Iniciada la campaña electoral para las elecciones del 28M ha empezado, como parece ya inevitable, la lluvia de promesas electorales. Quizás lo más sorprendente es que las más relevantes se hacen con la plena conciencia de que serán imposibles de cumplir, al menos en el corto o medio plazo.
Quizás uno de los aspectos más preocupantes de la deriva iliberal que padecemos -no sólo en España- es la utilización arbitraria del poder contra los más débiles. Este fenómeno es más acusado en Cataluña, donde la utilización partidista de las instituciones por parte del Gobierno independentista en áreas tan delicadas como la educación y la sanidad es pública y notoria. El programa independentista exige para construir la nación identitaria inexistente -aunque sea tendencialmente, a la vista del fracaso del procés- la supresión o al menos el silenciamiento de la sociedad plural realmente existente y para eso el instrumento elegido ha sido la lengua catalana, dado que, pese a algún intento vergonzoso, no hay otros elementos étnicos, religiosos o de otra índole a los que agarrarse para diferenciar a los catalanes de verdad (los nacionalistas) de los de pega (el resto).
Terminado en el Congreso el espectáculo de la moción de censura de Vox con Ramón Tamames de candidato (sólo apto para políticos y periodistas y algún ciudadano sin nada mejor que hacer, dicho sea de paso) la pregunta que podemos hacernos los españoles es muy sencilla ¿para qué sirve de verdad el Parlamento? Lamentablemente, estamos ya acostumbrados a que los debates en el Congreso se parezcan cada vez más a una especie de tertulia televisiva o radiofónica aunque se desarrollen en un escenario institucionalmente imponente. Los actores habituales pronuncian discursos grandilocuentes absolutamente previsibles, realizan declaraciones a los medios, presentan candidaturas electorales, cruzan “zascas” ingeniosos, intercambian insultos.
Hace un par de días Mónica García, líder de Más Madrid en el Parlamento Autonómico de Madrid denunció el cobro del denominado bono social térmico por parte de Enrique Ossorio, Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y pidió su dimisión por entender que su percepción era incompatible con su sueldo y su patrimonio. Apenas unas horas más tarde se descubrió que ella también lo cobraba. En los dos casos, la justificación era la misma: los dos adversarios políticos son familia numerosa y las familias numerosas, con independencia de su renta, tienen derecho a cobrarlo. Más allá de la metedura de pata de Mónica García, que podría haber evitado simplemente con una simple lectura de la normativa reguladora, de las excusas tipo “mujer florero” invocadas para justificar que desconocía su percepción, o de las manifestaciones del señor Ossorio defendiendo su derecho a cobrarlo y la conveniencia de formar familias numerosas lo cierto es que la cuestión merece una reflexión un poco más en profundidad. Desgraciadamente, es poco probable que nuestros políticos la hagan con un mínimo sosiego y menos en un año electoral. Lo primero que hay que decir es que el bono social térmico se describe en la […]
El denominado “caso Mediador”, en que el ya ex diputado canario del PSOE se valía de su condición de parlamentario y de sus muchos contactos para obtener comisiones de empresarios deseosos de asegurarse la buena disposición del Gobierno canario para sus negocios, fiestas con prostitutas incluidas, parece retrotraernos a épocas pasadas.
El nombramiento seguido de la rápida dimisión como Consejero del Banco de España del Catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, Antonio Cabrales, un prestigioso economista con una amplia trayectoria profesional que había sido propuesto por el PP, partido con el que no tiene relación alguna, es una pésima noticia desde el punto de vista institucional. Y lo es por varias razones. La primera, por las razones de su dimisión, que es consecuencia de una información publicada por el periódico digital “The Objective” en el que se ponía de manifiesto que había firmado un manifiesto de apoyo a Clara Ponsatí, académica también. Al parecer, la sobreexposición mediática y las presiones recibidas a consecuencia de la valoración negativa de esta actuación son las que han llevado a la dimisión de un profesional que no quiere o más bien no tiene por qué soportar este tipo de situaciones que resultan muy desagradables para cualquiera que no se haya curtido en las luchas partidistas en los medios de comunicación (que suelen ser el terreno en el que desarrollan). La segunda razón es que difícilmente una biografía, la que sea, soporta un escrutinio mediático que no guarde ninguna relación con la trayectoria profesional […]
Con el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como nuevo Presidente culmina el proceso de politización del Tribunal Constitucional iniciado hace muchos años, y que había consagrado en la práctica (por parte de los partidos y de los medios de comunicación) la extraña noción de que el órgano de garantías constitucionales es una especie de tercera cámara en la que hay que reproducir las mayorías existentes en el Parlamento, a través del desastroso sistema de cuotas partidistas que está destruyendo todas y cada una de nuestras instituciones de contrapeso y que, conviene insistir, no es el que está establecido en la Constitución. El problema, es que lo que hasta ahora era un secreto de pasillo, nunca mejor dicho, se convierte en público y notorio: hay un bloque “progresista” y uno “conservador” (me niego a abandonar estas comillas) que votan de forma absolutamente previsible atendiendo a los intereses políticos de sus respectivos mandantes, es decir, los partidos políticos de turno. Ha ocurrido con el reciente auto del Tribunal Constitucional suspendiendo la tramitación de dos enmiendas en el Senado y, mucho me temo, va a ser el pan nuestro de cada día a partir de ahora. No es que no haya sido así muchas […]
Después del bochornoso espectáculo institucional protagonizado por nuestros partidos políticos a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional -con acusaciones cruzadas de golpes de Estado y declaraciones populistas por parte de representantes del Gobierno y del PSOE sobre la supuesta falta de límites del Poder legislativo- y una vez alcanzado por unanimidad el acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a sus dos candidatos al TC es el momento de reflexionar sobre el futuro de esta institución, muy gravemente dañada por todo lo ocurrido.. Aunque el CGPJ no es el Poder Judicial, sí es su órgano de gobierno, y para la mayoría de la ciudadanía las luchas partidistas vividas en su seno reflejan las luchas partidistas sobre el control político de la Justicia, perjudicando de forma muy negativa la imagen que de los jueces y tribunales tienen los españoles de a pie. La repetición de consignas desde instancias gubernamentales y mediáticas sobre el supuesto carácter conservador de los jueces y magistrados refuerza la impresión de una falta de profesionalidad y de imparcialidad que, no siendo cierta en la inmensa mayoría de los casos, ha calado en la opinión pública. En todo caso, si algo está claro […]
En estos días de diciembre estamos asistiendo en vivo y en directo no a una crisis del Tribunal Constitucional, sino a una crisis constitucional en toda regla. No se trata, como se afirma por los más excitables de uno y de otro lado de un golpe de Estado, ni del Gobierno ni mucho menos de las togas: pero es una crisis constitucional en el peor momento posible, con el populismo firmemente asentado no ya en los extremos sino en los partidos centrales del sistema, y muy en particular en el PSOE como hemos podido comprobar estos días. La crisis, como es sabido, viene de lejos. El detonante ha sido la situación de bloqueo del CGPJ, que dura ya cuatro años, y que ha impedido que hasta ahora se hayan nombrado no sólo a varios altos cargos de la cúpula judicial con el consiguiente retraso en los procedimientos ante el Tribunal Supremo –lo que, al parecer, no le importa a nadie dado que sólo afecta a los ciudadanos- sino, también, que se hayan propuesto a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar al CGPJ por mayoría de 3/5 partes. Esta mayoría no se ha alcanzado por la sencilla […]
Seguramente no siempre es fácil identificar con tanta precisión el momento preciso en que un Estado democratico de Derecho empieza a alcanzar un punto de deterioro que puede llegar a ser irreversible. Las noticias de los últimos días apuntan todas en la misma dirección: reforma del Código Penal del delito de malversación para reducir las penas cuando los políticos desvían dinero público no para sus bolsillos, sino para la causa o el partido, reforma para que el Gobierno pueda nombrar a sus dos candidatos al tribunal Constitucional sin esperar a que nombre los suyos un CGPJ bloqueado y desprestigiado, con la aspiración explícita de controlarlo mediante nombramientos de personas que han sido altos cargos del gobierno que los propone, reformas que permiten que posibles nuevos desafíos al orden constitucional vigente desde las instituciones queden impunes…Y todo por la puerta de atrás, vía enmiendas o proposiciones de ley, sin un debate en el Parlamento y en la sociedad digno de tal nombre y por supuesto sin recabar ningún dictamen o informe a los organismos competentes al no tramitar las modificaciones como seria conveniente cuando se trata de cambios de este calado. El que la razón última de estos cambios sea la […]