Desde hace algún tiempo venimos sufriendo en España el preocupante fenómeno de la demolición del Estado de Derecho. Esta demolición está sorprendentemente liderada por algunas autoridades públicas que ostentan importantes responsabilidades institucionales dentro del Estado, condición que les obligaría precisamente a perseguir el objetivo contrario: defender el Estado de Derecho, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley. Entre los métodos de laminación del Estado Democrático de Derecho más peligrosos, pero quizá más inadvertidos para el conjunto de la ciudadanía está el de las autoridades públicas que, amparándose fraudulentamente en el derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión que corresponde a los ciudadanos, enaltecen y justifican actuaciones delictivas que han constituido instrumentos para la intencionada violación del derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad (art. 23 de la Constitución Española). En nuestra opinión, la peligrosidad de estas actuaciones por parte de determinadas autoridades públicas para nuestro Estado Democrático y de Derecho reside en su objetiva utilidad para normalizar y legitimar un medio antidemocrático de persecución de objetivos políticos: la sistemática violación del derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad de los representantes públicos de opciones políticas diferentes a la de estas autoridades públicas […]