Un paso más a partir del Dedómetro: luchemos activamente contra la degradación de la democracia

El magnífico trabajo realizado por nuestra Fundación Hay Derecho con el Dedómetro es absolutamente encomiable y necesario para los fines que perseguimos de la defensa del Estado de derecho y, una vez realizado, presentado y publicado, algunos nos planteamos cuáles debieran ser los siguientes pasos para continuar avanzando en nuestros objetivos.

Buscando la mejora de nuestras instituciones, el Dedómetro señala que su objetivo es analizar la adecuada selección de los máximos responsables del sector público institucional y empresarial, en cumplimiento, por otra parte, de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Claramente, el informe, y así se señala, no tiene por objeto el posterior desempeño de las personas, empresas e instituciones cuya selección ha sido evaluada y que, en su caso, será objeto de otro análisis y evaluación.

Dando ese paso más en lo que han sido algunos procesos de selección y su posterior desempeño y partiendo del principio básico de que ocupar un puesto de responsabilidad, tanto en el sector privado como en el sector público, debe ser para servir a los objetivos del puesto y no para servirse en beneficio propio o de los afines del mismo, nos encontramos con algunos casos absolutamente flagrantes y ante los que no es posible mantenerse pasivos, como si lo que está ocurriendo fuera correcto o asumible, cuando se trata de una auténtica antidemocrática y supuesta ilegal vergüenza.

Para los puestos de responsabilidad política se pueden proponer a personas de confianza, siempre ha sido así, pero han de estar capacitadas para la función a realizar (este punto es el que se analiza ampliamente en el Dedómetro) y que la gestión se desarrolle con arreglo a la ley y no de manera descaradamente partidista y arbitraria incurriendo en desviación de poder e incluso prevaricación en algunos casos como a continuación veremos.

El Dedómetro pone de manifiesto que «nos encontramos ante un incremento de las relaciones políticas previas de los máximos directivos. Esto es, aunque los responsables directivos pueden estar mejor preparados, también están más vinculados a los partidos políticos que los nombran, por lo que la imagen de su imparcialidad se puede ver seriamente comprometida». Y esto, claramente, obedece a una clara intencionalidad y tiene consecuencias.

La piedra angular de la cuestión planteada es el art. 103 de nuestra Constitución, que nos recuerda que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales, y que las leyes deben regular el acceso a la función pública de acuerdo con «los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». A su vez, el artículo 23.2 de la CE señala que los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Y, una vez más y lamentablemente, tales artículos se incumplen por parte de nuestros partidos políticos.

Las razones para los nombramientos en el sector público institucional y empresarial pueden ser variadas y se concretan, más o menos, en las siguientes: mérito y capacidad (sería lo deseable), confianza, agencia de colocación, agradecimiento de favores recibidos o por recibir (do ut des, o doy para que me des) y, lo que ya resulta inaceptable e intolerable, es que el nombramiento se haga para que el nombrado, de absoluta confianza del proponente, actúe en defensa de intereses de partido o personales. Este último supuesto es el que debe ser especialmente supervisado por las instituciones de control o contrapeso y, en su defecto, por la sociedad civil.

Probablemente, uno de los casos más flagrantes y que a estas alturas consta acreditado, es el del nombramiento y desempeño del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, que en nada responde a la finalidad que tiene dicho organismo público, que es el estudio científico de la sociedad española, y por supuesto tales estudios deben ser técnicos, objetivo e imparciales y hacerse siempre velando por el interés general y no el particular de nadie ni de partido político o ideología. 

¿Quién puede dudar a estas alturas que, como señala el periodista Kiko Llaneras en El País del pasado 12 de junio, analizando las encuestas de la elecciones europeas, el CIS es imparcial cuando dice que «el CIS lo hizo peor y sobrestimó a la izquierda, como en 41 de 42 elecciones desde 2018»? ¿Cómo pueden calificarse esas encuestas, muchas de ellas previas a un proceso electoral, como simples errores de evaluación técnica por incompetencia, o estamos ante una desviación de poder e incluso alguna conducta de ilícito penal? Merece la pena molestarse en leer la Nota de Prensa del CIS del 3 de junio de 2024 para opinar sobre su imparcialidad. Claramente, lo que está sucediendo no es democráticamente aceptable.

El Dedómetro, en su informe tantas veces citado, tiene un apartado dedicado al curioso caso Tezanos al que, con eufemismo, denomina «Cuando hacer encuestas se convierte en una cuestión política. El caso de Tezanos y el CIS». Título exacto y políticamente correcto, teniendo en cuenta los tiempos que corren.

Según se indica en el Código Ético y de Buenas Prácticas del CIS en su Introducción: «El CIS es un organismo público, y como administración instrumental ha de dar cumplimiento a los principios constitucionales de objetividad, eficacia, y servicio al interés general, y estar sujeto tanto a la Constitución como al resto del ordenamiento jurídico. De esta forma, dado su carácter público, debe inspirarse en una política de integridad institucional y gobierno ético materializado en la codificación de buenas prácticas, lo que no sólo no genera coste económico alguno, sino que ofrece beneficios obvios en términos de legitimación científica e institucional».

En cuanto al principio general de actuación de la Imparcialidad, en dicho Código se indica: «Los empleados públicos deben abstenerse de toda actuación arbitraria que pudiera afectar adversamente al ciudadano, así como de cualquier trato preferente. Además, no influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros».

A la vista de la gestión realizada por José Félix Tezanos, puede afirmarse que ha cumplido sobradamente con las razones e intereses de quien lo nombró, aunque ello tenga poco que ver, o nada, con el interés general al que se debe todo cargo público legítimamente ejercitado y, a la vista de lo que está sucediendo, parece que no se puede hacer nada y esto no puede ser así.

Y ello es así, como se señalaba en el artículo publicado por José María Pérez Gómez el 4 de mayo de 2013, con el título La desviación de poder: ese tabú jurídico: 

«En el ámbito del Derecho administrativo, se llama desviación de poder a un vicio del acto administrativo que consiste en el ejercicio por un órgano de la Administración Pública de sus competencias o potestades públicas para fines u objetivos distintos de los que sirvieron de supuesto para otorgarle esas competencias o potestades, pero amparándose en la legalidad formal del acto. 

Pero  la reticencia de los órganos judiciales para aceptar su existencia hace que en la práctica conseguir una resolución anulando un acto administrativo por esta causa sea cuestión ardua y difícil».

Ante dicha dificultad y aunque concurren elementos para ello, se está propiciando el empleo de la vía penal ante tan evidentes casos de presunta prevaricación o malversación y claramente, y a falta de organismos públicos que lo hagan, deberá ser la sociedad civil, una vez más, la que lo haga, ante una conducta tan bochornosa y antidemocrática como la que está desarrollando, con pleno conocimiento y alevosía, por José Félix Tezanos en el CIS, que con su conducta ha puesto en duda su profesionalidad e imparcialidad.

Luis Valero Quirós

Abogado, especializado en el sector de la energía y en el asesoramiento a empresas de distintos sectores en asuntos mercantiles, procesales, fiscales, inmobiliarios, etc. Master PDG-II-99 del IESE. Ha sido Letrado Asesor y director de la Asesoría Jurídica de CAMPSA y secretario general y del Consejo de la COMPAÑIA LO­GIS­TICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A, hoy EXOLUM, S.A, y ostentó la condición de directivo corporativo del Grupo REPSOL. Hasta marzo de 2022 ha sido miembro del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía, hoy Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)”