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Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
Cada día nos preguntamos: ¿Hay Derecho? Así surgió nuestro nombre, entre interrogantes.
Para responder a esta pregunta, publicamos semanalmente artículos de expertos que analizan
la actualidad desde un punto de vista jurídico-político
La inarmonía jurídica derivada de las decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo puede interpretarse en diversas claves: puede sintomatizar independencia judicial (cada fiscal y magistrado valora con libertad) o interdependencia política (valoran en función de lo valorado por otros, en función del clima político y social). Lo relevante es que, más allá de la calibración concreta de cualquiera de los mediáticos autos de estos días, la estructura jurídica (procesal y material) de nuestro sistema penal permite demasiadas interferencias políticas. Veamos: La organización judicial en nuestro país, el contorno extraño de la Audiencia Nacional y, por supuesto, la estructuración del Ministerio Público, están marcados por el juego de fuerzas políticas. Sin duda que hay margen de reforma virtuosa en ese terreno, del mismo modo que resulta democráticamente dudosa la normalidad de la prisión preventiva (más del 15% de los internos en centros penitenciarios españoles lo son sin sentencia previa). Sin embargo, suele quedar inédito en las críticas lo que aquí queremos traer a primera plana: la persistencia en nuestro código penal de algunos tipos de eficacia simbólica demasiado expuestos a lo político (¿delitos políticos y presos políticos?, se preguntan muchos). O sea, delitos que nunca o casi nunca […]
Sergio Pérez González es doctor en Derecho y profesor de Derecho penal en la Universidad de La Rioja. Sus intereses aúnan la Filosofía jurídica y el Derecho penal, de tal modo que su producción académica se centra en la legitimidad del fenómeno expansivo del Derecho penal.
El pasado 16 de septiembre el Gobierno Escocés del Partido Nacionalista Escocés (SNP) declaro en un comunicado(1). Primero, reconocer la legitimidad de la posición del Gobierno de España Los gobiernos catalán y español están perfectamente legitimados a tomar posición en contra y a favor de la independencia. Después, establecer una condición ética: Estamos por el derecho de autodeterminación de los pueblos establecido en la Carta de las Naciones Unidas. El comunicado recibió una respuesta oficial del Gobierno Español, que ignora el argumento más importante de la declaración del Gobierno Escoces. La cuestión ética: autodeterminación de los pueblos Esta cuestión gravita en el segundo punto de la declaración del gobierno escocés: el derecho de autodeterminación de los pueblos establecido por las Naciones Unidas en la Carta de las Naciones Unidas, concretamente en sus artículos 1, 55 y 76(2). No obstante, existen varios documentos de las Naciones Unidas donde se especifica con claridad que el derecho de autodeterminación no contempla el derecho de secesión. El más importante es el elaborado en la conferencia fundacional de las Naciones Unidas en 1945. En estos textos, que conforman la autodeterminación de los pueblos, como uno de los principios del derecho internacional, existen dos referencias taxativas especificando que […]
“Politólogo y escritor. Interesado en entender el presente desde la comprensión de los conflictos politicos y legales del pasado”.
Cuando ya parecía que el debate jurídico sobre las posibilidades de una amnistía política en España nos quedaba muy lejos históricamente, la crisis catalana nos ha retrotraído (como en tantos otros aspectos) a finales de los años 70. Conviene recordar que durante el principio de la Transición se acudió a esta figura dos veces, como recuerda en este artículo el historiador Santos Juliá. Técnicamente el instrumento jurídico utilizado una vez celebradas las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 (con anterioridad se había recurrido a la figura del Real Decreto ley sobre medidas de gracia o a indulto generales) fue la Ley de 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que la concedía para una serie de actos tipificados como delitos y faltas en la normativa entonces vigente realizados durante un periodo de tiempo determinado y siempre que el acto tuviera un móvil o intencionalidad política. Además se establecían los periodos de tiempo en los que se aplicaba la amnistía atendiendo a diversas circunstancias, entre ellas a los progresos que se iban realizando en la transición desde la dictadura a la democracia. Recordemos que el referéndum sobre la Ley para la reforma política se llevó a cabo el 15 de […]
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Por Carlota Tarín y Carlota García Estos días estamos publicando una serie de posts dedicados a dar visibilidad y explicaros cuáles son los logros de nuestros candidatos a nuestro III Premio. Con ello queremos cumplir uno de los objetivos mismos del premio, que es realizar un pequeño homenaje a tantos que trabajan en la defensa y fortalecimiento del Estado de Derecho, incluso con importantes costes personales y laborales. Todos nuestros aspirantes al premio se han enfrentado a situaciones complicadas por defender los derechos de todos y ejercer, ellos mismos, como contrapoder. En este post, queremos hablar de los candidatos al premio que han destacado por su lucha contra la corrupción. El denominador común de todos ellos es su implicación en la ingrata, solitaria y solo a veces gratificante tarea de denunciar o ayudar a destapar la corrupción. No queremos que las acciones de nuestros candidatos en la defensa del Estado de Derecho pasen desapercibidas y por eso, os contamos en este post en qué han consistido. Queremos visibilizar y reconocer el valor de su conducta, así como lo han hecho los amigos y lectores de Hay Derecho que les han propuesto. Y, por qué, poneros aún más complicado elegir […]
Carlota Tarín es Socia Directora del área de Consultoría de la empresa Iclaves. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en el sector público, especializándose en gestión de proyectos de innovación y evaluación de programas y políticas públicas. Anteriormente fue Consultora en KPMG Asesores y Asistente de Investigación en el European Institute of Public Administration.
El Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, don Pablo Llarena Conde, acordó mediante auto prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carmen Forcadell, así como libertad provisional con y sin fianza para otros cinco miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña. Por su naturaleza, este pronunciamiento se realiza en un momento muy inicial del proceso, antes de juzgar definitivamente los hechos investigados y enjuicia exclusivamente si procede o no acordar la prisión provisional reclamada por la Fiscalía General del Estado para los querellados. Sin embargo, lo cierto es que el auto alcanza relevantes conclusiones que, previsiblemente, afectarán tanto a este procedimiento como a otros (recordemos que el TS ha reclamado al TSJC las llevanza de las diligencias abiertas contra varios miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación; y que podría reclamar la inhibición de la Audiencia Nacional en el procedimiento contra Oriol Junqueras y el resto de ex – miembros del Govern). Como es sabido y señala el propio auto, la adopción de la prisión provisional como medida cautelar requiere, por un lado, que se tengan indicios racionales de que el delito se ha cometido y, por otro, que […]
Director de Badía & Esteban Abogados Penalistas. Licenciado en Derecho y Sociología.
Experiencia como docente en la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Escritor de diferentes libros como los titulados “Cómo nos Eligen” y “Cómo Defenderse de una Acusación por Alcoholemia”
Por Carlota Tarín y Carlota García Con este post cerramos la presentación de nuestros candidatos al III Premio Hay Derecho. Desde el jueves, hemos ido contándoos por qué merece cada uno de ellos estar entre los finalistas y, con este último post, cerramos la serie. Nos queda hablar de quienes han destacado en su lucha por la Separación de poderes y la neutralidad de las instituciones. La labor de todos ellos ha permitido que tengamos hoy unas instituciones más fuertes, gracias al esfuerzo realizado por revertir las debilidades e injusticias que todavía existen. Todos nuestros candidatos han mostrado un fuerte compromiso con valores esenciales de nuestra democracia. Desde la Fundación nos complace reconocer a estos cinco candidatos, cuyo denominador común es su contribución a la mejora de la democracia a través del fortalecimiento de las instituciones y de la garantía de la separación de poderes. Nuestra primera candidata en esta categoría es Mercedes Alaya, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Es conocida por haber instruido relevantes casos de corrupción en Andalucía, como el ‘caso Betis’ o el ‘caso Mercasevilla’, del que sale a la luz el ‘caso ERE’. En este último caso, Alaya tuvo un papel esencial […]
Carlota Tarín es Socia Directora del área de Consultoría de la empresa Iclaves. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en el sector público, especializándose en gestión de proyectos de innovación y evaluación de programas y políticas públicas. Anteriormente fue Consultora en KPMG Asesores y Asistente de Investigación en el European Institute of Public Administration.
El auto de ayer del TS para el caso Forcadell y demás miembros de la Mesa firmado por el Magistrado Llarena no aprecia riesgo de fuga y, al menos en este caso, tampoco riesgo de destrucción de pruebas, lo que nos parece muy razonable. Pero, sin duda alguna, lo más interesante del auto de ayer -para el probable caso de que el TS reclame la causa de Junqueras y los otros ex consejeros- es este párrafo en relación al tercer riesgo que pretende conjurar la prisión provisional, el de reiteración en el delito: “En todo caso, lo que se evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, lo que debe hacerse considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional.” Lo que les está diciendo a […]
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
Por Carlota Tarín y Carlota García Como ya sabéis, nuestra tercera edición de los Premios Hay Derecho ya está en marcha. Ayer os contamos en un post quiénes son los 19 candidatos que concurren este año a la convocatoria y en qué bloque temático destaca cada uno de ellos. Y es que en esta edición de los premios compiten candidaturas que tocan cinco grandes temas relacionados con la defensa Estado de Derecho y la calidad democrática. Estos temas son los que nos han hecho fijar las categorías del premio: (1) la Transparencia, (2) la Libertad de expresión y de información, (3) la Lucha contra la corrupción, (4) la Separación de poderes y la neutralidad de las instituciones y (5) la Defensa de los valores del estado social y democrático de derecho. En el post de ayer os presentamos a los candidatos que destacan por su labor en la defensa de la libertad de expresión y de información. Queremos seguir hablando de nuestros aspirantes al premio y, por eso, hoy nos vamos a centrar en aquellos cuyo papel ha sido decisivo en la defensa de la transparencia y valores del Estado social y democrático de Derecho . Ellos son: Civio, Sueldos Públicos, […]
Carlota Tarín es Socia Directora del área de Consultoría de la empresa Iclaves. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en el sector público, especializándose en gestión de proyectos de innovación y evaluación de programas y políticas públicas. Anteriormente fue Consultora en KPMG Asesores y Asistente de Investigación en el European Institute of Public Administration.
Por Carlota Tarín y Carlota García Cada año la Fundación Hay Derecha entrega un premio a personas o entidades que hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho y en estos momentos estamos en el proceso de selección de los finalistas de la III edición de este premio. Las candidaturas han sido presentadas por los amigos y lectores de Hay Derecho, y desde el pasado 2 de noviembre todos los que lo deseen pueden votar a través de nuestra página web a su candidato favorito. En diciembre un jurado elegirá al ganador de entre los cinco más votados. Para los que formamos parte de Hay Derecho es una gran alegría comprobar que en esta edición hemos superado ampliamente el número de propuestas recibidas en las convocatorias anteriores, reuniendo un total de 19. El gran número de candidaturas recibidas es la prueba de que contamos con una ciudadanía cada vez más activa y que reconoce a aquellos que destacan por su lucha en favor de los valores democráticos. Desde la Fundación es gratificante ver cómo los temas que nos preocupan y en los que venimos trabajando más de dos años son también motivo de atención de la sociedad civil. […]
Carlota Tarín es Socia Directora del área de Consultoría de la empresa Iclaves. Licenciada en CC. Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. Cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría en el sector público, especializándose en gestión de proyectos de innovación y evaluación de programas y políticas públicas. Anteriormente fue Consultora en KPMG Asesores y Asistente de Investigación en el European Institute of Public Administration.
Que los principales responsables del intento de secesión de Cataluña, pongamos por ejemplo, el ex-Presidente de la Generalidad y los ex-Consejeros del Gobierno catalán, o la Presidenta y los miembros de La Mesa del Parlamento de Cataluña, iban a tener que rendir cuentas, tarde o temprano, ante los Tribunales, por haber incurrido en gravísimas responsabilidades penales, era algo obvio. Quienes, con absoluta premeditación, y con una actitud puerilmente desafiante, provistos de televisiones emitiendo los acontecimientos en directo, se han dedicado, “presuntamente”, a desobedecer sentencias del Tribunal Constitucional, a gastar dinero público en actividades prohibidas, a convocar un referendo ilegal e, incluso, a proclamar una pretendida república catalana independiente de España, subvirtiendo absolutamente el orden constitucional, debían ser muy conscientes de que, a modo de una “crónica de una prisión anunciada”, la Fiscalía y los Tribunales de un Estado de Derecho, de cualquier Estado de Derecho, irremediablemente iban a actuar. Creo que no debemos, en estos incipientes momentos, al menos los que no tenemos unos sólidos conocimientos de Derecho penal, discutir sobre si la Fiscalía acierta con el contenido material sus primeras querellas, ni afirmar con rotundidad si estamos o no en presencia de tales o cuales delitos, pues esta es […]
Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Complutense.
Desempeñó, desde finales de noviembre de 1997 hasta primeros de octubre de 2002, en comisión de servicios, el puesto de Subdirector General-Jefe de Estudios del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia). Fue también Profesor Derecho Procesal en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, desde el 1 de octubre de 2002 hasta 30 de septiembre de 2009. En este Centro, desde enero de 2006 hasta septiembre de 2009, fue Secretario General y Jefe de División de Derecho.
Ha desarrollado varias líneas de investigación sobre materias de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. Más en concreto, en los últimos tiempos viene centrando su investigación en la LEC 1/2000 y sus posteriores reformas, así como en la proyectada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha sido Investigador Principal (IP) del Proyecto I+D titulado “El modelo acusatorio y la Constitución de 1978: El marco para una reforma del Enjuiciamiento Criminal” (ref. DER 2012-32258), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (período 2012-2016).
Durante las últimas semanas, los líderes del bloque secesionista, con la colaboración de Unidos Podemos a nivel nacional (entre otros), han tratado continuamente de incorporar la expresión “presos políticos” al lenguaje político cotidiano. Este discurso repetitivo, que comenzó con el ingreso en prisión preventiva de Jordi Sánchez (presidente de ANC), y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), ha terminado instándose definitivamente después que la juez Lamela ordenase la semana pasada el ingreso en prisión de los ocho exconsellers de la Generalitat que no han huido de España. En la época de los tweets (y retweets), los memes virales y los discursos políticos low cost, los principios goebbelianos son más efectivos de lo que nunca antes habían sido. Y la famosa frase atribuida al ministro de propaganda de la Alemania nazi –si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad-, constituye hoy el motor de una buena parte del discurso político. Por tanto, aún confiando en que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país cuentan con la madurez y lucidez suficientes para descartar la idea de que Oriol Junqueras pueda ser un preso político, no está de más aclarar la cuestión. Lo primero que conviene tener claro […]
Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y Máster en Práctica Jurídica Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues. Abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier-España y Editor de Hay Derecho.
El segundo fin de semana de octubre, tres médicos de Tarragona leímos con estupor dos pronunciamientos del Colegio Oficial de Médicos de nuestra provincia (COMT) sobre las circunstancias políticas que estamos viviendo en Cataluña. El primero referente a los hechos del 1 de octubre, en el se que condenaba la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El segundo de adhesión a la “Comisión Independiente para la Mediación y el Diálogo”. Pensamos que el Colegio nos representa en asuntos profesionales y que era inadmisible que se manifestara en nombre de todos los colegiados en temas políticos sobre los cuales mantenemos opiniones muy diferentes. Los médicos, como la Sociedad, formamos un colectivo plural. Por dicho motivo exigimos una rectificación inmediata de ambos comunicados, dado que la opinión expresada era de la Junta de Gobierno solamente. Enviamos una “carta al director” al Diario de Tarragona, correos a la Organización Médica Colegial(OMC) y Consejo General de Colegios Médicos (CGCM) solicitando su amparo y por supuesto correos electrónicos al COMT exigiendo la retirada de los comunicados.. El Diari publicó nuestra solicitud en forma de noticia el 18 de octubre. El Gabinete de Prensa del Consejo General de Colegios de Médicos hizo […]
Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Tarragona
¿Cuántas veces hemos oído en España la frase “esta carretera no la van a arreglar hasta que haya muertos”? A España le cuesta escuchar y prefiere negar la existencia de cualquier problema. Pero sin una dialéctica bien gestionada una sociedad no avanza. El referéndum catalán es un buen ejemplo (y no se tome en el sentido de que en Cataluña todo ha sido ejemplar). Tras siete años de reivindicaciones y una batalla inmensa se empiezan a oír cosas inauditas hasta hoy. El Círculo de Empresarios de Madrid considera que hay transferencias que van a cumplir los 40 años de edad sin haber suavizado los desequilibrios y que eso supone una carga que lastra inútilmente las economías más pudientes. De Guindos habla en Londres de que hay que mejorar la financiación autonómica en general y de Cataluña en particular. Empiezan a contarse los kilómetros de peaje. Se reconoce un retraso en inversiones. Incluso el 49 por ciento de los votantes del PP en Cataluña piensan que el conflicto debe arreglarse mediante un referéndum pactado (contra un 43 por ciento del propio PPC que piensa lo contrario). En definitiva, ha habido que zarandear España hasta casi su rompimiento para que se le […]
Notario de Girona
Por unas cosas y por otras, durante el infausto día 27-O estuve muy atareado y no tuve apenas tiempo para seguir las informaciones que transmitían los medios sobre los acontecimientos que iban sucediendo tanto en Madrid como en Barcelona. De lo poco que pude ver y oír, dos frases captaron especialmente mi atención. La primera la pronunció el Presidente Rajoy en una declaración improvisada rodeado de periodistas en un pasillo del Senado. La cámara le enfocaba muy de cerca y desde abajo, distorsionando su cara como en un cuadro expresionista. Después de decir que el Gobierno, en la aplicación de las medidas del artículo 155, iba a actuar de forma proporcionada, razonable e inteligente, como hasta ahora, añadió que Cataluña no se iba a independizar, porque la independencia de Cataluña es imposible. ¿Imposible? -pensé yo-. ¿Se refiere a una imposibilidad metafísica?, ¿lógica?, ¿jurídica?, ¿fáctica? En un plano fáctico o práctico, un proceso de independencia o secesión puede ser difícil, traumático, ruinoso…, pero, ¿imposible? Casi nada es imposible en el curso incierto de los asuntos humanos. No hace tanto hemos asistido en el continente europeo a unos cuantos procesos de independencia culminados con éxito con ocasión de la descomposición de la […]
El auto por el que la juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de ocho exconsellers de la Generalitat peca de escasa fundamentación. No vamos a entrar en algunas cuestiones laterales, por muy relevantes que sean, como la debilidad de la acusación por rebelión o la discusión sobre la posible incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer de este asunto, sino que nos vamos a limitar este análisis de urgencia al auto en cuestión y exclusivamente desde un punto de vista técnico, como corresponde a la defensa de la separación de poderes que hace este blog desde hace muchos años. Desde el punto de vista político la valoración que se puede hacer de la incidencia del auto es bastante evidente: se pierde mucho de lo ganado con la rápida convocatoria de elecciones, la huida de Puigdemont y el acatamiento del art. 155 por la Administración Catalana. Pero hay que ser coherente: esa valoración no le corresponde a una Jueza de instrucción. Ni siquiera al Ministerio Fiscal. Pues bien, el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional. […]
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.
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