¿Un Poder Judicial multicolor?, por Germán M. Teruel Lozano en ‘El Mundo’

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los grandes asuntos pendientes de nuestro orden institucional, en el cual se evidencian algunos de sus principales males: la politización de los órganos de garantía y el bloqueo ante una polarización que imposibilita los acuerdos entre los principales partidos. Como ha señalado la Comisión Europea en sus últimos informes sobre la situación del Estado de derecho en España, esta cuestión suscita “serias preocupaciones”.

El problema, según la Comisión Europea, es doble. Por un lado, es necesario salir del bloqueo (aunque, debemos insistir, no hay que dar por buena cualquier salida si es a costa de politizar aún más la justicia). Por otro lado, debemos afrontar una reforma del sistema de elección de vocales del Consejo para adecuarlo a los estándares europeos que, en este sentido, se corresponden con el espíritu del propio diseño constitucional. Ello exigiría volver a un sistema mixto, con vocales judiciales elegidos por y entre los jueces, al tiempo que el resto de vocales fueran juristas nombrados por el Parlamento. Recordemos que este fue el sistema original en España hasta que se cambió en 1985 para que todos los vocales del Consejo fueran elegidos por el Parlamento -la excusa, antes como ahora, era “democratizar” la justicia para neutralizar el conservadurismo de los jueces-, y así se ha mantenido, con variantes, hasta el momento.

Además, habría un tercer problema, y no menor, que la doctrina ha venido señalando desde hace años (en estas páginas han podido leerse iluminantes tribunas del profesor Francisco Sosa Wagner al respecto) y que el actual presidente del Consejo ha apuntado: la necesidad de limitar la discrecionalidad de los nombramientos de la élite judicial que realiza el CGPJ. Este último es, en realidad, el gran elefante que tenemos en la habitación.

El Consejo es objeto de codicia por parte de los partidos y de las asociaciones judiciales, precisamente porque de él dependen suculentos nombramientos. Más aún en un momento en el que, tras años de bloqueo, se han ido acumulando más de un centenar de vacantes que deberán ser cubiertas por el nuevo Consejo. Por eso nos estamos jugando tanto con esta renovación.

Pues bien, dar respuesta a estas preguntas exige plantearse una previa: ¿hasta qué punto es necesario que un órgano como el Consejo y que los nombramientos judiciales tengan legitimidad democrática? Esta pregunta es especialmente pertinente porque en un sector de la opinión pública (principalmente en la izquierda) parece haber cuajado que tal exigencia de legitimación es casi un imperativo democrático ineludible. El Consejo no es una “asociación de petanca”, decía recientemente un sindicalista. Con una construcción más elaborada, el ex ministro Tomás de la Quadra-Salcedo ha defendido la “preeminente participación de las Cortes Generales” en los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y también de los vocales del Consejo, que es quien luego designa a los magistrados de distintos órganos judiciales (en especial, el Tribunal Supremo), con el objetivo de que así “en los tribunales estén presentes magistrados que reflejen proporcionadamente la diversidad de convicciones morales presentes en cada momento en la sociedad”. En definitiva, se defiende un Consejo General del Poder Judicial multicolor, que dé lugar a unos tribunales igualmente coloridos.

Por mi parte, me permito discrepar de esta aproximación. Creo que en una democracia liberal el desiderátum es un Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, unos tribunales vestidos con el monótono color negro de la toga, que encuentran su legitimación en su imparcialidad, extendiendo la idea estudiada por Pierre Rosanvallon. Y, a este respecto, conviene no confundir la singularidad de la interpretación constitucional y la particular posición del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad democrática parece inexcusable, aunque, en mi opinión, deberíamos abogar por establecer garantías para primar el mérito sobre la afinidad en los procesos de selección; con la función que corresponde a los jueces y tribunales en su labor de aplicar la ley. Ciertamente los jueces y magistrados deben interpretar la ley de acuerdo con los principios y valores ínsitos en la Constitución y han de aplicarla recurriendo, entre otros criterios, al “contexto” y a la “realidad social del tiempo”, como prescribe el Código Civil. Pero han de hacerlo con la asepsia del jurista, sin que ello suponga abrir la puerta a que por esta vía se cuelen preferencias o sensibilidades ideológicas. Sus tres estrellas guías han de ser la independencia frente al poder político, la imparcialidad con respecto a las partes y la absoluta sujeción a la ley, operando con criterios estrictamente jurídicos.

Por ello, en un momento en el que la captura partidista de los órganos de control en nuestra democracia es una peligrosa realidad, el camino a seguir debe pasar por cortar el cordón umbilical entre justicia y política, y por levantar todo tipo de cortafuegos. Dígase claro: la única propuesta aceptable, hoy por hoy, es la formulada por el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte: sustraer o limitar los nombramientos que realiza el Consejo, atribuyendo la elección de cargos gubernativos (presidencias de Audiencias, Tribunales Superiores y Salas) a los propios jueces del territorio, y que la elección de magistrados del Tribunal Supremo la realice una comisión técnica, potenciando unos criterios que garanticen el mérito y la capacidad, y evitando la mácula política. Una reforma que debería aplicarse de inmediato a los nombramientos pendientes y que podría tramitarse por vía de urgencia con un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Además, en relación con el sistema de nombramientos de vocales -y sin perjuicio de estudiar reformas más profundas, incluso constitucionales-, ceñiría las alternativas a la que hoy nos marca Europa: un Consejo mixto, donde los vocales togados sean elegidos por los propios jueces y magistrados, con correctivos que neutralicen el excesivo protagonismo de las asociaciones judiciales, y con garantías para que el resto de vocales nombrados por el Parlamento fueran auténticos juristas de reconocido prestigio. Sin descartar fórmulas de sorteo, como han propuesto algunas organizaciones.

Si, por el contrario, llegaran a realizarse las propuestas que hoy orbitan en La Moncloa, aprovechando la situación de interinidad de la Comisión Europea, podríamos estar ante la puntilla a la democracia del 78. Reformas que, aunque no violen la letra de la Constitución, van contra su sentido y fundamentos. Rebajar las mayorías parlamentarias para los nombramientos de vocales judiciales, con el objeto de que sean elegidos por mayoría absoluta y no por tres quintos, supondría alterar la esencia “consensual” de nuestra democracia, que requiere acuerdos muy cualificados para preservar la independencia de ciertos órganos de garantía. Apartar al Senado de estos nombramientos, como también parece que se apunta, introduciría una inédita descompensación a favor del Congreso, que se aleja de la lógica del constituyente que, para este tipo de nombramientos (magistrados del Tribunal Constitucional, vocales no judiciales del Consejo, Defensor del Pueblo…), previó una posición paritaria de las dos Cámaras. Hacerlo, además, por razones de pura coyuntura política, por una mayoría parlamentaria que ha demostrado su afán depredador de las instituciones, nos sitúa en la senda del iliberalismo más preocupante.

El incumplimiento del PP, que lleva años sin facilitar la renovación del Consejo y se mantiene en la dialéctica del reparto de cromos, es sin duda grave. Algo a lo que, todo sea dicho, también juega el PSOE, como prueba que tenga paralizada la renovación del magistrado vacante del Tribunal Constitucional. De ahí que, para que no nos terminemos tirando por el despeñadero, alguno de los líderes nacionales tiene que abandonar esa dialéctica y esas prácticas viciadas, y abanderar las propuestas sensatas que hay sobre la mesa. Reivindiquemos el negro de la toga. De ello depende la credibilidad del Poder Judicial y, junto a ella, la subsistencia de nuestra democracia.

Artículo originalmente publicado en El Mundo (14/05/2024).

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