El 30 de noviembre de 2022 Open AI, un laboratorio de investigación en inteligencia artificial, fundado en diciembre de 2015 por varios empresarios y focalizado en el desarrollo de la inteligencia artificial y su democratización, nos anunciaba el lanzamiento de su última solución: ChatGPT.
Un valor innegociable de toda sociedad democrática es la libertad de expresión de sus ciudadanos. Este principio, cuyos orígenes se remontan a décadas de siglos atrás, fue consagrado como derecho universal a lo largo del siglo XX. Así, en su artículo 19 la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció en 1948 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” En la misma sintonía establecieron, años después, el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), este derecho en sus artículos 10, 19 y 11, respectivamente. En España, tras una larga evolución histórica, donde inicialmente se hablaba de la libertad de imprenta, la libertad de expresión se reconoció constitucionalmente en 1978. Cabe señalar que esta garantía institucional no consiste solamente en la libertad del individuo de expresar su opinión, sino que comprende también […]
Se acerca la Navidad y, como los niños, me voy a permitir hacer mi carta de reyes; pero, en mi caso, los destinatarios son los responsables de las máximas instituciones de la Justicia en España: los miembros de los Consejos del Notariado, los Registros, la Judicatura, nuestro Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el resto de líderes con poder suficiente para llevar a cabo la verdadera transformación que necesita nuestro sistema jurídico. Vivimos uno de los momentos de mayor complejidad que ha enfrentado nuestro país desde que finalizó la guerra civil y el fortalecimiento y la eficiencia del sistema jurídico son hoy más necesarios que nunca. La seguridad jurídica es clave para la confianza y, ésta, para el desarrollo del capital económico y social. La necesidad de rediseñar antes de digitalizar Todos tenemos claro que la Justicia necesita hacer cambios importantes y que la digitalización es una de las soluciones para lograr esa ansiada transformación. De hecho, el objetivo de la digitalización ya se ha convertido en prioritario en los planes de nuestras instituciones, como muestra el Plan de Justicia 2030 que presentó nuestro ministro en febrero en el Parlamento y que incluye entre otras propuestas la […]
Ahora que por fin está de moda la transformación digital, personas como yo, que hace ya casi cinco años comenzamos a predicar sobre el rol transcendental que la tecnología tendría en nuestros trabajos de juristas y en el propio sistema legal, deberíamos dar saltos de contentas. Sin embargo, en mi caso no es así y es que tengo a menudo la sensación de que lo que estamos viviendo es más una burbuja que una realidad, que se trata más de una moda pasajera que del desarrollo de una sólida estrategia por parte de quienes deben apoyar la transformación de un sector clave para el desarrollo de este país como es la Justicia. Y es que creo que antes de ponernos a hablar de tecnología, de digitalización, de desarrollar apps y webs o de aplicar el blockchain o la inteligencia artificial en la Justicia, debería hacerse un ejercicio de reflexión y toma de decisión, que en mi conocimiento se ha obviado para dar respuesta al qué y cómo deberían transformarse el sistema legal actual y las organizaciones y profesionales que para él trabajan. Para hacer este ejercicio previamente hay que comprender el entorno y lo que en él está pasando. Todos […]
La sociedad está cambiando. Surgen nuevos retos, nuevos problemas, que requieren otras soluciones, otros enfoques, otro tipo de profesionales ¿Están preparados los abogados para afrontarlos? ¿Se les forma para ser capaces de hacerlo?, ¿Podría mejorar la formación que reciben? Mi respuesta es SI y en este artículo, además de realizar una serie de reflexiones sobre la situación actual de los estudios de grado en Derecho,expongo una propuesta para lograrlo. El punto de partida es que el estudiante, visto como individuo, como persona única y diferente a todas las demás,debe ser el eje central de la educación. De todos es bien sabido que la carrera de Derecho tiene una gran ventaja y es que ofrece muchas salidas profesionales y por otra parte, que son muchos los jóvenes que comienzan sus estudios sin tener claro lo que quieren. Consecuencia de estos dos hechos es un tercero, de consecuencias perniciosas: un porcentaje no desdeñable de alumnos que estudian Derecho, no tienen clara su vocación ni durante sus estudios, ni cuando los finalizan. Por eso, creemos que el primer objetivo de la facultad debe ser ayudar al alumno a reflexionar sobre quién es y qué vocación tiene. La identificación temprana de la vocación es […]
Hace unos días recibí en mi buzón el plan presentado por Pedro Sánchez y con sorpresa observé que contenía la siguiente innovadora propuesta que reproduzco literalmente: Aprobar una Ley destinada a regular el derecho a la formación digital, el derecho a la neutralidad de red, el derecho a la privacidad y protección de datos personales, el derecho a la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones electrónicas y de los datos que circulan por la red, el derecho al conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en poder de las administraciones públicas o el derecho al olvido. Es decir que este partido propone la aprobación de una Ley que regule entre otros el derecho a la formación digital. Recordemos que somos aún mayoría los juristas que podemos ser encuadrados dentro de la categoría de inmigrantes digitales, por eso me parece muy interesante este proyecto de construir un nuevo derecho que exija la formación en materia digital. Es inaplazable desarrollo de programas dirigidos a la alfabetización tecnológica y el apoyo al cambio que exige la era digital. Estoy casi segura de que pocos juristas deben quedar que no tengan claro que hoy ya no nos basta con saber Derecho, […]
En las últimas semanas he recibido varios correos electrónicos de algunas de las grandes empresas de internet, como google o Facebook. Me explican en esos correos que están modificando sus términos y condiciones generales y me informan sobre ello. Lo que me sorprende es la cercanía que rezuma el mensaje y la claridad de lo que me explican. Y me sorprendo porque por fin entiendo sin tener que leer dos veces algunos textos, la totalidad de estos contratos de adhesión. También en estos días nos informaban (ver noticia) de la firma por los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua de un convenio de colaboración que tiene como objetivo la elaboración de un diccionario de términos jurídicos y la preparación de un libro de estilo de la Justicia. Según señala la nota de prensa se “pretende ayudar a la mejora de la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales, ya que, si bien en España y en otros países europeos existen iniciativas dirigidas a lograr que el lenguaje de las leyes sea claro, el de la jurisprudencia, que también es decisivo […]
En los últimos años la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema recurrente en los foros de gestión y dirección. También el sector legal la tiene en su agenda. Instituciones como el CGAE, alguna que otra institución colegial y privada como por ejemplo la Fundación Aranzadi Lexnova, Scevola, Civio y la Fundación Pombo, vienen promoviendo iniciativas de distinta índole dirigidas a que el sector asuma responsabilidades ante la sociedad. Está claro que las corporaciones (C) deben revisar sus estrategias y rehacer sus políticas para lograr además de los objetivos financieros, otros igual de importantes como la satisfacción de sus empleados, el retorno a la sociedad en el contexto en el que desarrollan su actividad o la sostenibilidad medio ambiental. Sin embargo, poco se habla de otro concepto, también clave, al que he bautizado como Responsabilidad Social Individual (RSI), es decir la que nos corresponde asumir como individuos que formamos parte de una sociedad, y que en el caso de quienes hemos obtenido la licenciatura de Derecho, se me antoja aún más exigible en tanto en cuanto se nos debe presuponer una mejor compresión del sistema legal y en general, del entorno institucional, político y económico en el […]