Entradas de] Joaquin Garcia Pando

Control externo del gasto público en España: el Tribunal de Cuentas no contesta los requerimientos del Congreso

El control externo del gasto público se ejerce por el Tribunal de Cuentas (en adelante, TCu), conforme al artículo 136 de la Constitución, con carácter exclusivo respecto de la administración estatal y los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente es competente para el control externo de la administración autonómica y local, si bien trece de las diecisiete Comunidades Autónomas (Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Islas Baleares, Castilla León, Asturias, Aragón y Castilla la Mancha) han creado sus correspondientes órganos autonómicos de control externo (conocidos con el acrónimo de OCEX), con competencia respecto de la administración autonómica y local del ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. Las Comunidades Autónomas de Extremadura, Murcia, La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son fiscalizadas exclusivamente por el TCu, al igual que el respectivo sector público local. El TCu ejerce, igualmente, una función jurisdiccional al objeto de depurar las responsabilidades en la gestión de fondos públicos por parte de quienes tengan a su cargo dichos fondos o por los perceptores de ayudas o subvenciones públicas. El TCu es de naturaleza colegiada. La Constitución no dice nada respecto a la forma de designación de sus […]

¿De verdad interesa el control parlamentario del gasto público? Sobre la cuenta general del Estado

El presente post dedicado a la Cuenta General del Estado, continúa con el publicado hace ya casi un año, dedicado a la Comisión parlamentaria en la que se estudian y debaten los informes realizados por el Tribunal de Cuentas, esto es, la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. En el mismo hablábamos sobre los orígenes del parlamentarismo moderno, que surge precisamente para controlar al gobierno. De esta idea y siguiendo el modelo inglés donde existe una comisión específica que entiende sobre las cuentas públicas–la célebre comisión Gladstone, primogénita de las comisiones parlamentarias-, casi todos los parlamentos modernos disponen de un órgano similar, donde se estudia y debate los informes técnicos que presentan los respectivos tribunales de cuentas al objeto de ofrecer un análisis objetivo sobre la forma en que se ha dado uso al dinero de los contribuyentes por parte del ejecutivo. Característica muy común en estas comisiones es que sobre la base de los informes técnicos pueden ser llamados los gestores públicos para rendir cuentas. La particularidad del caso español es que aquí sólo comparece el Presidente del Tribunal de Cuentas para presentar el informe (a veces en sesiones dónde se han visto más de […]

Algunas consideraciones sobre el gasto público en España (a propósito de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea)

Expone el profesor Rodríguez Bereijo el problema de la visión esquizofrénica de las finanzas públicas puesto que la Hacienda destruye con la mano del gasto público lo que ha edificado trabajosamente con la mano de los ingresos. En la Hacienda Pública gastos e ingresos son juegos de suma cero, el beneficio o ventaja de uno otro lo paga. Dentro del fenómeno financiero las cuestiones relacionadas con el reparto de la carga tributaria ocupan un puesto central en tanto que las cuestiones relevantes del gasto público (su asignación y programación, ejecución y control) y los principios de su distribución no consiguen acaparar la suficiente atención de los responsables políticos, de quienes se puede predicar que adolecen una visión asimétrica de las finanzas públicas. Por ello, y teniendo en cuenta que no existen bienes y servicios públicos gratuitos, pues  todos tienen su coste, se hace preciso acotar y perseguir –lo que precisa de un adecuado cauce jurídico- los casos de malversación y despilfarro o ineficiencia en el gasto público, así como de fraude fiscal, pues los mismos se traducen siempre para el ciudadano y de manera injusta, en nuevos o mayores impuestos o en un mayor endeudamiento público. La entrada en la […]

Propuestas para mejorar el control parlamentario de la gestión pública (I)

Recuerda García Añoveros, citado por el profesor Rodríguez Bereijo, la idea de que para los constituyentes de 1978 modernizar a España significaba entre otras cosas, aumentar el gasto público, con el fin de crear un Estado de bienestar con amplias prestaciones sociales, presión fiscal elevada, sector público amplio; todo ello en un régimen básico de libertad de empresa y propiedad privada de los medios de producción, pero con muy fuertes sectores públicos. Por ello, en la Constitución de 1978 no aparece por ningún sitio una preocupación anti-gasto público, ni reticencia ni desconfianza alguna respecto de su volumen o de su crecimiento. Cierto es que en las décadas de los años 70, o incluso en los 80, ni tan siquiera se podía atisbar las dimensiones que el gasto público llegaría a alcanzar en la actualidad, convirtiéndose en un problema de solución difícil no sólo para la generación actual, sino también para las que nos sucedan, a quienes dejaremos como herencia–sin que se nos ocurra como hacer posible que pueda  ser aceptada a beneficio de inventario- una deuda que no sólo lastra nuestro crecimiento sino que nos pone en riesgo cierto la incapacidad de asumir compromisos básicos. Pero igualmente cierto es que […]