Que los principales responsables del intento de secesión de Cataluña, pongamos por ejemplo, el ex-Presidente de la Generalidad y los ex-Consejeros del Gobierno catalán, o la Presidenta y los miembros de La Mesa del Parlamento de Cataluña, iban a tener que rendir cuentas, tarde o temprano, ante los Tribunales, por haber incurrido en gravísimas responsabilidades penales, era algo obvio. Quienes, con absoluta premeditación, y con una actitud puerilmente desafiante, provistos de televisiones emitiendo los acontecimientos en directo, se han dedicado, «presuntamente», a desobedecer sentencias del Tribunal Constitucional, a gastar dinero público en actividades prohibidas, a convocar un referendo ilegal e, incluso, a proclamar una pretendida república catalana independiente de España, subvirtiendo absolutamente el orden constitucional, debían ser muy conscientes de que, a modo de una «crónica de una prisión anunciada», la Fiscalía y los Tribunales de un Estado de Derecho, de cualquier Estado de Derecho, irremediablemente iban a actuar. Creo que no debemos, en estos incipientes momentos, al menos los que no tenemos unos sólidos conocimientos de Derecho penal, discutir sobre si la Fiscalía acierta con el contenido material sus primeras querellas, ni afirmar con rotundidad si estamos o no en presencia de tales o cuales delitos, pues esta es […]