Entradas de] Jose Luis Villar Ezcurra

Impacto de las políticas transversales en el derecho

La transversalidad o trasversalismo es una corriente ideológica que defiende la renuncia a identificar sus ideas con el espectro político clásico basado en la distinción izquierda-derecha y …simplemente, está de moda desde hace tiempo. No ya por la aparición de partidos políticos, que claramente se definen como transversales -Podemos y los independistas son un claro ejemplo- sino porque el resto de los partidos también asumen (no tienen más remedio) muchos de los postulados del transversalismo, lo cual no deja de ser contradictorio en buena medida.[1] Pero, también, la transversalidad ha venido asociada a cierta estrategia electoralista típica de los partidos “escoba” (catch-all party) que, debido a la concepción utilitarista del voto, tratan de situarse en una posición ambigua de tal manera que puedan atraer a votantes desinformados de diferentes partes del espectro político, o simplemente, desilusionados con los partidos clásicos.[2] El surgimiento de esta ideología se debe al colapso del viejo y omnipresente dualismo de obrero-patrón de la problemática del trabajo y que consiguió monopolizar la discusión política. La clase media aglutinaba ya a una gran multitud de profesiones y elementos sociales, desde pequeños empresarios hasta obreros altamente cualificados (como puedan ser los pilotos de avión), dando lugar al paradójico caso de que un […]

Las Paradojas Jurídicas y las Zonas Difusas del Derecho

Hace ya tiempo que me sigo preguntando el motivo por el cual nuestro Derecho se encuentra lleno de paradojas y de regulaciones absurdas y contradictorias muchas veces, porque coexisten normas que ordenan conductas completamente incompatibles entre sí y normas que toman como presupuesto, lo que debe ser una consecuencia. Me refiero en este último caso a todas las normas -empezando por nuestra propia Constitución- en las que se hace constar algo de forma apodíctica, como es el caso ya comentado en otro post, del artículo 103 de la misma (“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa …con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”). Y es que resulta completamente paradójico que se afirme algo que es precisamente a lo que se obliga a la Administración Pública; esto es, actuar con objetividad, sirviendo a los intereses generales y sometida, plenamente, a la ley y al Derecho. ¿Es que acaso siempre y en todo caso la Administración actúa siempre así? Desde luego que no, porque de otro modo, carecería de sentido la Jurisdicción contencioso administrativa que está, precisamente (y aunque muchos de sus jueces no lo entiendan así) para velar para que la Administración se comporte conforme a Derecho. […]

Los Renglones Torcidos del Derecho: Necesidad de una sociedad abierta

Vuelvo a insistir en las disfunciones de nuestro sistema político y jurídico porque no se hunde un clavo en la madera de un solo golpe; hacen falta varios martillazos y eso es lo que hago ahora. Pero lo hago comenzando por recordar unas conocidas palabras escritas por Unamuno en Salamanca, un 6 de noviembre de 1907 (reiteradas en “Mi religión y otros ensayos”, 1910) y que dicen así:  “Y como el hombre es terco y no suele querer enterarse y acostumbra después que se le ha sermoneado cuatro horas a volver a las andadas, los preguntones, si leen esto, volverán a preguntarme: «Bueno; pero ¿qué soluciones traes?» Y yo, para concluir, les diré que, si quieren soluciones, acudan a la tienda de enfrente, porque en la mía no se vende semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será que los que me lean, piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado siempre agitar, y, a lo sumo, sugerir, más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, sino levadura o fermento”. Pues bien, dejando claro lo anterior (que viene a cuento de mis propósitos al escribir […]

La memoria histérica y la enloquecida hoguera de las vanidades (a propósito de José Luis Villar Palasí)

La prensa valenciana da cuenta de que la portavoz socialista de Educación en las Corts, Ana Besalduch, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento valenciano por la que exige el cambio de denominación de siete colegios públicos de Valencia que «en la actualidad todavía mantienen el nombre de José Luis Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia valenciano durante la dictadura entre 1968 y 1973». Sobre esto he escrito ya un artículo en el periódico LEVANTE, al que me remito ahora (en el post al respecto publicado en Linkedin).[1] J.R. Chaves (que le admiraba sin haberle conocido siquiera personalmente) ha escrito en su blog un maravilloso post al respecto en el que, entre otras cosas, dice lo siguiente:[2] Para disipar toda reserva sobre su implicación política podemos tener presente lo escrito por el profesor Manuel Arias Senoseain: “Si la investigación y la enseñanza, consustanciales con su verdadera vocación, se centraba en la cátedra, en cambio su imprevisto cargo de Ministro no cuadraba con su forma de ser y de sentir. Villar Palasí ni “era un político”, ni tenía tras de sí  “un equipo político”, ni tenía la menor “ambición política” ni le respaldaba ninguna de las […]

Ilícitos penales y simples infracciones administrativas: conveniencia de no mezclar churras con merinas

Entiendo que hay temas más importantes (como pueda ser la decisión de quién y cómo va a gobernarnos) pero mientras se dirime este proceso –que parece va para largo- hay cuestiones que no deben ser demoradas. Evidentemente, la corrupción es un problema, pero no tanto porque sea de ahora sino porque es ahora cuando se está destapando una trama tras otra ante la horrorizada mirada de quienes, como ciudadanos, nos preguntamos en manos de quien hemos dejado las cosas públicas. No voy a tratar de eso ahora – de la corrupción- pero si de algo muy ligado a la misma como es el evidente efecto que esto tiene en nuestras Administraciones públicas. Tanto los funcionarios como quienes ostentan cargos políticos, se muestran reacios y temerosos a tratar con los empresarios por el temor (fundado, creo) a ser anticipadamente juzgados y condenados por la comisión de algún tipo de ilícito penal. Ese temor es real y puede apreciarse en el quehacer diario de nuestras Administraciones que, antes de dar la razón ante cualquier recurso –por muy fundamentado que se encuentre- prefieren optar por el silencio o  por una desestimación del mismo (raramente bien fundada). Hoy por hoy no existe la denominada […]

Estado del bienestar y Servicios Sociales

Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de reducir el gasto público en Sanidad y Educación en unos 10.000 millones de euros, he leído y escuchado muchos comentarios dispares -a favor y en contra de semejante decisión- no exentos de demagogia y simplicidad, por lo que me parece oportuno terciar para poner algunas cosas en su sitio. Por una parte, se dice que nuestros servicios sociales (Sanidad y Educación) se encuentran sobredimensionados y que pueden ser objeto de una mejor gestión de los recursos disponibles, de tal modo que se pueda obtener un ahorro en el gasto público. Esta es, en esencia, la posición del Gobierno cuyo mayor problema es que no sabe explicarse bien ni transmitir a los ciudadanos lo que pretende, dando una clara sensación de improvisación y falta de coordinación (que, curiosamente, es lo que achacaba a los gobiernos de Zapatero). Por otra, se afirma que no cabe “meter la tijera” en el gasto público destinado a estos servicios porque en ellos radica, en buena parte, lo que se denomina como “Estado del Bienestar”. Este es, básicamente, el mensaje que transmiten el resto de los partidos políticos (a excepción de CIU) cuya lectura resulta muy sencilla, porque […]

¿Es posible la devolución de competencias al Estado por parte de las CCAA?

 La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto sobre el tapete una cuestión que  incomoda a muchos partidos políticos (incluido el suyo propio) pero cuya puesta en práctica puede llegar a producir un ahorro de unos 48.000 millones de euros, según ha manifestado la propia Esperanza Aguirre. Carezco de datos fiables para comprobar esta cifra, pero dada la seriedad mostrada en otros asuntos por quien la ofrece, no la pongo en duda y la acepto como buena, así como la idea que propone sobre la devolución de competencias al Estado, por parte de las CC.AA. en materias como sanidad, educación y justicia. La cosa no para ahí porque, en sus declaraciones, alude también a la trasferencia de competencias a los Ayuntamientos en aquellas materias que puedan gestionar mejor que las propias Comunidades Autónomas. Para poder hacernos una idea de la magnitud de este ahorro, baste con decir que es muy superior al previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (unos 30.000 millones de euros), lo cual invita, cuando menos, a reflexionar sobre la idea sin descartarla de antemano, como así han hecho la mayoría de los políticos. Porque, hasta el momento, nadie ha desmentido esta cifra y […]

El recorte del gasto público y la hora de la verdad

Parece que las cosas se están poniendo feas ante la necesidad de que todas las Administraciones públicas realicen recortes en sus presupuestos porque ya no existe más margen de maniobra en Bruselas. Y esto va a resultar especialmente ilustrador en las CC. AA. a quienes se les pide y exige el cumplimiento de un techo de déficit (cifrado, por ahora, en el 1,5 %) para lo cual tendrán que elegir entre recortar los servicios sociales (educación y sanidad) o recortar sus gastos en aparato político, burocrático y propagandístico. Este es el dilema real que tienen ahora todas las Comunidades Autónomas prescindiendo de mensajes demagógicos, porque así vamos a entenderlo los ciudadanos. No caben ya posicionamientos ambiguos ni recurrir al “y tú más” al que pretenden tenernos acostumbrados, porque la cosa va en serio y habrá que poner todas las cartas sobre el tapete. Mira tú por donde esta catastrófica situación en la que vivimos va a tener un lado positivo si todas las CC.AA. nos desvelan en qué demonios se están gastando realmente los dineros públicos (que son de todos y no de ellos y sus amigos).

Privilegios de la Administración y no de los cargos públicos

Como es sabido, la Administración (o, mejor dicho, las Administraciones públicas) no son como el resto de los sujetos, ya que tienen recocidos una serie de privilegios, de los que no disfrutan el común de los mortales, debido a que actúan, o deberían hacerlo, buscando siempre una finalidad de interés público. Y como por definición, el interés público debe prevalecer sobre  el mero interés privado, las Administraciones son consideradas, algo así como “potentior persona”, motivo por el cual cuando nos enfrentamos a ellas lo hacemos siempre en una situación de inferioridad. Hasta aquí lo dicho no pasa  de ser uno de los axiomas de nuestro Ordenamiento jurídico que se encuentra al alcance de cualquier estudiante de Derecho. Lo que quizás no sea tan conocido es que todo el conjunto de privilegios de los que actualmente goza nuestra Administración son algo muy antiguo porque provienen de la equiparación que se hacía en la Baja Edad Media entre el Fisco y el menor de edad (“Fisco et minori pari passu ambulari et aequali privilegio poteri”). De ahí proviene -entre otras muchas técnicas, la actual “declaración de lesividad” de los actos administrativos anulables o la necesidad de subasta previa para la venta de […]

Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones públicas

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra Ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto, aunque en la comparecencia de la Ministra ante las Cortes, el pasado 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total del Ministerio de Fomento quedaba cifrada en los 40.000 euros. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex Ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como “diferimiento de anualidades“. Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios […]