Como atestigua la actividad hospitalaria y asistencial, en la sociedad existen fines que, por los medios que requieren o la duración a la que aspiran, exceden de la capacidad del ser humano individual. Por ello, junto a las personas físicas o naturales, el Derecho reconoce la existencia de las llamadas personas jurídicas o morales (asociaciones, fundaciones). La entrada en vigor el pasado veinticinco de junio de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ha suscitado en numerosas personas jurídicas que actúan en el ámbito sanitario la inquietud acerca de si les impone la obligación de que en sus centros se practiquen la eutanasia directa y el suicidio asistido. El artículo 1 f) de la ley define la objeción de conciencia sanitaria como el “derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones”. Y a tenor del artículo 16.1 de la misma, “los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una […]

Lucas Braquehais Conesa