La degradación de la democracia: una reflexión

Son muchos los artículos y libros que en los países occidentales, más o menos democráticos, están poniendo de manifiesto el proceso de degradación de la democracia y del Estado de derecho en los últimos años. Las causas o razones pueden ser muy variadas y en cada país concurren diversas circunstancias, pero ello nunca puede servir de justificación y, desde luego, es un proceso muy negativo que, si no lo impedimos, será muy peligroso para los ciudadanos e implicará, como ya ha ocurrido en otros tiempos, un serio retroceso para nuestra civilización occidental.

Claramente, la democracia no es un sistema de gobierno perfecto, aunque su evolución tenga más de 2.000 años, pero Winston Churchill tenía razón: la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado, pero hoy, es lo cierto, que el rechazo a los políticos y sus modos de gobernar recorre todo el mundo occidental.

El tema se agrava, como ocurre en España y en otros muchos países, si tenemos en cuenta que realmente lo que se tiene es una cuestionable democracia, dominada por determinados partidos políticos oligárquicos y con escasa representación ciudadana en sus filas, que la convierten en una lamentable e intolerable partidocracia.

Y más aún, en España la situación se ha visto especialmente agravada a partir del momento en el que, por los partidos más representativos y con capacidad de gobernar, se opta por un proceso de máxima polarización, de incumplimiento de las leyes, de atentar contra la necesaria y preceptiva separación de poderes y por un permanente atentado contra las instituciones, que es en lo que se sustenta la cuestionada democracia existente. Todo un lamentable espectáculo dominado por la mentira, la demagogia y el populismo. Proceso que claramente se ha visto favorecido por la excepcional pandemia padecida, aunque se inició con anterioridad a raíz de la crisis económica de 2008.

España, a lo largo de su muy dilatada historia, ha pasado por muchas situaciones complicadas y numerosas guerras civiles, generalmente provocadas por una serie de incompetentes gobernantes y unos ciudadanos que no quisieron o no pudieron pararles los pies, y esto último es lo que a todos nos incumbe, a través de la sociedad civil, del Estado de derecho, de iniciativas legislativas populares y participando, bastante más de lo que estamos habituados, consigamos revertir el proceso y profundizar en la democracia y en el Estado de derecho. Quejarse de nuestras élites o de la manifiestamente mejorable clase política no es suficiente, ya que la responsabilidad última la tenemos los ciudadanos que les elegimos o permitimos resignados que campen a sus anchas. Por ello, son importantes las iniciativas de la sociedad civil y la participación ciudadana en entidades como la Fundación Hay Derecho, y otras para oponerse de manera activa a que el proceso de degradación de la democracia termine acabando con la misma.

Lo que se precisa y hay que conseguir son líderes que verdaderamente crean en la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, y lo defiendan por encima de todo, y no políticos que estén por y para el poder a cualquier precio, y para cuyo mantenimiento están dispuestos a provocar un enfrentamiento lamentable y peligroso que terminará generando violencia, al haberse cargado los necesarios contrapesos. 

Para defender la democracia frente a los procesos populistas y autoritarios que estamos padeciendo es muy necesario iniciar un proceso de democratización de los partidos políticos, predicar con el ejemplo en el cumplimiento de la Constitución, que no la cumplen, y que respeten la separación de poderes, que el poder legislativo cumpla su función y no sea un apéndice del ejecutivo y que este a su vez no actúe como como una sola persona apoyada por una oligarquía.

De las innumerables tropelías contra la democracia  que hemos visto en los últimos años hay que destacar una por encima de las demás y  es la de la falta de renovación  del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, lo que conculca frontalmente el artículo 122 de la Constitución y atenta contra la necesaria separación de poderes y cuestiona el pilar fundamental de la Justicia, cuya existencia es necesaria en cualquier democracia. De esta irresponsable actuación, son claramente responsables los dos partidos mayoritarios y  los presidentes del Congreso y del Senado, que simplemente están incumpliendo la ley y dando un lamentable ejemplo a la ciudadanía del que deberían responder sin ninguna duda.

Para los puestos de responsabilidad política se pueden proponer a personas de confianza, siempre ha sido así, pero han de estar capacitadas para la función a realizar y que la gestión se desarrolle con arreglo a la ley y no de manera descaradamente partidista y arbitraria incurriendo en desviación de poder e incluso prevaricación en algunos casos.

Por último, hay que estar siempre alerta y preparados para  luchar contra las dos grandes desgracias de todos los tiempos y sociedades: el populismo y el nacionalismo excluyente, a lo que tantos políticos recurren para mantenerse y perpetuarse en el poder, degradando la democracia y las instituciones en las que se sustenta y ello incumbe a todos los ciudadanos, que debemos ser conscientes de la importancia que tiene lo que está ocurriendo y valorarlo a la hora de votar. 

3 comentarios
  1. Roberto
    Roberto Dice:

    Preguntense desde este foro (que lleva meses defendiendo que la ley de amnistía es inconstitucional ) como es posible que hoy el pp desde el Senado haya renunciado a seguir con el conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado y que haya renunciado a interponer recurso ante el Tribunal Constitucional .
    Bochornoso. Como el pp ha utilizado e instrumentalizado el Senado y ahora da marcha atrás.
    Y ya ni digo lo de no recurrir al Tribunal Constitucional : no estaba tan claro que la ley de amnistía era inconstitucional ???
    Y ahora que, eh ????
    Enhorabuena a todos los senadores del pp, a todos los que defendieron que la ley de amnistía era inconstitucional y a todos los organismos públicos y asociaciones de jueces y fiscales, etc …
    Ya se ha visto que todo era un “buen farol” y se ha visto la jugada.
    Y que sepáis que el pp os ha dejado “tirados” y con las vergüenzas al aire a todos.
    Un saludo. Y a disfrutarlo.

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    • Lole
      Lole Dice:

      Está explicado en otro artículo de ese blog. Yo de usted no perdería el tiempo dudando de la inconstitucionalidad de esa ley. Lo es descaradamente.

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  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La estructura orgánica e institucional está muy claramente definida en la Constitución (pese a sus muchos defectos).
    Al frente de la misma hay una responsabilidad máxima en la Jefatura del Estado (artº 56 y 62) con el encargo específico de arbitrar el “funcionamiento regular de las instituciones”. Esto es, no aceptar ningún comportamiento institucional irregular o inconstitucional para lo cual el artº 62 le dota de atribuciones muy concretas también.
    La soberanía nacional tiene a su cargo los “poderes” (delegados) que emanan de ella. Poderes no sujetos a “mandato imperativo” (como ocurre en los partidos) inconstitucional asimismo, lo que afecta a la legitimidad de la representación política con un sistema D’Hont también inconstitucional por discrimianción del valor del voto según circunscripción….
    Herramientas “haylas” para actuar, sólo hacen falta las ganas.
    Un saludo.

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