A vueltas con los nombramientos de altos cargos judiciales: el GRECO no se fía
El informe Greco RC4 (2019)12, publicado el 13 de noviembre de 2019 (1), ha puesto de nuevo en entredicho la política del CGPJ en el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial. El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) recomendó que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, esto es, los presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en duda la independencia, la imparcialidad y la transparencia de este proceso (2). El legislador hizo el paripé reformando el artículo 326 de la LOPJ. En su Exposición de Motivos, la ley que reformó el sistema (Ley Orgánica 4/2018) proclama «con desfachatez» ―advierte la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial― que con esta norma «se incorporan al estatuto de los integrantes de la carrera judicial las reformas que vienen impuestas por compromisos internacionales, […] y señaladamente las referentes al régimen de los cargos de nombramiento discrecional». No fue así. Como veremos, el GRECO ha puesto bajo sospecha el cumplimiento de su recomendación […]
L. Alfredo de Diego Díez. Breve reseña curricular.
Alfredo de Diego es magistrado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Obtuvo el grado de Licenciado en la Facultad de Derecho de Valladolid, con la calificación de sobresaliente (1982). En la misma Facultad se doctoró cum laude, por unanimidad del Tribunal (1995).
Ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo el alumno n.º 1 de su promoción., por lo que le fue concedida la Cruz distinguida de 2.ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Actualmente se encuentra destinado en el orden contencioso-administrativo, en la ciudad de Sevilla.
Ha ejercido docencia en la asignatura de Derecho Procesal desde 1982, en las Universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, UNED y Pablo de Olavide de Sevilla, donde actualmente es profesor asociado. Entre los años 1990 y 1992 impartió clases de Derecho Procesal a cuatro promociones del entonces cuerpo de Secretarios Judiciales, en el Centro de Estudios Judiciales (Madrid).
Desde 1998 ha participado como consultor internacional en la formación de operadores judiciales en Bulgaria, Colombia y Honduras.
Es autor de numerosas monografías. Entre otras: Prescripción y caducidad en el Derecho administrativo sancionador (2.ª ed., Bosch, 2009), Hábeas corpus frente a detenciones ilegales (2.ª ed., Bosch, 2011), Notificaciones administrativas por edictos. Patologías y deficiencias (Tirant lo Blanch, 2011), El derecho a la tutela judicial efectiva (OIM Editorial, 2014), Extensión de efectos y pleito testigo en la jurisdicción administrativa (Civitas/Thomson Reuters, 2016), Sin ejecución del fallo no hay Justicia (Fe d’erratas, 2016), La tutela cautelar en el proceso civil hondureño (OIM Editorial, 2017), ¡SOS: Administración hostil! Cómo actuar (Colex, 2017).
