Entradas de] Andrea Ortega Villalobos

Covid19 y urbanismo

1.- SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Como “la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas” –según establece el artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana-, es fundamental la aplicación al Urbanismo de las medidas de suspensión de las actuaciones administrativas. A este respecto, la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por  Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, dispone:  “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas […]

El reto legal que nos lanza el Reino Unido (III). Una propuesta para España

En los artículos anteriores, aquí y aquí, describía los avances que se están produciendo en el sector legal en Reino Unido. Es muy importante que desde España seamos conscientes de cómo van evolucionando otros países, particularmente aquellos que, como Reino Unido, suelen ir un paso por delante. En este sentido, el objeto de este artículo es plantear distintas propuestas sobre como considero que se debe promover el cambio en España. En primer lugar, debemos recordar que, desde hace algún tiempo, las instituciones internacionales vienen recomendando a nuestro país una reforma profunda de la regulación de los servicios profesionales como vía para garantizar el incremento de la competitividad y del crecimiento. En mi opinión, debemos aprovechar la reforma legal pendiente para liberalizar el sector, partiendo de la necesidad de garantizar y potenciar la calidad de los servicios profesionales, reforzar la protección y seguridad de los consumidores, y asegurar nuestra competitividad en los mercados interior y global. Así, debemos ser conscientes de que no solo competimos con el resto de abogados y firmas españolas, sino que competimos a nivel mundial y también con otras disciplinas. Un ejemplo de esto último son las firmas de auditoría que vienen prestando servicios legales desde hace […]

El reto legal que nos lanza el Reino Unido (II): La irrupción de la tecnología

En el artículo anterior, hablaba de los avances que se están produciendo en el sector legal. Se trata de una profesión tradicionalmente conservadora y menos propensa al cambio que otras, pero que cada vez es más consciente de las oportunidades que la innovación puede ofrecerle y de los riesgos de no adaptarse al nuevo entorno. En efecto, la presión que supone la irrupción de las nuevas tecnología supone un gran desafío para la abogacía. Un modelo que está revolucionando el sector desde hace años es la firma norteamericana Axiom, con 12 oficinas en 3 continentes y un alto crecimiento anual. Aunque con muchos dificultados al principio, a partir de 2001 empieza a crecer y cuatro años después abre oficina en San Francisco, para estar cerca de Silicon Valley. Tras su éxito en US, abrieron oficina en Londres en 2007 y recientemente ha levantado 28 millones de dólares de capital privado. Pese a la situación de crisis económica, consiguió ofrecer la misma calidad de servicio a un precio muy inferior y muy atractivo para los clientes. Se trata de un modelo de subcontratación externa, subcontratación interna (“insourcing”) y creación de equipos en base a proyectos. Así, contrataron a los mejores abogados […]

El reto legal que nos lanza el Reino Unido (I)

La City de Londres es mucho más que uno de los principales centros financieros del mundo, también es uno de los más importantes centros legales globales. Por ello, no es de extrañar que, en la actualidad, el mercado de servicios jurídicos en Reino Unido sea muy distinto del que encontramos en España. Es un claro ejemplo, sino el mejor, de los cambios drásticos que se están produciendo en el sector y que no tardarán en llegar a España. Así, en octubre de 2011 entró en vigor la Ley de Servicios Legales, “Legal Services Act 2007”, convirtiendo al mercado legal de Reino Unido en uno de los más liberalizados del mundo. La idea era desmitificar el sector y abaratar sus costes, permitiendo que los usuarios puedan recibir asesoramiento legal de otros operadores como bancos o, incluso, supermercados. De ahí surge su apodo: “Tesco Law”, pese a que por el momento la cadena de locales de venta al por menor no haya decidido entrar en el sector. Más concretamente, su principal novedad consiste en que, por un lado, faculta a empresas distintas de los tradicionales despachos a ofrecer servicios jurídicos y, por otro, permite a los despachos financiarse de forma externa. Estas […]

El control de los actos políticos del Gobierno (y III). El control sobre la potestad de gracia

  La Jurisprudencia también ha reconocido la admisibilidad del recurso frente a las decisiones sobre el derecho de gracia (denegación de un indulto) únicamente sobre los aspectos formales de su tramitación, pero tal limitación no se basa en la consideración de acto político sino en su amplia discrecionalidad (STS 27 mayo 2003 [RJ 2003, 4106], 11 enero 2006 [RJ 2006, 33] y 17 febrero 2010 [RJ 2010, 1527]).   Sin embargo,la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2012 (Sección Sexta) recaída en el recurso ordinario 165/2012, ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Lesmes Serrano, que entra en la fiscalización del indulto de D. Alfredo Sáenz, acerca el control de la potestad de gracia a los llamados actos políticos.   Dice así, su fundamento Octavo:   Proponen los dos codemandados una segunda causa de inadmisibilidad del recurso, la del art. 69.c) de la Ley de la Jurisdicción, por considerar que, al tratarse el indulto de un acto político, no está sujeto al control de esta jurisdicción. En este sentido, el señor Calama Teixeira nos recuerda nuestra jurisprudencia en la que se señala que esta acción del Gobierno no está sometida al control judicial fuera de los aspectos reglados […]

El control de los actos políticos del Gobierno (II)

  En principio, tras la Constitución, el Tribunal Supremo mantuvo la exclusión del artículo 2 LJCA con los requisitos anteriormente señalados por la jurisprudencia anterior: que se trate realmente de un acto político por su naturaleza, carácter y finalidad (entendiendo que la función política se ha de circunscribir a los actos de relación internacional y los actos constitucionales entre los poderes públicos), y que derive del Gobierno en su unidad conjunta y no de otro órgano individual o colectivo (Cfr. STS 26 abril 1980 [RJ 1980, 2658], y 3 marzo 1986 [RJ 1986, 2305]). El Tribunal Supremo, mediante auto, inadmitió un recurso contra el envío de tropas al Golfo Pérsico, ante la invasión de Kuwait por Irak, aunque el acto había sido adoptado por una Comisión Delegada del Gobierno, por entender que se trataba de un acto dictado por delegación, que se entiende dictado por el delegante (como establece el actual art. 13.4 LRJ-PAC), pero, a pesar de su nombre, no parece que las Comisiones Delegadas se limiten a ejercer facultades delegadas sino que tienen sus propias competencias, como resulta de los Reales Decretos que las crean y regulan yla vigente Leydel Gobierno.   El requisito de que el acto […]

El control de los actos políticos del Gobierno (I)

  El artículo 2 b) de la Ley dela Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, recogiendo la doctrina del Consejo de Estado francés, excluyó del conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se suscitasen en relación con los actos políticos del Gobierno, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes, cuya determinación sí correspondería a este orden jurisdiccional. Señalaba así su exposición de motivos que los actos políticos «no constituyen una especie del género de los actos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales».   Ante las numerosas críticas que este precepto había recibido, en la preparación dela vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, se barajaron diversas posibles opciones, desde el silencio de la ley sobre los actos políticos hasta la definición de éstos. La opción finalmente elegida es incomprensible si no se conocen los antecedentes del precepto. La LJCA/1998, en su artículo 2 a), confiere al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con «la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las […]

De nuevo sobre el justiprecio como crédito privilegiado en los concursos

La situación de insolvencia de diversas concesionarias de autopistas y otras empresas beneficiarias de expropiaciones trae a la palestra el tratamiento concursal del crédito por justiprecio.   Pues bien, a mi juicio y de conformidad con los arts. 89 y ss. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en lo sucesivo, LC), la calificación que entendemos procedente en relación con el justiprecio de la expropiación forzosa, de acuerdo con la impugnante, es de crédito privilegiado con privilegio general como crédito de Derecho público, toda vez que es evidente que el crédito que resulta de una expropiación forzosa es un crédito de Derecho público, ya que en dicha rama del Derecho se incardina la expropiación forzosa.   Así resulta de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF), y su Reglamento, de 26 de abril de 1957 (REF), que regulan la potestad administrativa relativa a la expropiación forzosa, que solo puede ejercitarse por una Administración territorial, aunque el beneficiario (obligado al pago del justiprecio) pueda ser un sujeto distinto (art. 2 LEF). Lo respalda la Sentencia del Tribunal Constitucional 224/1993, de 1 de julio, al declarar inconstitucional la atribución de la valoración de los justiprecios […]

El Urbanismo en Estados Unidos

No se trata de menospreciar nuestro ordenamiento, que en algunos aspectos es bastante bueno (más en la teoría que en la práctica) ni de copiar acríticamente lo que se haga en otros sitios. Pero sí creo que es oportuno mirar afuera, ver qué se hace en otros países desarrollados, en esta u otras materias.   Pues bien, Estados Unidos es un ejemplo llamativo. Aunque a veces nos empañe la vista el antiamericanismo que el imperialismo provoca como reacción, Estados Unidos es un Estado de Derecho democrático con muchos años a cuestas y cuenta con una economía y una sociedad muy vivas. Es, además, un tipo de sociedad occidental distinta de la europea, con una menor (aunque importante) intervención estatal. Como botón de muestra, a los ojos europeos resultan sorprendentes tanto la realidad como las posiciones políticas dominantes en torno a la Sanidad Pública o de regulación pública y, así, por ejemplo, si en España el PP defendiera las tesis de Obama (llamado socialista y extranjero por los del “Tea Party”) la gente se alzaría contra la absoluta y ultraderechista destrucción de la Sanidad pública (no digamos ya si se siguieran las tesis de Romney y Paul). En esa línea, en […]

No es país para energías renovables

 Hubo un tiempo, que ahora parece lejano pero constituye el pasado inmediato, con la crisis presente pero todavía ignorada, en que las energías renovables se sugerían como uno de los objetivos principales en el desarrollo económico.   Así, como consecuencia de la nueva Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, sobre el fomento de las energías renovables, el agotamiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010 y la Ley de Economía Sostenible (que se ha visto no alcanzó a sostener mucho), se pretendía dar un nuevo impulso a las renovables.   De este modo, la mencionada Directiva fijó los objetivos vinculantes nacionales y el establecimiento de planes de seguimiento, consolidó el principio de subsidiaridad de los Estados Miembros para que puedan elegir sus sistemas de apoyo, propuso la simplificación administrativa de las autorizaciones, incorporó criterios de acceso a la red eléctrica, promulgó un sistema de garantía de origen que aporta una mayor transparencia al consumidor de electricidad e incluyó varios mecanismos de cooperación entre países o de flexibilidad para facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada país en el año 2010.   En esta línea, la Ley de Economía Sostenible estableció un objetivo nacional mínimo de participación de […]