Uso de la garantía de los derechos fundamentales para los «otros derechos constitucionales» como cambio de paradigma
En 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó por primera vez a España por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada contenido en el artículo 11 del PIDESC. Desde entonces, se han venido sucediendo un dictamen tras otro, hasta llegar casi a la decena, declarando dicha vulneración y sin obtener la debida reparación de las víctimas en ninguno de los casos. Dos años después, y en preparación hacia la Conferencia Mundial de Hábitat III en Quito, la relatora especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada, Leilani Farha, formulaba recomendaciones[1] a los Estados miembro, en el sentido de la debida interrelación e interdependencia de todos y cada uno de los derechos humanos, en especial del derecho a la vida y el resto contenidos en la DUDH: «El derecho a la vida no pertenece en realidad a una u otra categoría de derechos humanos. La experiencia vivida ilustra que el derecho a la vida no puede separarse del derecho a un lugar seguro en el que vivir, y este segundo derecho solo tiene sentido en el contexto de un derecho a vivir con dignidad y seguridad, sin violencia». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos […]
Sonia Olea Ferreras. Jurista especializada en Derechos Humanos. Como parte del Equipo de Incidencia Política y Análisis Jurídico de Cáritas Española ha participado en procesos ante Órganos de tratados, Relatorías y Mecanismos de Expertos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de DDHH y tribunales estatales y constitucionales (en referencia, especialmente, a vivienda, buena administración, territorio, agua y consulta previa). Investigadora FOESSA. Miembro de la Plataforma DESC España y del Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el Cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC. Responsable de Incidencia Internacional de la REPAM. Publicaciones a destacar: La confusa doctrina del Tribunal Supremo español sobre la aplicación de los Dictámenes de Comités de Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España (2020); La efectividad de los dictámenes de los órganos de seguimiento de tratados de #DDHH en el ordenamiento jurídico español; examen particular de la discapacidad (2021) y La reforma de la Ley de tratados como respuesta legislativa a la petición del Tribunal Supremo de regular internamente los dictámenes de los órganos de tratados de derechos humanos (2024).