Entradas de] Natalia Velilla Antolín

Los internamientos psiquiátricos urgentes: un procedimiento que garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad

El pasado 3 de mayo salía una noticia en diversos medios de comunicación en la que se anunciaba que el Consejo de Ministros acababa de aprobar la Estrategia de Discapacidad para el 2022-2030 con el liderazgo por el Ministerio de Derechos Sociales. Entre las medidas propuestas para ser impulsadas, estaba la de reformar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece el internamiento psiquiátrico forzoso. Desde el ministerio liderado por Ione Belarra, se proponía asegurar medidas alternativas a la “institucionalización forzosa”, destacando la necesidad de prestar atención a las personas menores de edad. En una de las noticias, el delegado de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Gregorio Saravia, manifestaba que «Lo que está en juego cuando no se respeta la voluntad de una persona son los derechos humanos. Aquí no estamos hablando de alguien que ha cometido un delito, estamos hablando de que, por protección de esa propia persona, se dispone de su internamiento aún sin contar con su voluntad», y manifestaba que «la excepcionalidad de un internamiento forzoso no podía convertirse en regla «y es lo que está sucediendo ahora». Manifestaba que se estaban vulnerando derechos fundamentales con el […]

La posible inconstitucionalidad del artículo 94.4º del Código Civil

No es la primera vez que el legislador pretende solucionar un problema social a través de atajos legales. El Tribunal Constitucional ya lo dijo en la Sentencia de Pleno nº 185/2012, de 17 de octubre ­en la que se declaró nulo el inciso «favorable», al considerar que la exigencia del “informe favorable del Ministerio Fiscal”, del artículo 92.8 Código Civil para conceder la guarda y custodia compartida, era contraria a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española. Entendió el tribunal que se limitaba injustificadamente la potestad jurisdiccional que este precepto otorga con carácter exclusivo al Poder Judicial. El Alto Tribunal declaró que la vinculación del Juez al informe del Fiscal infringía el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, pues al depender el pronunciamiento judicial de tal dictamen, se menoscaba el derecho a obtener una resolución sobre el fondo. Pese a la reserva que el legislador constituyente otorgó al Poder Judicial sobre la decisión jurisdiccional, el legislador sigue sucumbiendo a la tentación de limitar el poder de los jueces, poniendo negro sobre blanco la desconfianza institucional y el indisimulado fastidio que les causa el control de su poder a través de sentencias […]

La ley de apoyo a las personas con discapacidad: una ley necesaria pero imperfecta

Desde diversos y variados sectores sociales y jurídicos se venía exigiendo desde hace tiempo la adaptación de la legislación española en materia de discapacidad a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, celebrada el 13 de diciembre de 2006, cuyo artículo 1 define el propósito de la norma, que no es otro que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención parte, por tanto, del respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, lo cual debe guiar la actuación de los poderes públicos, incluidos los órganos judiciales. Nuestra legislación procesal y civil había quedado obsoleta y, en algunos casos, con una terminología contraria al espíritu de la Convención, en una época en la que cada vez hay más procedimientos judiciales de determinación de la capacidad de obrar, en parte por la existencia de una mayor cultura jurídica en la sociedad, en parte por el envejecimiento de la población en España. Sin embargo, cada vez que en los últimos tiempos se ha abordado legislativamente la discapacidad, […]

¿Somos los jueces una casta privilegiada?

Periódicamente, como a oleadas, una parte de la opinión pública insiste en la idea de que los jueces pertenecemos a una especie de “dinastía” judicial, endogámica y privilegiada. Reconozco que me aburro de hablar de este tema a fuerza de desmentir discursos que mezclan churras con merinas y que se basan en pseudo-argumentos reduccionistas dirigidos a instalar emociones en la amígdala cerebral, sin procesar, sin analizar y, sobre todo, sin desarrollar las ganas de conocer la verdad. Para luchar contra los problemas que atenazan al Poder Judicial, que son muchos, hay que partir del conocimiento exacto de la realidad. Aplicar antihistamínicos a un esguince o ibuprofeno a una conjuntivitis es tan absurdo como atacar a la “casta judicial” inexistente, en lugar de luchar contra la arbitrariedad en la selección de cargos discrecionales o a la falta de transparencia de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La estadística pública del CGPJ demuestra que, de los 2.467 jueces salidos de las últimas 19 promociones (aprobados entre  2000 y 2019), sólo 147 de ellos tenían algún familiar directo juez (un 5,96%) y sólo 474 tenían en sus familias a alguien dedicado al mundo del derecho sin ser juez (un 19,21%). […]

¿Cómo es el trabajo de un juez?

Cuando en las novelas, series o películas se representa como personaje a un juez, normalmente suele ser un hombre (o mujer) entrado en años, subido a un estrado y vestido con su toga americana. Los jueces en España tenemos una media de edad de 47 años, un 54% somos mujeres y nuestras togas son diferentes. Tener una idea preconcebida errónea sobre cómo son los jueces y cómo trabajan lleva a que, en la mayoría de las ocasiones en las que un ciudadano se presenta ante un juez, se sienta decepcionado o desorientado al enfrentarse a una persona sentada en estrados que poco tiene que ver con el personaje de ficción de las películas de mediodía sestera de la televisión. De hecho, aunque es cierto que todos los jueces destinamos una parte de nuestra jornada laboral a la dirección de juicios, esta actividad solo comporta una pequeña parte de nuestra función. Los jueces no tenemos un horario fijo, sería imposible. Todos –excepto los jueces instructores que se encuentran en servicio de guardia– tenemos obligación de estar en el juzgado “las horas de audiencia”, unas cuatro horas diarias, que se suelen fijar entre las 10.00 y las 14.00 horas. Esto significa que, a […]

¿Juicios telemáticos? Sin garantías procesales, no hay juicio

Llevamos más de dos meses de estado de alarma y los juzgados siguen vacíos. Más allá de los llamados “servicios esenciales” y actuaciones judiciales que no requieren de presencia, como las deliberaciones de los órganos colegiados, los juzgados de España están a la espera de que se levante el veto que impide celebrar juicios y que mantiene los plazos procesales suspendidos. Decenas de miles de profesionales de la justicia atraviesan una situación crítica ante tan prolongada situación. Llevamos semanas denunciando la situación de la Justicia que, por su histórico abandono por parte de los poderes públicos, ya se encontraba en una situación poco halagüeña antes del 14 de marzo de 2020. Durante este tiempo, escuchamos a juristas, políticos y ciudadanos hablar de los juicios telemáticos como la solución milagrosa al colapso post-pandemia que se producirá en los tribunales. Unos juicios telemáticos que no han sido desarrollados técnicamente de ninguna manera. Una abogada me decía el otro día que le preocupaba que se pretendiera “agilizar” la dramática situación actual de la justicia a costa de pasar por encima de los derechos de los justiciables o mediante la práctica de actuaciones judiciales con pocas garantías. A mí también. Pero me preocupa aún […]

Un caótico CGPJ ante la crisis del coronavirus

Decía Peter F. Druker, consultor y profesor de negocios, considerado el mayor filósofo del management del siglo XX que «gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas». Los operadores jurídicos hace mucho tiempo que no aspiramos a que alguien gestione –una administración de Justicia bien gestionada es nuestro animal mitológico favorito–, pero lo que no imaginábamos, ni en el peor de los escenarios, es que nadie liderase la nave de la Justicia en la crisis sanitaria más severa de la historia de la democracia. Cuando el lunes 9 de marzo, veinticuatro horas después de la multitudinaria manifestación reivindicativa del día de la mujer, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los colegios, institutos y universidades de Madrid durante quince días a partir del miércoles siguiente, todos empezamos a sospechar que algo insólito se avecinaba. Ese martes, los juzgados de España seguían atendiendo a lesionados en los consultorios médicos forenses, explorando a menores y ancianos, tomando declaración a detenidos, celebrando juicios… sin mascarillas, sin geles desinfectantes y sin jabón en los cuartos de baño. Nadie explicó a los que trabajamos en los juzgados cómo actuar para autoprotegerse ni se dieron instrucciones precisas acerca de […]

¿Quién controla a los jueces?

Cada cierto tiempo surge el debate social acerca de la conveniencia de los aforamientos. Parece que hay un unánime sentimiento en contra de una institución jurídica que pocos comprenden y que, en el caso de España, parece estar demasiado extendida entre los cargos públicos. En este artículo no voy a entretenerme en analizar en profundidad la figura, pero sí voy a contar algo que, quizá, muchos ciudadanos desconocen: todos, absolutamente todos los jueces y magistrados españoles estamos aforados. No obstante, lejos de suponer un privilegio para nosotros, nuestro aforamiento constituye un refuerzo de nuestra independencia. Me explico: cuando un juez comete algún delito en el ejercicio de su cargo, es enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia del territorio donde esté destinado. De hecho, instruye un magistrado de ese órgano que se abstiene posteriormente del enjuiciamiento. Por eso, cuando se habla de eliminar todos los aforamientos, a menudo se olvida o se desconoce que, en ocasiones, estar aforado, es una garantía democrática. Imagínense que un juez comete un delito de cohecho en su juzgado. ¿Debe instruir el delito su compañero del juzgado de al lado con quien comparte Juntas de Jueces y, por qué no, cafés por las mañanas? ¿Le […]

¿Son todopoderosos los jueces?

En el ideario colectivo habita la idea de que los jueces pueden ordenar cualquier cosa a cualquier ciudadano o autoridad, con un mero gesto de voluntad, como si de emperadores romanos se tratara. Lo cierto es que los jueces tienen poder, tampoco vamos a negarlo, pero limitado al ejercicio de su jurisdicción, es decir, en su juzgado, en su asunto y en ese momento procesal, y en ningún caso puede equipararse el concepto de poder con el de arbitrariedad, puesto que cualquier decisión judicial debe contar con sustento legal y guardar proporcionalidad entre los medios empleados y el resultado pretendido. La famosa frase atribuida a Napoleón en la que se afirmaba que los hombres más poderosos de Francia eran los jueces de instrucción porque podían poner a cualquiera en la cárcel y ordenar la incautación de sus bienes, es relativamente cierta. Si eres el investigado, nadie tiene más poder sobre tu libertad y bienes que el juez encargado del procedimiento, pero, si no lo eres, el juez de instrucción no tiene ningún poder sobre ti, a menos que resultes también investigado. Enlazo esta idea para introducir uno de los errores más habituales, que consiste en creer que todos los jueces pueden meter […]

¿Cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado?

¿Supongo que esta pregunta se la hará mucha gente: ¿Es un magistrado un juez? ¿El magistrado manda al juez? ¿Es el magistrado alguien más poderoso que el juez? ¿Se puede llamar juez a un magistrado? Sí, no, no, sí. Me explico: juez es quien accede a la Carrera Judicial tras obtener la licenciatura o grado en Derecho, aprobar la oposición y recibir la Formación inicial, por lo que son los miembros del Poder Judicial de menor escalafón ­–dicho de forma más comprensible, los más modernos­–. Pasados los primeros años de ejercicio profesional (antes debían transcurrir tres años en esa categoría, ahora, con la congelación de la Carrera Judicial, son entre cuatro y siete años), todos los jueces ascienden a magistrado. El magistrado no es más poderoso ni más juez que el juez, sino que estamos hablando exclusivamente de categorías profesionales por antigüedad, ya que ambos tienen plenitud de jurisdicción y sus sentencias son igual de importantes. A modo de anécdota, para diferenciar a un juez de un magistrado, hay que fijarse en su toga: si lleva escudo plateado y no lleva puñetas, es un juez. Si, por el contrario, lleva escudo dorado y puñetas, es un magistrado. Y sí, se […]