Entradas de] Rodrigo Tena Arregui

Caso Mónica Oltra, o por qué la responsabilidad política en una democracia es distinta de la penal

Es frecuente escuchar la alegación de que es injusto exigir responsabilidades (léase dimitir) a quién solo está investigado, y, por tanto, de momento es inocente. Es más, si luego el procedimiento penal queda en nada, se alega que la improcedencia de esa exigencia de dimisión sería patente y manifiesta, y el que la ha reclamado debería pedir disculpas por ello. Este argumento, tan conveniente para nuestra clase política y empresarial, confunde dos tipos de responsabilidad -la penal y la política- sin cuya adecuada distinción es imposible el correcto funcionamiento de una sociedad democrática. La responsabilidad penal es un tipo muy particular de responsabilidad jurídica, todavía más estricta, garantista y subjetivista que otras modalidades dentro del ámbito del Derecho, como la responsabilidad contractual, la responsabilidad por daños o, no digamos, la responsabilidad de la Administración. Y, por supuesto, todavía más alejada de la responsabilidad empresarial y, especialmente, de la responsabilidad política, que está prácticamente en sus antípodas. La responsabilidad penal viene caracterizada por exigencias muy estrictas, no solo por la fuerte carga de reproche moral que implica, sino porque conlleva una pena que puede ser de privación de libertad, que no es poca cosa. Es, por ello, una responsabilidad a posteriori, […]

La decisión individual del jurista como principal amenaza al Estado de Derecho

En este blog nos hemos especializado desde hace ya muchos años en denunciar los ataques al Estado de Derecho provenientes del poder político y económico. Normalmente a través de la captura de las instituciones de control, o de su intencionado deterioro o desactivación, con la finalidad de eliminar los frenos al abuso y poder campar así a sus anchas. Hemos denunciado también a los juristas complacientes que colaboran directamente en esta estrategia, a modo de caballo de Troya dentro de la respectiva institución, ya sea en la judicatura, la fiscalía, el Parlamento o los organismos reguladores. Semejante enfoque deja al resto de juristas de a pie con relativa buena conciencia. A veces, incluso, asumen el papel de víctimas, especialmente cuando pertenecen a algunos de esos colectivos maltratados. Pero lo cierto es que una de las más serias amenazas al Estado de Derecho, la de la arbitrariedad en las decisiones jurídicas, tiene su principal origen en la manera en la que se formulan juicios y se adoptan decisiones todos los días en todos los niveles de la práctica jurídica, tanto privada (abogados) como pública (jueces, fiscales, notarios, registradores y Administración en todos sus estratos). En un post publicado hace unos meses […]

Por un servicio militar obligatorio

Durante la Guerra Civil americana, y a la vista de la necesidad masiva de hombres por parte del ejército del Norte tras las incesantes carnicerías, Lincoln ordenó el reclutamiento obligatorio, pero con una concesión al típico individualismo yanqui: el llamado a filas que no quisiera prestar sus servicios podía pagar a alguien para que fuera en su lugar o, en su defecto, pagar una cantidad al Gobierno para quedar eximido. Sobra decir que la mayoría de los miembros de las grandes fortunas de la época hicieron uso de este derecho. Cuando el filósofo Michael J. Sandel explica este caso a sus estudiantes de primer año de Harvard (Justice, 2007, p. 76) todos se muestran indignados, y con buenas razones. Hay pocas cosas más desiguales e injustas que mandar a morir a otro en tu lugar para defender tus ideas o tu nación, por mucho que el contrato sea supuestamente voluntario, especialmente cuando sabemos que en la práctica viene condicionado por la necesidad económica de uno y la obscena riqueza del otro, para el que el sacrificio económico es inexistente. Pero lo cierto es que, después de dejar que sus alumnos se explayen un rato, Sandel les plantea entonces la punzante […]

Nota provisional sobre el caso Ayuso

Para formular un juicio fundamentado sobre la comisión obtenida por el hermano de Ayuso -en base al contrato otorgado por la CAM a la empresa Priviet Sportive, S.L para conseguir mascarillas en el momento más duro de la pandemia- nos falta conocer algunos datos fundamentales. En primer lugar, el trabajo concreto por el que el hermano es remunerado. En segundo lugar, el importe concreto que ha recibido por el mismo. Ayuso alega que la comisión la paga la empresa por las gestiones realizadas por su hermano en China para conseguir mascarillas a buen precio. Lógico, porque el caso sería directamente delictivo si las gestiones las hizo otra persona y al hermano, en realidad, se le pagó la comisión para conseguir de la CAM el contrato para la empresa (tráfico de influencias). Este dato es fundamental y lo que debe exigirse es que el hermano aclare y pruebe cumplidamente las gestiones concretas que él realizó, en base a su experiencia o trabajos anteriores realizados en China. Si no quiere o no puede hacerlo de forma satisfactoria, entonces es obligado transitar a la otra hipótesis. Para obtener la condena penal la Fiscalía deberá probar esa inactividad, por supuesto, pero nosotros ya tendríamos […]

¡No es la polarización, estúpido!

De un tiempo a esta parte la polarización social y política que padecen muchas sociedades occidentales se ha convertido en el lugar común que sirve para explicar casi todos los males de la hora actual, incluido el declive de la propia democracia liberal, identificado desde hace unos años por varios índices internacionales. La polarización política tiene lugar cuando las opiniones tienden a radicalizarse en extremos opuestos, perdiendo peso, en consecuencia, las opiniones moderadas. De esta manera se dificulta el compromiso, el consenso y la negociación, y todo se convierte en un juego de suma cero en el que solo puede haber ganadores y perdedores, lo que, a su vez, genera crispación, odio y resentimiento. Puede que las sociedades estén hoy más polarizadas que hace unas décadas, pero si efectivamente es así, parece que la principal culpa la tienen los partidos políticos. Los partidos han descubierto que el recurso a la política identitaria de corte sentimental y excluyente (nacionalista, religiosa, racial, ideológica, etc.) es idónea para movilizar a la propia base, lo que, electoramente hablando, resulta mucho más eficaz que intentar conseguir votos en los márgenes con propuestas más moderadas. Pero lo que ya resulta más discutible es que ese fenómeno […]

¿Tienen las grandes empresas capitalistas responsabilidad por el actual estado del mundo?

Por precisar más la cuestión, ¿tienen responsabilidad en la generación de algunos de los riesgos más serios que amenazan hoy a la humanidad, como el cambio climático, la destrucción y contaminación de los ecosistemas, el incremento de la desigualdad dentro de los países, el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, y el aumento del populismo y de la polarización política? Bien, la respuesta es obviamente afirmativa: tienen la principal responsabilidad, sin ningún género de dudas. La masiva generación de externalidades negativas, el uso abusivo de los bienes comunes, el incremento exponencial de la diferencia en la remuneración de directivos y trabajadores, la sistemática elusión fiscal, la captura institucional a través de las puertas giratorias y la financiación legal o ilegal de la política, y la explotación económica de la desinformación pública que estamos presenciando en la actualidad, son pruebas evidentes que admiten escasa contestación. Por supuesto, no cabe negar la corresponsabilidad de los gobiernos (ya sea por una defectuosa regulación o por un exceso de regulación, según las distintas posiciones ideológicas) pero tampoco dudar de la infiltración de las grandes compañías en la política a la hora de defender sus intereses inmediatos. Todo ello al margen de […]

El sesgo ideológico de los jueces españoles

Por falsificar un cheque de menos de cien dólares, un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales fue condenado a quince años de cárcel, y otro, en el mismo caso, a treinta días. En un mismo juzgado de EEUU, un juez acepta el 90% de las peticiones de asilo, y el del despacho de al lado solo el 5%. Son solo algunos casos citados en el último libro de Kahneman y Sunstein (Ruido) que versa sobre la variabilidad de los juicios humanos. Semejante disparidad nos produce un rechazo instintivo, y con buenas razones, porque vulnera de manera flagrante uno de los dos elementos básicos del concepto justicia, que es tratar de manera igual a los iguales (el otro es dar a cada uno lo que se merece). Realmente en los casos citados no sabemos si a alguno se le ha dado lo que se merece (habría que ver qué dice la ley al respecto), pero sabemos que al menos a uno no (probablemente a ninguno) y, sobre todo, que no se tratan casos idénticos de la misma manera. El resultado, en consecuencia, es una injusticia evidente. La fuente de la disparidad de los juicios humanos es muy diversa. Desde un mal humor […]

Mas Colell y el principio de igualdad ante la ley

Como es sobradamente conocido, el Tribunal de Cuentas (que es el órgano constitucionalmente encargado de fiscalizar las cuentas del Estado) ha abierto un expediente por responsabilidad contable a cuarenta líderes del “procés”, como consecuencia de los fondos públicos utilizados de manera ilegal para la promoción exterior de los planes independentistas. La reclamación global gira en torno a los diez millones de euros, aunque no se sabe todavía el grado individual de responsabilidad que puede alcanzar a cada uno de ellos. Por supuesto, la decisión sería recurrible (concretamente ante el Tribunal Supremo, o incluso, en su caso, ante el Tribunal Constitucional) sin perjuicio de gozar de la correspondiente ejecutividad, que cabe suspender mediante la constitución de la pertinente garantía. En realidad, nada muy diferente de lo que pasa todos los días con el funcionamiento ordinario de la Administración y conoce bien todo hijo de vecino. Quizás la única peculiaridad de este Tribunal (que tiene una naturaleza jurídica especial, más cercana a la jurisdiccional que a la administrativa) es que se supone mucho más independiente que otros órganos administrativos que actúan con la misma o con mayor contundencia (como Hacienda), aunque es obvio que no se ha librado de sufrir el asalto […]

Activismo empresarial en defensa del Estado de Derecho (pero no en España, no se asusten)

Uno de los pilares fundamentales del capitalismo, que, además, ha sido muy útil para impulsar su colosal éxito actual, descansa en una división elemental de funciones entre el poder público y las empresas privadas. El poder público tiene como misión fijar un campo regulatorio común (common level playing field) y dejar que las empresas, mientras lo respeten, se muevan exclusivamente por el principio del lucro. Si este principio produce en algún momento externalidades negativas, debe ser el poder público el que asuma la responsabilidad de reconfigurar las reglas, porque siempre lo va a hacer, se supone, con mayor legitimidad, generalidad y eficacia. Las empresas deben abstenerse de interferir en eso, tanto para lo “malo”, en defensa de sus intereses (clientelismo, puertas giratorias, captura del regulador) como para lo “bueno”, en defensa de intereses colectivos (activismo político o social en apoyo de ciertas causas) y dedicarse a lo suyo, que es ganar dinero y generar así riqueza para todos. La persecución del beneficio económico sería, en consecuencia, su única responsabilidad. Ya sabemos que las empresas nunca se han contenido mucho para lo “malo”, no vamos a volver a ello ahora por enésima vez. Pero lo curioso es que, desde hace ya […]