El circo de las comisiones de investigación

Una de las novedades (o no) del deprimente espectáculo en que se ha convertido la vida política española es el anuncio de varias comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Desde luego, la utilización partidista de las comisiones de investigación tanto a nivel estatal, como autonómico y hasta local no es nueva: tampoco que la inmensa mayoría no han servido para investigar nada ni para evitar que volvieran a repetirse sucesos lamentables. Incluso algunas no han terminado con el preceptivo dictamen. En cuanto al seguimiento de sus recomendaciones, debería de estudiarse en serio para ver hasta qué punto han sido seguidas. 

Pero quizás la novedad ahora estriba en su utilización torticera como meros instrumentos de pura propaganda, o, si se prefiere, como un auténtico circo, para entendernos, dando así un paso más en la degradación de nuestro Estado democrático de derecho que parece ya imparable, y para algunos hasta irreversible. Así que podemos tener comisiones de investigación sobre cualquier cosa, incluso sobre sucesos acaecidos hace muchos años u otros que están sub iudice. Total, todo vale.

Recordemos que las comisiones de investigación están previstas en nuestro ordenamiento jurídico como comisiones de las Cortes Generales no permanentes para realizar un trabajo concreto sobre cualquier asunto de interés público tal y como recoge el art. 76 de la Constitución Española y desarrollan los reglamentos de las Cámaras, es decir, del Congreso y del Senado. También existen en los Parlamentos autonómicos. Interesa resaltar la idea de que investigar un asunto de interés público puede no coincidir con el interés de un partido o de incluso de varios.  En ese sentido, sería interesante preguntar a la ciudadanía sobre qué tipo de cuestiones preferiría que investigase el Parlamento. Probablemente no habría demasiadas coincidencias con las que se están creando en esta legislatura.

En todo caso, las comisiones de investigación pueden requerir la presencia de cualquier persona para ser oídas, siendo obligatoria su comparecencia. Aquí está donde reside el interés propagandístico del tema: se puede obligar a comparecer a cuantos más adversarios políticos mejor, a ser posible del más perfil alto o más mediático posible y, ya puestos, a sus amigos, familiares o personas cercanas lo que últimamente (al menos para los independentistas que han impulsado varias en el Congreso) incluye también a los jueces. El número de comparecientes en algunas de ellas es sencillamente inabarcable. En la del caso Koldo, más de 100 personas. ¿De verdad esto es gestionable? ¿O va a servir para algo aparte de para dar espectáculo? 

En cuanto a la publicidad hay que señalar que aunque las comisiones de investigación celebren sesiones que no son públicas, los representantes de los medios de comunicación debidamente habilitados sí pueden asistir salvo que versen sobre materias que hayan sido declaradas secretas. En todo caso, los que tienen más interés que nadie en difundir quiénes son llamados a comparecer y qué es lo que dicen son los propios partidos. Porque, insisto, esto no va de esclarecer nada, sino de dar espectáculo. 

Lo que es cierto es que una comisión de investigación no está pensada precisamente para convertirse en un desfile de celebrities o en un plató de televisión para competir en prime time por la atención de los espectadores, aunque nuestro Parlamento cada vez se parezca más precisamente a una tertulia de andar por casa. El objetivo original era, como su nombre indica, la realización de una investigación sobre una cuestión de interés público a través de la interlocución con expertos o con las personas conocedoras del asunto por su directa participación en el mismo, con la finalidad de alcanzar unas conclusiones que aún no siendo vinculantes para los Tribunales ni afectando a sus resoluciones, se recogen en un dictamen (es decir, un informe) que tiene que debatirse y aprobarse en el Pleno, comunicarse al Gobierno y publicarse el Boletín oficial de las Cortes Generales. 

Se trata, por tanto, de una tarea que presupone que se va a realizar con una cierta seriedad y rigor, y con el tiempo y el sosiego suficientes. No en vano su finalidad última es investigar sucesos graves para formular propuestas o recomendaciones que permitan evitar que en el futuro se repitan situaciones similares (pensemos en las comisiones sobre el rescate financiero, la financiación de los partidos, los ERES de Andalucía, la «operación Kitchen», etc, etc)  o/y bien de recabar información valiosa que pueda después remitirse a los Tribunales de Justicia o al Ministerio Fiscal. 

Pues bien, en el Congreso en esta legislatura ya están constituidas tres impactantes comisiones de investigación: sobre la «operación Cataluña», sobre el espionaje con ‘Pegasus’ y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Los nombres ya apuntan a las particulares obsesiones de los partidos independentistas catalanes, que ahora hay que atender por imperativo numérico. La primera tiene como objetivo las maniobras, sin duda condenables, del Ministerio del Interior en la época del PP que, por cierto ya están siendo objeto de investigaciones judiciales.  Si esto fuera en serio, podría ser una comisión relevante pues es obvio que el hecho de que el Ministerio del Interior utilice recursos policiales para fines partidistas no es precisamente una buena práctica. Pero podemos estar seguros de que si algo no vamos a tener es seriedad.

Y por si alguien tuviera duda de qué se pretende con esto, las otras dos comisiones impulsadas por el independentismo se refieren al espionaje con la herramienta «Pegasus», espionaje del que al parecer habrían sido las principales víctimas y la última, agárrense, es para dilucidar la supuesta intervención del CNI en los atentados del 17-A. Conspiranoia en estado puro, marca de la casa.

Efectivamente, a estas alturas, nadie se engaña acerca de lo que se pretende con estas Comisiones al menos por los independentistas: básicamente echar más leña al fuego para convencer a su electorado (ya de por sí muy convencido) de que España no es un Estado democrático de Derecho sino el Estado represor y franquista con el que sueñan y que, por cierto, cada vez se parece más al que se está construyendo en Cataluña. Claro está que lo más preocupante es que un Gobierno «de progreso» compre esta mercancía averiada, aunque sólo sea por hacer de la necesidad virtud. Al fin y al cabo, no deja de ser el Gobierno legítimo de ese mismo Estado represor. La coherencia, ante todo.

Por último, recordemos que las comisiones de investigación pueden ser conjuntas Congreso-Senado, aunque esto haya sido la excepción en la historia de nuestra democracia: sólo se ha constituido la relativa a la crisis del aceite de colza, allá por los años 80 del pasado siglo. Pero, para variar, hemos dado un paso más: a lo que todo apunta es a una especie de «guerra de comisiones» dada las distintas mayorías existentes en el Congreso y en el Senado. La prueba es que para investigar el «caso Koldo» relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diversos gobiernos vamos a tener una comisión en el Congreso y otra en el Senado. Será muy interesante descubrir en qué se centra la investigación de cada una, aunque a la vista de las declaraciones de estos últimos días podemos pensar razonablemente que en el Congreso se hablará de mascarillas y del novio de Isabel Diaz Ayuso y en el Senado se hablará de mascarillas y de la mujer del Presidente del Gobierno. 

Lo que me parece que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que ninguna de estas comisiones servirá para avanzar ni un milímetro en la solución de los problemas reales de los ciudadanos españoles.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?