algunas de ellas es sencillamente inabarcable. En la del caso Koldo, más de 100 personas. ¿De verdad esto es gestionable? ¿O va a servir para algo aparte de para dar espectáculo? 

En cuanto a la publicidad hay que señalar que aunque las comisiones de investigación celebren sesiones que no son públicas, los representantes de los medios de comunicación debidamente habilitados sí pueden asistir salvo que versen sobre materias que hayan sido declaradas secretas. En todo caso, los que tienen más interés que nadie en difundir quiénes son llamados a comparecer y qué es lo que dicen son los propios partidos. Porque, insisto, esto no va de esclarecer nada, sino de dar espectáculo

Lo que es cierto es que una comisión de investigación no está pensada precisamente para convertirse en un desfile de celebrities o en un plató de televisión para competir en prime time por la atención de los espectadores, aunque nuestro Parlamento cada vez se parezca más precisamente a una tertulia de andar por casa. El objetivo original era, como su nombre indica, la realización de una investigación sobre una cuestión de interés público a través de la interlocución con expertos o con las personas conocedoras del asunto por su directa participación en el mismo, con la finalidad de alcanzar unas conclusiones que aún no siendo vinculantes para los Tribunales ni afectando a sus resoluciones, se recogen en un dictamen (es decir, un informe) que tiene que debatirse y aprobarse en el Pleno, comunicarse al Gobierno y publicarse el Boletín oficial de las Cortes Generales. 

Se trata, por tanto, de una tarea que presupone que se va a realizar con una cierta seriedad y rigor, y con el tiempo y el sosiego suficientes. No en vano su finalidad última es investigar sucesos graves para formular propuestas o recomendaciones que permitan evitar que en el futuro se repitan situaciones similares (pensemos en las comisiones sobre el rescate financiero, la financiación de los partidos, los ERES de Andalucía, la «operación Kitchen», etc, etc)  o/y bien de recabar información valiosa que pueda después remitirse a los Tribunales de Justicia o al Ministerio Fiscal. 

Pues bien, en el Congreso en esta legislatura ya están constituidas tres impactantes comisiones de investigación: sobre la «operación Cataluña», sobre el espionaje con ‘Pegasus’ y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Los nombres ya apuntan a las particulares obsesiones de los partidos independentistas catalanes, que ahora hay que atender por imperativo numérico. La primera tiene como objetivo las maniobras, sin duda condenables, del Ministerio del Interior en la época del PP que, por cierto ya están siendo objeto de investigaciones judiciales.  Si esto fuera en serio, podría ser una comisión relevante pues es obvio que el hecho de que el Ministerio del Interior utilice recursos policiales para fines partidistas no es precisamente una buena práctica. Pero podemos estar seguros de que si algo no vamos a tener es seriedad.

Y por si alguien tuviera duda de qué se pretende con esto, las otras dos comisiones impulsadas por el independentismo se refieren al espionaje con la herramienta «Pegasus», espionaje del que al parecer habrían sido las principales víctimas y la última, agárrense, es para dilucidar la supuesta intervención del CNI en los atentados del 17-A. Conspiranoia en estado puro, marca de la casa.

Efectivamente, a estas alturas, nadie se engaña acerca de lo que se pretende con estas Comisiones al menos por los independentistas: básicamente echar más leña al fuego para convencer a su electorado (ya de por sí muy convencido) de que España no es un Estado democrático de Derecho sino el Estado represor y franquista con el que sueñan y que, por cierto, cada vez se parece más al que se está construyendo en Cataluña. Claro está que lo más preocupante es que un Gobierno «de progreso» compre esta mercancía averiada, aunque sólo sea por hacer de la necesidad virtud. Al fin y al cabo, no deja de ser el Gobierno legítimo de ese mismo Estado represor. La coherencia, ante todo.

Por último, recordemos que las comisiones de investigación pueden ser conjuntas Congreso-Senado, aunque esto haya sido la excepción en la historia de nuestra democracia: sólo se ha constituido la relativa a la crisis del aceite de colza, allá por los años 80 del pasado siglo. Pero, para variar, hemos dado un paso más: a lo que todo apunta es a una especie de «guerra de comisiones» dada las distintas mayorías existentes en el Congreso y en el Senado. La prueba es que para investigar el «caso Koldo» relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diversos gobiernos vamos a tener una comisión en el Congreso y otra en el Senado. Será muy interesante descubrir en qué se centra la investigación de cada una, aunque a la vista de las declaraciones de estos últimos días podemos pensar razonablemente que en el Congreso se hablará de mascarillas y del novio de Isabel Diaz Ayuso y en el Senado se hablará de mascarillas y de la mujer del Presidente del Gobierno. 

Lo que me parece que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que ninguna de estas comisiones servirá para avanzar ni un milímetro en la solución de los problemas reales de los ciudadanos españoles.

5 comentarios
  1. Roberto
    Roberto Dice:

    Gracias por el artículo. Muy de acuerdo.
    Sólo se echa de menos una comisión de investigación de la que “no se entera” (presuntamente) de donde ha salido el dinero para pagar el piso y atico donde vive con su pareja y el maserati con el que se pasea.
    Un saludo.

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  2. Antonio
    Antonio Dice:

    Acertada descripción a la que yo añadiría, la permisividad ante la falta de “obligada veracidad” y la “actitud desafiante” empleada por algunos declarantes (entre comillas los eufemismos).

    Como bien señala la autora, al no tener consecuencias juridicas la comisiones parlamentarias se usan, de manera torticera, como espectáculo (sin) público mas que los propios politicos.

    Ni Constitución ni el Reglamento del Congreso determinan su función (“investigación de cualquier asunto de interés público” dice este último).

    Podrían tener varios objetivos. El obvio, determinar responsabilidades políticas en asuntos de impacto nacional, pero a mi modo de ver de poco impacto practico. Otro, tal vez de importancia por engrandecer al Parlamento ante la nación, seria el de aprender e informar la acción legislativa y de gobierno.

    Sirva como ejemplo mas llamativo la reciente epidemia que produjo daños de toda indole y un numero de víctimas comparable a una larga guerra.

    El Parlamento debería revisar, en su conjunto, no solo el sistema de compras. Sino también, la injustificable mortalidad en residencias, la adecuación de las leyes, de los canales de información y acción epidemiológica y política ante tamañas emergencia, y si todas las medidas fueron efectivas y en que medida. Se necesita un fundamentado criterio de actuacion futura elaborado desde una rigurosa autopsia.

    Leer en la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados una iniciativa cuyo titulo literal es “para que se llegue hasta el final y caiga del primero al ultimo en el negocio obsceno de las mascarillas de la trama socialista”…. solo llena de profundo rubor ante un asuntode tantísima envergadura y alcance. Es una iniciativa barata en su peor acepción: de escaso esfuerzo, fraudulenta.

    Mas de 120,000 muertos, gran sufrimiento en la sociedad con daños psicológicos importantes y en amplios sectores, impacto educativo, en particular en sectores desfavorecidos y económicos, lo reclaman, pero…

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    • Mateo Arrigorriaga
      Mateo Arrigorriaga Dice:

      Ttrolecitos de diario deportivo diciendo eso tan rancio de “caiga quien caiga”… y. en una comisión que no tiene ningún efecto jurídico,… Todos se parecen en su mediocridad y falsa importancia, desde esquema a Vox pasando por socialistas o populares. Nada mejor que oír los plenos del parlamento para sentirse (avergonzado) en una escuela mal gestionada y llena de altaneros maleducados. Naturalmente una catástrofe que se llevo algo mas de la mitad de los españoles en la guerra civil y de ellos una mitad de desamparados en residencias no merece tiempo y para que mencionar lo inmencionable: su pensamiento y esfuerzo.

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    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Creo recordar que en el caso del SARS CoV-2 se hizo una comisión de investigación sobre la pandemia y las “vacunas”. Sí, esas que -al parecer- fallaron estrepitosamente y han dejado efectros colaterales que tampoco parecen tener interés.
      En un momento de la misma, con la importante aportación de un catedrático catalán que dijo las cosas muy claras, sólo había tres o cuatro diputadas.
      ¿Era o no era importante y grave lo sucedido o, por el contrario, los diputados están en el mandato imperativo inconstitucional de sus partidos?
      ¿Quien esta marcando el rumbo de la política de un país teóricamente soberano?
      De esas aguas sólo pueden salir lodos revueltos.
      Un saludo.

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  3. Roberto
    Roberto Dice:

    “Sientete libre de participar” … salvo que sean comentarios en contra del pp y de Feijo (y los contratos adjudicados , presuntamente, a su cuñado en plena pandemia) y de Ayuso (y su pareja comisionista que obtuvo ingresos en plena pandemia por intermediar, presuntamente, entre la Comunidad de Madrid y el grupo privado Quiron Salud.
    Anda que no se os ve el plumero …. jajaja
    Pues por mucho que censureis mensajes, no por eso vais a tapar toda “la mierda” del pp …
    Un saludo.

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