¿Qué está pasando con el Poder Judicial en México?

En muchos casos es difícil establecer con precisión cuando inicia o termina una época histórica en algún país o institución. Tratándose de la democracia en México, debemos recordar que casi todo el siglo XX vivimos en un régimen autocrático, dominado por un partido hegemónico.

A partir de la década de los 90s se instrumentaron reformas constitucionales y legales que, a la postre, materializaron la anhelada democracia. Por ejemplo, en 1994 se implementó una reforma judicial, que implicó la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Asimismo, se instrumentaron acciones de control constitucional novedosas en el sistema jurídico, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Asimismo, se estableció la carrera judicial, que prevé la manera de ascender escalafonariamente en el poder judicial, desde actuario, secretario, juez y magistrado, a través de exámenes de oposición.

En 1997, por primera vez en la historia, el Presidente de la República gobernó con un poder legislativo cuya mayoría no era dominada por su partido. En el año 2000, después de casi 70 años de que el país fuera gobernado por un solo partido, se dio la primera alternancia del poder, con la llegada de un presidente proveniente de un partido de oposición.

En esas fechas, finales del siglo XX y principios del XXI, se crearon diversos órganos constitucionales autónomos para realizar las elecciones en el país, salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en materia de telecomunicaciones y combate a los monopolios. La novel democracia mexicana se iba asentando, poco a poco, en la sociedad.

En 2018, y a través de elecciones democráticas, la alternancia en el poder se siguió dando, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el partido político de su creación, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). A partir de ese momento comenzaron a encenderse las alarmas democráticas. En las conferencias de prensa que el presidente da todos los días, a primera hora, conocidas coloquialmente como ‘las mañaneras’, se comenzó a denostar, de manera sistemática, a todos aquellos que el titular del Ejecutivo federal considerara su adversario. De esta manera, instituciones como el poder judicial, el órgano constitucional autónomo de transparencia o medios de comunicación fueron sistemáticamente criticados.

Con el tiempo esos ataques comenzaron a individualizarse. En las mañaneras se identificaba con nombre y cargo a jueces y juezas que emitían sentencias que no eran del agrado del presidente. Los señalamientos de corrupción general e institucional al poder judicial se hicieron cada vez más frecuentes.

En ese contexto, el 5 de febrero de 2024, a menos de un año de terminar su mandato, el Presidente de la República presentó un paquete de reformas a la Constitución Federal y diversas leyes federales, que denominó como Plan C. Tales iniciativas de reforma pretenden, entre otras cosas, la desaparición de diversos órganos constitucionales autónomos relacionados con la realización de elecciones, protección de datos personales y acceso a la información, telecomunicaciones y monopolios, para que sus atribuciones sean llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal, es decir, la concentración del poder en una sola persona.

Dentro del Plan C se encuentra inmersa la nueva reforma judicial. (Nota del editor: el 11 de septiembre, cuando estaba programado este post, el Congreso de México aprobó esta reforma)  En términos simples se puede resumir de la siguiente manera: a) La destitución de cerca de 1,700 juezas, jueces, magistrados y magistradas federales, así como casi 5,000 personas juzgadoras estatales (recordemos que México es un país federal, por lo que existe jurisdicción federal y local o estatal) y su sustitución por jueces electos por votación popular. B) La reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo su número de 11 a 9 Ministros. C) El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial Federal se divide en dos cuerpos, el Órgano de Administración Judicial, así como el Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma judicial es promovida por el régimen como la vía para terminar con una corrupción generalizada existente en el Poder Judicial Federal; corrupción que, por cierto, solo se argumenta en las mañaneras, pero jamás ha sido probada. De igual manera, se proclama que la elección popular de jueces y juezas democratizará a la judicatura.

La manera en que se elegirá a las juezas y jueces de todo el país y de todos los niveles es el siguiente: los aspirantes deben haber concluído sus estudios de universidad o posgrado con calificación mínima de ocho (sobre diez). Además, de haber obtenido una calificación mínima de 9 en la materia para el cargo que se postula; por ejemplo, si se quiere ser juez de lo contencioso administrativo en la boleta de calificaciones tiene que aparecer, cuando menos, nueve de calificación en derecho administrativo. Quienes deseen ser jueces presentarán un ensayo de tres cuartillas justificando los motivos de su postulación. Asimismo, anexarán cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para el cargo.

La manera en que se eligen a los candidatos es la siguiente. Cada uno de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) propondrá dos candidatos para cada puesto. Para ello, los tres poderes integrarán, por separado, una comisión que analizará la idoneidad de las personas que se inscribieron al proceso correspondiente; de entre ellas eligirán a 10 personas. Estas personas entrarán a un sorteo y los elegidos por la suerte serán los candidatos por los cuales deberá votar la ciudadanía.

La esencia de la reforma judicial es la de acabar con la carrera judicial, tal como la conocemos. Ya no importará la dedicación, los estudios y la experiencia de funcionarios y funcionarias judiciales, sino la cercanía con el poder político (que designará a las comisiones evaluadoras) y la suerte (pues hay un sorteo de por medio) para ser candidato a juez.

El mecanismo propuesto, presenta alicientes desmedidos para que poderes fácticos influyan en las elecciones judiciales. La reforma prohíbe cualquier financiamiento público o privado, lo que implicará que factores externos, como el crimen organizado o el narcotráfico apoyen de manera clandestina a algún candidato o candidata. Imaginemos qué pasará con la justicia penal con jueces apoyados por los criminales. En México, desafortunadamente, hemos visto cómo el crimen organizado asesina a candidatos a puestos de elección popular que no ven con buenos ojos. Lo mismo sucederá, de seguro, con los candidatos a jueces populares.

Otro problema es que estos jueces políticos actuarán conforme a los intereses del partido que los colocó en el poder. En México, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos y legislativos está encomendado, principalmente, a la justicia federal por medio del juicio de amparo. Los nuevos jueces federales deberán su encargo al grupo político que los propuso, por lo que invariablemente habrán de resolver a favor del Estado, en detrimento de los derechos humanos de la personas.

El panorama que se vive en México es sombrío. De aprobarse la reforma judicial en los próximos días, así como el resto de leyes del Plan C que concentran el poder en el Ejecutivo Federal, surgirá un nuevo gobierno autoritario. Renacerá la dictadura perfecta que el escritor Vargas Llosa describió a finales del siglo pasado.

Carlos Alfredo Soto Morales

Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en Puebla.

Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1993, donde se ha se desempeñado como Oficial Judicial, Actuario y Secretario de Juzgado, Tribunal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como Juez de Distrito.

Como docente ha impartido diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades, Casas de la Cultura Jurídica en el país, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Cuenta con diversas publicaciones jurídicas en revistas, libros y portales electrónicos, entre los que destaca el libro “La función judicial”.