Las urnas y las togas (la legitimidad del juez en una sociedad democrática)

De un tiempo a esta parte, cada vez con mayor fuerza, se elevan en el debate público voces que abogan por acometer determinadas reformas en el sistema judicial aludiendo a la falta de legitimidad democrática de los jueces.

Este argumento no es nuevo y hace referencia a una cuestión que ha interesado a numerosos juristas a lo largo del tiempo. Lo específico del momento actual es que, en no pocas ocasiones, no se trae a colación por su interés teórico, sino a modo de envoltorio ilustrado del mensaje que verdaderamente se quiere transmitir a la opinión pública: el de que es contrario al principio democrático que un juez pueda adoptar sus decisiones en contra del criterio expresado por la mayoría política salida de las urnas.

Quizá convenga comenzar recordando que, como se ha explicado tantas veces, la legitimidad democrática de los jueces no deriva de que sean elegidos por sufragio, de ahí que este sistema sea muy minoritario en las democracias occidentales. Si el voto directo no es imprescindible para la legitimidad democrática del juez, menos aún tendrá relevancia el que la designación de magistrados proceda, directa o indirectamente, de un parlamento. Desde este punto de vista, la encendida defensa del actual sistema de elección íntegramente parlamentario de los vocales del CGPJ está desenfocada. El sistema será bueno o malo por otras razones, pero no añade ni resta un ápice a la legitimidad democrática de los jueces.

En realidad, la cláusula del Estado democrático de Derecho no impone un determinado modelo de selección de los jueces, ya que lo fundamental es que se garanticen las notas esenciales de la jurisdicción, señaladamente la imparcialidad e independencia de quien ha de juzgar. La concreta forma de articular en cada país el proceso de nombramiento del juez dependerá de factores históricos, sociales y políticos que condicionan el modo en que puede lograrse mejor aquel objetivo.

La legitimidad democrática del juez deriva, recordemos, de su sometimiento a la ley democrática. Cuando el artículo 117.1 de la Constitución (CE) dice que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», está vinculando la función de administrar justicia con el principio democrático plasmado en el artículo 1.2 CE. La justicia, al igual que los otros poderes del Estado, tiene su origen en el pueblo español, único titular de la soberanía nacional.

Desde otra perspectiva, la justicia que administran los jueces es aquella que, como concreción de un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1 CE), se ha plasmado en las leyes aprobadas por el parlamento democrático. Por lo tanto, ese valor de la justicia que el poder judicial, como organización estatal destinada a resolver en Derecho los conflictos sociales, está llamado a satisfacer, procede también del pueblo, puesto que la forma de componer aquellos conflictos es, precisamente, aplicando la ley.

El principio democrático está presente de otras formas – aunque de menor intensidad – en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Se puede vincular al mismo la exigencia de que la selección de los jueces se base en los principios de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE). Y, en particular, el artículo 125 nos dice que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (…) así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales», a los que se refiere el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El hecho de que la justicia se administre en nombre del Rey no afecta en nada a la legitimidad democrática del juez. Al margen de reminiscencias históricas, en nuestra Constitución corresponde al Rey, como Jefe del Estado, una función simbólica expresiva de su unidad y permanencia (artículo 56.1 CE), de ahí que esté presente en todos los actos de autoridad del Estado mismo. Así, el Rey sanciona y promulga las leyes y expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros (artículo 62). Y, por la misma razón, las sentencias se pronuncian en su nombre. De la misma manera que las leyes son sancionadas por el Rey y es él quien, al pie de las mismas, manda «a todos los españoles, particulares y autoridades, que (las) guarden y hagan guardar», el juez pronuncia su fallo en nombre del Rey, que simboliza al Estado.

En realidad, la crítica basada en el argumento de la falta de legitimidad de los jueces trae causa de una determinada concepción de la democracia misma.

España no es un Estado democrático sin más, sino un «Estado social y democrático de derecho» (artículo 1.1). La expresión define algo más – y algo distinto – que la mera yuxtaposición de los tres elementos (Estado social, Estado democrático y Estado de Derecho). Prescindiendo ahora de la cláusula del Estado social, el Estado democrático de Derecho es, en esencia, un Estado en el que el poder público tiene su origen en el pueblo, que participa también en su ejercicio a través, fundamentalmente, de representantes. Pero dicho ejercicio del poder está limitado mediante normas destinadas a preservar la libertad de cada individuo, considerada el fundamento de la comunidad política. Esta libertad individual se proyecta, a su vez, sobre la participación política de cada ciudadano en el ejercicio del poder, lo que en último término protege a las minorías y, de este modo, condiciona la prevalencia del criterio mayoritario en el proceso de toma de decisiones. Esta interrelación entre las exigencias derivadas del principio democrático y las del Estado de Derecho da lugar a la democracia liberal, que es nuestro modelo político.

Este modelo, hoy en día, se está agrietando. Estamos asistiendo a un progresivo proceso de desgaste que separa y contrapone la cláusula del Estado democrático a la del Estado de Derecho. Subyace una concepción de la democracia centrada en el principio mayoritario como fundamento de  legitimidad en todos los ámbitos de la vida pública. De ahí que se entienda que cualquier límite que se oponga al ejercicio del poder así legitimado representa una traba inaceptable al libre desenvolvimiento del principio democrático. Por eso para describir a los Estados que se han visto arrastrados por procesos de esta índole se utiliza el término «democracias iliberales» (esto es, no liberales).

En ese empeño por hacer desaparecer los límites a los que está sometido el poder político salido de las urnas, el poder judicial, como elemento institucional básico en la arquitectura del Estado de Derecho cuya función esencial es, precisamente, limitar el ejercicio del poder, se ha convertido en un objetivo principal.

La pugna está servida. Veremos el desenlace en estos próximos años.

3 comentarios
  1. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Muy buen artículo , lo único que discrepo es en la duración y el resultado del desenlace .
    La posición de los jueces y fiscales, que están luchando por la independencia judicial, está justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará..
    El día 23 de febrero de 2024 , en el periódico La Vanguardia que había mantenido una “línea editorial “ coincidente con PRISA en contra de la separación de poderes , tiene para Polonia otra visión en el artículo de Beatriz Nava “La UE aplaude el plan de Polonia para restaurar el Estado de derecho “ :“ la UE y Polonia ven la luz al final del túnel después de seis años de pulso institucional y político durante el que los gobiernos ultraconservadores del PiS construyeron un sistema de justicia que no es sino una extensión del poder ejecutivo, según los análisis de la Comisión Europea.”“Bruselas mantiene decenas de millones de euros en ayudas congelados por violar los principios y valores básicos de la UE.”“Para demostrar a la UE su voluntad de avanzar rápido, el Gobierno aprobó el martes un proyecto de ley para reformar el sistema de elección de los jueces de modo que sean nombrados por sus pares y no por el poder político, en línea con lo que Bruselas reclama también a España.”
    ¿Por qué los mismos medios llaman progresistas en España a los que están en contra de la separación de poderes y la independencia judicial , base de la democracia y del Estado de derecho y ultraconservadores a los polacos que hacen lo mismo en su país?
    En El Mundo del 7 de mayo de 2024, debajo del titular ” Bruselas cierra la guerra con Polonia” Pablo R.Suanzes “ , había este texto sobre las consecuencias de no cumplir las obligaciones comunitarias sobre la separación de poderes y la independencia judicial:….el Colegio de Comisarios tomará dos decisiones sobre los fondos congelados y liberará hasta 137.000 millones de Polonia , tanto de Cohesión como de Next Generation”.
    ¿ Está claro el enorme coste político, económico y social que tuvo para Polonia el no reformar el sistema de elección de los jueces de modo que “sean nombrados por sus pares y no por el poder político “ o necesitaremos sufrirlo para entenderlo? .
    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.

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  2. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    En este momento de lucha colectiva de tantas personas e instituciones en favor de la democracia y del Estado de derecho, hay que alegrarnos de tener a un Jefe de Estado ,demócrata y competente ,que conoce las obligaciones de las instituciones y de los funcionarios públicos .
    Del discurso de Felipe VI del 31-1-23 «La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual “.«Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos»
    »La Justicia es la esencia del Estado de derecho, es el principio de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución. La independencia de los jueces va mucho más allá de los factores externos y alcanza vuestras propias condiciones personales. Esa independencia, lejos de ser un privilegio de los jueces, es la mayor garantía de protección de los derechos de los ciudadanos».” el poder judicial «es el mecanismo de defensa de los derechos individuales y colectivos constitucionalmente reconocidos y de control de los poderes públicos»
    Hay dos opciones políticas sobre la justicia en España, los conservadores del sistema judicial actual y los partidarios de la separación de poderes y de la independencia judicial, base de la democracia, del Estado de derecho y del régimen de la Unión Europea.

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  3. Daniel Iborra Fort
    Daniel Iborra Fort Dice:

    Se posicionaron en contra de la separación de poderes ,un sector de nuestro periodismo más influyente. El editorial 14 -7-22 de La Vanguardia ( coincidente con PRISA) era desconcertante, pero aclaraba su falta de compromiso democrático ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas.. a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    Su posición es propia de la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones.
    La Fundación BBVA en su obra Estadísticas históricas de España recoge el siguiente texto “Considerando la totalidad de la época contemporánea (1808-2000) , España ha padecido una gran inestabilidad política , el 72 por ciento de los Gobiernos han tenido una duración inferior a un año , y más de la mitad ( 54 por ciento) no han sobrevivido a los seis meses de su constitución”.
    En los últimos años hemos tenido varias elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales.
    ¿Sería deseable, como dicen El País y La Vanguardia, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, “ que la actual cúpula judicial española se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas” o será más útil para los ciudadanos y para el funcionamiento y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
    Si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen ? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?¿ El TC se adaptará en cuotas a la ” cambiante radiografía social” o continuará obedeciendo a los que les nombraron?
    Entrar en la UE , nos obligaba a cambiar de modelo. Y continuar en ella, nos obligará también ,más pronto que tarde.

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