Rubalcaba (1951) dejará su escaño de diputado  a la vuelta del verano y del tirón se reincorporará a dar clases de Química Orgánica en una universidad pública de Madrid, donde fue profesor hasta 1986. Abandonó hace casi treinta años la docencia por la política, a la que ha dedicado su tiempo en exclusiva hasta ahora. Es funcionario. Y como tal tenía el privilegio de que le reservaran  la plaza sine die mientras estuviera en cargos políticos (desde Secretario General de Educación que fue en los años ochenta hasta hoy, diputado). La situación en que se halla un funcionario en tales casos se denomina  técnicamente “servicios especiales”. La reserva “sine die” de la plaza comporta el derecho a poder reincorporarse automáticamente a su puesto de profesor de Química cuando abandone la política, aunque no haya cogido un libro de química ni haya entrado en un laboratorio en estos casi treinta años. Es decir, aunque sus conocimientos estuviesen obsoletos puede volver a dar clase sin que le sea jurídicamente exigible un periodo mínimo de actualización y puesta al día para así garantizar la correcta formación de sus futuros alumnos. Considero a Rubalcaba una persona valiosa. Y no precisamente  por esa capacidad suya  de poder escucharnos a todos sin que nos […]

Tras los sucesos del caso “Madrid Arena” se ha planteado más de una vez en la prensa la posible responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos en relación con los daños producidos en inmuebles cuya titularidad o explotación está controlada por la Administración a través de sociedades mercantiles o fundaciones interpuestas.   Sin entrar en los pormenores de ese caso, que desconozco, conviene señalar que tradicionalmente se ha venido entendiendo que las personas jurídico-privadas (sociedades, fundaciones), controladas total o mayoritariamente por la Administración, no responden en sede administrativa, sino en el orden civil.   La legislación de régimen local señala que las  sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado (…), de manera que cuando la entidad local explote una industria o Empresa como persona jurídica de Derecho privado, le serán aplicables las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad por daños y perjuicios (85 Ter LBRL; 224.1 ROF).   Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad de “levantar el velo” de esas personificaciones instrumentales creadas por la Administración y sometidas al Derecho Privado (STC 14/1986, de 31 de enero).   Con base en dicha doctrina, el Tribunal Supremo imputó al Ayuntamiento […]