El RD Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, nace con un título tan largo como su ambición: ahorrar a las arcas públicas nada más y nada menos que 7.000 millones de € anuales. Recuérdese que, desde 1999, la financiación del Sistema Nacional de Salud ya no procede de los ingresos de la Seguridad Social; esto es, la asistencia sanitaria no se paga con cargo a las cotizaciones sociales sino que sale del presupuesto del Estado (lo que equivale a decir con nuestros impuestos).   La norma afronta aspectos muy relevantes de la política sanitaria y establece un conjunto de medidas novedosas que obligarían a varios posts: fijación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud; creación de un Fondo de Garantía Asistencial, de carácter extrapresupuestario, que se dedicará a compensar los gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras comunidades; decidida intervención en la prestación farmacéutica; y, finalmente, en materia de recursos humanos, evaluación del desempeño del trabajo realizado por los profesionales sanitarios, con repercusión en sus retribuciones. La más polémica, sin duda, […]