El pasado 4 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (“TSJCV”) se pronunció de forma favorable a un contribuyente sobre una cuestión verdaderamente controvertida y que afecta a un número elevado de ciudadanos: las comunicaciones formales entre los ciudadanos y la Administracion, concretamente, las notificaciones electrónicas con las personas físicas, ya sean particulares o empresarios. La práctica de notificaciones por parte de las Administraciones Públicas a los obligados tributarios ha suscitado a lo largo del tiempo innumerables conflictos entre ambas partes, haciendo necesaria la intervención de nuestros tribunales que, en atención a la enorme casuística que dicha práctica ha provocado, han emitido resoluciones favorables a una u otra parte en función de las circunstancias de cada caso. Son numerosas las normas que han regulado a lo largo del tiempo el sistema de comunicaciones entre los contribuyentes y las Administraciones Públicas, lo que dificulta en gran medida su entendimiento y motiva, precisamente, dicha conflictividad. El impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas y la incorporación de la notificación electrónica a nuestro ordenamiento jurídico debía mejorar los principios de eficacia y eficiencia, ahorrar costes a los ciudadanos y empresas, y, principalmente, reforzar las garantías […]