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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), incluye expresamente en su ámbito de aplicación al Congreso de los Diputados, el Senado y las instituciones autonómicas análogas, «en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo» –art. 2.1.f)-. Ahora bien, delimitar el alcance de estas actividades sujetas al Derecho Administrativo está siendo controvertido.
El pasado martes 9 de mayo se presentó en el Ateneo de Madrid el Informe “Sobre la actualización del régimen electoral español”, que forma parte de la iniciativa “España Juntos Sumamos”, que ha reunido a un grupo de jóvenes constitucionalistas que están elaborando una serie de documentos con el fin de someter a debate una renovación y actualización de la Constitución española y su principal legislación de desarrollo.
En el blog Hay Derecho se ha escrito habitualmente sobre algunos de los problemas que aquejan al funcionamiento de las administraciones públicas: el funcionamiento lento, la falta de recursos (o mala gestión de estos), la excesiva burocratización o la ausencia de transparencia, son solo algunos ejemplos. Por desgracia, casi ninguna administración pública está libre de pecado. Pero si los ciudadanos y empresas nacionales encontramos a diario importantes dificultades a la hora de realizar cualquier trámite administrativo, por sencillo que sea, para los extranjeros (especialmente si son extracomunitarios), la tarea se convierte en un auténtico calvario. En ocasiones, poner un ejemplo práctico es la mejor forma de arrojar luz sobre una cuestión o problema general. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, exponiendo el caso real de un ciudadano venezolano que nos pidió ayuda para solicitar la nacionalidad española por residencia. Cuando vino a vernos por primera vez ya llevaba tres años viviendo en España, el primero cursando un posgrado y los otros dos trabajando en una empresa de consultoría (pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social), a la vez que estudiaba para convalidar la titulación universitaria de su país de origen. Conforme a la norma de derecho […]
La Justicia ha sido en nuestro país la hermana pobre de los servicios públicos. Y, como ha explicado Mora-Sanguinetti en su libro La factura de la injusticia, la lentitud del sistema judicial lastrado por las deficitarias inversiones y otras causas más estructurales merma el desarrollo económico del país y nos cuesta mucho dinero. Por ello, la justicia, junto a la seguridad, la sanidad y la educación, conforman los servicios públicos más esenciales que el Estado debe mimar para realizar el ideal no sólo como Estado social y democrático sino, en este caso también, de Derecho.
Siempre me ha resultado pasmosa la dificultad que tenemos para tomar algunas decisiones en las que se impone el llamado “sentido común” y, por contra, la sorprendente agilidad para tomar otras que nacen directamente de la ocurrencia y de la improvisación. Todos sabemos que deliberar partiendo de información y datos suficientes permite motivar mejor las decisiones, lo que garantiza, además, que estas también sean más razonables. Es una cadena que funciona casi como un reloj suizo
Iniciada la campaña electoral para las elecciones del 28M ha empezado, como parece ya inevitable, la lluvia de promesas electorales. Quizás lo más sorprendente es que las más relevantes se hacen con la plena conciencia de que serán imposibles de cumplir, al menos en el corto o medio plazo.
Sigo con mis razonamientos primigenios esperando aportar claridad donde no la hay y, sobre todo, haciendo patente mi forma de pensar, ahora, sobre los múltiples problemas que plantea a nuestro Derecho la telemática.[1] Y lamento mucho no ofrecer aquí solución alguna, pero creo que el mejor camino para solucionar un problema consiste, precisamente, en entender los términos en los que se plant4ea. Nos llegó como un avance tecnológico para quitarnos trabajo de encima. Los denominados “programas inteligentes” podían suplir muchas tareas de tipo rutinario, de modo que pudiésemos maximizar nuestro rendimiento en el trabajo y en numerosas tareas, hasta entonces, encomendadas a los humanos.
El gobierno ha impulsado una reforma sustancial de la ley de función pública que actualmente está en tramitación en el Parlamento. La reforma plantea bastantes cuestiones conflictivas, pero hoy nos vamos a centrar en la disposición adicional séptima.5 del proyecto de ley.
El “Proyecto de ley por el derecho a la vivienda” ha sido aprobado definitivamente por las Cortes Generales el pasado 17 de mayo. Esta norma ignora la conveniencia de no tocar las leyes sino con mano temblorosa (“d’une main tremblante”), como aconsejaba sabiamente MONTESQUIEU, e incluye modificaciones legislativas que conducen a dudar seriamente de la competencia del legislador. Sin embargo, en este post no me refiero a la Ley por el derecho de vivienda en su conjunto, sino solo a algunas de las modificaciones introducidas por la Disposición final quinta en relación con los procesos civiles de desahucio. En primer lugar, de acuerdo con la Ley, no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca si el propietario no especifica “si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”. El propietario al que han ocupado su vivienda tiene, por tanto, la carga de indagar y especificar si su vivienda ocupada es o va a ser la “vivienda habitual” del ocupante ilegal. En segundo lugar, tampoco se admitirán las demandas si el demandante no acredita si tiene la condición de “gran tenedor de vivienda”. Con este fin, el propietario al […]
Enrique Cebrián ha escrito un libro que a mí me habría gustado escribir. A principios de 2021, comencé a desarrollar un proyecto en el que investigaba cómo estaba afectando la pandemia al modo de organizar y celebrar elecciones en todo el mundo. Sin embargo, circunstancias que no vienen al caso me llevaron a interrumpir la tarea, dejando inconclusos mis objetivos investigadores. Por suerte, Enrique Cebrián, en Virus y votos: procesos electorales autonómicos bajo la pandemia del covid-19 (Tirant lo Blanch, 2023), ha completado parte de la tarea que me había propuesto y, tras su lectura, puedo asegurar que lo ha hecho con admirable rigor.
Durante los últimos años gran parte el debate público se ha centrado en si las grandes empresas pagan pocos o muchos impuestos. Se mencionan datos de lo más diversos en relación con la tributación efectiva de las multinacionales y es habitual oír que, gracias a una complicada estrategia fiscal, a la que solo las grandes tienen acceso, estas compañías “no pagan su parte justa de impuestos”. No es un debate restringido a España y está en la base de los trabajos sobre la tributación mínima global, recién acordada, a la que luego nos referiremos.
Si este blog ha decidido publicar una serie de entradas bajo el título “El Parlamento en el foco” dedicadas a analizar el mal funcionamiento de la institución (abuso del Decreto-Ley, de las mociones de censura, del procedimiento legislativo, banalización del control al Gobierno, desnaturalización de las comisiones de investigación, mala técnica normativa, etc.) es porque cabe presumir que nos encontramos ante síntomas persistentes reveladores de una enfermedad de fondo. Enfermedad que no puede ser pasajera o transitoria, porque la padecemos desde hace demasiado tiempo (y no somos los únicos). La cuestión, entonces, es ver si se trata de una dolencia crónica –por lo que con ciertas adaptaciones y mejores hábitos de vida podríamos seguir tirando, mal que bien- o hemos llegado ya a un punto irreversible cuyo desenlace solo puede ser la muerte del paciente, a medio o corto plazo. Los Parlamentos han disfrutado de una mala salud de hierro desde hace aproximadamente un siglo. El primero que detectó la enfermedad, entonces incipiente, fue Carl Schmitt. Pero para comprender de manera adecuada su gestación es necesario remontarse a los principios básicos sobre los que está construida la democracia representativa. La idea fundamental es que los diputados no representan intereses individuales […]
Muchos de ustedes habrán podido ver las imágenes de un video en el que el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, denunciaba públicamente las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de aquel país,, en las que dejaba caer que siendo él Jefe del Estado, era también el superior del fiscal. Barbosa señalaba que el artículo 115 de la Constitución colombiana establecía que el Fiscal General de la Nación no tiene superior jerárquico, destacando la independencia de la Fiscalía General. Lo tremendo de las declaraciones, no obstante, estaba en que Barbosa anunciaba que se llevaría a a la familia fuera del país, pues temía por su vida a la vista de que algunos políticos colombianos habían sido asesinados por su oposición al poder. Esta realidad recuerda vivamente el libro «El olvido que seremos», de Héctor Abad Faciolince, que retrata el ambiente político colombiano recordando la vida de su padre, un médico filántropo y defensor de las clases populares, que fue asesinado por ser visto como un elemento subversivo por sectores cercanos al poder . En España, la pregunta del presidente del Gobierno a un periodista sobre «de quién depende la Fiscalía» deja a las claras de quién piensa el Poder Ejecutivo que depende […]
Los jueces y fiscales han anunciado que convocarán una huelga indefinida a partir del próximo día 16 de mayo, uniéndose a los paros de los funcionarios de los juzgados y de los letrados de la Administración de Justicia, como medida de protesta por la “falta de dotación” a la Justicia en los Presupuestos Generales del Estado, considerándola “insuficiente” y sin que haya existido todavía un acuerdo tras la reunión celebrada el pasado día 3 de mayo.
Pocas veces recomiendo un libro. Pero cuando se aúna conocimiento y cultura con la necesidad de recuperar los fundamentos en los que se ha movido la civilización occidental basada precisamente en el Derecho Público, me parece obligado ofrecer al lector la oportunidad, verdadera opción, de leer, releer y conservar las ideas que el texto muestra (y demuestra), por lo que no vacilo en recomendarlo vivamente.
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