Entradas de] Pablo Ojeda Baños

La jurisprudencia del Supremo sobre la inoponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad

Recientemente, el Tribunal Supremo (“TS”), en su sentencia nº 300/2022, de 7 de abril, se ha vuelto a pronunciar acerca de la validez y la eficacia de los pactos parasociales entre los socios firmantes y respecto a la sociedad. En este caso, se ejercitaba por una de las socias una acción de cumplimiento contra la sociedad y su filial, de llevar a cabo los compromisos acordados en los pactos parasociales, firmados por todos los socios, pero no por la sociedad, relacionados con la distribución de las acciones de las filiales de la sociedad matriz y con la modificación de los estatutos de la matriz para regular el voto en las filiales. Así las cosas, el motivo único del recurso de casación versaba sobre la oponibilidad de los pactos parasociales omnilaterales (los firmados por todos los socios) frente a la sociedad, cuyos únicos socios son los que firmaron los mismos, poniéndolo en relación con el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y la jurisprudencia de la Sala Primera del TS sobre esta materia. Lo primero que aclara la reseñada sentencia es la definición de pacto parasocial o extrasocial, que define como “aquellos convenios celebrados por todos o […]

La impugnación de las cláusulas de la fianza y del préstamo hipotecario por el fiador

Recientemente, el Tribunal Supremo (en adelante, “TS”) se ha pronunciado en la sentencia nº 745/2021, de 2 de noviembre, sobre un tema que vuelve a estar de actualidad: las fianzas concedidas en préstamos como garantía complementaria a la hipotecaria. La mencionada resolución se une a una serie de sentencias del Supremo, relativamente cercanas en el tiempo, que han pretendido aclarar la posible impugnación por los fiadores de la fianza y las cláusulas del propio préstamo, en la esfera de los indicados préstamos hipotecarios. Como saben, en una gran cantidad de préstamos, se exige a los prestatarios que, además de garantizar la deuda con el inmueble o inmuebles hipotecados, y la garantía de su patrimonio personal, obtengan el aval o fianza de otras personas que adicionalmente garanticen la devolución de la obligación. Centrándonos en la figura de la fianza, con carácter general, el fiador se compromete a pagar en caso de que el deudor principal no lo haga, y después de haber sido ineficaz el intento de cobro de la deuda del patrimonio del referido deudor. Sin embargo, es frecuente que en los mencionados préstamos los fiadores se obliguen solidariamente con los deudores principales, y renuncien a los beneficios de división, […]

El Constitucional anula parte del decreto de cláusulas suelo de 2017

El Tribunal Constitucional (“TC”), en su sentencia dictada en fecha 19-9-2021, en el recurso de inconstitucionalidad nº 1960-2017, ha declarado inconstitucionales y nulos parcialmente dos artículos de la norma aprobada en su día por el Gobierno para articular un sistema de resolución de los conflictos derivados de las cláusulas suelo. Como recordarán, en 2017, el Gobierno central (en aquel entonces presidido por Mariano Rajoy) ante la avalancha de procedimientos judiciales por las cláusulas suelo que se preveían a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 21-12-2016 (en la que se dictaminó que se debía restituir la totalidad del dinero abonado en base a una cláusula suelo declarada abusiva, y no solo desde 9 de mayo de 2013, corrigiendo lo que había dictaminado el Tribunal Supremo), aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (“RDL”). En la referida disposición, se acordaba, entre otras cosas, la obligatoria implantación de un sistema de reclamación previa por parte de las entidades financieras, además la regulación de las costas procesales del procedimiento judicial ulterior. Pues bien, el indicado RDL fue impugnado ante el TC por […]

La controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza sobre el día de gracia

Recientemente, ha generado cierta controversia en el ámbito procesal, la sentencia nº287/2020 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4ª, de 20 noviembre, en la que parece haberse puesto en cuestión el actual sistema existente de presentación de los escritos en sede judicial durante el día de gracia (ya saben, antes de las quince horas del día siguiente día a aquél en el que acaba un plazo para presentar un escrito), contemplado en el artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”). En la referida sentencia se juzga la posible caducidad (apreciada por el Juzgado de Primera Instancia) de la impugnación de un acuerdo adoptado por la junta general de una comunidad de propietarios, en fecha 2-9-2017, contra el que se había presentado la demanda el 3-9-2018. Resultaba que el día 2 de septiembre de 2018, día en que finalizaba el plazo para presentar la demanda impugnando el acuerdo, era domingo, por lo tanto, inhábil, motivo por el cual se presenta la demanda al día siguiente, el lunes 3 de septiembre. La Audiencia Provincial de Zaragoza en la indicada resolución, en primer lugar, diferencia dos situaciones respecto a la aplicación de la referida regla del día de gracia: la […]

El TJUE se pronuncia sobre los acuerdos novatorios y de renuncia de las cláusulas suelo

El pasado 9 de julio de 2020, conocimos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre uno de los temas más polémicos en relación con las archiconocidas cláusulas suelo: los acuerdos de novación y de renuncia a las reclamaciones derivadas de las mismas. Como recordarán, el Abogado General se pronunció sobre este asunto el pasado mes de febrero -cuyo informe analicé en este artículo-, y parece que el Tribunal ha seguido, en gran parte, sus conclusiones. Lo que se discutía en las cuestiones prejudiciales planteadas era, básicamente, la validez conforme a la Directiva 93/13 del contrato suscrito entre la entidad bancaria (Ibercaja) y un consumidor, en el que se acordaba novar la cláusula suelo que existía en el préstamo hipotecario (rebajándola), a cambio de renunciar a impugnar judicialmente los efectos derivados de la posible abusividad de la cláusula suelo incluida en el préstamo inicial y de la nueva incluida en el acuerdo novatorio, además del propio contrato en sí. En la primera cuestión prejudicial, el TJUE se pronuncia acerca de la posibilidad conforme a la Directiva de que el consumidor pueda renunciar, a través de un contrato de novación (en ningún momento se refiere al mismo […]

Análisis de las propuestas remitidas por el CGPJ al Gobierno. Parte II

Como continuación a nuestro primer análisis de las medidas, sobre todo en el orden civil, remitidas por el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, «CGPJ») al Gobierno para su incorporación al Real Decreto-ley que, presumiblemente, se aprobará el próximo martes, en este segundo artículo comentamos el resto de propuestas en el mencionado orden: Modificación del juicio de desahucio por falta de pago, para que el inquilino pueda oponerse en base a la situación generada por el Covid-19 (Medida Nº 4): Hasta ahora las causas de oposición por parte del deudor contra quien se ejercita el desahucio por falta de pago de rentas venían delimitadas claramente en el art. 444.1 de la LEC; a saber: acreditar el pago de las rentas reclamadas o enervar la acción abonando las mismas en su caso. La propuesta del CGPJ trata de ampliar las causas de oposición, añadiendo a ese artículo la siguiente causa: «en su caso, la imposibilidad de cumplimiento o desequilibrio sobrevenido de prestaciones contractuales siempre que tales circunstancias vengan motivadas por la situación de crisis sanitaria generada por la evolución del COVID-19.»  El fundamento de la nueva causa de oposición reside en las consecuencias generadas por la crisis sanitaria del COVID-19. […]

Análisis de las propuestas remitidas por el CGPJ al Gobierno. Parte I

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció el pasado lunes la remisión al Gobierno, a petición del Ministerio de Justicia, de trece propuestas para su posible inclusión en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con el COVID-19, que está preparando el propio Gobierno. Hay que recordar, que se trata del segundo documento remitido por el CGPJ tras el documento del “Plan de Choque” que fue enviado a principios de abril, el cual ha sido analizado, en lo referente a las propuestas en el orden civil, en este foro (aquí, aquí, aquí y aquí). Este nuevo documento, bastante más breve que la anterior, contiene, como hemos dicho, trece propuestas: seis para la jurisdicción civil, dos para el contencioso-administrativo y cuatro para el social, además de una general relativa al cómputo de términos y plazos interrumpidos y suspendidos a causa del estado de alarma. En este artículo nos centraremos únicamente el orden civil, además de comentar la propuesta general en cuanto a plazos. Interpretación del cómputo de términos y plazos (Medida Nº 1): En primer lugar, la primera medida que, como mencionábamos, es de carácter general, se refiere a la introducción de un artículo […]

Medidas excepcionales para las sociedades durante el estado de alarma

En el Real Decreto-ley 8/2020, (en adelante, “RDL”) de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 –analizado aquí por el editor Segismundo Álvarez-, se acordaron una serie de medidas excepcionales también para las sociedades y demás personas jurídicas de Derecho privado (aunque me centraré en las primeras), en la línea con el resto de decisiones acordadas dentro el estado de alarma en el que nos encontramos. En primer lugar, se establece  que, aunque los estatutos de las sociedades no lo contemplen, durante el tiempo que dure el periodo de alarma, las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las sociedades puedan ser por videoconferencia. Además, los acuerdos de estos órganos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo acuerde el presidente, o al menos, dos miembros del respectivo órgano. Igualmente, se acuerda que el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, que fija el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), para que el órgano de administración de las sociedades formule las cuentas anuales, así como para que presente otro tipo de documentos, como el informe de gestión, queda sin […]